LA POLICIA DESTAPA EN UN INFORME LAS MENTIRAS DE FRANCISCO CAMPS

La Policía destapa en un informe las mentiras de Francisco Camps

La policía judicial de Valencia remite un escrito al juez Castro con las gestiones que realizaron para entregar al expresidente valenciano su citación como testigo del caso Nóos

La Policía Nacional de Valencia ha remitido un oficio al juez que instruye el caso Noos, José Castro, para dar cuenta de las labores que los agentes llevaron a cabo durante la jornada del pasado 16 de noviembre para localizar a Francisco Camps y que declarara como testigo por los contratos que la administración pública valenciana concedió a Iñaki Urdangarin. Los agentes estuvieron por espacio de 20 minutos llamando a la puerta de su domicilio pero nadie abrió la puerta. Camps aseguró en las páginas de ABC que ese fin de semana no se movió de casa.

Primero lo intentaron en el teléfono en el número de móvil que el propio Francisco Camps dejó en el juzgado. Le llamó la secretaria judicial del juzgado de instrucción número tres de Palma y también la policía pero el expresident valenciano no cogió el teléfono y no respondió a los mensajes. El juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach querían que prestara declaración el fin de semana del 15 de noviembre por escrito y en calidad de testigo por los contratos de la administración pública valenciana con Iñaki Urdangarin pero finalmente no hubo suerte.

Según el oficio, firmado por el jefe de la brigada de la policía judicial de Valencia, a las cinco de la tarde del sábado 16 de noviembre, los agentes recibieron la orden de ir a buscar a Camps a su domicilio. Allí "estuvieron llamando en repetidas ocasiones al timbre" sin obtener respuesta. Para evitar el error, los policías también llamaron a las dos puertas vecinas, cuyos inquilinos aseguraron que la vivienda contigua era la de Francisco Camps. "En el lugar se estuvo 20 minutos intentándolo reiteradamente y sin éxito", concluye el informe. La policía deja en evidencia a Camps porque aseguró, después de la polémica, que estuvo en su casa todo el fin de semana.

El exdirector de Cacsa envenena la rama valenciana del caso Nóos

Jorge Vela, exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la sociedad que participó en la contratación del Instituto Nóos para organizar tres jornadas de la Valencia Summit a cambio de 3,6 millones de euros ha entregado al juez Castro correos electrónicos para demostrar que el Ayuntamiento de Valencia y el conseller Gerardo Camps estaban encima de las negociaciones. El escrito presentado por los letrados de Vela señala que los contratos con Urdangarin "estaban cerrados a priori desde el primer convenio con un papel predominante del Ayuntamiento de Valencia" y que el interlocutor principal con el Instituto Nóos fue Jaume Mata.

Así se desprende de uno de los correos electrónicos en el que el asesor de la secretaría de eventos le dice a una responsable de Cacsa que "las directrices del conseller -supuestamente Gerardo Camps- fueron claras, hacer lo que haga el Ayuntamiento". Y es que Valencia se perfilaba en los buenos años del Instituto Nóos como la tierra prometida de Iñaki Urdangarin que llegó a enviar una carta al entonces presidente, Francisco Camps, en la que aseguraba que quería convertir a Valencia "en el Davos del deporte y las ciudades, en la referencia mundial en la organización de grandes eventos deportivos". Carta fechada en abril de 2004 y que también se ha incorporado ahora al sumario.

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CAMPS FALSEO SU DIRECCION Y DIO LIBRE A SUS ESCOLTAS PARA NO SER CITADO A DECLARAR

Camps falseó su dirección y dio el día libre a sus escoltas para no ser citado a declarar

El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, asegura que ha pasado el fin de semana en casa pese a que una secretaria judicial no le localizó allí y tampoco se pudo contactar con él por teléfono. Camps es el único de los testigos que no ha prestado declaración este fin de semana por su implicación en el caso Noos.

El expresident de la Generalitat, Francisco Camps, dio el día libre a los escoltas que todavía tiene asignados por Interior para evitar ser citado a declarar, según revelan fuentes de su entorno. Camps aseguró que iba a pasar el fin de semana en su domicilio y eso sigue sosteniendo ahora, después de que la policía que se desplazó a su casa y una secretaria judicial no le localizaran ni en la dirección que aportó al tribunal ni en su teléfono particular.

De hecho, el expresident aportó al tribunal como dirección particular la del Consell Jurídic Consultiu, un organismo del que es miembro tras abandonar la Generalitat, y un teléfono móvil en el que el juzgado de instrucción número tres de Palma no ha podido localizarle, según consta en el escrito incorporado al sumario.

“Paco no está bien”, afirman fuentes cercanas al expresident

“Todo el fin de semana he estado haciendo vida normal”, aseguraba anoche Camps a la edición valenciana de ABC y sostenía que nadie ha contactado con él para citarle tras un regate que ni siquiera su entorno entiende puesto que será llamado a declarar de nuevo en los próximos días. “Paco no está bien”, concluyen fuentes cercanas al expresident.

La oposición ha tachado de "indigno" y "cobarde" a Camps al que acusa de "huir de la Justicia y no dar la cara", en palabras del líder de los socialistas valencianos, Ximo Puig, que pidió al actual presidente Alberto Fabra que exija a Camps su escaño "por dignidad política".

El juez resta importancia al juego del escondite

Camps es el único testigo de la lista que ha esquivado la citación judicial. Este fin de semana han prestado declaración, entre otros, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá y el notario de Aizoon. El juez instructor, José Castro, restaba importancia públicamente a la maniobra y decía: “no pasa nada, declarará otro día”. Las acusaciones, sin embargo, consideran que Camps se está burlando de la Justicia.

Camps se acogió al artículo 412.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) -al que no podrá recurrir la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá-, que dispone que quienes hubiesen desempeñado cargos como el de presidente de una Comunidad Autónoma "estarán exentos de concurrir al llamamiento del Juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que hubieren tenido conocimiento por razón de su cargo".

Ahora, una secretaria judicial de Palma deberá desplazarse de nuevo a Valencia y leer una a una las preguntas del juez, el fiscal y las acusaciones planteadas al expresident. El juzgado no dará a conocer a Camps esas preguntas por adelantado por lo que los cuestionarios que las acusaciones y la fiscalía tuvieron que entregar al juez por adelantado el pasado jueves para cumplir con los plazos previstos seguirán siendo secretos. Por ese motivo, fuentes del caso muestran su desconcierto ante una maniobra que obstruye la investigación judicial y que a Camps sólo le sirve para ganar tiempo y la antipatía del tribunal, concluyen.

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ANTICORRUPCION PIDE AL JUEZ QUE CITE COMO TESTIGOS A CAMPS Y BARBERA EN EL CASO NOOS

Anticorrupción pide a Castro que cite como testigos a Camps y Barberá en el caso Nóos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez José Castro la citación como testigos de varias personas vinculadas con hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana e investigados en el caso Noos, entre ellos el ex presidente Francisco Camps y la alcalesa de Valencia Rita Barberá. Los fiscales han registrado esta mañana la solicitud en el Juzgado de Instrucción nº3 de Palma, encargado de la causa.

La petición de la Fiscalía ocurre después de que el pasado 16 de octubre, el juez otorgara un nuevo plazo de cinco días, a contar desde el 1 de noviembre (en la práctica será el día 4 por ser festivo), para que se pronunciaran sobre la pertinencia de citar como testigos al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

La solicitud fue cursada en su día por el sindicato Manos Limpias, personado como acusación particular en el caso Nóos.

La acusación popular cursó dicha petición después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. De esta forma, acordó devolver el caso al juzgado de Palma, que instruye el procedimiento.

El pasado mes de junio Castro elevó al TSJCV su exposición razonada con indicios delictivos sobre Camps y Barberá en relación con su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio de los Valencia Summit -con Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa) y Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB)- durante los años 2004, 2005 y 2006, por los que el Instituto Nóos, que estuvo presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, percibió alrededor de tres millones de euros públicos; así como por el convenio firmado para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos eventuales Juegos Europeos.

Castro remitió este escrito al tribunal valenciano al tratarse Camps y Barberá de personas aforadas, aludía en su escrito a un posible delito continuado de falsedad en documento oficial; a otro de prevaricación; a un delito de malversación de fondos públicos; y a otro de fraude a la Administración. El TSJCV dio traslado de este escrito a las partes para que se pronunciaran y, tras escucharlas, ha acordado no asumir la investigación al estimar que no existen respecto a los aforados suficientes indicios incriminatorios.

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FISCALIA ANTICORRUPCION: CAMPS Y BARBERA "ORDENARON QUE SE BENEFICIASE NOOS"

“Ordenaron que se beneficiase a Nóos”

El ministerio público ve indicios delictivos en la contratación con el instituto de Urdangarin

La Fiscalía Anticorrupción ha sido rotunda en su escrito al TSJ valenciano sobre las supuestas irregularidades que rodearon laconcesión de contratos al instituto de Iñaki Urdangarin, yerno del Rey, para la organización de tres ediciones de los Valencia Summit, congresos sobre eventos deportivos. Las administraciones públicas locales pagaron más de tres millones de euros de dinero público a Urdangarin a través de la Ciutat de les Arts i les Ciències (Cacsa) y de la fundación municipal Turismo Valencia Convention Bureau (TVCB).

Existen indicios racionales, según el ministerio fiscal, de que entre 2003 y 2004 los responsables de Nóos se reunieron con el presidenteFrancisco Camps y la alcaldesa Rita Barberá. Los dos políticos dieron el visto bueno al proyecto que les presentó Nóos y acordaron verbalmente con ellos llevarlo a cabo. “Ordenaron que se beneficiase a Nóos”, considera la fiscalía.

Sobre el modo, la fiscalía concluye: “Ni en Cacsa ni en TVCB se abrió procedimiento de contratación, ni se investigó ni documentó la experiencia y solvencia del instituto, ni se cotejaron los precios de mercado, ni se solicitó informe jurídico de legalidad de la contratación ni el procedimiento elegido”. El juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca, que investiga el caso Nóos, atribuyó a Camps y Barberá los delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, fraude y falsedad en documentos oficiales.

La fiscalía apunta también en dirección a los dos políticos. “Los representantes políticos antes aludidos y los representantes del Instituto Nóos se concertaron para eludir dolorosamente la aplicación de la ley de contratos públicos y beneficiar de forma fraudulenta a Nóos”.

El informe es demoledor. Subraya el precio “totalmente desproporcionado” para lo que supone el servicio a realizar de Nóos y destaca además que no se exigía la justificación del destino de las cantidades abonadas a Urdangarin. “No hay en el expediente una sola factura o documento que acredite que el instituto ha destinado los 1.044.000 euros que recibió” a realizar el objeto del convenio, recoge.

Además, el ministerio público expone que el primer convenio entre Cacsa y TVCB lleva una fecha ficticia, pues en realidad se firmó el 17 y no el 8 de septiembre de 2004. Y se ignoraron todos los controles administrativos que exige la ley.

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CASO NOSS, EL JUEZ ATRIBUYE A CAMPS Y BARBERA, MALVERSACION, FRAUDE Y FALSEDAD

El juez del caso Nóos atribuye a Camps y Barberá malversación, fraude y falsedad

El magistrado advierte de que las adjudicaciones a Urdangarin estuvieron marcadas por el "favoritismo" y el "amiguismo"

RAMÓN FERRANDO | VALENCIA José Castro, el juez de Palma que investiga el caso Nóos, considera que el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la alcaldesa de Valencia Rita Barberá pudieron cometer los delitos continuados de malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental. Castro ha remitido al TSJ una exposición razonada en la que a lo largo de setenta páginas desgrana las presuntas irregularidades que se produjeron en la contratación de Nóos para tres ediciones del congreso deportivo Valencia Summit y la preparación de los fallidos Juegos Olímpicos Europeo. El magistrado ha llegado a la conclusión de que Camps y Barberá "asentían verbalmente a lo que les ofrecía" Urdangarin porque era el yerno del Rey y que los contratos se iniciaron sin absolutamente ningún procedimiento administrativo de adjudicación hasta el punto que se prescindió "del sentido común". Castro advierte de que en las adjudicaciones primaba el "amiguismo" y el "favoritismo".

El juez Castro explica en la exposición razonada para inhibirse en favor del TSJ que el Instituto Nóos comenzó a trabajar en el primer certamen de Valencia Summit meses antes de la firma del convenio. Castro destaca que la clave es la reunión que organizó Urdangarin con Camps y Barberá en enero de 2004. "La realidad que se vivió al margen de la documentación del convenio fue que Iñaki Urdangarin concertó con Francisco Camps, entonces presidente de la Generalitat Valenciana, y Rita Barbera, alcaldesa de Valencia, una cita que para mayor impacto psicológico hacia las autoridades valencianas tuvo lugar en el Palacio de la Zarzuela. El objeto de la reunión era el de obtener la adjudicación -como consecuencia de un acto meramente voluntarista y al margen de cualquier procedimiento administrativo- de la organización de los que se llamarían eventos Valencia Summit". El magistrado precisa que la reunión en la Zarzuela presuntamente se produjo el 29 de enero. "En esta reunión ya quedó definitivamente decidido que la organización de los eventos del Valencia Summit le sería adjudicada al Instituto Nóos y buena prueba de ello es que a partir de entonces la adjudicataria ya empezó a trabajar en la encomienda".

El juez instructor incide en que los directivos de la Ciudad de las Artes y las Ciencias -que pagó a medias a Nóos con la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau- confirmaron que el convenio "nunca estuvo precedido de la realización de absolutamente ningún informe sobre la viabilidad técnica, financiera, jurídica o estudio de los precios de mercado para eventos similares". El magistrado lamenta que los responsables del convenio "despreciaron olímpicamente la necesidad" de un estudio serio que justificara la firma del contrato con Nóos.

Tres millones

El juez precisa que Nóos percibió de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia 1.044.000 de euros por cada una de las tres ediciones del Valencia Summit sin que quienes gestionaban los fondos públicos "llevaran a cabo un estudio documentado sobre los costes y repercusión" del primer congreso. Además, advierte de que el Consell y el ayuntamiento aceptaron las propuestas del duque de Palma y su socio, Diego Torres, "sin discusión o negociación".

José Castro destaca que las contrataciones fueron actos "estrictamente voluntaristas" que no obedecían a intentar procurar el interés general sino "solo al deseo de doblegarse a las exigencias de Iñaki Urdangarin en atención a su parentesco con la Casa de Su Majestad el Rey" con adjudicaciones a dedo. El juez sostiene que Camps y Barberá aceptaron todo lo que les ofrecía Urdangarin "en marcos geográficos absolutamente inapropiados y orillando por completo las normas sobre contratación pública".

Juegos Europeos

Las dos administraciones también firmaron un convenio con Nóos para preparar la candidatura de unos Juegos Europeos en Valencia, que nunca se celebraron. El juez apunta que existen indicios de que en este convenio también se prescindió de manera descarada de los principios de concurrencia y publicidad para ser sustituidos por los del "amiguismo".

El magistrado de Palma añade que "parece elemental que la finalidad directamente perseguida era la de favorecer a Urdangarin por su real parentesco". Castro remarca que "sin el beneplácito del presidente Francisco Camps no se comprende ese sometimiento de la Generalitat Valenciana a las exigencias de Iñaki Urdangarin". El juez recuerda que el objetivo del convenio de los Juegos Europeos "nunca llegó a cumplirse pero las arcas de la Comunitat Valenciana se vieron reducidas en 382.203 euros".

Los delitos imputados están castigados con entre siete y quince años de prisión
Los delitos que atribuye el juez al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pueden sumar entre siete y quince años de prisión, y entre 21 y 36 años de inhabilitación para empleo o cargo público, según las penas establecidas en el Código Penal.

El delito de malversación, tipificado en el artículo 432.1 del Código Penal, se atribuye a la autoridad o funcionario que, "con ánimo de lucro", sustraiga o consienta que un tercero, "con igual ánimo" sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones. Está penado con entre tres y seis años de cárcel, y entre seis y diez años de inhabilitación. El delito de prevaricación, recogido en el artículo 404, contempla pena única de inhabilitación, que va desde los siete hasta los diez años de prisión. Se atribuye a la autoridad que, "a sabiendas de su injusticia", dicte una resolución "arbitraria" en un asunto administrativo. El delito de fraude a la Administración, y contempla penas de prisión de entre uno y tres años, e inhabilitación para cargo público de entre seis y diez años. El delito de falsedad en documento oficial, está castigado con de tres a seis años de cárcel e inhabilitación de dos a seis años. europa press valencia

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CAMPS, EN PRIVADO, DICE A RAJOY QUE LE REHABILITE

Camps exige en privado a Rajoy que le rehabilite tras su absolución por el 'caso de los trajes'

Foto de archivo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y Francisco Camps (EFE)

Francisco Camps quiere regresar a la política por la puerta grande. Y así se lo ha hecho saber a Mariano Rajoy tras su absolución por el Tribunal Supremo en el caso de los trajes. El pasado 9 de abril, unas horas después de que la Sala de lo Penal del alto tribunal confirmase el veredicto de no culpabilidad emitido por un jurado popular en 2012, el ex presidente de la Generalitat valenciana envió un sms -mensaje de texto- al teléfono móvil del presidente del Gobierno: "Mariano, solucionado el problema. Puedes disponer de mí para lo que tú quieras".

Según fuentes cercanas a la dirección del PP consultadas por El Confidencial, Rajoy se quedó perplejo tras leer el mensaje. El presidente del Gobierno se lo mostró a algunos de sus más cercanos colaboradores y, entre sorprendido e irritado, exclamó: "¿Qué coño vamos a hacer con este tío?". Las mismas fuentes añaden que Rajoy utilizó la misma vía -un sms- para responder a Camps, pero limitándose a transmitirle un mensaje de mera cortesía en el que expresaba su "alegría" por el fallo absolutorio del Tribunal Supremo.

El 25 de enero de 2012 un jurado popular absolvió a Camps y al ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, por un ajustado margen de cinco votos frente a cuatro, en el caso de los trajes. Ambos estaban acusados de un delito de cohecho impropio por haber aceptado presuntamente lujosos regalos de la red Gürtel, que obtuvo contratos a dedo de la Generalitat por valor de casi ocho millones de euros. El fallo fue recurrido por el PSOE valenciano, pero el Tribunal Supremo ratificó el pasado día nueve el veredicto exculpatorio.

"Camps le ha dicho a su círculo más íntimo que, tras su absolución por el Supremo, Rajoy está obligado a rehabilitarle políticamente", aseguran fuentes del PP valenciano. "Está convencido de que el presidente le debe muchos favores, y que si ha llegado a La Moncloa es, entre otras razones, gracias al apoyo que Camps le prestó antes del congreso del partido en 2008, cuando el liderazgo de Rajoy estaba muy cuestionado y había muchos enemigos dispuestos a moverle el sillón", añaden las citadas fuentes.

Una relación "muy fría"

El ex presidente de la Generalitat está prácticamente desaparecido de la escena política desde que renunció al cargo en julio de 2011 y Génova impuso a Alberto Fabra como su sucesor al frente de la Generalitat. Rajoy le dedicó palabras de elogio en su despedida, asegurando que su dimisión era "un ejercicio de responsabilidad y generosidad" y definiéndole como "un gran amigo". Pero eran palabras huecas: esa amistad, si la hubo, se ha volatilizado, y la relación entre ambos es hoy "muy fría, casi inexistente", sostienen las mismas fuentes.  

 

Camps es ahora un diputado de a pie en las Cortes valencianas, y su actividad en el Parlamento regional es prácticamente nula. Es cierto que renunció a su sueldo cuando tomó posesión del escaño, pero, salvo en contadas ocasiones, ni siquiera acude a los plenos. El ex presidente es también miembro del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana, donde sí cobra un salario y tiene derecho a secretaria y chófer. Pero su gran ambición, según él mismo ha confesado a sus más allegados, es regresar a la gran política, y no a la valenciana precisamente.
 

Esa aspiración colisiona frontalmente no sólo con los designios de Rajoy y la cúpula del PP, que consideran a Camps poco menos que un cadáver político, sino también con el incierto horizonte penal que aún aguarda al ex presidente valenciano. Es muy probable que Camps sea finalmente imputado en el caso Nóos por los contratos millonarios que la Generalitat adjudicó a dedo a Iñaki Urdangarin. El juez que instruye la causa, José Castro, esperará a tener cerrado el sumario para enviar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que ha de ser éste el que decida si lo imputa, dada su condición de aforado por ser diputado autonómico.

El vicesecretario general del PP y ex consejero de la Generalitat, Esteban González Pons, ahora enemigo declarado de Camps, dejó a su antiguo jefe político a los pies de los caballos el pasado 19 de marzo, cuando, en su declaración como testigo ante Castro, descargó sobre aquél toda la responsabilidad del convenio que el Ejecutivo valenciano firmó en 2005 con el Instituto Nóos para la organización de unos Juegos Europeos que jamás llegaron a celebrarse. Según ese convenio, el yerno del Rey habría cobrado cinco millones de euros si conseguía que Valencia fuese la sede de los I Juegos Europeos. El evento deportivo nunca se celebró, pero el duque de Palma se embolsó casi 400.000 euros.

Camps, además, aún tiene abierto otro frente judicial: el de la posible financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de esa comunidad sigue acumulando pruebas e indicios de que, durante el mandato de aquél, el partido financió presuntamente la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 y de las generales del año siguiente a través de la trama Gürtel. La filial valenciana de la red, Orange Market, supuestamente endosó docenas de facturas de gastos electorales del PP a empresarios amigos.

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