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lunes, 29 de julio de 2013

ALCALDESA DE TELDE: "LAS BIBLIOTECAS NO DAN DINERO", Y QUIERE CERRARLAS


Castellano: "Las bibliotecas no dan dinero y hay 14 personas trabajando en ellas"
La alcaldesa apunta directamente a la línea de flotación de su socio minoritario, Coalición Canaria, y señala a las bibliotecas como ejemplo de situación inviable


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Castellano se puso ayer el mono de faena, y habló claro y rotundo sobre la situación de la empresa Gestel, cuyos empleados llevan tres meses sin cobrar sus salarios, amén de sufrir continuos retrasos en el último año, y haber sufrido un ERE que puso en la calle a 25 trabajadores.

En una entrevista concedida ayer a Radio Faycán, la primera edila fue tajante. "Las bibliotecas no dan nada de dinero, y hay 14 personas trabajando en ellas". Con esta afirmación, la alcaldesa parece indicar que ha puesto el ojo sobre el servicio de las bibliotecas municipales, que actualmente tiene encomendado Gestel. Castellano explicó que, con la nueva ley de estabilidad presupuestaria, la empresa pública que acumulen dos años seguidos de pérdidas, deben cerrar.

Además, la regidora indicó que "los trabajadores deben buscar fuentes de financiación distintas al Ayuntamiento", si quiere que Gestel sea viable. De lo contrario, estarían abocados a la liquidación de la sociedad, de capital 100% municipal.

La liquidación de Gestel, y con ella de todo el personal, incluido el adscrito a las bibliotecas municipales, sería un duro golpe para el socio minoritario del actual tripartito, Coalición Canaria, pues son precisamente áreas que están bajo su control, las de Cultura.

FUENTE

URDANGARIN RECHAZA EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE 2 AÑOS DE CARCEL Y CHOCA CON SU ABOGADO


Urdangarín choca con su abogado: rechaza un acuerdo extrajudicial de dos años de cárcel

Iñaki Urdangarín se niega a aceptar una sanción que rondaría los dos años de cárcel frente al consejo de sus abogados. La fiscalía y la acusación popular son partidarias de ese acuerdo, según fuentes de la causa. Urdangarín se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel sólo por el delito fiscal.

Iñaki Urdangarín y su abogado, Mario Pascual Vives, entran al juzgado

Iñaki Urdangarín y su abogado discrepan sobre la pena en el caso Noos. Es lo que revelan fuentes de la causa que aseguran que los abogados del Duque de Palma le han recomendado alcanzar un acuerdo extrajudicial con la fiscalía y la acusación popular, un acuerdo que rondaría los dos años de cárcel y que podría implicar su ingreso en prisión por un corto periodo de tiempo pero que él rechaza.
El fiscal ya se mostró dispuesto hace un año a negociar una sanción con Diego Torres y con su socio pero aquella negociación se frustró. La fiscalía no se ha pronunciado ahora oficialmente sobre la posibilidad de ese acuerdo pero fuentes cercanas a Pedero Horrach aseguran que estaría dispuesto a aceptar una sanción que implicaría una mínima pena de cárcel para Urdangarín y que supondría limitar a su persona el alcance de los delitos, sin implicar ni a la Infanta Cristina ni a su secretario, Carlos García Revenga.
De igual modo, la acusación popular ejercida por Manos Limpias también sería partidaria de alcanzar ese acuerdo que implicaría que Urdangarín aceptara su culpabilidad en los delitos de prevaricación, malversación de fondos y fraude fiscal. La conformidad de Manos Limpias es imprescindible para ese pacto extra judicial puesto que todas las partes deben comprometerse a cesar sus acusaciones por escrito.

Urdangarín frente a sus abogados
Los abogados de Urdangarín han tanteado la posibilidad de ese acuerdo y creen tener capacidad para negociar una rebaja suficiente de las penas que en el entorno de los dos años. Sin embargo, los detalles de esa negociación son fundamentales porque, al carecer de antecedentes, una pena inferior a los dos años no supondría el ingreso en prisión de Urdangarín mientras que una pena superior a ese umbral sí llevaría al Duque de Palma a prisión, aunque fuera por un corto periodo de tiempo.
Iñaki Urdangarín ha rechazado la mera posibilidad de una negociación, según esas mismas fuentes. Su rechazo a una sanción de dos años de cárcel es jurídicamente muy arriesgada porque incluso si es absuelto de los delitos de malversación y prevaricación, la pena que lleva aparejado el delito fiscal del que se le acusa puede alcanzar los seis años de cárcel.

El juez investiga la reforma del palacete de Pedralbes
La instrucción judicial está reforzando la carga de pruebas en el terreno del fraude fiscal. De hecho, el juez José Castro ha ordenado al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares que investigue la reforma del palacete de Pedralbes del que son copropietarios Urdangarín y la Infanta ante la sospecha de que pueda haberse utilizado para realizar una operación de blanqueo.
Los datos que deben esclarecerse en concreto son “la identificación de las personas que efectuaron los encargos, la fecha de los mismos y su contenido, así como el lugar en el que se debían prestar, el importe, la persona que los satisfizo, la forma de pago y, en la medida en que sea posible, se aporte toda la documentación que a ellos haga referencia”.

LAS 11 REGLAS DEL PODER, ESTO ES LO QUE HACEN DE VERDAD LOS QUE MANDAN


Las 11 reglas del poder: esto es lo que hacen de verdad los que mandan


Las reglas del poder son las mismas, sea cual sea la organización que se dirige. (Corbis)

Bruce Bueno de Mesquita es titular de la cátedra Julius Silver de política de la Universidad de Nueva York y director del Alexander Hamilton Center for Political Economy. A través de su consultora, ha asesorado en numerosas ocasiones al gobierno estadounidense, así como a algunas de las organizaciones dependientes de él. Un documento de la CIA recientemente desclasificado señalaba el alto grado de acierto de Bueno de Mesquita en los análisis y predicciones que le habían solicitado.
Alastair Smith es catedrático de política en la Universidad de Nueva York y ganador del premio Karl Deustch que se concede al más brillante científico social de menos de 40 años. Juntos han publicado uno de los libros más llamativos e interesantes de los últimos años acerca de cómo ejercer el poder, El manual del dictador. Por qué la mala conducta es casi siempre buena política, (Ed. Siruela) donde describen cómo gobiernan en realidad los líderes, tanto los autocráticos como los democráticos.
Lo que hacen de verdad
El punto de partida de los autores no es entender cómo debería ser el mundo, sino “averiguar lo que la gente hace de verdad”, porque sólo sabiendo cómo funcionan las cosas es posible actuar con cierta previsibilidad. Según los autores, “la moderna jerga de la política es cosa de la educación cívica en el instituto y de los entendidos que salen en el telediario de la noche”, pero nada tiene que ver con lo que ocurre en realidad. Así que es hora de dejarse de tonterías y de pensar en lo ideal, y en su lugar dejar espacio para queentendamos “por qué hacen los políticos lo que hacen para llegar al poder, para mantenerse en él y para hacerse con el control del dinero”. Si vamos a jugar a la política, aprendamos lo que eso significa de verdad. En sus investigaciones han encontrado cinco claves que hacen que las cosas funcionen. Y son las siguientes, según se recoge en el texto:
Regla 1. Procura que tu coalición ganadora sea lo más pequeña posible. La gente que te sostiene, aquella que verdaderamente te hace ganar el poder y mantenerte en él, es a la que debes tener contenta. Cuanto menos son, más los controlas y mayor discrecionalidad tienes sobre los gastos.
Regla 2. Sustituye al que se mueva. Si tu selectorado de intercambiables, por utilizar los términos de Bueno de Mesquida, es amplio, podrás reemplazar fácilmente a cualquier alborotador que haya en tu coalición, y lo mismo pasa con los influyentes y los esenciales. Si tienes muchos seguidores suplentes, los demás quedarán advertidos de que deben ser leales y portarse bien o de lo contrario serán sustituidos.
Regla 3. Controla el flujo de caja. Para un gobernante siempre es mejor determinar quién come que tener una gran tarta de la que todo el mundo puede comer por sí mismo. Si controlas la caja, tú repartes las recompensas. Para los dirigentes, el flujo de caja más eficaz es el que empobrece a mucha gente y redistribuye el dinero de modo que unas cuantas personas seleccionadas –tus partidarios- sigan siendo ricas.
Regla 4. Paga a tus seguidores sólo lo suficiente como para conservar su lealtad. Recuerda que tus partidarios prefieren ser tú a depender de ti. Tu gran ventaja sobre ellos es que tú sabes dónde está el dinero y ellos no. Dale a tu coalición sólo lo necesario como para que no anden buscando a alguien para sustituirte y ni un céntimo más.
Regla 5. No saques dinero del bolsillo de tus seguidores para mejorar la vida de la gente. Lo que constituye la esencia del mando es pagar a los seguidores, no gobernar bien ni representar la voluntad general. Si eres bueno con la gente a expensas de tus seguidores, no pasará mucho tiempo antes de que te la tengan jurada. Una política eficaz para las masas no necesariamente granjea la lealtad de los esenciales, y es carísima. Es poco probable que los hambrientos tengan bastante energía como para derrocarte, de modo que no te preocupes por ellos. Por el contrario, unos miembros de la coalición decepcionados pueden desertar, dejándote en apuros.
Estas son las reglas esenciales, pero Bueno de Mesquida y Smith también describen algunos mecanismos adicionales que suelen ser muy empleados por los dirigentes para asegurarse el poder. Entre ellos:
a) Un líder prudente no cuenta demasiado con aquellos que le ayudaron a obtener el poder. Después de derribar al dirigente anterior, avisan los autores, es cuestión de tiempo que se den cuenta de que pueden volver a hacer lo mismo otra vez. Un nuevo titular prudente actuará con rapidez para quitarse de en medio a algunos e incluir a otros cuyos intereses aseguren más sólidamente la lealtad futura.
b) Un buen trabajo no basta para asegurar la supervivencia política, ya sea en un negocio, en una organización o en un gobierno. Hasta qué punto el desempeño de un líder influye en la permanencia en el cargo es una cuestión muy subjetiva. Por eso, señalan los catedráticos, es importante contar en esa coalición de partidarios clave con personas que sean competentes para cumplir las obligaciones relacionadas con la puesta en práctica de las políticas del líder, pero no demasiado. En realidad, contar con directivos o con ministros competentes puede ser un peligroso error. Las personas competentes, al fin y al cabo, son posibles (y posiblemente competentes) rivales.
c) Las tres características más importantes de tus partidarios son: uno, lealtad; dos, lealtad; tres, lealtad. Los dirigentes que triunfan se rodean de familiares y amigos de confianza y se deshacen de todo seguidor ambicioso.
dPaga poco a la policía. Así se verán obligados a corromperse, pero ganarán mucho dinero y no querrán perder su puesto de trabajo. Sabrán que si no son leales les echarás y les castigarás, y dejarán de ganar dinero. La corrupción, afirman Smith y Bueno de Mesquita, es una forma bastante útil de asegurar la fidelidad al régimen, ya que no se tienen que pagar buenos salarios y además garantiza los medios procesales para descubrir a cualquier beneficiario que deje de ser leal.
e) Castiga a quien denuncie las malas prácticas y no a quien las cometa. El excomandante de policía Alexéi Dymosky, denunció las prácticas habituales de los funcionarios del orden público ruso, entre las que se contaba la de entregar parte de las ganancias diarias al cajero, un miembro de alto rango del departamento de policía. El resultado de esas denuncias fue el habitual: la gente que leyó los periódicos le vio como un héroe, sus compañeros le hicieron el vacío y las autoridades le despidieron, juzgaron y encarcelaron. Contar esas cosas suele tener consecuencias, sobre todo para quien las denuncia. Que se lo digan a Bradley ManningJulian Assange oEdward Snowden.
f) Sé prudente, y no des a los demás nada que pueda volverse en tu contra. Si tu población está muy formada, es probable que quiera vivir mejor, con lo cual tendrás que gastar más dinero en ellos y tendrás menos para repartir entre los tuyos. Si tienes buenas carreteras y eres un dirigente africano, será más fácil que los rebeldes lleguen a la capital y te depongan. A la gente hay que darle lo justo para que pueda vivir y la formación imprescindible para que pueda trabajar. Y nada más.
Las aplican por igual dictadores y líderes democráticos
Podría pensarse que estas reglas sólo funcionan en países regidos por dictadores, como sugiere el título del libro. Sin embargo, y desgraciadamente, aclaran Bueno de Mesquida y Alastair Smith, los líderes de las naciones democráticas obedecen estas reglas al igual que los tiranos y los autócratas porque, como cualquier dirigente, quieren conquistar el poder y permanecer en él. El problema para los demócratas es que se enfrentan a diferentes limitaciones y tienen que ser un poco más creativos para que les salga bien. Hay diferencias, sí, pero en esencia, todos los dirigentes son iguales.
Cuando utilizan esta palabra, los autores no la limitan a quienes están al frente de instituciones políticas, sino que la extienden a toda clase de líderes, incluidos los de empresas y de organizaciones sectoriales. Así, en su libro utilizan tanto ejemplos de presidentes de gobierno como de directivos del Comité Olímpico Internacional o la FIFA, o incluso miembros del consejo de administración de alguna gran empresa. En esencia, ya sea una firma, un partido o una nación, se sigue tratando del poder y de las reglas para tomarlo o permanecer en él.

COBOS ASESORO AL PP DESDE 1992, ESCONDIO AL SENADO VARIOS TRABAJOS DE ASESORAMIENTO


Cobos asesoró al PP desde 1992

El ahora presidente del Constitucional 'escondió' al Senado varios trabajos de asesoramiento

  • De los Cobos, la “pesadilla” del nacionalismo

Cuando Francisco Pérez de los Cobos llegó, en octubre de 2010, a pasar su examenen el Senado, la Cámara que debía validar su candidatura como magistrado del Tribunal Constitucional, lo hizo acompañado de la diputada del PP Celia Villalobos. A los miembros de la comisión de nombramientos les llamó la atención porque “no era lo habitual”, aunque el candidato lo fuera a propuesta del PP, tal como recuerda uno de los presentes. No le dieron importancia hasta que, hace poco más de diez días, se supo que entonces Cobos era militante del PP, un hecho que silenció ante la comisión. De la misma manera se reservó en su exposición que la relación con los populares y su asesoría se remonta, al menos, a 1992.
Villalobos siguió la intervención del “modesto profesor universitario”, tal como se presentó Cobos ante el Senado, en la misma sala Clara Campoamor, sentada dos bancos más atrás del ocupado por él. El pasado miércoles, fue Villalobos la que, con más ahínco, imposibilitó que en el Congreso se hablara del actual presidente del Constitucional. Le retiró la palabra a la portavoz socialista, Soraya Rodríguez (que abandonó la sala), a Carmela Silva, la diputada socialista miembro de la mesa, y a María Luisa Carcedo, vocal de la Diputación Permanente. Villalobos tampoco atendió a Eduardo Madina que, en la misma sesión, le solicitó que permitiera al Grupo Socialista acabar con su exposición.

Pero es que la relación de la ahora vicepresidenta primera del Congreso con Pérez de los Cobos se remonta a hace 20 años, algo que la comisión de nombramientos del Senado tampoco sabía cuando firmó su idoneidad para ser magistrado del Constitucional.
Entre el 89 y el 93, Villalobos fue miembro de la Comisión de Empleo. Según explicó a varios miembros de la mesa, formó un grupo de asesores en materia laboral entre los que se encontraba el entonces catedrático de Trabajo Pérez de los Cobos. Ayer, Villalobos negó tajantemente haber contado con la asesoría de Cobos. Durante 1992, Villalobos fue además ponente de la Ley de Huelga. Según el también catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Baylos, el PP le indicó que “el asesor con el que contaban era Pérez de los Cobos, y que a él me debía dirigir porque no tenían un diputado idóneo para un debate técnico y político”. “Lo recuerdo porque me sorprendió”, añade, ya que el ahora presidente del Constitucional ejercía dicha asesoría sin la “visibilidad que tenían otros profesores”. Celia Villalobos negó igualmente que se acudiera a sus conocimientos y aseguró que “nunca ha asesorado ni cobrado del Partido Popular”.
“Me sorprendió que asesorara porque no era visible”, recuerda Baylos
Tras su paso por las universidades de Valencia, Baleares y ya estando en Barcelona, Pérez de los Cobos pasó, en 1996, a formar parte del Consejo Económico y Social como consejero experto y de la mano del propio José María Aznar, lo que le supuso su primer cargo de designación política, algo que sí incluyó en su currículum presentado al Senado, al igual que la referencia a una conferencia pronunciada en 1993 en la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), vinculada al PP, sobre los “aspectos básicos de la reforma del mercado de trabajo”. Sobre la misma fundación reseñó su participación en otra conferencia sobre “la reforma de la intermediación en España”, en 2009 pero omitió su intervención en otras actividades, hasta ocho, reseñadas en las memorias de la propia fundación y correspondientes a los años 2006 y 2007, en las que aparece el nombre de Pérez de los Cobos, por ejemplo, junto al de la actual ministra de Fomento, Ana Pastor, como asistentes a un seminario sobre “La reforma laboral que España necesita”.
Francisco Pérez de los Cobos. /SCIAMMARELLA
Precisamente la constitucionalidad de la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy será uno de los temas sobre los que el actual presidente del Constitucional deberá dilucidar, tras el recurso presentado por el grupo socialista en el Congreso.
Francisco Pérez de los Cobos es considerado, por muchos, como autor intelectual de dicha reforma. Sin embargo, hay algo que, en cualquier caso, es una realidad: su relación con uno de los autores conocidos de la ley, el actual director general de Empleo, Javier Thibault. El vínculo se remonta a la estancia de ambos en la Universidad de Barcelona, donde compartieron departamento. Ambos coincidieron también en la Universidad Complutense de Madrid cuando el ahora presidente del Constitucional era director del departamento en el que Thibault fue profesor titular en servicios especiales.
En 2000, Pérez de los Cobos dirigió la tesis de Thibault, en la que obtuvo un sobresaliente cum laude. Hasta 2010, ambos firmaron juntos hasta media docena de publicaciones. Y cuando Pérez de los Cobos llegó al Constitucional, en diciembre de 2010, entre los letrados con los que cada nuevo magistrado puede contar se incluyó a Thibault, puesto que ocupó hasta enero de 2012, cuando fue nombrado director general de Empleo. Un mes después, se aprobó la reforma laboral.
El presidente del Constitucional obvió ocho colaboraciones con FAES
La relación con Javier Thibault, que entonces era un profesor de universidad, no fue ocultada al Senado donde, sin embargo, el candidato a magistrado sí obvió que figura como administrador único de Labour Prospectives, una sociedad creada en 2003 que tiene como objeto “la elaboración de estudios en el ámbito de las relaciones laborales, análisis de la negociación colectiva y asesoramiento general en el ámbito social”. Antes del nombramiento, Cobos suspendió las actividades de la sociedad, dada la incompatibilidad de los miembros del Tribunal Constitucional con “el desempeño de actividades profesionales o mercantiles”, tal como señala la Ley Orgánica del propio tribunal. Aún así, sigue figurando como máximo responsable de la sociedad limitada.
Con la publicación de su militancia en el PP, al menos, hasta 2011, ha salido a la palestra otra posible incompatibilidad. Desde marzo de 2012, cuando ya ocupaba un puesto como magistrado del Constitucional, forma parte de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
En 2012, logró la autorización verbal de Pascual Sala para ser experto de la OIT
Varias fuentes han asegurado que la autorización sobre la posibilidad de compatibilizar ambos cargos nunca pasó por un pleno y que fue el anterior presidente del alto tribunal, Pascual Sala, quien le dio, únicamente, una “autorización verbal” para que puediera compaginar ambos cargos. El hecho es que Francisco Pérez de los Cobos fue nombrado miembro de dicha comisión, que se reunió, en Ginebra, los mismos días en los que el Tribunal Constitucional registró su ausencia en uno de los plenos celebrados en el mes de noviembre de 2012. Según las actas de las votaciones del alto tribunal celebrado durante los días 27, 28 y 29, el magistrado estuvo ausente. Precisamente esos días se reunió la comisión de la que forma parte.
Desde que EL PAÍS desveló que el actual presidente del Constitucional pagó sus cuotas de militante, al menos, hasta 2011, Cobos no ha dado ninguna explicación pública. De la reunión que mantuvo con parte de los magistrados que forman el pleno no logró sacar la declaración institucional de apoyo que pretendía pero sí una nota de prensa en la que defendía la legalidad de compatibilizar la militancia política con su puesto como magistrado. Pérez de los Cobos no ha dicho públicamente si ha abandonado su afiliación política. El PP ha impedido, además, que dé explicaciones en el Congreso y solo si tres de los otros once magistrados del Constitucional lo piden, al menos, tratará la polémica en un pleno extraordinario del mismo tribunal sobre el que existe una cascada de anuncios de impugnaciones y recusaciones.

domingo, 28 de julio de 2013

"LA CARIDAD DE LOS RICOS, CREO LA MAQUINA DE LA POBREZA ETERNA" WARREN BUFFETT


Hijo de Warren Buffett: "La caridad de los 
ricos creó una máquina de pobreza 
eterna"
Los ricos que se dedican a donar dinero a proyectos caritativos no eliminan la pobreza sino todo lo contrario, según considera el menor de los tres hijos del famoso multimillonario Warren Buffett.
En un artículo publicado en el periódico 'The New York Times', Peter Buffett explica la necesidad de encontrar una nueva forma de filantropía, ya que el sistema de donaciones actual ha fracasado y ha creado una "máquina de pobreza eterna". A esta conclusión llegó Peter Buffett, compositor y músico, partiendo de su propia experiencia como director de una de las fundaciones creadas por su padre. 
No estoy llamando a poner fin al capitalismo, estoy llamando a desarrollar el humanismo    


"En las reuniones de grandes filántropos se puede ver a jefes de Estado, inversionistas y líderes corporativos. Con su mano derecha, están buscando respuestas a problemas que con su mano izquierda ha creado la misma gente presente en la sala", confiesa Buffett.

De hecho, "a medida de que cada vez más vidas y comunidades quedan destruidas por el sistema que crea grandes volúmenes de bienes para unas pocas personas", se refuerza el fenómeno que Buffett hijo llama "lavado de conciencia". Es decir, dedicarse a la caridad empieza a verse como algo "heroico", por lo que una persona rica justifica su exagerada fortuna "rociando" bienes sobre otras personas, lo que le ayuda a "sentirse mejor". 

El sector benéfico va creciendo, es una 'industria' que solo en EE.UU. ha generado unos 316.000 millones de dólares en 2012 y da empleo a 9,4 millones de personas. Pero numerosos estudios demuestran que al mismo tiempo va aumentando la brecha entre los ricos y los pobres.
Con su mano derecha, los grandes filántropos están buscando respuestas a problemas que ellos mismos han creado con su mano izquierda  


De hecho, a la hora de donar dinero para aliviar los sufrimientos de alguien, muchos filántropos modernos preguntan: "¿Y cuál será el retorno de la inversión?". Es como si la rentabilidad fuera "la única medida del éxito", lamenta Buffett. 

Otro problema es el llamado "colonialismo filantrópico" que consiste en desarrollar proyectos que a primera vista son buenos para países pobres, pero se realizan con "poco conocimiento del terreno" y por eso no resuelven los problemas. Como ejemplo Peter Buffett pone la distribución de preservativos en países africanos para impedir la propagación del VIH que provocó un efecto inesperado en la prostitución: disparó los "precios del sexo sin protección". 

"No estoy llamando a poner fin al capitalismo, estoy llamando a desarrollar el humanismo", sostiene Buffett, señalando que el mundo necesita un nuevo mecanismo de funcionamiento para una verdadera "prosperidad para todos, lo que no significa un mayor número de personas que van acumulando bienes". Sin embargo, él mismo aún no tiene ninguna sugerencia para conseguir llegar a este objetivo.

FUENTE

PP Y UPYD, RECHAZAN RETIRAR LOS PERMISOS A LAS PETROLERAS, ¿POLITICA O NEGOCIO?

PP y UPyD rechazan en el Congreso retirar los permisos para las prospecciones petrolíferas y de gas en el Mediterráneo
  


 La Comisión de Industria del Congreso de los Diputados ha rechazado con los votos de PP y UPyD la propuesta de Compromís de instar al Gobierno a retirar los permisos para realizar prospecciones petrolíferas y de gas en toda la costa mediterránea. El debate de la iniciativa tuvo lugar la pasada semana, pero su votación se ha postergado a este jueves.

   El encargado de defender la propuesta, el parlamentario de Compromís-Equo, Joan Baldoví, ha asegurado que su grupo pretende de forma "clara sencilla e inequívoca" que se retiren los permisos para realizar prospecciones en toda la costa, y se ha referido a las palabras que utilizó el diputado del PP Esteban González Pons durante el Gobierno del PSOE, para solicitar que se denegaran estos permisos.

   Así, ha destacado que "por primera vez" ha estado de acuerdo con González Pons, sobre todo con las afirmaciones que defienden el interés del paisaje de la Albufera, al explicar, utilizando sus declaraciones, que "el día que se explote el petróleo delante de la Albufera se acabó un parque natural, se acabó la circulación de cetáceos, se acabó la pesca, se acabó la pradera de posidonia y se acabó el turismo".

   Además, el diputado de Compromís ha criticado el hecho de que en la comisión estuvieran presentes exconsellers autonómicos valencianos --Belén Juste y Mario Flores-- que habían manifestado su oposición a las prospecciones petrolíferas.

   Por su parte, la parlamentaria del PP Belén Juste ha recordado que cuando González Pons hizo esas declaraciones era "el momento" para hacerlas, cuando todavía no estaba aprobado el Real Decreto del Gobierno socialista, y por ello, "había que hacer lo que hicimos: presentar una proposición no de ley, que fue aprobada en las Corts Valencianes por unanimidad de todos los grupos".

   Mientras, el diputado del PP, Enrique Fajarnés, según ha indicado el partido en un comunicado, ha indicado que revocar estos permisos supondría tener que pagar "indemnizaciones millonarias, además de los problemas legales que esto supondría".

"LA RESPONSABILIDAD, DEL ANTERIOR GOBIERNO"

   Juste ha indicado que la responsabilidad sobre este asunto corresponde a "los dos reales decretos aprobados en la época del Gobierno socialista". Por ello, la diputada ha destacado que la comparecencia a la que se ha referido Baldoví tuvo lugar antes de que se llevara a las Cortes Generales la proposición no de ley, y antes de que el Ayuntamiento de Valencia, al igual que el Ayuntamiento de Gandia, presentaran ante el Tribunal Supremo (TS) una instancia para que no se validaran los reales decretos.

   A su juicio, con el diputado de Compromís "hablan de lo mismo", pero con la diferencia de que se busca "la culpabilidad donde no corresponde".

   Por parte del grupo socialista, José Luis Ábalos ha indicado que han apoyado la propuesta, y ha recordado que, recientemente, el TS desestimó un recurso de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, quien "cogió la bandera de la protección del litoral como una cuestión alarmante, demagógica y populista". Por lo que ha subrayado que "han engañado a la ciudadanía".

   En este sentido, Juste ha tildado de "patético y vergonzoso" este discurso y ha reiterado que es "increíble" que quieran revocar algo que aprobó el anterior Gobierno.

   Por su lado, la parlamentaria de CiU, Inmaculada Riera, ha indicado que la iniciativa pide explícitamente la retirada de los permisos de prospección y es necesario aclarar que la retirada de los permisos de investigación corresponde al promotor y no al Gobierno; y que convendría "respetar y recoger" la opinión de las comunidades afectadas.

   Por parte de La Izquierda Plural, Chesús Yuste, ha indicado que su grupo está "en contra" de la política del Gobierno, al que le gusta dar "barra libre en materia energética, sin importarle el impacto ambiental", ha subrayado al explicar su postura "en contra" de la proliferación de la fracturación hidráulica, de la minería de magnesitas, y de las prospecciones petrolíferas.

UN MUNDO DE "PETER PAN"

   Por último, por parte de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán se ha mostrado "sorprendido" con el hecho de que no se pida la prohibición de unas extracciones de hidrocarburos porque pueden representar un peligro medioambiental, sino "defendiendo un mundo de Peter Pan" sin petróleo, y desde un punto de vista "de política interna" de la Comunitat Valenciana.

   "Como el petróleo y el gas son sustancias contaminantes que pueden provocar daños medioambientales si hay accidentes en la extracción, decidimos que no los necesitamos y vivimos en un mundo sin petróleo ni gas", ha destacado en tono irónico el parlamentario, quien además ha destacado que en la región, además de turismo, "hay muchas otras cosas", como las industrias relacionadas con la cerámica.

   Por ello, ha indicado que votan en contra de esta proposición porque es "irresponsable" el planteamiento mantenido y ha recalcado que "siempre" apoyarán que se respete "la preservación de áreas medioambientales sensibles".
FUENTE

GALLARDON PRIVATIZA EL REGISTRO CIVIL, MERCANTIL, Y DE LA PROPIEDAD


Gallardón privatizará la gestión de los 

registros Civil, Mercantil y de la Propiedad


Registro Civil


El Colegio de Registradores se hará cargo de todos ellos según el borrador de ley
 que

 prepara el Ministerio de Justicia. Los usuarios tendrán que pagar por servicios que
 eran 

gratis, aunque Justicia asegura que los trámites más habituales lo seguirán siendo. El 

Registro Civil Central desaparece.

Alberto Ruíz-Gallardón acometerá la privatización de la gestión de los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad a través de una reforma legislativa que ya tiene borrador y que establece que estas entidades pasarán a ser llevadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, en lugar de por los jueces. Los usuarios abonarán un arancel por trámites como las solicitudes de información

El texto del Ministerio de Justicia prevé que, tras el traspaso, los usuarios tengan que pagar un arancel por determinados servicios que hasta el momento no tenían coste. Esos pagos deberán sufragar los gastos de gestión, funcionamiento y conservación de las oficinas registrales, así como la retribución de sus profesionales. 

Según costa en la reforma del artículo 294, los aranceles se aplicarán sobre los valores comprobados fiscalmente de las fincas o derechos objeto de los hechos, actos o negocios jurídicos sujetos a inscripción y, a falta de aquellos, sobre los consignados por las partes como precio o valor de tasación de los bienes. 

El cobro se realizará sobre las peticiones de información sobre de partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción o nacionalidad. 

Las concesiones de nacionalidad fueron los primeros trámites que Gallardón anunció que pasarían a manos de los registradores. Los "privilegios" de los registradores "Quienes acudan al Registro Civil tendrán que pagar un arancel para registrar una defunción y para cualquier acto o hecho obligatorio que inscriban, pero además habrá que inscribir otros actos que a día de hoy no son obligatorios, como poderes, el domicilio, seguros de vida y accidentes, y testamentos", ha denunciado UGT. Para la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), esta reforma perjudicará la mayoría de la población y beneficiará a corporaciones que "han sido tratadas tradicionalmente de forma privilegiada". 

El Gobierno ha invertido alrededor de 128 millones en los registros que ahora entrega al ColegioAdemás, la JpD ve "contradictorio" que el Gobierno haya invertido unos 128 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros civiles y que, ahora, "aproveche" esta mejora para asignarla a la "gestión privada con efectos lucrativos para sus gestores". La modernización de esta parte de administración es, precisamente, uno de los motivos del cambio, ya que el Colegio de Registradores aportará las cantidades de las que el Ministerio carece para completar la reforma. 

A cambio, cobrará de los usuarios. Además, ello aligerará de carga los juzgados y tribunales. El nuevo régimen organizativo reduce el número de oficinas y elimina el Registro Civil Central, aunque no esclarece el destino de los funcionarios que trabajan allí. Según el departamento de Alberto Ruíz-Gallardón, los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, "seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos". Para defender su postura y negar la privatización, Justicia señala que los registradores son empleados del Estado que realizan un trabajo público.

LA BANCA MANTIENE EL MONOPOLIO DE LAS SUBASTAS JUDICIALES DE PISOS EMBARGADOS


La banca mantiene el monopolio de las subastas judiciales de pisos embargados



Todo sigue igual. Los cambios introducidos en la nueva Ley Hipotecaria para facilitar que cualquier ciudadano pudiera participar en la subastas de inmuebles adjudicados por las entidades financieras no han conseguido, ni mucho menos, el efecto deseado.
Comprar un piso embargado procedente de una ejecución hipotecaria -de un desahucio en lenguaje más coloquial- sigue estando reservado a unos pocos. Las inmobiliarias de los bancos, fundamentalmente y los particulares más adinerados
“No sólo no han funcionado, sino que la ley sigue permitiendo que los bancosmonopolicen todo el procedimiento”, comenta a El ConfidencialJosé Martínez, director ejecutivo de Subastafacil.com, web especializada en asesorar alejecutado en subastas judiciales y en hacer accesible gran público e inversores estos procedimientos
La nueva normativa introdujo una serie de cambios que, tres meses después, se han mostrado insuficientes para que la puja por estos inmuebles esté abierta a un mayor número de interesados y así ser más competitiva y, por tanto, beneficiosa para el desahuciado. La inmensa mayoría de las subastaso quedan desiertas o los inmuebles acaban en manos de la banca o adjudicados a las filiales inmobiliarias de las propias entidades financieras.
Muchos de los inmuebles subastados acaban en manos de las filiales inmobiliarias de las entidades financieras
Uno de los cambios introducidos establece que cuando una subasta queda desierta, la entidad financiera se adjudica la vivienda -si ésta es habitual- por el 70% sobre el tipo de subastafrente al 60% al que se la podía adjudicar antes de la nueva ley. El tipo de subasta es la cifra que aparece tipificada en el contrato hipotecario y ésta puede coincidir con el valor de tasación, pero también puede ser la cantidad que se pidió prestada al banco o la suma de costes, intereses más principal, depende de cada caso.
Es decir, para una vivienda con un tipo de subasta de 180.000 euros, si ésta queda desierta el banco se adjudica el inmueble por 126.000 euros. Un importe que en muchas ocasiones no es suficiente para cubrir la deuda de su cliente, lo que provoca que éste, a pesar de haber perdido su vivienda mantenga viva una deuda con el banco.
No se ha tocado la Ley de Enjuiciamiento Civil
Este cambio -subir del 60% al 70% el porcentaje de la adjudicación- no ha supuesto ningún aliciente para que los particulares acudan a la subasta ni ninguna traba para evitar que las entidades financieras se sigan adjudicando las viviendas. En opinión de los expertos consultados, para ello se debería haber modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que en su artículo 647 regula los requisitos para poder acceder a una puja inmobiliaria.
La ley permite a la entidad financiera –ejecutante- ceder los derechos de remate –la adjudicación del bien- a un tercero de tal manera que éste pasa a ser el mejor postor de la subasta y por lo tanto el comprador del inmuebleen cuestión. De esta manera, el ejecutante, es decir, el banco, evita una transmisión patrimonial con el ahorro económico que toda transmisión conlleva al tiempo que 'saca el ladrillo' de su bañance.
“Es un auténtico fraude de ley. Están engañando al sistema ya que con la ley sobre la mesa, el banco adjudica la vivienda a su filial inmobiliaria, se ahorra esos gastos de transmisión y paga el inmueble con su propio dinero”, apunta José Martínez. “Esto no se ha corregido lo que provoca que la banca mantenga el monopolio de las subastas judiciales de inmuebles”.  
José Martínez explica que "la cesión de remate de las operaciones que se adjudican las entidades se ceden por el mismo porcentaje que la entidad se ha adjudicado el inmueble. Esto sucede en algunos casos. En la mayoría, aparece un licitador, la inmobiliaria de la entidad, que puja justo por el 51% del tipo de subasta. Este 51% es el mínimo por el que se puede pujar sin que los secretarios judiciales pongan problemas. En estos casos se tiene que dar un plazo a las partes para que presenten una "mejora de postura"( tercero que suba la puja a más del 70%), que en ningún caso presentan quedando adjudicado el inmueble por ese 51%".. 
 
Y añade que "no debería estar permitido que las inmobiliarias de las propias entidades puedan acudir a licitar como uno más, teniendo en cuenta que tienen información privilegiada y que el dinero sale del mismo bolsillo que el acreedor. Esta es una artimaña para ahorrarse un 30% en las subastas".
Tampoco ha dinamizado las subastas el cambio que afecta a la fianza o depósito que debe realizar cualquier postor interesado en un inmueble. El porcentaje exigido ha pasado del 20% al 5% sobre el tipo de subasta. “Ni los edictos se están publicando correctamente en los tablones de anuncio de los juzgados. Todavía nos estamos encontrando con edictos en los que se especifica que el depósito a aportar debe ser del 20% y no el 5%”. 
Ampliar de 20 a 40 días el plazo del que dispone quien acude a una subasta y se adjudica un inmueble para pagar la totalidad del precio, tampoco ha animado a los particulares -solamente acuden los más ricos- como tampoco está funcionando el nuevo portal de subastas judiciales de pisos embargados por los bancos anunciado hace casi un año a bombo y platillo por el Ministerio de Justicia.
“Si las subastas están monopolizadas por la banca, de poco o de nada sirven unos cambios que han sido muy descafeinados. Habría que limitar la libertad que tienen las entidades financieras en estas subastas. Vamos a pecho descubierto contra los bancos”, concluye José Martínez.

EL NEW YORK TIMES PUBLICA LA LISTA DE LOS MAYORES DEFRAUDADORES ESPAÑOLES


New York Times publica la lista de mayores defraudadores españoles

 Emilio Botín y su familia, José María Aznar, Dolores Cospedal o Rodrigo Rato son algunos de los nombres de la lista de defraudadores

   
Emilio Botín y su familia, José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja, son algunos de los 569 españoles que depositaban su dinero en en Suiza sin que éste fuera declarado en España.

Así lo asegura una información publicada por el rotativo más prestigioso del mundo, The New York Times, en una serie de artículos sobre el Presidente del Banco Santander, Emilio Botín.

En el último capítulo que ha visto a la luz de este serial versa sobre el ocultamiento por parte de Emilio Botín y de su familia de unas cuentas secretas establecidas desde la Guerra Civil en la banca suiza HSBC. 

Al parecer, en esta entidad financiera helvética había 2.000 millones de euros que nunca se habían declarado a las autoridades tributarias del Estado español y que ahora ha salido a la luz a merced de la acusación realizada por un emplado del banco suizo que se ha decidido a publicar los nombres de las personas que depositaban su dinero en el país alpino sin que éste fuera declarado en los países de origen de los señalados. 

Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial como los citadas en la introducción. Habrá que esperar a las primeras reacciones.

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