Gallardón privatizará la gestión de los
registros Civil, Mercantil y de la Propiedad
El Colegio de Registradores se hará cargo de todos ellos según el borrador de ley
que
prepara el Ministerio de Justicia. Los usuarios tendrán que pagar por servicios que
eran
gratis, aunque Justicia asegura que los trámites más habituales lo seguirán siendo. El
Registro Civil Central desaparece.
Alberto Ruíz-Gallardón acometerá la privatización de la
gestión de los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad a través de una
reforma legislativa que ya tiene borrador y que establece que estas entidades
pasarán a ser llevadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes
Muebles y Mercantiles de España, en lugar de por los jueces. Los usuarios
abonarán un arancel por trámites como las solicitudes de información
El texto
del Ministerio de Justicia prevé que, tras el traspaso, los usuarios tengan que
pagar un arancel por determinados servicios que hasta el momento no tenían
coste. Esos pagos deberán sufragar los gastos de gestión, funcionamiento y
conservación de las oficinas registrales, así como la retribución de sus
profesionales.
Según costa en la reforma del artículo 294, los aranceles se
aplicarán sobre los valores comprobados fiscalmente de las fincas o derechos
objeto de los hechos, actos o negocios jurídicos sujetos a inscripción y, a
falta de aquellos, sobre los consignados por las partes como precio o valor de
tasación de los bienes.
El cobro se realizará sobre las peticiones de
información sobre de partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción o
nacionalidad.
Las concesiones de nacionalidad fueron los primeros trámites que
Gallardón anunció que pasarían a manos de los registradores. Los
"privilegios" de los registradores "Quienes acudan al Registro
Civil tendrán que pagar un arancel para registrar una defunción y para
cualquier acto o hecho obligatorio que inscriban, pero además habrá que
inscribir otros actos que a día de hoy no son obligatorios, como poderes, el
domicilio, seguros de vida y accidentes, y testamentos", ha denunciado
UGT. Para la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), esta reforma
perjudicará la mayoría de la población y beneficiará a corporaciones que
"han sido tratadas tradicionalmente de forma privilegiada".
El
Gobierno ha invertido alrededor de 128 millones en los registros que ahora
entrega al ColegioAdemás, la JpD ve "contradictorio" que el Gobierno
haya invertido unos 128 millones de euros en la modernización, informatización
y digitalización de los registros civiles y que, ahora, "aproveche"
esta mejora para asignarla a la "gestión privada con efectos lucrativos
para sus gestores". La modernización de esta parte de administración es,
precisamente, uno de los motivos del cambio, ya que el Colegio de Registradores
aportará las cantidades de las que el Ministerio carece para completar la
reforma.
A cambio, cobrará de los usuarios. Además, ello aligerará de carga los
juzgados y tribunales. El nuevo régimen organizativo reduce el número de
oficinas y elimina el Registro Civil Central, aunque no esclarece el destino de
los funcionarios que trabajan allí. Según el departamento de Alberto
Ruíz-Gallardón, los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil,
como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción,
"seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos". Para defender su
postura y negar la privatización, Justicia señala que los registradores son
empleados del Estado que realizan un trabajo público.
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