Se abre la “caja de Pandora”: el déficit de tarifa de las eléctricas se revela como una estafa
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Hace unos años sobre la estafa del déficit de tarifa tan sólo se oía el eco en la lejanía, hace unos meses enAtaquealpoder se remataba el asunto practicando la cuenta de la vieja, un tosco pero efectivo método, al sacar a flote la mentira y poner en evidencia tan astronómico robo practicado por el sindicato del crimen eléctrico de UNESA con el cómplice necesario de la casta política. El asunto evoluciona, no se puede tener engañada a tanta gente durante tantos años, en la edición del domingo 15 de septiembre de El País publicó un artículo de opinión donde los firmantes conocen la tela que se corta, todos han sido sastres y saben como se han hecho los trajes,tanto es así que han ocupado puestos de responsabilidad en el Ministerio de Energía, la Comisión de la Energía y el Operador del Sistema Eléctrico. Se hace necesario extraer un par de líneas de este artículo para situar al dichoso déficit de tarifa de 27.000 millones de euros como la mayor estafa a la ciudadanía después de la millonada entregada por la cara a los bancos. “Muchas personas con conocimientos y experiencia del sector pensamos que en realidad no existe un déficit tarifario eléctrico, sino un “superávit de retribuciones reconocidas”, vamos que desde dentro nos confirman que el engaño consiste en los “costes reconocidos” que tan sólo se asienta en hinchar el globo de los gastos con el espurio fin de elevar el coste de fabricar energía. No acaba aquí el engaño por lo que se monta una falsa subasta entre ellos mismos para obtener el precio más alto posible. Todo esto y mucho más esta recopilado en este artículo que no te lo puedes perder si quieres estar informado, de primera mano, por gente ilustrada en el asunto de la empanada eléctrica. El sindicato del crimen y nuestros políticos nos quieren meter en la cabeza, intentando la cuadratura del círculo, de que existe tan abultado déficit en la tarifa eléctrica mientras las compañías tienen jugosos beneficios. A partir de ahora la dimensión de este asunto, con las manifestaciones en el citado artículo, recae en una “caja de Pandora”: una acción en apariencia pequeña o inofensiva pero que puede acarrear consecuencias importantes.
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Otro diagnostico del problema eléctrico
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El sector de la energía, y especialmente el eléctrico, adolece en casi todo el mundo de insuficiente competencia por su carácter oligopolístico: (1) los precios no los determina solo el mercado, sino que también dependen del poder económico y de la influencia que un número reducido de empresas pueda ejercer sobre la Administración pública que determine sus remuneraciones. Este proceso se manifiesta de forma acentuada en España con el comportamiento durante la crisis del precio de la electricidad, que se ha elevado desde 2006, según Eurostat, un 60% para los consumidores industriales y un 88% para los domésticos, en contraste con otros sectores como la alimentación o las telecomunicaciones en los que la mayor competencia les ha forzado a reducirlos. Se ha llegado así en 2012 a una situación (2) en la que el precio de la electricidad supera en España la media de la UE-27 en un 32% para el consumo domestico y en un 21% para el industrial.
No es por ello extraño que las empresas energéticas españolas hayan estado y estén en el punto de mira de inversores nacionales o extranjeros, atraídos por esa relativa facilidad para obtener beneficios en España. De las cinco eléctricas de la patronal UNESA, tres han pasado a ser propiedad de empresas extranjeras. Otro tanto ha sucedido con dos de las tres grandes petroleras españolas. Los consumidores españoles han incurrido además, sin ser conscientes de ello, en una deuda o “déficit tarifario” de 27.000 millones de euros con las eléctricas, convertida en un serio problema financiero que gravita sobre el riesgo país. Las consecuencias de estos hechos son letales, tanto para las familias, que ven reducida su renta disponible, como para la competitividad de la industria española. Esta grave situación requiere un esfuerzo institucional para analizar los mecanismos que permiten a las empresas eléctricas disfrutar de una mejor vida económica a costa de empeorar la de los ciudadanos y empresas de este país. Para ello, hay que recuperar la memoria que afortunadamente custodia las causas del déficit tarifario, consecuencia de algunas de las reglas que rigen el sistema eléctrico español.
El relato dominante, difundido por las cinco eléctricas, debe ser depurado de numerosos inductores semánticos y de la ingeniería contable regulatoria, que distorsionan un diagnostico acertado. Muchas personas con conocimientos y experiencia del sector pensamos que en realidad no existe un déficit tarifario eléctrico, sino un “superávit de retribuciones reconocidas”. El desbalance final es el mismo, pero la consecuencia es que no hay que aumentar las tarifas, sino reducir los ingresos a las centrales hidroeléctricas y nucleares, que superan los que la regulación les reconoció cuando realizaron sus inversiones. Además, hay un orden arbitrario en el reparto de los ingresos por venta de electricidad. Primero se retribuye a las centrales convencionales la energía producida y sus costes regulados, mientras que las renovables se liquidan luego (absurda, pero interesadamente) junto con el transporte y la distribución. Por eso una recaudación insuficiente genera un déficit que, contablemente, aparece asociado a las renovables, aunque haya sido producido por la sobrerretribución a hidroeléctricas y nucleares.
Tampoco es cierto que el precio de la electricidad se establezca libremente en el mercado spot y que el Gobierno solo actúe en los costes regulados de los peajes. En realidad, todas las actividades están reguladas, empezando por la energía que no se paga al precio del mercado spot, sino al precio —un 15% mas e1evado— de unas subastas reguladas que fijan las tarifas de último recurso que pagan 22 millones de hogares y que, indirectamente, determinan el precio al resto de los consumidores. Las energías renovables tampoco son las únicas que perciben pagos regulados (aunque solo en ellas reciben el peyorativo nombre de primas). De hecho, los han percibido todas las demás centrales bajo diferentes denominaciones: “incentivos a la inversión”, “pagos por disponibi1idad”, “costes extrapeninsulares” y las compensaciones por “costes de transición a la competencia (CTC)”. El importe de todo lo percibido por las denominadas actividades liberalizadas supera ampliamente al de las renovables.
El relato que difunden las eléctricas induce diagnósticos y planteamientos equivocados no solo a los reguladores, sino a las empresas consumidoras de electricidad. Así, el presidente de la CEOE ha intervenido en el debate señalando que “la energía nuclear es buena, bonita y barata” (para alegría de las cinco eléctricas que pertenecen a esa organización). No se ha enterado de que el menor coste nuclear y de las hidroeléctricas (todavía más buenas, bonitas y baratas) no se traspasa a los precios que pagan por la electricidad las restantes 1.999.995 empresas de la CEOE, muy superiores a los de sus competidores europeos. Esos dos millones de empresas tendrían que preguntarse por qué tienen que pagar al coste mas elevado de las centrales de gas la “energía barata” producida en las centrales hidroeléctricas y nucleares cuando los propietarios han recuperado ampliamente su inversión a través de diversas retribuciones pagadas por dichas empresas. El resto de los ciudadanos, indignados también por pagar las tarifas domésticas más altas de Europa, (3) deberían saber que también se debe a la sobrerretribución hidroeléctrica y nuclear. Volver a pagar los precios originarios que las eléctricas consideraron suficientes para acometer sus inversiones restituiría, en la terminología del Gobierno una “rentabilidad razonable” para hidroeléctricas y nucleares que nadie podría objetar.
El mercado spot puede ser un mecanismo eficiente para determinar la producción de las distintas centrales. Pero ello no implica que todas ellas deban remunerarse al precio de un mercado que es ajeno a las normas existentes cuando se construyeron y a sus costes remanentes. El mecanismo de remuneración actual debe modificarse para eliminar efectos paradójicos y perversos. Algunos ejemplos: si todas las centrales en España fueran de gas (las de mayor coste variable), el precio de mercado seguiría siendo el mismo, a pesar de que los costes serian muy superiores a los del mix actual, que incluye centrales hidráulicas y nucleares, de costes muy inferiores. Por la misma razón, si se cerraran las centrales nucleares o si, por el contrario, se prolongara su vida otros 20 años, el precio de mercado apenas variaría, aunque en ambos escenarios el coste del suministro seria bien distinto.
Siempre que se han cambiado las remuneraciones, todos los gobiernos han sido muy escrupulosos para que las empresas recuperaran las inversiones realizadas. Sucedió con la parada nuclear hace 30 años y en 1997 con las centrales existentes al entrar en vigor la Ley del Sistema Eléctrico. En ambos casos, los perceptores eran las eléctricas de UNESA. En cambio, este principio se ha conculcado con los recortes a las renovables. Sus inversores, especialmente los solares —que no pertenecen a UNESA— se sienten estafados por el BOE, porque ha incumplido, incluso retroactivamente, normas anteriores publicadas en el mismo BOE que establecían la remuneración que les indujo a invertir. Este tratamiento tan asimétrico se acentúa en el caso de los CTC. Las cinco eléctricas deberían haber dejado de percibirlos en 2005 al alcanzarse el importe máximo contemplado en la ley (“Si el coste resultara superior a 36 euros/MWh, este exceso deducirá del importe pendiente de compensación”). Como dichas deducciones no se han seguido verificando (contra las recomendaciones del Libro Blanco encargado a un grupo de expertos en 2005), las eléctricas han ingresado adicionalmente de forma inesperada un importe considerable que computa en el déficit. (4) Sin embargo,cuando surgió la posibilidad de proceder a una más que razonable quita del déficit, las eléctricas se adelantaron, logrando titulizarlo con el aval del Estado e impidiendo la quita.
En las medidas aprobadas el pasado julio, el Gobierno ha preferido, de nuevo, hacer pagar el desbalance a los consumidores, a los contribuyentes y a las renovables (que han visto reducidos sus ingresos, mientras se mantenía la sobrerremuneración hidroeléctrica y nuclear) sin contemplar siquiera la revisión final de los CTC prevista en el Protocolo de 1997. Un sector tan regulado y con un déficit tan cuestionable no puede continuar con la opacidad existente en sus costes reconocidos y en la distribución de ingresos entre los agentes del sector. (5) Es inexcusable implantar una transparencia que, partiendo de una auditoria del conjunto del sistema regulatorio, vaya mas allá de las cuentas de las empresas, para restaurar la confianza perdida y servir de base a la reforma regulatoria que sigue pendiente …. porque lo hecho no es reforma alguna, sino más de lo mismo. Además, si existiera algún riesgo de que, (6) como advirtió en Nueva York el presidente de Iberdrola el pasado mayo, las eléctricas pudieran terminar como las cajas, seria preferible que se conociera con la mayor antelación posible.
El Gobierno puede autocomplacerse explicando su no-reforma energética y atreverse a adoptar unas —pero no otras— medidas. Lo que no puede es evitar sus consecuencias negativas sobre la política energética que requiere el país en este momento: conseguir un abastecimiento energético a un menor precio que reduzca la dependencia exterior, minimice el impacto ambiental y promueva un desarrollo industrial que cree empleo de calidad. Todo ello puede conseguirse dejando de reconocer sobrerremuneraciones inadecuadas y apoyando de forma inteligente el desarrollo industrial de las renovables, uno de los pocos sectores internacionalmente competitivos en los que España tiene ventaja comparativa y que va a suponer, según Bloomberg, el 70% de las inversiones en nuevas centrales en todo el mundo hasta 2030. Basta con hacer prevalecer el interés general sobre los intereses —por poderosos que estos parezcan— de unas pocas empresas.
Este artículo lo firman: Martín Gallego Málaga, Jorge Fabra Utray, y también Alberto Carbajo Josa, Francisco Maciá Tomas y Gerardo Novales Montaner. Todos los firmantes han ocupado puestos de responsabilidad en el Ministerio de Energía, la Comisión de la Energía y el Operador del Sistema Eléctrico.
El caballo del malo
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* a) permitir que el sindicato del crimen de UNESA imponga unas tarifas que nada tienen que ver con los costes de producir la energía utilizando todas las artimañas posibles para llevar el agua a su molino con el resultado evidente de situar la factura de la luz más alta de Europa. Suma y sigue:
* b) por poner un ejemplo un vienés paga por el consumo de electricidad la mitad que un madrileño y no tiene déficit de tarifa. Austria, como cualquier país europeo paga el petróleo o el gas al mismo precio que España con la desventaja que no disfruta del Sol español. Por ahí no viene la cosa sino por los desmesurados beneficios otorgados a la mafia eléctrica.¿Cuánto supone el déficit de tarifa sobre lo que ya se paga? Algo de escándalo si se hacen cuatro números: déficit de tarifa = 27.000 millones de euros, familias españolas = 17 millones, a cada familia le corresponde 1.588 euros, facturación media anual: 70 euros x 12 meses = 840 euros. Para liquidar el dicho déficit se necesitaría doblar la tarifa al 100% durante casi 2 años (1.588 euros : 840 euros = 1,9) con el agravante de que para entonces habremos generado otro déficit de tarifa de un volumen de más de 8.000 millones de euros. ¿Es o no es cosa de locos?
*c) con lo que viene a continuación la desafección a la política se queda corta ¿Cómo es posible legislar gravando con un impuestos la radiación del Sol? La respuesta está en una dicotomía: o nos cargamos al gobierno o el gobierno se nos lleva por delante. No hay más. La única posibilidad de salir adelante pasa por acometer reformas que limiten la dependencia exterior de una deuda que nos hunde y se significa por una factura de importación de petróleo y gas de 45.000 millones anuales. La inversión necesaria para una instalación de ciclo combinado se necesitan miles de millones de euros, para una central nuclear cientos de miles de millones por lo que solo está al alcance de unos pocos, en cambio para una instalación solar esta al alcance de muchos. Aquí está la madre del cordero: se legisla para sus amos, no hace falta más explicación. La alta traición esta consumada ahora solo hace falta que se pueda dar la vuelta a la tortilla, será una ingenuidad pero el sindicato del crimen y sus compinches harían bien de tener sus pasaportes en regla.
Para rematar el asunto aquí dejo las adiciones al citado artículo.
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(6) “Rajoy se ha encontrado con un problemón y lo quiere resolver, pero para que el sector eléctrico no se convierta en el lío de las cajas de ahorros, que al final ha infectado al resto del sector financiero, habría que terminar con la subvenciones abusivas”. Quien así se manifiesta es el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, considera que el problema del sector eléctrico español está en la dicotomía entre lo que ellos exigen: subir, y subir, y subir las tarifas o nos amenazan con la contaminación del sistema financiero “el lío de las cajas de ahorro” para sin opción se tenga que poner encima de la mesa otra millonada que les salve de haber tomado un camino equivocado al considerar que No todo el campo es orégano conocido por la sabiduría popular al referirse que en un negocio no hay solamente utilidades, sino que también hay contratiempos y que siempre existen dificultades. El descerebrado presidente arremete con la energía eléctrica producida por las renovables en España y olvida que Iberdola es el segundo productor de energía eólica en Estados Unidos. ¿Son o no son unos gángsters charlatanes?
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