España: Protestan contra las tasas judiciales
España, este miércoles, ha sido escenario de protestas a nivel nacional del sector jurídico contra la ley de tasas judiciales, medida que entró en vigor hace un año y que, según los manifestantes, favorece “el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas”.
En Madrid, capital española, cerca de 1 000 personas se han congregado ante los Juzgados de la Plaza de Castilla, donde mostraron su rechazo a la ley y exigieron su derogación.
Estas concentraciones, a las que también asistieron jueces, secretarios judiciales, fiscales y abogados, fue apoyada por la plataforma “Justicia para Todos”, formada por el Consejo General de la Abogacía Española y distintos sindicatos y asociaciones.
La congregación en Madrid se ha realizado bajo el lema: ‘Un año contra las tasas hasta que el Tribunal Constitucional las derogue’.
La plataforma, en una rueda de prensa celebrada el martes, expresó su indignación por la ley, denunciando que la medida ha impedido el acceso a la Justicia a quienes menos tienen, y supone una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, al mismo tiempo, implica una restricción para reclamar y hacer valer todos los demás derechos.
El Ministerio de Justicia del país ibérico aprobó la Ley de Tasas, comprometiéndose a destinar el importe a una mejora de la asistencia jurídica gratuita, pero la plataforma sostiene que los 103 millones de euros recaudados hasta septiembre del año en curso, no se han destinado a dicho sector.
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NOTICIA AMPLIADA
El sector legal vuelve a la calle para pedir la
derogación del ‘tarifazo judicial’
Jueces, abogados, secretarios judiciales, procuradores, fiscales, sindicatos y asociaciones de consumidores han unido sus fuerzas para luchar por la misma causa: hacer que el Gobierno de marcha atrás a la subida de tasas judiciales decretada hace un año, que en medio de la crisis económica más profunda en décadas, está impidiendo el acceso a la Justicia de buena parte de la clase media y trabajadora. Para mostrar su rechazo, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Tasas, el sector judicial en pleno se ha concentrado hoy, día 20, ante las sedes judiciales de toda España para exigir conjuntamente la derogación del ‘tarifazo judicial’.
El presidente del Consejo General de la Abogacía, Carlos Carnicer, la decana del ICAM, Sonia Gumpert, y representantes de la Plataforma Justicia para Todos, junto con portavoces de la Interasociativa de Jueces y Fiscales y de asociaciones de secretarios judiciales, se reunieron ayer para mostrar públicamente su rechazo a la Ley de Tasas, que en su primer año de vigor ha evidenciado que una parte importante de la sociedad española no puede acceder ahora a la Justicia.
“La importante reducción en el número de asuntos se deriva de que amplios sectores de la sociedad se han quedado fuera del sistema judicial. Los grandes beneficiarios son las entidades bancarias, las grandes empresas, o las aseguradoras. Fuera se queda la clase media y la clase trabajadora”, afirmó Joaquín Bosch, el portavoz de Jueces para la Democracia. “El desequilibrio en la balanza de la Justicia se ha producido por el peso de la tarjeta de crédito. Hay miles de personas que no pueden pagarse la justicia, que no pueden pagarse su derecho”, denunció Bosch, quien insistió en que querer descongestionar los tribunales aplicando las tasas “es como querer descongestionar los hospitales impidiendo el acceso a los enfermos”.
El portavoz de Jueces para la Democracia se preguntó adónde va el dinero recaudado con las tasas. “El ministro ha hecho afirmaciones fraudulentas sobre que va a mejorar la Justicia Gratuita, ya que las partidas para el año próximo están congeladas, a pesar de que la crisis ha incremento el número de personas que necesitan este servicio. Tampoco mejoran la Justicia en general. Tienen solo un afán recaudatorio y discriminatorio y por ello pedimos su supresión”, aseveró el portavoz de Jueces para la Democracia.
Por su parte, Rafael Lafuente, portavoz del Sindicato de Secretarios Judiciales, advirtió que “nos encontramos ante una Justicia al borde del rescate” lo que supone un verdadero peligro para el servicio público. “Las tasas judiciales han sido una limitación silenciosa” para los ciudadanos por no poder defender sus derechos ante los tribunales.
Carlos García, vocal de la Unión Progresista de Fiscales, aseguró que las tasas judiciales son “un torpedo en la línea de flotación de la Justicia, entendida como servicio público”, alertando que el próximo 2 de diciembre cesaran todos los fiscales sustitutos, con lo que difícilmente se podrán atender los señalamientos. Respecto a la reforma del Código Penal, vaticinó que muchas faltas se despenalizarán para ir por la vía administrativa, por lo que los ciudadanos que las recurran tendrán que pagar tasas judiciales. También hay que añadir que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana impondrá elevadas multas que mermarán la defensa de los ciudadanos. “Las tasas impiden el acceso a la Justicia, y cuando los ciudadanos lo hagan accederán a un sistema judicial prácticamente desmantelado”, aseguró García.
Carlos Artal, portavoz de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales, aseguró que con las tasas judiciales se han cumplido con “creces los peores augurios”, recordando la “indeseada función que los corresponde a los secretarios judiciales de recaudar los tributos de las tasas judiciales”. Los secretarios judiciales pidieron el cese o dimisión del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón porque “nos reafirmamos en que la mayoría de las reformas de la Justicia van en contra de los ciudadanos”.
Por su parte, Carnicer ha dado lectura al mensaje enviado por el juez Ángel Dolado, presidente del Foro Judicial Independiente que no ha podido estar presente en el acto. Dolado asegura que se ha evidenciado que hay menos litigiosidad “por una vía que nunca quisimos los jueces, poniendo trabas al acceso de los ciudadanos a su derecho a la tutela judicial efectiva”. Asimismo, exige que el Tribunal Constitucional resuelva ya los recursos presentados y valore la desproporción de la cuantía de las tasas “que incluso ganando un recurso de apelación o se recupera”.
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