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lunes, 19 de agosto de 2013

EL JUEZ DECIDIRA EN SEPTIEMBRE SI IMPUTA A LA INFANTA CRISTINA, POR FRAUDE


El juez decidirá en septiembre si imputa a 


la infanta Cristina por fraude



 infanta Cristina

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José  Castro, decidirá a partir de septiembre si archiva definitivamente  las investigaciones en torno a la Infanta Cristina o si, por el  contrario, se acuerda su imputación por un presunto delito fiscal o  de blanqueo de capitales, no sin antes consultar a la Fiscalía  Anticorrupción y las demás partes personadas en el caso Nóos para que  se pronuncien al respecto, según han informado fuentes de la  investigación.

En concreto, el juez se encuentra a la espera de que la Agencia  Tributaria entregue los últimos datos fiscales que restan por  presentar sobre la hija del Rey Don Juan Carlos, y que  previsiblemente serán aportados al magistrado a finales de agosto o a  lo largo del mes de septiembre. A partir de ese momento, el  instructor dará traslado de todas las diligencias cursadas en torno a  la Infanta a las partes para que emitan lo que estimen pertinente en  este sentido.    

Tras ello, Castro decidirá, en base a todos los datos reunidos y  las alegaciones de las acusaciones, qué camino seguir respecto a la  mujer de Iñaki Urdangarin. Un paso con el que el juez dará respuesta  al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de  Baleares, que le emplazó a poner término a las pesquisas relacionadas  con la Duquesa de Palma «en aras de evitar mayores especulaciones» y  debido a que «no resulta posible ni aceptable investigarla  indefinidamente».
Auto
En un extenso auto, en el que la Sala dejó las puertas abiertas al  posible encausamiento de la Infanta por supuesto delito fiscal y de  blanqueo de capitales, la Sala recalcaba incluso que ese cierre de la  investigación constituye «no sólo una exigencia para los derechos que  afectan a la Infanta como persona investigada», dado que «no es  admisible mantener una investigación permanentemente abierta, sino  que al mismo tiempo esta medida dotaría de «transparencia y  posibilidad de control a la actuación judicial». 

Tanto es así que los magistrados señalaban que si a partir de este  momento no aparecen nuevos hechos o elementos de prueba que «hagan  reconsiderar las endebles imputaciones» que llevaron en un primer  momento a citar a la Infanta como imputada, el juez Castro debe  acordar el archivo de las actuaciones judiciales sobre la Duquesa, de  forma provisional o definitiva, o bien tomar esta decisión cuando el  magistrado ponga fin a la instrucción de la causa mediante el auto de  pase a procedimiento abreviado. 

Hasta el momento, la información aportada por la AEAT no considera  a la Infanta cooperadora o partícipe de un delito contra Hacienda  «por el sólo hecho» de ser socia no administradora de la mercantil  Aizoon, la empresa de la que es propietaria al 50 por ciento junto a  Urdangarin y a través de la cual, según el criterio de la Audiencia,  el matrimonio se habrían beneficiado de los ingresos procedentes del  Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a  Hacienda por parte de Aizoon. 

La última diligencia cursada por el Juzgado de Instrucción 3 de  Palma en relación a la Infanta fue la petición a la Agencia  Tributaria para que aporte información sobre las operaciones llevadas  a cabo por la Duquesa con terceros o en las que haya intervenido. De  este modo, Hacienda deberá informar de aquellos proveedores o  acreedores y de aquellos clientes a quienes la Infanta haya comprado  o vendido, respectivamente, bienes o servicios, de acuerdo al modelo  347 de la AEAT para la declaración de operaciones con terceros.  

Pedralbes

Asimismo, Castro ha requerido al Grupo de Delincuencia Económica  de la Policía Nacional en Baleares que investigue la forma en que  fueron pagados los trabajos que los proveedores de la empresa Aizoon  -de la que son copropietarios los Duques de Palma- llevaron a cabo  para la rehabilitación, reforma y mantenimiento del conocido como  'palacete' de Pedralbes, propiedad del matrimonio. El juez busca así  indagar si en el marco de estas labores se cometió un presunto delito  de blanqueo de capitales.  

El magistrado libró así un oficio a la Jefatura Superior para que  puedan exclarecerse datos como la identificación de las personas que  efectuaron los encargos, la fecha de los mismos y su contenido, así  como el lugar en el que se debían prestar, el importe, la persona que  los satisfizo, la forma de pago y, en la medida en que sea posible,  se aporte toda la documentación que a ellos haga referencia. 

Y es que, según, la Audiencia Provincial, los Duques se habrían  beneficiado, como socios de la mercantil, de los ingresos procedentes  de Nóos. Los investigadores apuntan a que el Duque «interpuso» esta  mercantil para facturar «ciertos servicios de carácter  personalísimo», como el servicio doméstico, que nada tenían que ver  con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de  reducir su propia tributación en la declaración del IRPF. 

De hecho, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008,  ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al  menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como «pantalla» para tributar  gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta  personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo  inferior (el aplicado a las sociedades).

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