La japonesa Mitsubishi contrata a Cuatrecasas para demandar a España por los recortes renovables
Se recrudece la guerra de los inversores internacionales contra el Gobierno por los drásticos recortes a las renovables. El gigante japonés Mitsubishi, aliado de Acciona en termosolar, ha contratado al bufete Cuatrecasas para preparar una demanda contra las últimas medidas de Industria en el sector de las energías verdes. Rajoy, en su visita a Japón a principios de octubre, fue advertido del malestar de los fondos y empresas niponas por la inseguridad jurídica y los ajustes retroactivos en España.
Uno de los gigantes internacionales con inversiones en el sector renovable español ha dado el primer paso tras la reforma energética aprobada por el Gobierno. El grupo japonés Mitsubishi, que entró en España en 2009 de la mano de Acciona en una alianza para el negocio termosolar, ha contratado al bufete de abogados Cuatrecasas para presentar una demanda contra España por el cambio retroactivo de las condiciones de sus plantas, la introducción de nuevos impuestos, los sucesivos recortes a las primas y la eliminación del actual sistema de retribución que recoge la reforma energética.
Fuentes del sector renovable confirmaron a Vozpópuli queMitsubishi y los abogados de Cuatrecasas están ahora decidiendo si plantean la demanda sólo ante los tribunales españoles, o también lo hacen por la vía del arbitraje internacional invocando la Carta de la Energía, un tratado ratificado por un gran número de países, entre ellos España, para la protección de las inversiones energéticas en los países firmantes.
Esta segunda vía es la que ha elegido la compañía sevillana Abengoa, que el pasado viernes desveló en Nueva York que su batalla judicial contra el Gobierno no sólo se dirimirá en los tribunales ordinarios españoles sino también en la Corte de Arbitraje de La Haya. Su argumentación jurídica es similar a la que prepara Mitsubishi, al considerar que "la reforma regulatoria del sector eléctrico aprobada por el Gobierno español ha roto las legítimas expectativas de CSP Equity Investment (filial de Abengoa) (…) y constituye una expropiación".
Mitsubishi, al igual que otros grandes inversores de Alemania, EEUU, Emiratos Árabes y Arabia Saudí, entre otros, desembarcó en el sector renovable español cuando éste representaba todo un modelo a seguir fuera de nuestras fronteras. Se unió a Acciona en una alianza estratégica para invertir 2.000 millones de euros en energías renovables, según anunciaron las dos compañías en el verano de 2009.
Abengoa abrió la veda al anunciar el viernes en Nueva York que ha demandado al Gobierno ante la Corte Arbitral de La Haya por la "expropiación" sufrida en España
El objetivo era poner en marcha nuevos proyectos eólicos, termosolares, fotovoltaicos y de bioenergía. El acuerdo deparó además una operación por la que Mitsubishi pagó a Acciona 45,8 millones de euros para entrar en su filial Acciona Termosolar, que contaba con cuatro plantas en Extremadura y Andalucía.
Fue en ese mismo año cuando el Gobierno Zapatero, ya en sus estertores, comenzó a aplicar medidas retroactivas de recorte de primas a las plantas fotovoltaicas para frenar la burbuja de este sector, que año tras año engordaba el déficit de tarifa.
Llegó Rajoy al Gobierno y a través del Ministerio de Industria y Energía, ha ido aplicando medidas que han cambiado las reglas de juego del sector renovable y ha hundido este negocio en España, según todos los expertos y analistas internacionales. Después de aplicar un nuevo impuesto del 7% desde enero y sacar adelante la reforma energética del pasado 12 de julio, ahora en proceso parlamentario, el Gobierno ha dejado al sector renovable sin sistema de ayudas para instaurar un modelo de rentabilidad razonable aún no definido.
La alianza de Mitsubishi con Acciona preveía inversiones de 2.000 millones de euros para el desarrollo de proyectos renovables y el intercambio accionarial entre las dos compañías
Estos cambios normativos han provocado un sonoro enfado no sólo entre los inversores afectados sino también en sus países de procedencia. De ahí que Embajadas como la de EEUU, la alemana y la japonesa hayan trasladado su malestar al Gobierno.
De hecho, el 1 de octubre llegaba Rajoy en visita oficial a Japón, donde fue reprendido (de forma educada y silenciosa, muy a la japonesa) por su política contra las renovables.
Así que Mitsubishi ha dado el primer paso, pero hay otras compañías y bancos nipones que están estudiando también demandar a España. Corporaciones de la talla de Mitsui (socio de FCC), Itochu y JCG Corporation (socios de Abengoa), respaldados a su vez por entidades financieras niponas comoMitsubishi Tokyo UFJ Bank, Mitsui Sumimoto Bank o Mizuho Bank, entre otros, tienen enterrados en España unos 2.000 millones de euros en inversiones en proyectos renovables, señalan fuentes oficiales del sector.
La visita oficial de Rajoy a Japón se vio enturbiada por el malestar de compañías y bancos nipones, que ven peligrar la rentabilidad de los más de 2.000 millones de euros que en conjunto tienen enterrados en España
Los sectores renovables más dañados por los sucesivos recortes de primas y cambios normativos son el termosolar, donde opera Mitsubishi, y el fotovoltaico, si bien con la última reforma aprobada el Gobierno también ha asestado un duro golpe a un sector tan consolidado como el eólico (en algunos días del año aporta más del 50% de toda la energía que se consume) y también al de la cogeneración.
Es tal la avalancha de pleitos y arbitrajes que espera el Ejecutivo que ha centralizado en el Ministerio de Justicia la estrategia de defensa, con la creación de una unidad especializada
En el sector fotovoltaico ya hay un proceso arbitral abierto. Un grupo de fondos internacionales, bajo la dirección deldespacho de abogados Allen & Overy, demandó al Reino de España en 2011 por los cambios aplicados en su día por Zapatero.
Es tal la avalancha de demandas, pleitos y arbitrajes que teme el Gobierno por parte de decenas de inversores españoles e internacionales tras los cambios normativos aplicados que el Ministerio de Justicia ha creado una unidad especializada, formada por abogados del Estado que contará con asesoramiento externo, para dirigir la estrategia de defensa del Ejecutivo frente a todos los procesos que se avecinan,
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