ESPAÑA: LA FISCALIA SE NIEGA A QUE GALLARDON DECLARE COMO TESTIGO

La Fiscalía se opone a que Gallardón declare como testigo en el caso Nóos

• Anticorrupción presenta un escrito en el que solicita la denegación de las pruebas

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juez José Castro en el que solicita la denegación de las pruebas solicitadas por la defensa de Diego Torres en relación a la actividad del Instituto Nóos en Madrid. En dicho escrito, el fiscal muestra su rechazo a que el magistrado llame al ministro Alberto Ruiz-Gallardón a declarar como testigo del caso para que explique cómo se negoció el convenio por el que una entidad sucesora de Nóos percibió 144.000 euros públicos para preparar la candidatura olímpica de Madrid 2016, sin que en la actualidad haya constancia de los trabajos realizados.

El ex socio de Iñaki Urdangarin presentó el pasado 21 de enero un escrito plagado de correos, cartas y fotografías, en el que solicitaba al juez Castro que citara como testigo a Ruiz-Gallardón para que explicase su relación con el duque y las actividades que realizó para el Instituto Nóos, según adelantó Germán González en EL MUNDO.

Dicho escrito detallaba todo el proceso para la elaboración del libro de Urdangarin y Torres El patrocinio visto por sus protagonistas, que contó con un prólogo del actual ministro y su participación, como principal invitado, en la presentación que se hizo en Madrid en marzo de 2006.

En su escrito, Torres solicitaba también la citación del ex ministro de Industria José Montilla y del ex secretario de Estado para el Deporte Jaime Lissavetzky, entre otros, para que aclaren su intervención en las negociaciones sobre este pago, efectuado por la sociedad pública Madrid 16 en favor de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), informa Europa Press.

La defensa de Torres aseveraba que Gallardón debería haberse ofrecido a declarar voluntariamente en lugar de "afanarse en desvelos ajenos al proceso", en referencia a sus afirmaciones en torno a la forma como la Infanta Cristina, citada por su parte el próximo 8 de febrero, debe descender la cuesta de los Juzgados de la capital balear.

El juez Castro, el pasado mes de septiembre, ya desestimó abrir una pieza separada dirigida a investigar el papel que jugó Gallardón, en el convenio por el que la Fundación pública Madrid 16 abonó unos 140.000 euros de forma presuntamente irregular a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS), entidad considerada sucesora del Instituto Nóos.

En su auto, el magistrado justificaba que hasta entonces no había aparecido en la causa dato alguno "revelador" de que el entonces alcalde de Madrid mantuviera reuniones, directa o mediante alguna persona interpuesta, con Urdangarin o cualquier otro responsable de la FDCIS, u otras actuaciones "tendentes a apartar de los cauces obligados o habituales la concertación del convenio que entre ambas fundaciones acabó suscribiéndose".

Sin embargo, el abogado de Torres apunta en su escrito que "es evidente que existía una relación entre Urdangarin y el actual ministro de Justicia, que venía de tiempo atrás". Una relación que, afirma, se centraba en aspectos "meramente deportivos ajenos a Nóos", como el vinculado a la colaboración del Duque de Palma en la candidatura olímpica de Madrid, mientras que en otras "los contactos sí tenían que ver de modo más directo con Nóos y los proyectos que malintencionadamente se ponen en tela de juicio".

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ESPAÑA: ENTORNOS JUDICIALES APUNTAN A QUE AL JUEZ CASTRO LE APARTARAN DEL CASO DE LA INFANTA

Temor judicial a una maniobra para apartar a Castro del caso Nóos

No se descarta la interposición de una querella por prevaricación contra el magistrado para tratar de impedir que interrogue a la infanta Cristina el día 8

Felipe Armendáriz. Palma ­Medios judiciales palmesanos sopesan, desde hace días, la posibilidad de que el juez José Castro sea apartado del caso Nóos, mediante la interposición de una querella contra él, o por otra maniobra, antes del 8-F, día de la declaración como imputada de la infanta Cristina. Esta hipótesis ha sido analizada incluso en el núcleo del caso Nóos.

Una de las versiones que circula habla de la próxima interposición de una querella, por presunta prevaricación, contra el magistrado mallorquín. Los jueces son personas aforadas y la instancia competente para enjuiciarlos es, en el caso de Castro, la sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB).

La querella tendría que interponerse ante esa sala, que habría de decidir si la admite a trámite o no.

En el primer supuesto los promotores de la maniobra habrían obtenido una gran victoria: el Consejo General del Poder Judicial podría suspender en funciones a Castro en espera de la resolución de la querella. Esa medida cautelar apartaría al actual instructor del caso Nóos, con lo que le sería imposible interrogar a doña Cristina el 8-F.

Las dos imputaciones
Lo de menos sería el futuro de la acusación, que probablemente acabaría sobreseída, lo importante radicaría en el cambio de juez y en la sombra de sospecha levantada contra el actual.

En los medios judiciales mencionados se están analizando las actuaciones de Castro en el sumario, para intentar adivinar cuál sería la fundamentación de la prevaricación.

En principio únicamente aparecen dos posibles acusaciones, ambas derivadas de las imputaciones de la Infanta dictadas por Castro en abril del 2013 y enero del 2014.

Respecto a la primera imputación nunca se podría hablar de una prevaricación, dado que el auto de citación de la hija del Rey fue recurrido ante la Audiencia, que no detectó en él ningún indicio de irregularidad. La sección segunda de la Audiencia anuló, en un auto dictado el 7 de mayo del 2013, el encausamiento de la duquesa de Palma, pero abrió la puerta a su investigación por los supuestos delitos de blanqueo de capitales y fiscal.

La decisión de citar como imputada a la Infanta no sería tan arbitraria, comentan las fuentes, cuando uno de los magistrados de la sala emitió un voto particular respaldando la resolución.

Respecto a la segunda imputación, plasmada en un auto del pasado 7 de enero, ninguna de las partes que se personaron en el caso Nóos la ha recurrido ante la Audiencia de Palma, por lo que tampoco aparecen trazas de alguna hipotética irregularidad por parte del magistrado.
Hasta el momento nadie ha acusado explícitamente de prevaricador al juez Castro por alguna resolución adoptada en el caso Nóos.

Sin embargo, la fiscalía anticorrupción ha presentado cuatro escritos muy duros contra el instructor, del que ha insinuado que daba un trato discriminatorio a la infanta Cristina, frente a Ana María Tejeiro, la esposa del exnúmero dos del Instituto Nóos, Diego Torres.

El ministerio público, representado por Pedro Horrach, también ha cargado contra el juez, del que ha insinuado que imputa a doña Cristina por meros rumores, especulaciones o conjeturas. Horrach, asimismo, ha llegado a criticar al magistrado, al que ha acusado de no conocer la Ley General Tributaria y de buscar argumentos contra la Infanta en una teoría conspiratoria.

Sería un error
La forzada sustitución del instructor del caso que ha afectado a dos miembros de la Familia Real y al secretario de las Infantas en la Casa del Rey mediante una querella infundada, podría volverse contra sus impulsores.

"Sería un error muy grande, sería su ruina, la ciudadanía nunca lo admitiría", ha comentado una fuente próxima al caso
Otra estrategia que podría seguirse sería menos agresiva que la querella: una recusación basada en una supuesta animadversión del juez contra la Infanta o contra algún abogado defensor.

José Castro, un veterano jurista y una persona habitualmente templada, ha cuidado mucho sus expresiones en la elaboración de este sumario, donde ha escrito decenas de autos y providencias con sumo detalle. Algunos de estos documentos constan de cientos de folios, redactados en un lenguaje llano y comedido.

El instructor tan solo se ha apartado de esa norma en su último auto de imputación de doña Cristina, donde dedicó unos folios a censurar el tono que le parecía inadecuado de algunos escritos del fiscal anticorrupción, Pedro Horrach.

Ruido mediático
Algunos medios de comunicación estatales pronostican de manera reiterada estos días, sin dar argumentos concretos, que "algo importante" le va a pasar al juez mallorquín en las próximas jornadas, e incluso se ha llegado a afirmar que "Castro acabará como Garzón", en el sentido de ser apartado de la carrera judicial por una condena por prevaricación.

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) salió este jueves en defensa del juez Castro, aunque sin nombrarlo expresamente.

"En una sociedad democrática todo ejercicio del poder, y el jurisdiccional no es una excepción, está sometido a la crítica pública, pero bajo el amparo de la libertad de expresión no pueden justificarse actuaciones que pretendan influir de manera burda, denigrar injustamente o poner en entredicho con argumentos groseros, la imparcialidad o independencia de jueces", recordó el CGPJ.

Por otro lado, la plataforma Frente Cívico-Somos Mayoría, vinculada al exdirigente del PCE Julio Anguita, pidió ayer ejercer la acusación popular contra la Infanta en el caso Nóos "para defender a la ciudadanía".

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ESPAÑA: EL JUEZ CASTRO LLAMARA A DECLARAR A GALLARDON EN EL CASO NOOS

El juez Castro, dispuesto a citar a declarar a Ruiz Gallardón en el 'caso Nóos'

Castro está dispuesto a citar a declarar como testigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Ha pedido su opinión al Fiscal y las partes. El Ministerio de Justicia asegura que "no ha dado instrucciones a la Fiscalía para que se oponga". 

José Castro está dispuesto a citar a declarar como testigo al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Así lo revelan fuentes cercanas al magistrado que aseguran que el juez contempla tomar declaración al ministro con el mismo sistema con el que declaró Francisco Camps, es decir, por escrito y en su despacho. El magistrado tomará una decisión definitiva pasados los diez días que ha dado de plazo a las partes para que se pronuncien sobre las pruebas aportadas por Diego Torres: trece e-mails, mensajes y fotografías que probarían la relación entre Urdangarin y el exalcalde que --según el socio del duque de Palma-- derivaron en el pago de 144.000 euros del Ayuntamiento de Madrid al Instituto Nóos.

Fuentes de su entorno subrayan que la predisposición actual del magistrado es la de dar al exresponsable del Ayuntamiento de Madrid "el mismo trato" que se dispensó al expresident de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y al expresident de Baleares Jaume Matas, a los que el juez instructor del 'caso Nóos' ha citado como testigos. 

Justicia asegura que "no ha dado instrucciones a la Fiscalía para que se oponga"

La acusación popular, ejercida por Manos Limpias, se pronunciará a favor de esa declaración según su abogada, Virginia López Negrete, que ya reclamó en septiembre la imputación de Gallardón.La Fiscalía y la Abogacía del Estado no se han pronunciado sobre la declaración de quien es jerárquicamente su superior. El Ministerio de Justicia asegura que "no ha dado instrucciones a la Fiscalía para que se oponga a la declaración". Castro anunciará su decisión después del 8 de febrero, la fecha en que debe declarar la infanta Cristina. 

Un mensaje del juez

El pasado mes de septiembre, el juez desestimó citar a declarar como imputado al exalcalde de Madrid, tal y como pedía la acusación popular. Castro pudo entonces haber dictado su toma de declaración en calidad de testigo pero renunció a hacerlo. Cuatro meses después el socio de Urdangarin ha aportado nuevas pruebas que pueden variar la decisión del magistrado. Fuentes de su entorno aseguran que será la única clave de su decisión aunque reconocen que en estos cuatro meses la campaña de desprestigio contra el magistrado y las presiones políticas que ha recibido la causa pueden también jugar contra Gallardón al que el mensaje de "todos iguales ante la ley" obligaría a citar como se citó a Camps o a Matas. 

El Ministerio asegura oficialmente que "confía en que el pronunciamiento del juez será el mismo al que ya tuvo el pasado mes de septiembre" y que, por tanto, se "descartará la prueba testifical".

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ESPAÑA: EL FRENTE CIVICO DE JULIO ANGUITA SE PERSONA COMO ACUSACION EN EL JUICIO DE LA INFANTA

El Frente Cívico de Anguita se persona 

en el caso Nóos

El colectivo actuará como acusación particular para “defender los intereses de la ciudadanía” en un caso en el que está imputada la Infanta Cristina

El colectivo civil Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM) ha presentado este jueves 23 de enero un escrito ante el Juzgado número 3 de Palma de Mallorca para personarse como acusación popular en el conocido como Caso Nóos que instruye el juez José Castro, según ha informado el colectivo a través de una nota de prensa.

Frente Cívico Somos Mayoría – colectivo social cuyo promotor es Julio Anguita- ha decidido personarse en dicha causa como “acción popular contra todas las personas físicas y jurídicas hasta ahora imputadas por los hechos que han motivado esta instrucción, siendo indiciarios entre otros de los delitos de prevaricación, malversación, falsedad documental, receptación, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales”, según consta en el escrito presentado hoy en el juzgado de Palma de Mallorca.

En dicho escrito se manifiesta que la personación de Frente Cívico Somos Mayoría en el Caso Nóos “no tendrá otros objetivos (…) que la defensa de los intereses de la ciudadanía que ha estado sufriendo graves perjuicios de los recursos económicos que tan escasos y necesarios son para hacer efectivos los derechos de todos”. En ese mismo sentido, argumenta esta personación en la causa al considerar “muy necesario reforzar (…) la presencia de la ciudadanía, que tanto tenemos en juego”, en dicho proceso judicial.

IMPUTACIÓN DE LA INFANTA

El colectivo Frente Cívico Somos Mayoría ha dado ahora el paso de personarse en el denominado Caso Nóos ante “la desmoralización, desconfianza y alarma ciudadana” motivada por la gravedad de los hechos que se instruyen en la causa que “por sí mismos han trasladado la imagen del grado de arbitrariedad en el manejo de dinero público” algo que “se ha agravado sustancialmente desde que el juez instructor procediera de oficio a citar a la Infanta Doña Cristina Federica Borbón Grecia”.

Sobre esta imputación, el Frente Cívico Somos Mayoría alerta de que “desde entonces el sistema procesal se haya visto distorsionado por lo que muchos ciudadanos consideran una anómala actuación del Fiscal Anticorrupción y la Abogacía del Estado” y que a juicio de FCSM, hay motivos “para deducir que su actuación no se corresponde con lo que les demandan las leyes en su aplicación al caso concreto”, según reza el escrito presentado en los juzgados hoy.

En este sentido, el portavoz estatal de Frente Cívico Somos Mayoría, Ginés Fernández, ha explicado que la personación del colectivo en el Caso Nóos responde también a “la injerencia del poder ejecutivo” en la causa, en referencia a las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en una entrevista en televisión en las que aseguraba “estar convencido de que a la Infanta le irá bien” en este proceso y de “su inocencia”.

“Las palabras de Rajoy nos han invitado a personarnos en este caso”, ha explicado el portavoz estatal de FCSM, quien ha indicado que “todo apunta a que la infanta no tenga ningún tipo de perjuicio y entonces no se aplique el principio fundamental de que todos somos iguales ante la ley”.
Frente Cívico Somos Mayoría queda ahora a la espera de la respuesta del Juzgado número 3 de Palma de Mallorca ante el que se ha presentado el escrito de personación en la causa y que deberá decidir si da su consentimiento a dicha personación.

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IU DENUNCIA PRESIONES DEL REY A EL JUEZ DEL CASO NOOS

IU denuncia presiones del Rey al juez del 'caso Noos'

José Luis Centella afirma que la Casa del Rey se ha organizado para beneficiar a una familia: la de Urdangarín y Cristina de Borbón

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, José Luis Centella, ha calificado de "inoportunas" las palabras del jefe de la Casa, Rafael Spottorno, respecto a la instrucción del Caso Nóos, alertando de que con esta intervención la Casa Real "está decidida a presionar" a la Justicia.

De esta manera ha respondido Centella en declaraciones a Europa Press  a las palabras del jefe de la Casa, Rafael Spottorno, en las que pedía cerrar ya la fase de instrucción del caso Nóos porque los casi tres años que lleva abierto el sumario han supuesto un "martirio" para la institución.

Para el dirigente de IU, estas declaraciones son "totalmente inoportunas y ponen en evidencia" cómo la Casa Real "se ha organizado para beneficio de una familia", en alusión a la infanta Cristina y a su marido Iñaki Urdangarin.

"La Justicia debe de ser rápida para llegar hasta al final, pero que una institución del Estado presione para que actúe, únicamente supone un flaco favor y demuestra nerviosismo". Asimismo, a su entender, "la operación de Casa Real para recuperar la credibilidad del Monarca sigue sin consolidarse" con estas declaraciones.

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ANULADO EL GRUPO POLICIAL ANTICORRUPCION DEL CASO NOSS

Descabezado el grupo policial anticorrupción del ‘caso Nóos’

Queda una sola inspectora al frente del equipo, de las tres policías que había hasta ahora

El grupo de la Policía Judicial de Delincuencia Económica de la comisaría de Baleares –la unidad que lleva el peso de la investigación de los escándalos de corrupción y que indaga en especial el caso Nóos- ha quedado descabezado, con su cúpula minimizada. Al frente del equipo de 12 policías ha quedado una sola inspectora, la jefa del grupo, de las tres destinadas hasta ahora, todas ellas especializadas en cuestiones económicas, tramas financieras y análisis fiscales.

El juez José Castro, que culmina la pieza interna del caso Nóos, con la posible imputación de la infanta Cristina por blanqueo de capitales, días a atrás apremió en una providencia a esa unidad de la Policía Judicial. El instructor se dirigió a los mandos de la comisaría –también a la Agencia Tributaria- para que concluyan los informes que les tiene encomendados.

José Castro afirmó que la tardanza de la policía y de Hacienda en la entrega de esos análisis dilataba y retrasaba la culminación de la instrucción. Teóricamente, el exceso de trabajo, la carencia de medios personales y la acumulación de encomiendas judiciales saturan esas unidades policiales y tributarias.

En la Fiscalía Anticorrupción se desconocía este lunes el recorte de elementos directivos en la unidad policial de Delincuencia Económica con la que trabaja directamente. No obstante, desde la fiscalía se precisó que no hay cuestiones esenciales pendientes de investigación en el caso Nóos. Tras las consultas desarrolladas, el Ministerio Público sí reconoció que se ha quitado a dos inspectoras, aunque aseguró que ninguna de las dos tenía entre manos temas ligados al asunto de Nóos. El fiscal ya ha concluido que no hay datos para imputar a la hija del Rey.

Un portavoz de la jefatura superior de Baleares, al plantearse la salida de las dos inspectoras de Delincuencia Económica, explicó a EL PAIS que ha habido "movimientos internos, cambios de inspectoras entre unidades”, que situó dentro de la “normalidad” de las reorganizaciones operativas y de las peticiones de nuevos destinos.

Dos de las policías expertas en anticorrupción y con rango interno han sido destinadas a otras unidades de la comisaría de Palma de Mallorca que dirige, tras la llegada del PP del Gobierno, el jefe superior de Policía, Antonio Emilio Jarabo de la Peña. Este jefe policial, de confianza del equipo del Ministerio de Interior, había trabajado anteriormente en una zona turística de Canarias. Con anterioridad estuvo en las unidades de los antiguos grupos antidisturbios, los llamados botas, en lenguaje interno.

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ABOGACIA REVELA QUE LA DECISION DE NO IR POR LO PENAL EN EL CASO NOOS FUE POLITICA

La Abogacía revela que la decisión de no ir por lo penal en Nóos fue política

Macías contradice a Ciscar y asevera que la nulidad del ERE no llevaría directamente al cierre de Canal 9

J. G. G. | VALENCIA El vicepresidente José Ciscar se ha parapetado en los servicios jurídicos de la Generalitat para justificar la decisión del Consell de personarse en el caso Nóos (en el que aparecen implicados el expresidente Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá) solo por lo civil y no también como acusación penal, como sí hizo en el caso Cooperación, que sentará en el banquillo al exconseller expulsado del PP y actual diputado no adscrito de las Corts, Rafael Blasco. La decisión, ha repetido, vino condicionada por el informe de la Abogacía de la Generalitat. Una afirmación que quedó en entredicho al conocer el documento, en el que se recomienda acudir por las dos vías, y que ayer remató la secretaria autonómica de Presidencia y responsable de la Abogacía, Cristina Macías.

«En Nóos el Consell nos pidió un informe previo sobre qué acciones era posible emprender y la decisión la adoptó el Consell», aseveró en las Corts en su comparecencia a petición del PSPV para informar sobre los criterios de actuación de la Abogacía. Esto es, que la decisión fue política. En cambio, «en el caso Blasco el Consell adoptó autorizar a la Abogacía la comparecencia y el ejercicio de la acción penal y ahí no emitimos informe y actuamos completamente con nuestra independencia y criterios objetivos en este procedimiento penal».

Macías, no obstante, defendió que la personación solo por lo civil en Nóos (opción que también amparaba su informe) no es «excepcional y atípica», ya que, dijo, la mayoría son de este tipo. El año pasado, indicó, de 339 pleitos, solo en 107 se ejercitó la acción penal. La socialista Eva Martínez atribuyó la decisión al presidente Fabra para «defender a diputados intocables» como Camps y Barberá.

Modificar el contrato de RTVV
En respuesta a Ignacio Blanco (EU), Macías también enmendó la plana a Ciscar sobre RTVV. Aseveró que la cláusula del contrato programa que establece que la nulidad del ERE es causa de resolución de este acuerdo se introdujo «por voluntad del consejo de administración» del ente, no del Consell, y aseveró que, en contra de lo que ha dado a entender repetidamente Ciscar, «no conlleva el cierre de la televisión». Una lectura que achacó a una «tergiversación» de la cláusula. Explicó que, en ese caso, RTVV podrá plantear la «modificación» del contrato programa, previo informe a las Corts. Si RTVV considerara que no es viable, lo tendría que comunicar al Consell para abrir «una nueva negociación» sobre cómo gestionar este servicio.

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FISCALIA ANTICORRUPCION: CAMPS Y BARBERA "ORDENARON QUE SE BENEFICIASE NOOS"

“Ordenaron que se beneficiase a Nóos”

El ministerio público ve indicios delictivos en la contratación con el instituto de Urdangarin

La Fiscalía Anticorrupción ha sido rotunda en su escrito al TSJ valenciano sobre las supuestas irregularidades que rodearon laconcesión de contratos al instituto de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, para la organización de tres ediciones de los Valencia Summit, congresos sobre eventos deportivos. Las administraciones públicas locales pagaron más de tres millones de euros de dinero público a Urdangarin a través de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) y de la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB).

Existen indicios racionales, según el ministerio fiscal, de que entre 2003 y 2004 los responsables de Nóos se reunieron con el presidenteFrancisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá. Los dos políticos dieron el visto bueno al proyecto que les presentó Nóos y acordaron verbalmente con ellos llevarlo a cabo. “Ordenaron que se beneficiase a Nóos”, considera la fiscalía.

Sobre el modo, la fiscalía concluye: “Ni en Cacsa ni en TVCB se abrió procedimiento de contratación, ni se investigó ni documentó la experiencia y solvencia del instituto, ni se cotejaron los precios de mercado, ni se solicitó informe jurídico de legalidad de la contratación ni el procedimiento elegido”. El juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, que investiga el caso Nóos, atribuyó a Camps y Barberá los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad en documentos oficiales.

La fiscalía apunta también en dirección a los dos políticos. “Los representantes políticos antes aludidos y los representantes del Instituto Nóos se concertaron para eludir dolorosamente la aplicación de la ley de contratos públicos y beneficiar de forma fraudulenta a Nóos”.

El informe es demoledor. Subraya el precio “totalmente desproporcionado” para lo que supone el servicio a realizar de Nóos y destaca además que no se exigía la justificación del destino de las cantidades abonadas a Urdangarin. “No hay en el expediente una sola factura o documento que acredite que el instituto ha destinado los 1.044.000 euros que recibió” a realizar el objeto del convenio, recoge.

Además, el ministerio público expone que el primer convenio entre Cacsa y TVCB lleva una fecha ficticia, pues en realidad se firmó el 17 y no el 8 de septiembre de 2004. Y se ignoraron todos los controles administrativos que exige la ley.

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HACIENDA REVELA QUE NOOS CRUZO EN 5 AÑOS 425 FACTURAS SOSPECHOSAS POR 6,4 MILLONES

Hacienda revela que Nóos cruzó en 5 años 

425 facturas sospechosas por 6,4 

millones

El fiscal une la malversación en concurso medial con la falsedad documental en su escrito de acusación

La Agencia Tributaria ha remitido al juez instructor del'caso Nóos', José Castro, un informe en el que revela que Iñaki Urdangarin y Diego Torres utilizaron a las empresas 'satélites' del instituto sin ánimo de lucro para cruzar, en cinco años, un total de 425 facturas simuladas o sospechosas por una cuantía de 6,4 millones de euros.

Urdangarin y Torres emplearon a sus sociedades (ver gráfico) para mover el dinero en un circuito interno vertiginoso, pero siempre con el mismo resultado: todas cobraban a Nóos por trabajos ficticios o de difícil justificación.

El juez había solicitado a Hacienda que elaborara un informe ante «la posible existencia de facturas simuladas cruzadas entre las mercantiles vinculadas a Urdangarin y Torres, y al propio Instituto Nóos de Investigación Aplicada», así como «la trascendencia fiscal de las supuestas contrataciones ficticias de personal por parte de Nóos».

Las sociedades investigadas han sido: Nóos Consultoría Estratégica, Virtula Strategies, Shiriaimisu, Intuir Strategy Innovation, De Goes Center y Aizoon, ésta última, propiedad de Urdangarin y de su esposa, la infanta Cristina. Según la Agencia Tributaria las 425 facturas cruzadas sospechosas que intercambiaron esas mercantiles fueron 70 en 2004, 82 (2005), 118 (2006), 104 (2007) y 45 (2008).

Incongruencias

Los inspectores destacan en el informe, que forma parte del sumario de la causa, diversas incongruencias en la justificación de las facturas, ya sea por eventos no celebrados (ni el Illes Balears Forum ni el Valencia Sumitt se realizaron en 2007), duplicidades, ya que entre los servicios que unas entidades facturan a otras se observan conceptos «que pudieran solaparse bien con los servicios contratados a terceros externos, bien con los que aparentemente prestaron otros miembros del propio conglomerado», según Hacienda.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ultima su escrito de acusación con las penas de cárcel que pedirá para Urdangarin y Torres, entre otros imputados, haciendo hincapié en las diversas irregularidades detectadas por la Agencia Tributaria en las cuentas de Nóos.

Por ello, tiene decidido unir el delito de malversación en concurso medial con el de falsedad documental, precisamente, por el importante cúmulo de facturas supuestamente falsas.

Hacienda señala en su informe que «buena parte de los conceptos empleados (en las facturas)» y las cifras «de importe notable», resulta si cabe «más estridente todavía».

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