ESPAÑA: EL JUEZ SILVA CREA UN PARTIDO ANTICORRUPCION

El juez del caso Blesa anuncia en Twitter que crea un partido "anticorrupción"

"Si quieres ayudar, mándame tu número de teléfono", dice Elpidio José Silva en un mensaje escrito en su cuenta de la red social

El juez Elpidio José Silva, suspendido cautelarmente mientras es juzgado por presuntos delitos en su instrucción contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, ha anunciado este lunes que ha creado un partido político "desde la ciudadanía y anticorrupción".

"Si quieres ayudar, mándame tu número de teléfono", dice Silva en un mensaje escrito en su cuenta de Twitter. El juez ya había anunciado su intención de entrar en políticay dijo que si se lo pedían se presentaría a las elecciones europeas.

Silva está suspendido cautelarmente de funciones por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hasta que haya una sentencia en el proceso que se sigue contra él por prevaricación y otros delitos, cometidos presuntamente durante la investigación al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa.

El juez ha defendido en todo momento su actuación, ha cargado contra la Fiscalía por no impulsar la investigación contra Blesa y ha denunciado reiteradamente la situación de la Justicia por considerarla en manos de los poderosos.

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ESPAÑA: ACUSACIONES AFIRMAN QUE ANTICORRUPCION ACTUA AL DICTADO DEL GOBIERNO DEL PP

Las acusaciones afirman que Anticorrupción "actúa al dictado del Gobierno" del PP

Consideran "inconcebible" que el Ministerio Público "actúe como representante del Partido Popular", cuando es "el supuesto responsable del delito"

Las acusaciones del caso que investiga la supuesta contabilidad B del Partido Popular han criticado con dureza la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, por servir de "correa de transmisión" del PP al presentar al juez Ruz el escrito de la formación política.

Las acusaciones consideran "inconcebible" y tachan de "absoluta anomalía procesal" que el Ministerio Público "actúe como representante del Partido Popular", cuando es "el supuesto responsable del delito" en el caso de la contabilidad B como "partícipe a título lucrativo". Es decir, tal y como dijo la Sala de la Audiencia Nacional, el PP es el "sujeto investigado" y podría haber delinquidoporque se habría lucrado con las donaciones supuestamente irregulares que anotaba Bárcenas en sus célebres documentos.

El letrado de la acusación representada por el Observatori Desc, Gonzalo Boyé, ha afirmado que analizarán "con lupa" la actuación del fiscal Anticorrupción, y no descartan presentar un recurso de queja contra su actuación, ya de por sí muy cuestionada en todo el procedimiento.

Por su parte, el abogado de Izquierda Unida, Enrique Santiago, asegura que el fiscal se ha convertido en el "defensor del PP" y que está actuando en este caso "al dictado del Gobierno del Partido Popular". Santiago pedirá al juez que el escrito del PP sea retirado del procedimiento, y solicitará que sean llamados a declarar sus representantes para que expliquen los supuestos pagos en B por las obras de reforma de su sede nacional.

También el letrado de Bárcenas, Javier Gómez de Liaño, ha cuestionado la actuación del Ministerio Público. Una forma de proceder, según sostiene, "al margen de la buena fe procesal". Liaño censura el carácter "prepotente" del escrito del PP y manifiesta desde su dilatada experiencia que "nunca había visto una situación semejante".Afirma que este escrito es "muy propio de partidos políticos que se dirigen a las instituciones al margen de las reglas procesales".

Javier Gómez de Liaño también considera cuanto menos "curioso" que la Fiscalía presente al juez este escrito "precisamente hoy", en vísperas de las relevantes declaraciones sobre la contabilidad B previstas para el lunes 16 de diciembre, cuando comparecerán entre otros el exgerente del PP, Cristóbal Páez, y el arquitecto Gonzalo Urquijo.

Según el sello que figura en el margen superior derecho del escrito del PP, la formación política presentó el texto a la Fiscalía Anticorrupción el pasado 2 de diciembre, pero el Ministerio Público lo ha entregado al juez esta mañana.

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ANTICORRUPCION PIDE AL JUEZ QUE CITE COMO TESTIGOS A CAMPS Y BARBERA EN EL CASO NOOS

Anticorrupción pide a Castro que cite como testigos a Camps y Barberá en el caso Nóos

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez José Castro la citación como testigos de varias personas vinculadas con hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana e investigados en el caso Noos, entre ellos el ex presidente Francisco Camps y la alcalesa de Valencia Rita Barberá. Los fiscales han registrado esta mañana la solicitud en el Juzgado de Instrucción nº3 de Palma, encargado de la causa.

La petición de la Fiscalía ocurre después de que el pasado 16 de octubre, el juez otorgara un nuevo plazo de cinco días, a contar desde el 1 de noviembre (en la práctica será el día 4 por ser festivo), para que se pronunciaran sobre la pertinencia de citar como testigos al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá.

La solicitud fue cursada en su día por el sindicato Manos Limpias, personado como acusación particular en el caso Nóos.

La acusación popular cursó dicha petición después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordase el pasado 24 de septiembre no imputar ni a Camps ni a Barberá en el marco de esta causa, al considerar que en su actuación no hay indicios de delito. De esta forma, acordó devolver el caso al juzgado de Palma, que instruye el procedimiento.

El pasado mes de junio Castro elevó al TSJCV su exposición razonada con indicios delictivos sobre Camps y Barberá en relación con su participación en las negociaciones previas a la firma del convenio de los Valencia Summit -con Ciudad de las Artes y las Ciencias S.A. (Cacsa) y Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB)- durante los años 2004, 2005 y 2006, por los que el Instituto Nóos, que estuvo presidido por el Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, percibió alrededor de tres millones de euros públicos; así como por el convenio firmado para que la ciudad de Valencia fuera sede de unos eventuales Juegos Europeos.

Castro remitió este escrito al tribunal valenciano al tratarse Camps y Barberá de personas aforadas, aludía en su escrito a un posible delito continuado de falsedad en documento oficial; a otro de prevaricación; a un delito de malversación de fondos públicos; y a otro de fraude a la Administración. El TSJCV dio traslado de este escrito a las partes para que se pronunciaran y, tras escucharlas, ha acordado no asumir la investigación al estimar que no existen respecto a los aforados suficientes indicios incriminatorios.

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ANTICORRUPCION SE OPONE A RECLAMAR LOS CONTRATOS DE EMPRESAS DONANTES DEL PP

Anticorrupción se opone a reclamar los contratos de empresas donantes del PP

Argumenta que la diligencia resultaría "inútil, impertinente y perjudicial" porque la "ingente" documentación a analizar, correspondiente al periodo 1990-2012, retrasaría más de un año la investigación

El fiscal Anticorrupción, Antonio Romeral, rechaza la práctica de una nueva diligencia solicitada por las acusaciones del 'caso Bárcenas'. Se trata de la petición realizada por el Observatori Desc, que reclamaba a Ruz que pidiese al Ministerio de Fomento todos los expedientes de contratación de 12 de las empresas supuestamente donantes del PP, entre los años 1990 y 2012.

Anticorrupción considera que "la ingente" documentación a analizar, ya que se trata de "mas de 2.000" contratos para el periodo investigado, de empresas que habitualmente contratan con la administración como Sacyr, OHL, FCC Construcción, AZVI, ALDESA, COPISA, o RUBAU,provocaría el "empleo de numerosos funcionarios" y un "retraso superior al año en el mejor de los casos" en las pesquisas, por lo que se opone a reclamar esa documentación.

El fiscal sostiene también que las supuestas actuaciones delictivas comprendidas entre los años "1990 y 2002" ya estarían prescritas. De ahí la "inutilidad e impertinencia" de la práctica. También recuerda que ya han sido solicitados diversos informes a distintas instituciones dependientes del Estado, como la Agencia Tributaria o la IGAE, que deben analizar esta cuestión.

Según los papeles de Bárcenas, estas empresas habrían realizado donaciones ilegales entre 1990 y 2008, año en el que concluyen las anotaciones manuscritaspor el extesorero, por un importe cercano a 8 millones de euros. A cambio, según las acusaciones, han podido recibir contratos con distintas administraciones públicas gobernadas por el Partido Popular.

En este sentido, un informe de la UDEF remitido el pasado mes de mayo al juez Ruz, ya encontró relaciones entre las donaciones de estas empresas y sus contratoscon la administración en el periodo 2001-2011. En concreto, el informe llegó a la conclusión de que en la mayor parte de los casos existió una "continuidad en las entregas" de dinero por parte de estas firmas "en periodos de tiempo donde obtienen adjudicaciones de órganos gobernados por el Partido Popular".

Son los casos de Constructora Hispánica, OHL, Sando, Sacyr Vallehermoso, Azvi, SEDESA, o Aldesa Construcciones.

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EL "15MPaRato" DENUNCIA QUE ANTICORRUPCION TENIA UN INFORME QUE HABRIA IMPEDIDO QUE BLESA SALIERA DE LA CARCEL

El ‘15MpaRato’ denuncia que Anticorrupción tenía un informe que habría impedido la salida de Blesa de la cárcel

El devastador informe de la Intervención General del Estado, que la Fiscalía Anticorrupción tenía desde marzo, en el que se carga con dureza contra la supervisión del Banco de España y la gestión de Caja Madrid, podría haber impedido que el expresidente de la entidad Miguel Blesa abandonase la prisión de Soto del Real.

Así lo ha denunciado la asociación ‘15MpaRato’, que señala en su página web que, “simplemente”, si el juez Elpidio José Silva hubiera tenido la información de la Intervención General del Estado que la Fiscalía Anticorrupción “tenía ya en marzo de este año, no podría haber sido suspendido y Blesa seguiría en prisión”.

Tal y como salió a la luz esta semana, la Intervención General del Estado, a petición de Anticorrupción, aportó al caso Bankia, investigado en la Audiencia Nacional, un informe en el que critica duramente a los fundadores de la entidad, especialmente a Caja Madrid, así como a la supervisión desde 2006 del Banco de España. 

El organismo de control, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, considera que “las actuaciones de los gestores podrían calificarse cuando menos de imprudentes y de incompetentes, al no reaccionar con mayor celeridad ante el empeoramiento progresivo del mercado y no haber sabido, querido, o podido, tomar otras alternativas ante la crisis”.

El Banco de España tampoco sale bien librado, ya que sus “suavizados” informes “no reflejaban los problemas con toda su crudeza”. “La labor del supervisor quizás podría haber sido más severa en el pasado, no permitiendo el crecimiento desorbitado, que dificultó e hizo ineficaces las medidas de reconducción del problema, y llevó a la situación conocida”.

El informe de la Intervención General del Estado se conoce después de los ríos de tinta que ha hecho correr otro de los casos más mediáticos sobre los antiguos gestores de las cajas de ahorros, el del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, que ha visitado ya dos veces la cárcel dentro de la investigación por la concesión de unos créditos de 26,6 millones de euros al expresidente de la CEOE y antiguo consejero de la entidad Gerardo Díaz Ferrán y por la compra del City National Bank of Florida.

Sin embargo, por el momento ha sido el juez José Elpidio Silva, que le llevó a la cárcel, el peor parado, ya que no sólo ha sido apartado del caso sino que se enfrenta a una querella de la Fiscalía por haber cometido presuntamente cuatro delitos durante la instrucción. Blesa, mientras tanto, que al salir de la cárcel pidió un “juez imparcial”, espera noticias.
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AGUIRRE SE FINANCIO ILEGALMENTE, LO CONFIRMA ANTICORRUPCION

Anticorrupción confirma que Aguirre se financió ilegalmente

 

La fiscalía ratifica el informe policial de julio y ve indicios de delito electoral y falsedad documental, pero cree que han prescrito

La presidenta de Madrid y líder regional del PP, durante el debate sobre el estado de la región, el pasado 15 de septiembre.Ángel Navarrete

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas. 

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

El juez Pedreira tendrá la última palabra sobre Fundescam

La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde. 

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas. 

La policía sugiere otros delitos como cohecho o tráfico de influencias

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

Donaciones y contratos

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández. 

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

La interlocución de la trama

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

Dos delitos de alcance político grave

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.

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