La dación en pago que Zapatero autorizó a UGT
El Tribunal de Cuentas describe cómo UGT hizo una dación en pago de inmuebles que el ICO traspasó luego al PSOE.
Aunque el Gobierno de Zapatero rechazó durante sus dos legislaturas cambiar la normativa para que las daciones en pago bastaran para saldar deudas, hubo excepciones. El informe que acaba de remitir el Tribunal de Cuentas al Congreso de los Diputados y en el que desvela la existencia de diecisiete partidos políticos en quiebra técnica, relata también lo que autorizó el Gobierno del PSOE con UGT.
El sindicato que dirige Cándido Méndez debía más 150 millones de euros al Instituto de Crédito Oficial (ICO) tras el escándalo de la cooperativa PSV, pero no podía pagar y el préstamo se prolongaba año tras año. Al llegar al poder, Zapatero impulsó la restitución de bienes incautados por el franquismoa, entre otros, UGT. El sindicato aprovechó entonces esos inmuebles para devolver al ICO una parte de su deuda mediante una dación en pago. En contraste, el PSOE votó sistemáticamente en contra de generalizar esta fórmula de saldar deudas en el Congreso de los Diputados.
Como no a todo el mundo se le aceptaba devolver deudas de este modo, el Consejo de Ministros tuvo que hacer una excepción expresa con el sindicato. Fue el 26 de noviembre de 2006 cuando ordenó al ICO, dependiente del entonces vicepresidente económico, Pedro Solbes, aceptar tal dación en pago de UGT. La agencia financiera del Estado se encontró, de pronto, como propietario parcial o total de casas del pueblo y otros inmuebles sindicales en todo el territorio nacional. Su vocación era revenderlos pero ¿a quíén?
Llegó 2010 y el ICO decidió vender esos inmuebles al PSOE por "vía excepcional", según relata en su informe el Tribunal de Cuentas. Es decir, sin concurso público ni otros candidatos a la compra. Aunque la asesoría legal del ICO autorizó entonces esa fórmula con el argumento de que era difícil vender a terceros inmuebles de esas características al ser el propio PSOE inquilino, el Tribunal de Cuentas llama la atención en su informe sobre este hecho. Además, resalta que el partido no pagó el 100%, sino "el 80% del valor de tasación" -ya estaba en recesión el mercado inmobiliario- y que lo hizo además a plazos.
Ell mismo PSOE que dirigía el Gobierno se endeudó para ello "a largo plazo" con el propio ICO y queda constancia de una deuda hipotecaria de 2 millones de euros por esa operación. Se hizo con diez inmuebles: cuatro en plena propiedad y seis en mitad indivisa.
¿Qué garantía ofreció a aquel órgano oficial controlado en ese momento por la entonces vicepresidenta Elena Salgado? "De la documentación justificativa no se deduce la constitución de garantía hipotecaria sobre ninguno de los inmuebles", recrimina el órgano fiscalizador que presideRamón Álvarez de Miranda.
El informe del Tribunal de Cuentas relata también, claro está, episodios lamentables para todos los partidos. Del Partido Popular dice por ejemplo que ocultó en su memoria contable, "pese a su magnitud" varios avales de la banca por valor de hasta 3,4 millones. De la inefable Convergencia Democratica de Catalunya, asegura que cobró entre 2009 y 2011 otros 1,85 millones de sus fundaciones afines "por servicios no suficientemente acreditados", veáse ficticios.Y de las cuentas de Izquierda Unida que, sobre todo en las de la federación andaluza, no hay manera de enterarse de su contabilidad real.
Hay para todos, pero valga de ejemplo lo ocurrido cuando gobernaba el PSOE con UGT como botón de muestra de la doble vara de medir y un sistema de financiación que los propios partidos parecen los más interesados en no corregir.
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