Temor judicial a una maniobra para apartar a Castro del caso Nóos
No se descarta la interposición de una querella por prevaricación contra el magistrado para tratar de impedir que interrogue a la infanta Cristina el día 8
Felipe Armendáriz. Palma Medios judiciales palmesanos sopesan, desde hace días, la posibilidad de que el juez José Castro sea apartado del caso Nóos, mediante la interposición de una querella contra él, o por otra maniobra, antes del 8-F, día de la declaración como imputada de la infanta Cristina. Esta hipótesis ha sido analizada incluso en el núcleo del caso Nóos.
Una de las versiones que circula habla de la próxima interposición de una querella, por presunta prevaricación, contra el magistrado mallorquín. Los jueces son personas aforadas y la instancia competente para enjuiciarlos es, en el caso de Castro, la sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).
La querella tendría que interponerse ante esa sala, que habría de decidir si la admite a trámite o no.
En el primer supuesto los promotores de la maniobra habrían obtenido una gran victoria: el Consejo General del Poder Judicial podría suspender en funciones a Castro en espera de la resolución de la querella. Esa medida cautelar apartaría al actual instructor del caso Nóos, con lo que le sería imposible interrogar a doña Cristina el 8-F.
Las dos imputaciones
Lo de menos sería el futuro de la acusación, que probablemente acabaría sobreseída, lo importante radicaría en el cambio de juez y en la sombra de sospecha levantada contra el actual.
Lo de menos sería el futuro de la acusación, que probablemente acabaría sobreseída, lo importante radicaría en el cambio de juez y en la sombra de sospecha levantada contra el actual.
En los medios judiciales mencionados se están analizando las actuaciones de Castro en el sumario, para intentar adivinar cuál sería la fundamentación de la prevaricación.
En principio únicamente aparecen dos posibles acusaciones, ambas derivadas de las imputaciones de la Infanta dictadas por Castro en abril del 2013 y enero del 2014.
Respecto a la primera imputación nunca se podría hablar de una prevaricación, dado que el auto de citación de la hija del Rey fue recurrido ante la Audiencia, que no detectó en él ningún indicio de irregularidad. La sección segunda de la Audiencia anuló, en un auto dictado el 7 de mayo del 2013, el encausamiento de la duquesa de Palma, pero abrió la puerta a su investigación por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y fiscal.
La decisión de citar como imputada a la Infanta no sería tan arbitraria, comentan las fuentes, cuando uno de los magistrados de la sala emitió un voto particular respaldando la resolución.
Respecto a la segunda imputación, plasmada en un auto del pasado 7 de enero, ninguna de las partes que se personaron en el caso Nóos la ha recurrido ante la Audiencia de Palma, por lo que tampoco aparecen trazas de alguna hipotética irregularidad por parte del magistrado.
Hasta el momento nadie ha acusado explícitamente de prevaricador al juez Castro por alguna resolución adoptada en el caso Nóos.
Hasta el momento nadie ha acusado explícitamente de prevaricador al juez Castro por alguna resolución adoptada en el caso Nóos.
Sin embargo, la fiscalía anticorrupción ha presentado cuatro escritos muy duros contra el instructor, del que ha insinuado que daba un trato discriminatorio a la infanta Cristina, frente a Ana María Tejeiro, la esposa del exnúmero dos del Instituto Nóos, Diego Torres.
El ministerio público, representado por Pedro Horrach, también ha cargado contra el juez, del que ha insinuado que imputa a doña Cristina por meros rumores, especulaciones o conjeturas. Horrach, asimismo, ha llegado a criticar al magistrado, al que ha acusado de no conocer la Ley General Tributaria y de buscar argumentos contra la Infanta en una teoría conspiratoria.
Sería un error
La forzada sustitución del instructor del caso que ha afectado a dos miembros de la Familia Real y al secretario de las Infantas en la Casa del Rey mediante una querella infundada, podría volverse contra sus impulsores.
La forzada sustitución del instructor del caso que ha afectado a dos miembros de la Familia Real y al secretario de las Infantas en la Casa del Rey mediante una querella infundada, podría volverse contra sus impulsores.
"Sería un error muy grande, sería su ruina, la ciudadanía nunca lo admitiría", ha comentado una fuente próxima al caso
Otra estrategia que podría seguirse sería menos agresiva que la querella: una recusación basada en una supuesta animadversión del juez contra la Infanta o contra algún abogado defensor.
Otra estrategia que podría seguirse sería menos agresiva que la querella: una recusación basada en una supuesta animadversión del juez contra la Infanta o contra algún abogado defensor.
José Castro, un veterano jurista y una persona habitualmente templada, ha cuidado mucho sus expresiones en la elaboración de este sumario, donde ha escrito decenas de autos y providencias con sumo detalle. Algunos de estos documentos constan de cientos de folios, redactados en un lenguaje llano y comedido.
El instructor tan solo se ha apartado de esa norma en su último auto de imputación de doña Cristina, donde dedicó unos folios a censurar el tono que le parecía inadecuado de algunos escritos del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach.
Ruido mediático
Algunos medios de comunicación estatales pronostican de manera reiterada estos días, sin dar argumentos concretos, que "algo importante" le va a pasar al juez mallorquín en las próximas jornadas, e incluso se ha llegado a afirmar que "Castro acabará como Garzón", en el sentido de ser apartado de la carrera judicial por una condena por prevaricación.
Algunos medios de comunicación estatales pronostican de manera reiterada estos días, sin dar argumentos concretos, que "algo importante" le va a pasar al juez mallorquín en las próximas jornadas, e incluso se ha llegado a afirmar que "Castro acabará como Garzón", en el sentido de ser apartado de la carrera judicial por una condena por prevaricación.
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió este jueves en defensa del juez Castro, aunque sin nombrarlo expresamente.
"En una sociedad democrática todo ejercicio del poder, y el jurisdiccional no es una excepción, está sometido a la crítica pública, pero bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros, la imparcialidad o independencia de jueces", recordó el CGPJ.
Por otro lado, la plataforma Frente Cívico-Somos Mayoría, vinculada al exdirigente del PCE Julio Anguita, pidió ayer ejercer la acusación popular contra la Infanta en el caso Nóos "para defender a la ciudadanía".
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