La PAH realoja a 712 personas en dos años en pisos vacíos de los bancos
El miércoles 16 se vive el primer gran pulso entre stop desahucios y el banco malo con la amenaza de desalojo del Bloc Salt, uno de los 13 edificios recuperados por la PAH en Catalunya para el realojo de personas en viviendas vacías. El fenómeno se extiende a otros territorios.
Alguien en el banco malo consideró “necesario aclarar”en una carta que la Sareb “no ha sido pensada como un instrumento propio de las políticas para asegurar el derecho a la vivienda”. El director de relaciones corporativas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) contestaba así en septiembre al Ayuntamiento de Sabadell y a la Obra Social de la PAH, campaña que, en dos años y sólo en Catalunya, ha realojado a 712 personas en bloques o pisos vacíos pertenecientes a las cajas y bancos. A estas cifras se deben sumar las aproximadamente 400 personas realojadas desde mayo de 2012 en las corralas, su movimiento hermano –por coincidencia temporal y por su similar composición social– en Andalucía.
A estas cifras se deben sumar las aproximadamente 400 personas realojadas desde mayo de 2012 en las llamadas corralas de AndalucíaLas razones para un impulso tan fuerte las dejaba claras la propia carta del banco malo: el objeto social “inamovible”de la Sareb es “buscar la “máxima rentabilidad para sus accionistas y el mínimo coste para los contribuyentes”, como corresponde con una sociedad participada en un 45% por el Estado y con activos por valor de más de 50.400 millones en euros (para hacerse una idea, el gasto en prestaciones de desempleo previsto para todo 2014 es algo más de 29.000 millones).
La idea de una toma masiva y pública de edificios y pisos vacíos para realojar a personas desahuciadas, o bajo amenaza de desahucio, ya había echado a andar en el verano de 2011, pero no fue hasta un encuentro de todas las plataformas de afectados por la hipoteca, celebrado en junio en Valencia, que se tomó como el siguiente gran paso público del movimiento.
La idea de una toma masiva y pública de edificios y pisos vacíos para realojar a personas desahuciadas, o bajo amenaza de desahucio, ya había echado a andar en el verano de 2011, pero no fue hasta un encuentro de todas las plataformas de afectados por la hipoteca, celebrado en junio en Valencia, que se tomó como el siguiente gran paso público del movimiento.
“Este es un recuento que estamos revisando, y creemos que va a ser bastante mayor”, explica a DIAGONAL Guillermo Domingo, uno de los coordinadores de la Obra Social: “hay muchos realojos que todavía no tenemos controlados”. Las primeras ramificaciones conocidas de la campaña son el bloque de la Caja de Ahorros del Mediterráneo donde se han realojado siete familias en Torrevieja (Alacant) o el bloque del banco malo recuperado en el barrio madrileño de Carabanchel (Madrid), en un movimiento impulsado sobre todo por las asambleas y grupos de trabajo de vivienda del 15M.
En esta última región, y bajo el nombre de Obra Social Madrid, la campaña se estrenaba el 3 de octubre: medio centenar de personas entraban en un bloque de la Sareb ydesplegaban una pancarta en solidaridad con el edificio recuperado por la PAH en Salt (Girona), al que el “banco malo”quiere desalojar el míercoles día 16. La solidaridad expresaba no sólo la existencia de un mismo “casero”, sino parecidas situaciones de emergencia social.
"Quiero pedir un alquiler social y quiero hacer mi vida normal. Sé que hay mucha gente que me va a apoyar", dice una de las realojadas en un bloque del banco malo en Madrid
Juana Rosa, una de las seis cabezas de familia realojadas en el inmueble, tiene dos hijas de 19 y 21 años y dos nietos de tres años y ocho meses, que van a convivir con ella en la vivienda. Fue desahuciada en 2010 de una vivienda del BBVA al no poder hacer frente a su hipoteca. Como trabajaba a media jornada, accedió a una vivienda en alquiler. “Al principio podía pagar porque trabajaba haciendo horas de camarera de piso, pero cuando se me acabó el contrato no pude pagar”. Fue desalojada el 9 de septiembre. “Aunque quise negociar, no me dieron ninguna opción, ni prórroga ni ayuda”. En el Eko, un centro social de su barrio al que fue por recomendación de su trabajadora social, entró en contacto con las otras cinco familias que iban a terminar siendo sus vecinas. “No recibo subsidios ni ninguna ayuda. No tengo donde vivir. Quiero pedir un alquiler social y quiero hacer mi vida normal. Sé que hay mucha gente que me va a apoyar. Ocupar un piso no es un crimen”, explica a DIAGONAL el mismo día en que este edificio fue liberado. Uno de sus vecinos viene a asentir, en conversación aparte: “Es una gran satisfacción estar hoy aquí. No me siento culpable, porque están robando al pueblo”, informaGladys Martínez López.
Juana Rosa, una de las seis cabezas de familia realojadas en el inmueble, tiene dos hijas de 19 y 21 años y dos nietos de tres años y ocho meses, que van a convivir con ella en la vivienda. Fue desahuciada en 2010 de una vivienda del BBVA al no poder hacer frente a su hipoteca. Como trabajaba a media jornada, accedió a una vivienda en alquiler. “Al principio podía pagar porque trabajaba haciendo horas de camarera de piso, pero cuando se me acabó el contrato no pude pagar”. Fue desalojada el 9 de septiembre. “Aunque quise negociar, no me dieron ninguna opción, ni prórroga ni ayuda”. En el Eko, un centro social de su barrio al que fue por recomendación de su trabajadora social, entró en contacto con las otras cinco familias que iban a terminar siendo sus vecinas. “No recibo subsidios ni ninguna ayuda. No tengo donde vivir. Quiero pedir un alquiler social y quiero hacer mi vida normal. Sé que hay mucha gente que me va a apoyar. Ocupar un piso no es un crimen”, explica a DIAGONAL el mismo día en que este edificio fue liberado. Uno de sus vecinos viene a asentir, en conversación aparte: “Es una gran satisfacción estar hoy aquí. No me siento culpable, porque están robando al pueblo”, informaGladys Martínez López.
La batalla de Salt
Más allá de la cuestión de la legitimidad, sigue estando el Código Penal, que desde 1995 registra el llamado delito de usurpación, y los procesos tanto civiles como penales con los que los propietarios vacían este tipo de edificios. Tras el desalojo de la Corrala Buenaventura, en Málaga, el bloque de la PAH en Salt tiene el suyo previsto para el día 16. Para la PAH, se trata del primer “gran pulso” entre el “banco malo” –que adquirió este bloque de 15 pisos al conglomerado Banco Mare Nostrum, surgido a su vez del rescate de varias cajas de ahorros– y la campaña de la Obra Social.38 diputados de ERC, ICV, CUP y PSC demandaron públicamente a los mossos que desobedecieran al desalojo del bloque de Salt
El inmueble ya ha recabado un fuerte apoyo social que se hizo más visible el día en que todos los sindicatos catalanes de bomberos emitieron un comunicado en el que afirmaron que al menos un centenar de ellos resistirían junto con las familias del bloque desde la noche del 15 de octubre. Los apoyos llegan hasta el Parlament: 38 diputados de ERC, PSC, ICV, CUP demandaron públicamente a los mossos que desobedecieran al desalojo, algo que el conseller de Interior de la Generalitat, Ramón Espadaler, se apresuró a descartar. En un auténtico round activista, la PAH respondería ocupando la Consejería de Vivienda en Barcelona y forzando a una reunión previa a tres bandas entre el Gobierno de CiU, el banco malo y el movimiento, que a la fecha del cierre de esta edición todavía no se había producido.
Los 43 habitantes del inmueble, 21 de ellos menores, no lo tendrán fácil. Un miembro de la PAH reconocía a DIAGONAL que la fecha abierta para el desalojo, concedida por la Audiencia Provincial gerundense por probable presión de la fiscalía, hará más difícil que se mantenga indefinidamente la resistencia. O en otras palabras: los mossos pueden irrumpir en el bloque en cualquier momento aunque inicialmente la resistencia popular, al estilo de un Stop Desahucios, detuviera la intentona. “Pero a CiU –formación que conquistó el Gobierno municipal de Salt en 2011– “le saldrá caro”, espera el activista.
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Bloques recuperados por el movimiento andaluz de vivienda y las campañas Obra social La PAH y Obra Social Madrid / TER GARCÍAAnte esta situación –sólo los tres bloques recuperados por la PAH en Sabadell acumulan siete imputaciones por delito de usurpación–, Pilar Rodríguez, una de las abogadas de esta plataforma, señala que la estrategia jurídica conjunta por parte del movimiento “está aún a nivel inicial”. El intenso trabajo de los últimos meses se ha centrado en la elaboración de un manual con líneas jurídicas y consejos prácticos para las recuperaciones de edificios, pero no hay todavía una línea ofensiva jurídica clara. “Estamos pensando en buscar pronunciamientos de organismos supranacionales y en centrar la ofensiva en el “banco malo”y en la falta de alternativas de realojo ante los desahucios”, señala Rodríguez.
De momento, por el lado de los tribunales no le ha ido mal a los edificios realojados. Una de las tres causas contra los bloques de Sabadell está archivada por defecto de forma. Hay incluso sentencias contundentes como la dictada por una jueza de esta localidad que ponía por encima del derecho a la propiedad la función social de la vivienda, todo ello para denegar una petición cautelar de desalojo de otro de los bloques que la Sareb mantenía vacío. Y un juzgado de Cerdanyola (Barcelona) ha denegado otra petición cautelar de desalojo –aquellas que se producen antes o durante la instrucción del caso– por no encontrarse el edificio en condiciones de habitabilidad y por la presencia de menores.
Sin agua y sin luz
Todo esto no evita que la situación de los edificios recuperados sea de extrema fragilidad. La mayoría de las corralas andaluzas, cuenta Juanjo, de la intercomisión de vivienda del 15M, no disponen de agua ni electricidad. Una de ellas, la sevillana Corrala Utopía, consiguió que en las inmediaciones se instalara una fuente de agua después de que la empresa municipal de aguas, Emasa, les cortara el suministro. Ese es el aprovisionamiento para las más de cien personas que allí viven. Pero los intentos de negociación, junto con la ya legalizada corrala La Libertad la única de las 14 corralas que han contado con un proceso de negociación “con luz y taquígrafos y con la Junta como mediadora”, no han tenido éxito y recientemente Ibercaja dio un paso atrás en su compromiso de llegar a un acuerdo de legalización con las familias.
La secretaria general de Vivienda andaluza, Amanda Meyer, afirmó en su cuenta de Twitter que la Junta “estudiará la expropiación” del inmueble de la Utopía, una de las corralasLa solución global para las corralas está lejosdespués de que la Consejería haya dejado fuera este tipo de ocupaciones de su ley de Vivienda. La secretaria general de Vivienda del Gobierno andaluz, Amanda Meyer, afirmó en su cuenta personal de Twitter que Fomento de Vivienda “estudiará la expropiación” del inmueble de la Utopía, tal y como le ha exigido públicamente el movimiento.
Como ocurre con los casos de desahucios, es difícil establecer una negociación colectiva. La carta de la Sareb a PAH Sabadell es de hecho una respuesta a una mediación institucional por parte del Ayuntamiento de esta localidad para que las entidades pongan sus pisos vacíos a disposición de un parque de vivienda en alquiler social. Similares mediaciones se han producido por parte de otros ayuntamientos catalanes, como el de Terrassa. Pero la respuesta es escasa: en Sabadell, apenas se han conseguido 20 o 30 pisos de Catalunya Banc, informa Pau Llonch, de la PAH, y se trata de cesiones para posibles nuevos casos de necesidad, no realojos de familias que ya participan en la Obra Social. ”Además del banco malo, los bancos rentables como el BBVA o el Sabadell están cerrados en banda”, explica a DIAGONAL.
Guillermo Domingo destaca otro caso importante: uno de los dos bloques recuperados por la PAH en Terrassa consiguió que el banco realojara a los habitantes en otro bloque, y todo ello en medio del traspaso del edificio originalmente ocupado al banco malo. “El traspaso paralizó la negociación con Catalunya Banc (CX) en un principio, pero luego se vió que CX en calidad de gestora del patrimonio de un tercero, la Sareb, negoció el realojo y retiró la denuncia penal. Entonces podemos decir que la Sareb sí negoció”.
Sólo una mínima parte de estas ocupaciones sale a la luz. Y de las que salen a la luz, no todas forman parte de una campaña coordinada. Según la prensa, medio millar de personas vive en urbanizaciones ocupadas sólo en la zona del Condado, en Huelva, marcada por una fortísima desigualdad social. “Hay contacto con estas familias, pero se han organizado por su cuenta: son 120 casas ocupadas en el Monte, 99 en Bollulos y 50 en Rociana del Condado”, señala Juanjo. “De momento han pedido la intervención del defensor del Pueblo, eso indica que piensan en luchar por sus derechos. Yo también considero que son parte un poco de esta historia”, opina.
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