ESPAÑA: COLECTIVO DE MEDICOS QUIEREN HACER PAGAR A LOS PACIENTES QUE HAGAN UN MAL USO DE LA SANIDAD

Y MODULAR EL ACTUAL COPAGO DE MEDICAMENTOS

Los médicos plantean que se haga pagar a los pacientes que hagan un mal uso de la sanidad

  El presidente de la Organización Médica Colegial (OMC), Juan José Rodríguez Sendín, ha rechazado la posibilidad de implantar un copago por ir al médico pero ha planteado un cobro a aquellos ciudadanos que hagan un "mal uso" de los servicios sanitarios,como ir a Urgencias en lugar de a su centro de salud o no ir a recoger pruebas diagnósticas.

   "No sería un copago, sería pago, por usar mal los servicios",ha defendido durante su intervención en un desayuno informativo organizado por Forum Europa, al que también ha asistido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, que tras finalizar el acto ha reconocido ante los medios que se trata de una "anécdota" y que "lo importante es que la sanidad siga disponible para todos los ciudadanos".

   El presidente de la OMC ha rechazado que se cobre a los pacientes por ir al médico, ni siquiera a "aquellos que van mucho", ya que a su juicio esos pacientes van "por miedo" y porque creen que ir al médico "les va a hacer retrasar el momento final de su vida". "Eso es una cosa terrible, y por eso no se puede cobrar", ha apostillado.

   Sin embargo, ha añadido, existen casos de mal uso de los servicios, como "cuando la gente no se retira de la lista de espera aunque ya haya sido atendido, cuando la duplica intencionadamente y ocupa espacio, cuando no va a recoger las pruebas diagnósticas, o cuando va a Urgencias y no a su centro de salud".

   "Esto es para pensárselo, y que no suponga ningún tipo de escándalo ni se malinterprete", ha defendido Rodríguez Sendín, para cuyos casos ha propuesto una especie de sanción para "reconducir" estos malos usos, comparando la situación a lo que ha hecho la Dirección General de Tráfico (DGT) "con el carné por puntos". "También nos multan por la carretera cuando nos pasamos de 120", ha recordado.

   Asimismo, durante su intervención ha reconocido que el nuevo copago de medicamentos según renta que implantó Sanidad en 2012 es "más justo" que el que había antes, pero ha pedido "modularlo" para evitar la exclusión de familias con varios enfermos crónicos.

CAMBIAR EL COPAGO DE MEDICAMENTOS

   La propuesta de la OMC pasa por distinguir bien por enfermedades bien por familias que tienen uno o más enfermos crónicos y tienen una situación "que les puede excluir de los tratamientos por incapacidad de poderlos pagar". En ambos casos, propone establecer los mismos topes mensuales de copago que se establecieron para los pensionistas, de 8 ó 18 euros según renta.

   "Lo importante es que confirmemos que no haya algún español que se quede sin tratamiento necesario por falta de recursos, esto es lo que nos preocupa. Y no creo que sean muchos, pero llaman mucho la atención y duelen", ha lamentado Rodríguez Sendín, para quien este cambio debe asumirse "a pesar de los riesgos que conlleve y de que pueda haber algún pícaro" que se aproveche de estas situaciones.

   La ministra Mato, también ha sido preguntada por esta propuesta al finalizar el acto y ha apuntado que "estudiarán" todas las cuestiones que le plantee el presidente de la OMC, de quien ha destacado su "forma de decir las cosas" y su "capacidad de diálogo".

ATENCIÓN PRIMARIA COMPLETA PARA 'SIN PAPELES'

Asimismo, el máximo representante de la profesión médica también ha criticado otra de las medidas de la reforma sanitaria que impulsó Mato en abril de 2012, la exclusión de la sanidad pública de los inmigrantes en situación irregular o 'sin papeles', para quienes ha pedido que además de garantizarles la atención en Urgencias también puedan recibir una "Atención Primaria completa", como ya ocurre en el caso de niños o embarazadas.

"La situación de los inmigrantes sigue sin resolverse", ha lamentado, criticando que se les "obligue" a "racionar" la asistencia de sus pacientes "por el hecho de no tener papeles". "Los médicos españoles no nos merecemos este trato de las autoridades (...) Es poner en tensión nuestro profesionalismo y compromiso ético", ha añadido.

"LOS RECORTES SIGUEN"

Rodríguez Sendín ha criticado que bajo el pretexto de la crisis "siguen los recortes" y las reformas, en cambio, "son muy lentas y, como mucho, se escriben en el aire".

Una situación que, como afirma, generan enormes desigualdades entre unas comunidades y otras han provocado la "desilusión" y "pérdida de confianza de los profesionales", que como ha recordado son a los que luego "les toca dar la cara ante los pacientes" y "gestionar la cruda realidad".

Por ello, ha reclamado a los grupos políticos que tomen ejemplo del acuerdo alcanzado entre las diferentes profesiones sanitarias y que firmen un pacto político en materia de sanidad "por obligación moral"."Después de ocho meses, todavía estamos esperando a que hagan los deberes", ha advertido.

Y sobre todo cuando parece que la situación económica comienza a revertir, como ha apuntado la propia Mato durante la presentación del acto. Ante esto, el presidente de la OMC ha replicado luego durante su intervención que "si de verdad se empieza a ver la luz al final del túnel, que sean los pacientes los primeros beneficiarios de la posible recuperación".

LA SANIDAD PRIVADA: "COMPLEMENTARIA, NO SUSTITUTIVA"

De igual modo, Rodríguez Sendín ha defendido una vez más su apuesta por la gestión pública de la sanidad dejando claro que la sanidad privada "debe ser complementaria, no sustitutiva".

"Hay algunas alternativas que unos llaman externalizar, y otros llamamos privatizar, que consideramos temerarias", ha apostillado el presidente de la OMC, para quien "el ánimo de lucro y las leyes de mercado no son compatibles ni pueden estar por encima de la profesión médica o el compromiso de los pacientes".

Sobre todo, ha añadido, porque la sanidad privada "tiene un beneficio económico sin el que no puede subsistir" y porque el interés comercial puede "condicionar, dirigir y viciar" la libre decisión de los pacientes y la de los profesionales. "Y decir esto no es decir que estamos en contra de la sanidad privada, que es de vanguardia", ha añadido.

"La gestión público-privada de servicios sociosanitarios no ha demostrado ser más eficiente, ni reducir costes de provisión", ha asegurado, y por ello pide buscar nuevas fórmulas organizativas que "impidan la politización" de los servicios sanitarios.

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ESPAÑA: GALLARDON IMPONE PAGAR PARA RECURRIR UN DESPIDO

Gallardón impone que los despedidos paguen por recurrir

Sigue adelante con las tasas laborales, en contra de la opinión del Supremo. Un trabajador con salario de 1.200 euros que recurra su despido pagaría más de 300 euros si llega al Alto Tribunal

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sigue adelante. Va a recuperar las tasas judiciales en los recursos laborales, a pesar del criterio del Tribunal Supremo que las anuló el año pasado.

Así consta en la redacción del actual proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita que está en trámite en el Congreso de los Diputados y que fue publicado el pasado viernes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo para la presentación de enmiendas terminará el 25 de marzo. Posteriormente, será la Comisión de Justicia la que apruebe esta reforma porque tiene competencia legislativa plena. Esto es, no será vista en los Plenos del Congreso o del Senado.

Las tasas laborales afectan a los despidos, salarios pendientes, indemnizaciones o las propias reclamaciones de un ciudadano a la Seguridad Social.

Concretamente, el Artículo 2.4 del proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita establece que "En el orden jurisdiccional social, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para la primera instancia sin necesidad de acreditar previamente carecer de recursos a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social". El artículo obvia la segunda instancia para estas personas.

 La segunda instancia en la jurisdicción social está compuesta del llamado recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

 Un trabajador medio que gane 1.200 euros al mes, con una deuda de la empresa de 60.000 euros pagaría cerca de 224 euros por recurrir al TSJ una sentencia desfavorable, y otros 309 por recurrir al Supremo (incluyendo la exención del 60% del total adoptada en la reforma del PP de 2013).

Tasas anuladas por el Tribunal Supremo

Los juzgados de lo Social no están aplicando las tasas a los trabajadores en general, después de la controversia surgida con la aprobación de las tasas en la Ley 10/2012, cuyo impacto fue atenuado en el ámbito laboral en el Real Decreto 3/2013.

Las tasas suscitaron múltiples controversias en los órganos de lo Social. Un juez de lo social se negó a cobrarlas, dos Tribunales Superiores de Justicia interpretaron que no eran exigibles, otro TSJ concluyó lo contrario... La diferencia de pareceres estaba más focalizada entre los TSJ.

Ante esta situación, el 5 de junio de 2013, la Sala Cuarta (de lo Social) del Tribunal Supremo acordó en un Pleno no jurisdiccional que las tasas no eran exigibles a los trabajadores, sindicatos y beneficiarios de la Seguridad Social. En su acuerdo influyó el que no se había derogado la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996.

Lo que ha hecho ahora el Gobierno es reformar la Ley de 1996 en la que se apoyó el Supremo, y excluir el pago de tasas a los sindicatos, pero no a los trabajadores, en sus recursos.

 Un acuerdo no jurisdiccional de una Sala del Supremo no es vinculante para los jueces, pero interpreta la jurisprudencia.

El Supremo basó su decisión en el derecho a la gratuidad de la justicia que se construye en elartículo 119 de la Constitución, así como la doctrina constitucional desarrollada con posterioridad. El acuerdo de la Sala Cuarta del Supremo decía textualmente:

1) Para la tramitación de los recursos de suplicación y casación no son exigibles tasas al trabajador, ni al beneficiario de la Seguridad Social,  ni al funcionario o  personal estatutario,  que interpongan recursos de suplicación o de casación en el Orden Social, ni siquiera respecto de recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013.

2) Tampoco son exigibles las Tasas a los sindicatos para la interposición de recursos de suplicación ni de casación, ya unificadora, ya ordinaria, ante la Jurisdicción Social,  ni siquiera respecto de recursos interpuestos con anterioridad al RDL 3/2013.

 Contra las tasas judiciales hay interpuestas una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Ambas están pendientes de resolución.

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ESPAÑA: SENTENCIA CONDENA A PAGAR A UN ARQUITECTO 3 MILLONES DE EUROS POR FALLOS EN CONSTRUCCION

El arquitecto Santiago Calatrava, 

condenado a pagar casi 3 millones de 

euros por fallos en la construcción del 

Palacio de Congresos de Oviedo

La Audiencia Provincial de Oviedo ha condenado al arquitecto Santiago Calatrava a pagar una indemnización de 2.960.781,74 millones de euros a la promotora Jovellanos XXI, la sociedad de gestiona el Palacio de Congresos de Buenavista, por los fallos detectados en la ejecución de la obra.

La Audiencia estima parcialmente los recursos presentados por ambas partes contra el fallo dictado el pasado 6 de junio por el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo, que condenaba a Calatrava al pago de 3.272.659,46 euros, cantidad ahora reducida a 2.960.781,74 euros.

La sentencia reconoce una deuda de Jovellanos XXI con Santiago Calatrava de 7,28 millones de euros en concepto de honorarios. Asimismo, condena al arquitecto a una indemnización de 10,24 millones de euros por los gastos derivados del derrumbe parcial del encofrado de un graderío durante las obras (3,3 millones de euros) y la inversión adicional para dotar de movilidad a la cubierta, que finalmente quedó fija por problemas técnicos (6,9 millones). De este modo, Calatrava deberá pagar la diferencia entre ambas cantidades, es decir 2.960.781,74 euros.

Sobre la movilidad de la cubierta el fallo señala que constituía "una de las señas de identidad del proyecto" y afirma que las conclusiones "evidencian la existencia de un incumplimiento contractual". El fallo admite que el arquitecto ofreció una alternativa de acartelamientos en su reunión de marzo de 2011 –la obra debía entregarse en abril de 2011) puesto que "los plazos no pueden prolongarse con una elasticidad infinita y máxime cuando esa prolongación indefinida lleva aparejados sucesivos sobrecostes de notable magnitud”.

Contra la sentencia cabe recurso de casación y/o extraordinario por infracción procesal.

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ESPAÑA: A PARTIR DEL 1 DE ENERO EL FONDO DE GARANTIA SALARIAL NO PAGARA EL 40% DE LA INDEMNIZACION

A partir del 1 de enero de 2014, el 

FOGASA no pagará el 40% de la 

indemnización por despido objetivo en 

las empresas de menos de 25 

trabajadores

Tal y como desde hace algún tiempo se venía anunciando de una forma, en ocasiones, clara, y en otras, velada, el apartado 8 del artículo 33 del Real Decreto Legislativo 1/1995, del Estatuto de los Trabajadores, por el que el Fondo de Garantía Salarial se hacía cargo, en el caso de empresas de menos de 25 trabajadores, del pago al trabajador del 40% de la indemnización por despido objetivo en los supuestos previstos en los artículos 51 y 52 de la misma norma, ha quedado eliminado mediante reforma aplicada en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, tal como se señala en su Disposición Final Quinta:

"Modificación del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Con efectos de 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida, se suprime el apartado 8 del artículo 33 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, manteniéndose el resto de la redacción, así como su numeración".


Esto supone un encarecimiento del despido objetivo, ya que desde el 1 de enero las empresas de menos de 25 trabajadores tendrán que hacer frente al importe completo de la indemnización correspondiente, poniendo fin de este modo a la subvención de esta modalidad de despido que se puso en funcionamiento hace ya un tiempo.


Redacción del art. 33.8 Estatuto de los Trabajadores anterior al 1 de enero de 2014:


"En los contratos de carácter indefinido celebrados por empresas de menos de veinticinco trabajadores, cuando el contrato se extinga por las causas previstas en los artículos 51 y 52 de esta Ley o en el artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, el Fondo de Garantía Salarial abonará al trabajador una parte de la indemnización en cantidad equivalente a ocho días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores al año. No responderá el Fondo de cuantía indemnizatoria alguna en los supuestos de decisiones extintivas improcedentes, estando a cargo del empresario, en tales casos, el pago íntegro de la indemnización. El cálculo del importe de este abono se realizará sobre las indemnizaciones ajustadas a los límites previstos en el apartado 2 de este artículo".

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ESPAÑA: LAS ELECTRICAS AMENAZAN CON NUEVA SUBIDA SI EL GOBIERNO NO LES PAGA 3.600 MILLONES

La factura de la luz volverá a subir si el 

Gobierno no aporta 3.600 millones a las 

eléctricas

Las eléctricas amenazan, si el Gobierno no cumple su compromiso de aportar 3.600 millones de euros por el deficit tarifario, las facturas al consumidor subirán. Es la respuesta del sector a las palabras del ministro Luis de Guindos, que aseguró que hay que buscar alternativas de financiación.

Que tiemblen las facturas de electricidad porque, según el presidente de la patronal, van a volver a subir. Esta decisión va a suponer un encarecimiento a medio plazo del recibo eléctrico.

Montes se refiere a la decisión anunciada por el ministro de economía de no incluir en los presupuestos los 3.600 millones que iba a asumir el estado para regular el déficit tarifario.

Para regular el déficit de tarifa, que asciende a 27.000 millones, el gobierno acordó un sistema en el que todos tendríamos que arrimar el hombro, consumidores, eléctricas y estado.

Las empresas denuncian que el Gobierno quiere cargar la parte que le correspondía a sus cuentas, lo que, a la larga, según acaban de anunciar, acabará repercutiendo en las facturas que pagan los ciudadanos.

En los últimos 10 años, el recibo ha subido más de un 70%. Abonamos de media 615 euros al año, cuando en 2003 pagábamos 360 euros. Esta tarta se la reparten, en su mayoría, las cinco grandes empresas.

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EL COPAGO OBLIGA A PAGAR EL 90% EN LOS CENTROS DE DISCAPACITADOS

El copago obligará a pagar el 90 % en los 

centros de discapacitados

El Cermi advierte de que algunas personas no podrán acceder a las residencias El colectivo critica la destrucción de 3.500 empleos en el sector

EUROPA PRESS, VALENCIA El presidente del Comité de Entidades Representantes de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana (Cermi CV), Joan Planells, advirtió ayer de que con la aplicación del copago en centros y residencias de discapacitados los usuarios van a tener que pagar, en algunos casos, «el 90 por ciento del coste del servicio», tras el decreto aprobado por la Conselleria de Bienestar Social el pasado mes de agosto. La entidad, que ya lo ha recurrido, lamentó, que este decreto es «más duro que en otras comunidades».

Planells alertó de que el copago hará que algunas personas no puedan acceder a este servicio, dada la situación de paro actual. Planells se expresó así con motivo de la marcha SOS Discapacidad, derechos, inclusión y bienestar a salvo, celebrada ayer en Valencia para conmemorar el Día Internacional de las personas con discapacidad, a la que asistieron cerca de 3.000 personas, según los organizadores.

La técnica de proyectos en el Cermi CV, Esperanza Adrià, señaló que este copago viene a «sangrar aún más a las familias» tras la eliminación de la figura del cuidador en los colegios o la reducción de logopedas y fisioterapeutas. «Pedimos que retiren el copago, que pongan más apoyo en la educación y que Bienestar Social no ahogue a los dependientes, que llevan sin cobrar mucho tiempo», agregó.

Según detalló, una familia que tenga rentas superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, situada en 539 euros, podría llegar a pagar 120 euros en copago para poder tener a un miembro en un centro. A través de esta marcha, el Cermi CV quiso denunciar la desaparición de recursos dirigidos a este colectivo, como la eliminación del empleo protegido. Al respecto, la entidad denunció que en los últimos años se han destruido 3.500 puestos en la C. Valenciana
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ESPAÑA: CIFRAS Y LETRAS DE UN RESCATE BANCARIO SIN PAGAR

Las 25 cifras de un rescate bancario sin pagar

Desde 2007, se han volatilizado 250.000 millones de euros entre pérdidas y activos tóxicos en la economía

Se ha destruido un 14% del empleo financiero y se ha pasado de 50 a 12 entidades

El Estado da por perdidos 36.000 millones de euros, una cuarta parte en el agujero de Bankia

El Gobierno y la troika sacan pecho del final del programa de rescate bancario al que se ha sometido España desde hace año y medio. El próximo enero, España saldrá formalmente del rescate, al menos sobre el papel.

Hasta que se devuelva el montante abonado por Europa, 41.300 millones de euros, el país estará sometido a una vigilancia especial que incluirá dos misiones de supervisión al año. Con Caixanova Galicia y Caixa Catalunya sin vender y el crédito en secano, estas son algunas de las grandes cifras que marcan el final de un rescate en el que las arcas del Estado siguen como rehenes:

100.000 millones de euros. Es lo que el mecanismo de rescate europeo (MEDE) puso a disposición del Estado español para sanear el sector financiero.

41.300 millones de euros. Es la cifra que finalmente se ha utilizado. Algunos expertos creen que habría sido mejor utilizar más para liquidar directamente algunas entidades que simplemente se han reesctructurado y ahora hay que vender.

0,5%. Es aproximadamente el tipo de interés al que España tiene que devolver el crédito para el rescate en un plazo de 12,5 años.

250.000 millones de euros. Casi una cuarta parte del PIB, de la economía nacional, se ha salido del sistema financiero a través de activos tóxicos y pérdidas.

25.205 millones de euros. Son las pérdidas que reconoció el Frob en sus cuentas de 2012 y que ya no aspira a recuperar.

10.557 millones de euros. Es lo que el brazo financiero del Estado había perdido ya en 2011, antes de que el desastre de Bankia necrosara el resto del sistema.

9.176 millones de euros. Las pérdidas que asume el Frob por su participación en Bankia en 2012.

23.500 millones de euros. Bankia recibió la principal inyección de capital de la historia, con un rescate multimillonario aprobado en mayo de 2012.

7.500 millones de euros. Se inyectaron en el Banco de Valencia para luego revenderlo a Caixabank.

5.425 millones de euros. Tomar el control del 100% de NovaGaliciaBanco.

3.091 millones de euros. Es lo que el FROB dice que ha perdido solo en 2012 con el banco formado por las excajas gallegas.

14.000 millones de euros. Ha costado rescatar a Caixa Catalunya, una entidad que toca vender en los próximos meses.

6.674 millones. Se evaporaron de la cuenta de resultados del FROB por el rescate de la caja catalana.

55. Son las entidades financieras que había en España en 2008. 12 bancos es el resultado de las fusiones, que ha dado como resultado un reducidísimo sistema financiero.

14%. Del empleo en el sector financiero se ha perdido desde el inicio de la crisis.

21%. De la red de oficinas se ha cerrado ya y todo apunta a que la cifra puede llegar hasta dejar en la mitad la red de sucursales en España. 

12%. Es la tasa de morosidad que registran las entidades financieras en España.

53.000 millones de euros. Los contribuyentes han respondido por ahora con esa cantidad por el rescate financiero, incluidos los del rescate que están avalados con deuda pública.

2.192 millones de euros. Es la parte de dinero público que se ha puesto para constituir el banco malo.

2.607 millones de euros. Los bancos, aseguradoras y otras entidades han puesto el 55% de la Sareb.

8%. Es lo que ha caído el crédito, hasta septiembre, que conceden las entidades de crédito a hogares y empresas.

25. Son los políticos imputados en las investigaciones de las cajas de ahorros.

600.000 euros. Es el sueldo máximo que puede cobrar un ejecutivo de una entidad financiera que haya recibido ayudas.

55.000 millones de euros. Es el volumen de activos que gestiona la Sareb, el banco malo.

15%. Es la rentabilidad media que espera obtener el banco malo al vender los activos tóxicos en los próximos 15 años.

63%. Fue el descuento con el que la Sareb compró la basura financiera a la banca rescatada.

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LA CADENA STARBUCKS PAGARA A LA EMPRESA KRAFT 2.750 MILLONES DE DOLARES

Starbucks deberá pagar US$2.750 millones a Kraft

La cadena estadounidense de café Starbucks deberá pagar más de US$2.000 millones de compensación a la compañía de comida Kraft, por orden de un ente de arbitraje independiente.

La indemnización se debe a un contrato de distribución que Starbucks rompió tres años antes del tiempo de vencimiento.

Entre 1998 y 2011, Kraft tenía la responsabilidad de vender bolsas de café de Starbucks a minoristas, pero según la cadena de café el primero incumplió el contrato e hizo un mal manejo de su marca.

Por su parte, Kraft asegura que su labor aumentó dramáticamente las ventas de Starbucks.

De acuerdo a las reglas del arbitraje, Starbucks no puede apelar la decisión.

La empresa tuvo ganancias de US$1.700 millones en 2012.

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LABORATORIOS FARMACEUTICOS ALERTAN A SUS INVERSORES QUE ESPAÑA NO LES PAGA FACTURAS MILLONARIAS

Las farmacéuticas alertan a sus inversores de las facturas millonarias que no les paga España

Pfizer reconoce que las comunidades autónomas le adeudan 85,4 millones de euros y Abbott dice que son más de 120 millones

Las farmacéuticas incluyen a España en un listado de países problemáticos con Grecia y Portugal

La deuda de las Administraciones Públicas con los laboratorios farmacéuticos asciende a 4.100 millones de euros, con una demora media en los pagos de 329 días

Es una de las grandes facturas pendientes de las administraciones públicas: el pago a la industria farmacéutica. Un saldo que supera los 4.000 millones de euros y que, si se cumplen las previsiones del Gobierno, en breve comenzará a redimirse gracias al salvador Plan de Pago a Proveedores. Se alejaría así el fantasma de lo ocurrido en Grecia en septiembre de 2011, cuando el impago por parte de las administraciones públicas llevó al gigante Roche a dejar de proveer a la Sanidad Pública de medicamentos tan sensibles como los antitumorales.

En el caso de España, se desconoce el desglose de las facturas pendientes a cada una de las farmacéuticas pero algunas compañías sí develan qué se les debe cuando se tienen que retratar ante sus accionistas. Tres grandes farmacéuticas que cotizan en EEUU –Pfizer, Abbot y Bristol-Myers– han comunicado al regulador bursátil los agujeros negros que hacen en sus balances los países de economías "inciertas y desafiantes" según sus palabras. Por supuesto, España está en el listado con facturas millonarias pendientes, junto con Italia y Grecia, los otros países que más les deben. Las farmacéuticas más poderosas (como Roche o Novartis) son suizas y no cotizan en Wall Street.

Pfizer, propietario de marcas como Viagra u Orfidal, explica en el informe trimestral que remite al regulador de la Bolsa de Estados Unidos, la Securities and Exchange Commission (SEC), que las administraciones españolas le debían, a 29 de septiembre, 115 millones de dólares (85,4 millones de euros) en facturas emitidas hace más de un año. La filial de Pfizer en España reconoce a eldiario.es que el saldo que tiene pendiente de cobro corresponde a las comunidades autónomas pero no puede acotar cuáles son las que más deben.

El club de los países de la periferia de Europa

En el caso de Pfizer, España forma parte del grupo de países de la periferia de la Unión Europea que, en conjunto, deben a la farmacéutica 1.300 millones de dólares (966 millones de euros). Es decir, junto al caso español, la multinacional destaca a Italia, Grecia, Portugal e Irlanda. Países donde la situación económica se mantiene “incierta y desafiante”, según afirma la compañía al regulador bursátil.

“Aunque algunos gobiernos europeos o agencias gubernamentales a veces retrasan sus pagos más allá de los términos de venta contractuales, buscamos equilibrar de forma adecuada el riesgo de pago con el deseo de mantener buenas relaciones con nuestros clientes y asegurar un enfoque humanitario a las necesidades de los pacientes”, explica la compañía en su informe.

Otra multinacional que reconoce los pagos pendientes de España, Italia, Grecia y Portugal es Abbott Laboratories, que comercializa desde dispositivos cardiovasculares a marcas conocidas como Dalsy –el antiinflamatorio para niños– o Pediasure. Abbott reconoce a la SEC estadounidense que la Administración española le debe, a 30 de septiembre de este año, 162 millones de dólares (120,6 millones de euros). Cifra que sólo supera Italia, que tiene pendiente el pago de 227 millones de dólares. El grupo farmacéutico señala que “sigue muy de cerca las condiciones económicas y presupuestarias” de estos cuatro países, así como “otros desarrollos fiscales”. 

Otra gran farmacéutica que habla de sus problemas en España es Bristol-Myers Squibb, aunque no detalla la cifra concreta que le adeudan las distintas administraciones españolas. Asegura al regulador bursátil que su exposición a cuentas pendientes de cobro en Grecia, Portugal, Italia y España era de 195 millones de dólares al cierre del tercer trimestre de 2013.

Una factura global de 4.100 millones de euros

Hace sólo unas semanas, la patronal del sector, Farmaindustria, valoraba “positivamente” el Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno porque, aseguraba el lobby farmacéutico, con él “se devuelve la confianza de los sectores y se mejora la imagen de España en el exterior”. No en vano, el objetivo de las compañías es “cobrar los 3.500 millones de euros acumulados hasta el mes de mayo por suministro de medicamentos a hospitales del Sistema Nacional de Salud”, según explicó Farmaindustria a través de un comunicado.

Pero la factura global pendiente es aún más amplia ya que, a 31 de agosto, “la deuda de las administraciones públicas con los laboratorios farmacéuticos ascendía a unos 4.100 millones de euros, con una demora media en los pagos de 329 días”.

Según Farmaindustria, las compañías consideran “importante” que se confirmen, por parte del Gobierno, “los mecanismos que permitan abonar la mayor parte de esta deuda antes de que finalice el año”. Además, el lobby confía en que “la Ley Orgánica de Control de la Deuda Comercial del Sector Público, pendiente de aprobación, y el proyecto de ley de Impulso de la Factura Electrónica permitan dar una solución definitiva y estructural al grave problema de la morosidad pública, que tanto afecta en España a sectores como el farmacéutico”.

El Gobierno responde a las peticiones de la industria

El Gobierno ha recogido el guante de la patronal y el ministro de Industria, Turismo y Comercio, José Manuel Soria, aseguró el martes que la industria farmacéutica será una de las primeras en beneficiarse del nuevo Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno, que antes de final de año prevé liberar más de 5.000 millones de euros para que las comunidades y ayuntamientos puedan pagar sus facturas. Tras inaugurar una jornada sectorial sobre el programa Profarma, con el que se pretende impulsar la competitividad del sector, el ministro aseguró que este plan de pago es "una buena herramienta para reactivar la liquidez de las empresas”.

El plan además tendrá beneficios fiscales. El director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, reconoció en el mismo acto que el plan Profarma ofrece "una oportunidad para todos", ya que las empresas participantes podrán "deducirse una pequeña parte de las aportaciones por ventas al sistema sanitario que tienen que realizar", según declaraciones recogidas por Europa Press. Mientras, la presidenta de esta patronal, Elvira Sanz, aprovechó la jornada para destacar que su sector ha aumentado las exportaciones en los últimos años hasta convertirse en el cuarto sector exportador de España y en uno de los principales inversores en I+D, campo al que, en 2012, destinó 900 millones de euros.

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