Piden 100 años de cárcel para la cúpula de Unió Mallorquina
La Fiscalía anticorrupción solicita casi 100 años de cárcel para la cúpula de Unió Mallorquina por el desvío de 430 mil euros mediante la contratación en organismos públicos de personas que sólo realizaban labores de partido
Anticorrupción quiere sentar en el banquillo a la que fuera presidenta de UM y del Parlament, María Antonia Munar, para quien solicita ocho años de cárcel por esta pieza separada del caso Voltor. En total, el Ministerio Público acusa a 17 personas a las que achaca delitos de asociación ilícita y malversación continuada.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, la Fiscalía pide siete años y medio de cárcel por asociación ilícita y malversaciónpara los que fueran consellers de Turismo del Govern, Miquel Nadal y Francesc Buils, y para el expresidente de Unió Mallorquina, Miquel Ángel Flaquer.
El que fuera conseller de Deportes, Mateu Cañellas, se enfrenta a cinco años y diez meses de cárcel, la misma pena que la Fiscalía pide para la ex consellera de Medio Ambiente del consell de Mallorca, Catalina Julve.
Anticorrupción pide la imposición de multas a los acusados que suman más de 200.000 euros, así como la devolución de los 436.000 euros presuntamente malversados.
Organización delictiva
En su escrito, la Fiscalía señala a Munar como líder y jefa de una estructura jerárquica perfectamente organizada para desviar fondos públicos. Esta organización fue creada, según el Ministerio Público, para beneficiar a UM mediante el camuflaje en proyectos públicos de trabajadores que realmente se dedicaban a captar de votos y difundir el programa electoral de la formación regionalista.
Según la Fiscalía, Munar estableció las líneas maestras para el funcionamiento del grupo delictivo, impartiendo instrucciones a sus subordinados. En un escalón inferior, el escrito sitúa a Nadal, Buils y Flaquer, que ejecutaban las instrucciones y creaban el marco normativo.
Inmediatamente después de ellos, otros dos cargos de UM individualizaban qué persona afín debía figurar contratada y en qué proyecto se simulaba la incorporación. La Fiscalía considera que actuaban como una auténtica oficina de colocación, donde enchufaron a más de una veintena de militantes y crearon convenios con el Consell para amparar los proyectos en los que se colocaba a los afines.
Según el Ministerio Público, el plan no sólo beneficiaba a UM, sino que implicaba también un beneficio particular para los acusados, que veían reforzada su posición en el partido tras incorporar fondos y personas a la formación.
Esta será la tercera vez que Munar se siente en el banquillo, después de los casos Maquillaje y Can Domenge, por los que fue condenada a un total de cinco años y medio que cumple actualmente en la cárcel de Palma. También cumplen condena Buils y Nadal, que ingresaron en prisión este verano.
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