ESPAÑA: EL JUEZ CASTRO RECHAZA IMPUTAR A URDANGARIN Y TORRES POR BLANQUEO DE CAPITALES

El juez Castro rechaza imputar a Urdangarin 

y Torres por presunto blanqueo de capitales

• La petición había sido cursada por el sindicato Manos Limpias
• Anticorrupción se opuso al considerar que ya habían sido interrogados

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha rechazado imputar a Iñaki Urdangarin, a su exsocio Diego Torres y a la mujer de éste por unpresunto delito de blanqueo de capitales, una petición que cursó el sindicato Manos Limpias y a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción al alegar que todos ellos ya han sido interrogados por este supuesto ilícito.

Así lo ha acordado el juez mediante un auto dictado este martes, en el que desestima de este modo citarles de nuevo a declarar en el marco del caso Nóos, tal y como solicitaba la acusación popular.

El propio Torres se opuso a que tanto él como su esposa fuesen encausados por este motivo, contraponiendo la actuación de Tejeiro al papel ejercido por la Infanta Cristina al frente de Nóos y de la sociedad de la que es copropietaria junto a su marido, Aizoon, a través de 71 argumentos. El juez José Castro dio diez días a las partes para que se pronunciasen sobre la petición de Manos Limpias.

Presuntamente responsables de un delito de blanqueo

En concreto, Manos Limpias considera en el escrito que presentó que los tres imputadosson presuntamente responsables de un delito de blanqueo por cuanto se lucraron "en su propio beneficio" del dinero que de forma ilícita obtuvieron de las Administraciones públicas a través del Instituto Nóos y que posteriormente desviaron a sociedades de su entramado empresarial.

Dinero que, según la letrada que representa al sindicato, "es fruto de presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude fiscal y falsificación documental, entre otros". Manos Limpias sostiene asimismo que habrían lavado los fondos que supuestamente habían defraudado antes a la Agencia Tributaria.

Después de que el juez instructor del caso Nóos diese diez días de plazo a las partes personadas para que alegaran lo que estimaran conveniente sobre la petición de la acusación popular, la defensa de Torres presentó un escrito en el que desvinculaba a sus patrocinados de un presunto delito de blanqueo y hacía hincapié, por el contrario, en los gastos personales en que habrían incurrido los Duques a través de Aizoon o la presunta mediación del rey don Juan Carlos en favor de iniciativas promovidas por Urdangarin.

FUENTE

ESPAÑA: URDANGARIN SERA IMPUTADO POR 5ª VEZ DENTRO DEL BLANQUEO DE CAPITALES

El juez prepara la imputación de Urdangarin por un quinto delito de blanqueo de capitales

El juez estudia sumar una quinta acusación por blanqueo de capitales contra Iñaki Urdangarin a las ya planteadas de malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental y fraude. El delito conlleva una pena de entre 6 meses y 6 años de cárcel y, por tanto, dinamita un acuerdo extrajudicial con una pena rebajada. 

Los cuatro delitos por los que el juez pretendía acusar a Iñaki Urdangarin pueden convertirse en cinco. Según han revelado aVozpópuli fuentes cercanas al magistrado, José Castro está investigando la posibilidad de acusar al duque de Palma de un quinto delito de blanqueo de capitales que conlleva penas de entre seis meses y seis años de cárcel, según el artículo 305 del Código Penal. La medida implica dinamitar cualquier posible negociación sobre un cumplimiento de penas voluntario ya que debería incrementar hasta en seis años de prisión el punto de partida de esa negociación a la que también deberían sumarse las acusaciones.

Castro analiza si Urdangarín actuó "para ocultar y encubrir el origen ilícito de sus fondos"

El magistrado investiga si Urdangarín actuó para “ocultar y encubrir el origen ilícito de sus fondos (…) y para ocultar o encubrir la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre los bienes o propiedad de los mismos”. El juez intenta determinar si –aunque la figura del blanqueo se introduce con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio—los fallos del Tribunal Supremo que ya habían fijado doctrina jurisprudencial antes de esa fecha permiten sostener la acusación de blanqueo de capitales".

Castro quiere analizar no sólo la jurisprudencia del Supremo sino también las pruebas que obtenga en la indagación que ha hecho en torno a ocho cuentas bancarias de Urdangarin. Castro tomará esa decisión tras el análisis de los movimientos bancarios que ha pedido que le remitan Caixabank, a la que ha solicitado información sobre cuatro cuentas y otras cuatro entidades: Banco Santander, Privat Bank Degroof, Caja Araba Eta Gazteiko Aurreski y Citibank.

Las penas crecen, las posibilidades de pacto disminuyen

La medida tiene una consecuencia jurídica inmediata: dinamita la posibilidad de que se alcance un acuerdo extrajudicial o pacto de conformidad en los términos negociados en 2013, que implicaban que Urdangaríi aceptaría una sanción inferior a los cuatro años de prisión. Ahora, en lugar de los 15 años de prisión que suman los otros cuatro delitos de los que se le acusa (prevaricación, fraude, falsedad documental y malversación de caudales públicos) Urdangarin se enfrentaría a sanciones de hasta 21 años de cárcel. Una rebaja de 16 años de pena sería inaceptable no sólo para la propia Fiscalía Anticorrupción sino también y, sobre todo, para las acusaciones populares cuyo visto bueno es imprescindible para ese acuerdo.

De hecho, la acusación popular ejercida por Manos Limpias ha sido, precisamente, la que pidió la imputación por el delito de blanqueo de capitales con el argumento de que la jurisprudencia del Tribunal Supremo es de perfecta adaptación, “no produciéndose una aplicación retroactiva de una ley penal desfavorable, toda vez que la reforma legal que introdujo dicha ley, lo que vino a hacer no fue otra cosa que confirmar la doctrina que jurisprudencialmente ya venía admitiéndose del autoblanqueo”, argumenta la abogada Virginia López Negrete en un escrito remitido al magistrado. 

EL "QUINTO ELEMENTO" DE LA ACUSACIÓN

El "quinto elemento" en el que trabaja Castro por "blanqueo de capitales" se suma a los otros cuatro delitos a los que la Fiscalía Anticorrupción ha dado su apoyo. Esas cuatro figuras delictivas daban lugar a una pena de hasta 15 años de cárcel.

Tanto el juez como el Fiscal respaldaban las siguientes acusaciones:

• Prevaricación: El juez y la fiscalía acusan a Urdangarin de negociar con los gobernantes del PP en Baleares y la Comunidad Valenciana convenios de colaboración que violaron los procesos de adjudicación previstos por la ley y por los que el yerno del Rey ingresó a dedo 5,8 millones de euros. Esa adjudicación irregular convertiría a Urdangarín en corresponsable de esa prevaricación.
• Fraude a la Administración: Iñaki Urdangarín y Diego Torres facturaron presuntamente a través del instituto Noos trabajos ficticios para justificar esas adjudicaciones. Esa facturación de servicios inexistentes fundamenta la acusación.
• Falsedad documental. Los dos socios falsearon presuntamente contratos, fechas y servicios facturados al Instituto Nóos por empresas de su propiedad con las que traspasaron fondos de la compañía a sus cuentas particulares. La documentación del sumario avala la acusación de falsedad.
• Malversación de caudales públicos: Buena parte de los 5,8 millones de euros conseguidos fueron desviados a las cuentas particulares de Diego Torres e Iñaki Urdangarín. El enriquecimiento derivado de ese traspaso constituye, según la Fiscalía, el delito de “malversación de caudales públicos”. 

FUENTE

ESPAÑA: DOCUMENTO: UNA FACTURA DE UNA CHOCOLATARIA DE SUIZA DEJA SIN COARTADA A URDANGARIN

La factura de una chocolatería en Suiza 

deja a Urdangarin y la Infanta sin coartada

Iñaki Urdangarin cogió un vuelo de ida y vuelta a Suiza el 29 de enero de 2008. Llegó a primera hora al aeropuerto internacional de Ginebra, hizo unas gestiones en la vecina Lausana, distante poco más de 60 kilómetros, y a última hora de la tarde regresó a Barcelona. Sólo un puñado de personas de su círculo más cercano estaba al tanto de ese viaje relámpago, entre ellas su mujer, la infanta Cristina de Borbón, y su secretaria personal, Julia Cuquerella. Pero antes de subirse al avión que le traería de vuelta a España, el yerno del Rey compró unas chocolatinas en la zona duty free del aeropuerto ginebrino. Un gesto inocente que, sin embargo, ahora puede volverse en su contra.

Según consta en el sumario del caso Nóos, Urdangarin tenía una cuenta en el banco Crédit Suisse de Lausana a la que presuntamente desvió una parte de los fondos captados por el Instituto Nóos. A través de esa cuenta, en la que figura un hombre de paja -Robert Cockx, también imputado-, el duque de Palma habría cobrado de forma opaca los beneficios obtenidos por sus negocios con administraciones públicas y empresas privadas. En una nota manuscrita, también incorporada al sumario, Cuquerella afirma: "Me dice Iñaki que te envíe el siguiente número de cuenta, que tú ya sabes para qué es", seguida del número de la cuenta del Crédit Suisse.

Dicen que el diablo se esconde en los pequeños detalles. Y la prueba es que aquel insignificante desembolso que Urdangarin hizo en la Chocolaterie Martel del aeropuerto de Ginebra -27,10 euros por tres tabletas de chocolate- ha desmontado la coartada de los duques de Palma. Cuquerella, durante su declaración como testigo ante el juez José Castro, instructor delcaso Nóos, aseguró que su jefe viajó en aquellas fechas a Suiza en compañía de su mujer y sus hijos para esquiar. Pero la secretaria del yerno del Rey no dijo la verdad. El ex jugador internacional de balonmano, en realidad, viajó solo, porque su mujer tenía ese mismo día un acto oficial en Almería.

El 29 de enero de 2008, mientras Urdangarin volaba a Suiza, la infanta Cristina visitaba en Almería un centro de la Asociación Almeriense para el Síndrome de Down (Asalsido). La hija menor de Don Juan Carlos fue recibida por la entonces secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, y la en ese momento consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Micaela Navarro, mientras los alumnos del centro, todos con síndrome de Down, la saludaban al grito de ¡Viva la infanta Cristina!Pero la duquesa de Palma no fue capaz de recordar ninguno de esos detalles durante su declaración como imputada ante Castro, el pasado 8 de febrero.

La infanta Cristina entrando en los juzgados (Efe)

El juez le preguntó ese día: "¿Visitó usted un centro de personas afectadas por el síndrome de Down en Almería?". A lo que la Infanta respondió: "He visitado varias. No recuerdo si en Almería". Castro volvió a la carga, pero esta vez metió el dedo en la llaga: "¿Es posible que uno fuera el 29 de enero de 2008?", es decir, la misma fecha en la que Urdangarin viajó a Suiza. "No lo recuerdo", repitió la duquesa de Palma. El juez no se dio por vencido: "¿La acompañó su marido?". La hija del Rey volvió a escudarse tras un "no lo sé". Y el instructor del caso Nóos, conocedor de la factura de las chocolatinas, hurgó más en la herida: "Parece ser que entonces su marido estaba en Suiza, porque tenemos la Chocolatería Martel, que se compró...". Y pasó a otro asunto.

La investigación judicial del caso Nóos considera probado que Urdangarin cobró a través de una empresa vinculada a Aguas de Valencia (Agval) una comisión de 370.000 euros por su supuesto asesoramiento. Esa cantidad se ingresó presuntamente en la mencionada cuenta de Crédit Suisse en Lausana. Durante su declaración como testigo, en abril de 2012, la secretaria del duque de Palma, a preguntas del fiscal, afirmó: "¿Qué hay de malo en tener una cuenta en Suiza? ¿No es lo mismo Suiza que Zaragoza?".  

FUENTE

EL FISCAL PIDE PARA URDANGARIN 23 AÑOS

El fiscal acusará a Urdangarin de delitos penados con 23 años

• No le imputará blanqueo, lo que favorece a la Infanta Cristina

• Pedirá contra Torres y él una multa de 3,5 millones, aunque la fianza fue de 8,2

El fiscal Anticorrupción acusará a Iñaki Urdangarin de seis delitos castigados con hasta 23 años de cárcel, en el escrito que presentará en las próximas semanas solicitando la apertura del juicio oral. La petición para el socio del duque de Palma, Diego Torres, será de cinco delitos, penados con un máximo de 19 años de reclusión.

Sí habrá igualdad en la multa que el fiscal pedirá que abonen y que asciende a 3,5 millones de euros. Tal y como ha advertido el fiscal general del Estado, no habrá petición de pena para la Infanta Cristina, y hay dudas de si también se exonerará a la esposa de Torres, Ana Tejeiro

Éste es el planteamiento que tiene encima de la mesa el Ministerio Público y que, salvo sorpresas como un acuerdo de conformidad, saldrá adelante en el escrito de acusación que entregará al juez Castro después de Navidad, previsiblemente una vez que se sepa si se imputa o no a la Infanta Cristina.

Horrach pedirá para los dos protagonistas una multa conjunta de 2,5 millones de euros

La gran novedad es que Anticorrupción, cuyo fiscal adscrito a la causa es Pedro Horrach, plantea inculpar de un delito más a Urdangarin que a Torres. Finalmente, atribuirá seis infracciones penales al duque de Palma: prevaricación, malversación, falsedad, fraude y dos fiscales. A su antiguo socio e íntimo amigo le caerán prevaricación, malversación, falsedad, fraude y uno fiscal. Es decir, cinco.

Eso sí, se librarán del blanqueo de capitales porque la legislación en el momento de autos, entre 2004 y 2008, no castigaba con precisión el autoblanqueo. Esta postura facilitaría a la larga que la hija del Rey pueda librarse de este tipo penal al no atribuírselo a sus máximos protagonistas.

En el peor de los escenarios para él, es decir, tomando como referencia la parte más alta de las penas, Urdangarin podría ser condenado con hasta 23 años de prisión. A Torres sus actividades delictivas le supondrían alrededor de 19 de reclusión. A Urdangarin se le castigaría por dos delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2007 y 2008, ambos por superar la cuota de 120.000 euros en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Por su parte, Diego Torres habría infringido el artículo 305 del Código Penal -el que castiga los delitos fiscales- en 2007. La pareja se sirvió de sus empresas pantalla para pagar fraudulentamente menos al Fisco acogiéndose al Impuesto de Sociedades en lugar de tributar vía IRPF.

El fiscal sostiene que en las adjudicaciones a dedo a Iñaki Urdangarin y Diego Torres, bajo la pantalla del Instituto Nóos, primó la discrecionalidad más absoluta. Tanto en los contratos suscritos con la Generalitat Valenciana de Francisco Camps y el Ayuntamiento de Valencia comandado por Rita Barberá, como con los que firmaron con el Govern de las Islas Baleares presidido por Jaume Matas.

La retahíla de irregularidades, interminable

La retahíla de irregularidades es interminable: los precios los fijaban el yerno del Rey y su socio, no hubo transparencia, tampoco concurrencia, menos aún fiscalización del gasto y, en algunos casos, todo era fruto de pactos verbales.

También cuestiona el uso del convenio como figura legal de la que se sirvieron Urdangarin y Torres -con la complicidad de Matas, Camps y Barberá- para evitar someterse a un concurso público. El hecho de que se optase por este atajo legal no basta para hacer desaparecer la ilicitud del gasto y la obligación consiguiente de reintegrarlo en su totalidad. Item más: el Tribunal de Cuentas ha defendido en varias sentencias que "no es suficiente el contrato para entender justificado el gasto, los contratos deben tener una causa, lícita por supuesto, y ésta ha de acreditarse".

A pesar de todo, se mantienen los intentos de llegar a un acuerdo

Anticorrupción entiende, por tanto, que no sólo el Govern de las Islas Baleares y la Generalitat Valenciana, sino también el Ayuntamiento de Madrid -con los 144.000 euros que les dio la Oficina Olímpica de Madrid 2016-, deberían haber elegido un mecanismo diferente al del convenio. Según la ley, esta figura queda limitada a la colaboración entre instituciones, cuando las dos partes carezcan de interés patrimonial o cuando no exista una contraposición de intereses. Es obvio, a la luz de las pruebas que obran en la causa, que había interés patrimonial, puesto que Urdangarin y Torres se metieron en sus bolsillos 2,6 millones de euros en Baleares y otros 3,5 en la Comunidad Valenciana.

El dúo Urdangarin-Torres y los demás imputados deberán devolver, pues, íntegramente las cantidades recibidas de los erarios autonómicos. La Fiscalía considera que habría que imponerles una multa de 3.495.000 euros: algo más de un millón de euros por el dinero distraído de Baleares y 2,3 millones por los fondos públicos que se embolsaron en la Comunidad Valenciana. Llama la atención la desproporción entre la multa que reclamará el fiscal y la fianza de responsabilidad civil, aún vigente, que se impuso solidariamente a ambos: 8,2 millones.

El resto, hasta completar los 6,1 millones de los que se apropiaron en total en las dos administraciones, lo pagarán los políticos y funcionarios que colaboraron en el saqueo. Jaume Matas, el dirigente popular que presidió Baleares de 1996 a 1999 y de 2003 a 2007 y que será acusado de prevaricación, malversación y fraude, también tendrá que poner parte de los fondos detraídos ilegalmente. En concreto, se baraja una multa de unos 500.000 euros.

El presidente balear posee ya antecedentes: fue condenado por el Supremo a nueve meses de cárcel por un delito de tráfico de influencias y por la Audiencia de Palma a abonar 51.000 euros al Estado por cohecho.

Por último, la intención de la Fiscalía es dejar al margen a antiguos colaboradores del duque de Palma, como el empresario Miguel Zorío.

Esta hoja de ruta de Anticorrupción quedará en papel mojado si llegan a buen puerto las negociaciones que, pese a lo que mantiene el fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, siguen abiertas. Torres-Dulce fue tajante hace un mes cuando este diario destapó esta posibilidad: "No hay abierta ni va a haber ninguna negociación para cerrar un pacto en el denominado caso Nóos".

FUENTE

DOCUMENTO: URDANGARIN PRESENTA DOCUMENTOS DEL IRPF Y DE PATRIMONIO TRUCADOS

La milagrosa garantía del crédito del palacete de Urdangarin

• La Caixa justifica ante el juez el préstamo de 5 millones de 2004

• Presenta documentos del IRPF y del Patrimonio trucados

La Caixa, actualmente Caixabank, ha justificado oficialmente los cinco millones de euros de crédito que otorgó en octubre de 2004 al matrimonio Urdangarin-Borbón para el palacete, con la declaración sobre la Renta y el Patrimonio que el duque presentó en junio de 2005. Juez y fiscal escudriñan en estos momentos este curioso viaje al futuro por si hubiera falsedad documental.

Pero hay más: La Caixa trucó la documentación presentada ante el Juzgado de Instrucción 3 de Palma. En los papeles justificativos del crédito remitidos al magistrado instructor, José Castro, aportan las declaraciones sobre la Renta y el Patrimonio presentadas por el duque de Palma el 14 de junio de 2005 pero le añaden un sello de registro y entrada en La Caixa de 27 de junio de 2004. Urdangarin y la Infanta percibieron el dinero pese a que él ganaba 8.400 euros al año.

El juez José Castro y el fiscal Anticorrupción Pedro Horrach solicitaron a La Caixa el expediente de garantías del préstamo concedido a Iñaki Urdangarin y a la Infanta Cristina para comprar elpalacete de Pedralbes. Tras advertir que el matrimonio no estaba en condiciones de responder en el momento de la concesión a un crédito de cinco millones de euros, los investigadores requirieron a la entidad financiera el expediente completo.

Lo primero que llamó la atención al juez y al fiscal fueron las condiciones del préstamo: un periodo de carencia de cuatro años comprendido entre el 15 de octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 2008 y un diferencial del 0,5%. Pero la gran sorpresa aguardaba todavía oculta.

Las garantías

En la carta remitida por La Caixa al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma explica que el referido crédito fue otorgado utilizando como garantías, además de la propia ficha de cliente del duque de Palma en el banco, sus declaraciones de renta y de patrimonio. El problema surge cuando, a continuación, La Caixa precisa que ha tenido en cuenta como garantías las declaraciones de Urdangarin correspondientes al ejercicio 2004. Es decir, las que fueron presentadas un año después (junio de 2005) de que fuese otorgado el crédito.

De esta forma, nos encontramos con que el préstamo fue concedido en octubre de 2004 y las declaraciones de renta y patrimonio del yerno del Rey no fueron presentadas hasta el mes de junio de 2005. Un somero repaso a su contenido engorda el escándalo, al comprobar que Urdangarin declaraba en esas fechas unos rendimientos de apenas 36.000 euros.

Los anexos

Pero la gran sorpresa estaba en el contenido de la carpeta aportada al juez como anexos. En ella, efectivamente figuran las citadas declaraciones, que en el momento de la concesión del préstamo no sólo no existían, sino que no podían existir, porque ni tan siquiera los pliegos de la campaña de IRPF de 2005 (ejercicio fiscal 2004) estaban confeccionados por la Agencia Tributaria.

El verdadero problema surge cuando, junto a la firma del duque de Palma y la fecha de presentación del documento ante el Fisco, el 14 de junio de 2005, La Caixa ha estampado un sello con el que deja constancia, como suele ser habitual, de recibir el documento.

Lo normal suele ser que dicho sello tenga una fecha próxima en el tiempo a la presentación de la declaración, normalmente unos días más tarde. En este caso, sin embargo, el tampón lleva por fecha la de 27 de junio de 2004. Por lo que nos encontramos, de nuevo, ante un imposible metafísico.

Es decir, que no sólo La Caixa habría otorgado el dinero en bases a unos ingresos futuros y desconocidos, sino que habría llegado a recibir de manos de Urdangarin sus declaraciones un año antesde ser confeccionadas y presentadas.

Lo lógico hubiera sido que el crédito se otorgase basándose en las declaraciones correspondientes a 2003, que estas sí que se presentan entre mayo y junio de 2004.

No obstante, si hubieran recurrido a ellas surgiría un nuevo inconveniente. Y es que si Urdangarin declaraba pocos ingresos al año siguiente, en 2003 la cifra era de 8.400, levemente por encima del Salario Mínimo Interprofesional, que difícilmente podría justificar el préstamo millonario.

'Un lamentable error humano'

EL MUNDO se ha puesto en contacto con La Caixa para esclarecer el enigma. Tras analizar la documentación, fuentes del banco han explicado que se ha tratado de «un lamentable error humano», pero no han querido entrar en más detalles.

Mientras tanto, el juez Castro y el fiscal Horrach investigan ya las causas de esta posible falsedad documental. Si se trata de un simple error, como asegura el banco, o, por el contrario, si el expediente ha sido manipulado para aparentar unas garantías que nunca existieron.

En este sentido, una de las posibilidades que baraja la investigación radica en que el expediente de garantías haya sido confeccionado por el banco a posteriori para intentar justificar así ante el juez unas garantías que en el momento de la concesión del crédito jamás fueron tenidas en cuenta.

FUENTE

HACIENDA DICE QUE URDANGARIN COBRABA POR SER YERNO DEL REY, PERO NO VE DELITO

Hacienda concluye que Urdangarín cobraba de empresas por ser yerno del Rey, pero no ve delito

La Agencia Tributaria asegura que las empresas “remarcan explícitamente” que firmaron contratos “en atención a la persona” y a su relación familiar. Según el fisco, las empresas presentan “vaporosas” razones para justificar los pagos a Iñaki Urdangarín. Sin embargo, el fisco no atribuye ninguna responsabilidad a la Familia ni a la esposa del Duque. 

La Agencia Tributaria ha entregado al juez Castro el primero de los informes que se le requerían. El fisco no aprecia delito pese a que sí detalla una larga lista de irregularidades en la vida de Aizoon, entre las que destaca, el origen de los cobros. Según Hacienda, los contratos e ingresos de la sociedad de los Duques de Palma “se celebraron en especial y exclusiva consideración de la persona del Sr. Urdangarín Liebaert y sus circunstancias personales y familiares”. El fisco sostiene que son varias las multinacionales que se “cuidan de remarcar explícitamente la cualidad de intuitu personae inherente tanto a la celebración como a la posterior ejecución contractual”, una alocución latina que significa que el contrato se realiza “en atención a la persona”.

Las empresas contrataron con Urdangarín "en especial y exclusiva consideración a su persona y sus circunstancias personales y familiares", concluye Hacienda

Igualmente, la inspección considera que ha habido irregularidades en el capítulo de los gastos, a la hora de computar "los de personal, la facturación cruzada, el alquiler de sedicentes oficinas y la amortización de su equipamiento y los gastos de índole netamente personal, familiar o, en general, carentes de relación con la actividad". Por fin, considera un tercer grupo de fraudes en los beneficios fiscales a los que los Duques de Palma se acogieron tributando a través de Aizoon: "no es procedente aplicar la libertad de amortización a los pisos de su propiedad que tiene cedidos en arrendamiento, puesto que no pueden considerarse afectos a ninguna actividad económica", concluye el informe.

Paradójicamente, pese que Hacienda entiende que se ha explotado el vínculo con la infanta Cristina y con la Casa Real, no aprecia ninguna irregularidad en la propia infanta, corresponsable del 50% de Aizoon, según la documentación que aportan los inspectores. El fisco entiende que la responsabilidad de la gestión de Aizoon es sólo de Urdangarín tanto en los ingresos como en los gastos y deducciones.

Un criterio milimetrado para evitar el delito fiscal

La relación de irregularidades aplicada estrictamente podría llevar a superar el fraude de 120.000 euros anuales que constituye el delito fiscal. Sin embargo, la Agencia Tributaria incluye en su relación una salvedad: admite que pese a considerar fraudulento el auto-alquiler de las viviendas de los Duques de Palma a Aizoon, sí puedan deducirse esos arrendamientos con el argumento de que la empresa "ha tenido contratada la gestión de tales arrendamientos a terceros profesionales de la administración de fincas".

Ese mero criterio evita que se consideren como fraudulentos más de 30.000 euros reportados en el año 2007 que elevarían el fraude de 99.787,19 euros a más de 120.000, incurriendo, por tanto, en delito fiscal. Ese mismo criterio se repite en posteriores ejercicios de forma que en ninguno de los casos las cuantías defraudadas superan los 120.000 euros. Así, el fisco considera que:

• En 2007, la cuantía defraudada sumaría 99.787,19 euros;
• En 2008, el fraude sería de 91.101,95 euros;
• En 2009, de 71.073,46 euros;
• Y en 2010, de 19.148,78 euros

La suma arroja un fraude que supera los 281.000 euros pero repartido en cuatro años y no ejercicio a ejercicio, de modo que el fisco no se pronuncia explícitamente pero deja claro que no aprecia delito fiscal.

FUENTE

HACIENDA CONFIRMA EL FRAUDE DE 280.000 EUROS DE URDANGARIN Y LA INFANTA

Hacienda confirma que la sociedad de Urdangarin y la infanta defraudó más de 280.000 euros en 3 años

La conclusión de los técnicos es que en ninguno de los ejercicios habría cometido delito ya que el mínimo para que el fraude tenga esa consideración es de 120.000 euros al año 

La Agencia Tributaria ha confirmado que Aizoon, la empresa copropiedad de la infanta Cristina y su marido, Iñaki Urdangarin,defraudó 281.109 euros del impuesto de sociedades de 2007 a 2010. La administración fiscal, en su Delegación Especial de Catalunya, ha calculado la cantidad a instancias del juez del caso Nóos, José Castro, a quien ha remitido un informe sobre la actividad de la sociedad en ese tiempo. 

La conclusión del balance contable de los técnicos es que en 2007 Aizoon dejó de abonar 99.787 euros del impuesto de sociedades, 91.101 euros en 2008, 71.073 euros en 2009 y 19.148 euros en 2010, con lo que en ninguno de esos ejercicios habría cometido delito, ya que el mínimo para que el fraude tenga esa consideración es de 120.000 euros.

Además, los inspectores ponen de manifiesto que la sociedad era esencialmente un instrumento para canalizar las ganancias de Urdangarin por sus labores de asesoramiento, aunque también obtenía ingresos con el arrendamiento de inmuebles propiedad del matrimonio. 

La Agencia Tributaria resalta además que los contratos de Urdangarin con las empresas a las que aconsejaba se justificaban únicamente por su condición de esposo de la infanta y exdeportista de elite. "En ningún caso constan -ni se han aportado por la entidad a la Inspección- resultados documentales de la actividad desplegada", subraya en su informe Hacienda, que agrega que tampoco los testigos que han declarado en el proceso han sabido ofrecer "más que explicaciones vaporosas" de los servicios proporcionados por Aizoon.

Urdangarin cobró 700.000 euros a través de Aizoon

En el estudio se aporta como ejemplo del peso de los ingresos de Urdangarin en la empresa que compartía con su esposa la relación de ingresos de 2007, en los que lo facturado por asesoramientos y participación en consejos de compañías mercantiles supone un 95 % del total. En ese año, el duque de Palma cobró a través de Aizoon casi 700.000 euros de ocho empresasa las que prestaba servicios de consultoría, que le reportaron cantidades de entre 222.000 y 29.000 euros en el conjunto del ejercicio.

Sus contratos se justifican únicamente por su condición de esposo de la infanta, según Hacienda

"Al menos hasta el ejercicio 2008, la propia naturaleza de las funciones desarrolladas bajo el nombre de Aizoon SL no requería incurrir en gasto alguno, ni afectar bienes, ni organizar recursos materiales o humanos para asegurar la generación de los ingresos", y menos en los casos en los que los contratos incluían cláusulas por las cuales se abonaban los supuestos gastos, indica Hacienda.

En cuanto a la actividad de arrendamiento y subarrendamiento de propiedades de la sociedad, la Agencia Tributaria considera que no puede ser considerada como tal desde el punto de vista fiscal porque no existía un local en el que se desarrollara esa gestión ni una persona contratada expresamente para hacerlo, condiciones requeridas por la ley.

Junto al informe que analiza estos datos, que ha remitido este martes a las partes el juez Castro, Hacienda le entregó el lunes una relación de las declaraciones del impuesto de sociedades de 2003 a 2012 y un resumen de los acrecentamientos patrimoniales de Torres, Urdangarin y las entidades que controlaban.

El instructor del caso Nóos, que ha urgido a la Agencia Tributaria y la Policía para que le aporten cuanto antes toda la información que les ha requerido, tiene previsto consultar a las partes sobre laimputación de la infanta cuando concluya la investigación sobre su papel en Aizoon.

FUENTE

URDANGARIN NEGOCIA UN PACTO CON EL FISCAL PARA NO IR A JUICIO

Urdangarin negocia un pacto con el fiscal para eludir el juicio

• El duque aceptaría menos de dos años y Torres cuatro si exoneran a su mujer

• Horrach exige el encarcelamiento de ambos y el reintegro del dinero público sustraído

El duque de Palma y su socio, Diego Torres, negocian un acuerdo de conformidad con Anticorrupción que tendría como primera consecuencia la no celebración del juicio previsto por el caso Urdangarin.

El marido de la Infanta Cristina quiere, además, que se le imponga una pena de cárcel inferior a dos años, lo que podría evitar que ingresara en prisión. Diego Torres es más realista y se muestra dispuesto a aceptar una condena de cuatro años que haría inevitable su encarcelamiento.

La rebaja sería notable, ya que los seis delitos que les imputan el juez y el Ministerio Público (prevaricación, fraude, falsedad, malversación, tráfico de influencias y delito fiscal en 2007 y 2008) totalizarían condenas de entre 15 y 20 años de cárcel.

Iñaki Urdangarin y Diego Torres han hecho llegar durante las últimas semanas a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares su intención decerrar un acuerdo de conformidad -aceptación de una pena concreta para evitar el juicio- antes de que finalice la instrucción del procedimiento judicial del denominado caso Nóos.

Según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a las defensas, tanto el que fuera presidente del Instituto Nóos como su mano derecha han decidido volver a dar un paso hacia adelante antes de que el Ministerio Público elabore su escrito de acusación definitivo.

Después de un primer intento frustrado en abril de 2012, cuando Urdangarin y Torres llegaron a fijar fechas concretas para abordar un acuerdo, los contactos se reanudaron hace varios meses y se han intensificado de manera reciente.

Urdangarín aceptaría menos de dos años y Torres cuatro si exoneran a su mujer

En primera instancia, el mensaje trasladado por ambos a través de sus letrados fue el de que estaban dispuestos a admitir su responsabilidad en la trama, pero sólo como responsables a título lucrativo. Intentaban así saldar el proceso con el pago de una cuantiosa cantidad que resarciera el daño ocasionado por Nóos a las arcas públicas de Valencia y Baleares, planteando convertirse en una especie de meros responsables civiles subsidiarios del escándalo.

Tras ser rechazada de plano la propuesta, que llegó a ser calificada, según apuntan las mismas fuentes, de "irrisoria" por parte de la Fiscalía, Urdangarin y Torres han vuelto a la carga.

El dúo se ofrece a aceptar su culpabilidad

En esta ocasión, el dúo se ofrece a aceptar por primera vez su culpabilidad y una pena de prisión por su participación en la trama vinculada a Nóos. Según el entorno de Torres, la condena debería estar próxima a los cuatro años de cárcel, y en palabras del de Urdangarin, cercana a dos.

Eso sí, Torres exige que su mujer, Ana María Tejeiro, que está imputada, salga indemne, al igual que de momento ha ocurrido con la esposa de su socio. La satisfacción de las exigencias de Diego Torres es aún más factible gracias al escrito que entregó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción.

Además de oponerse a la imputación de la Infanta "por falta de indicios", recalcó que no sólo la hija del Rey, sino también la esposa de Torres, no tuvieron participación alguna en la trama de desvío de fondos públicos. Algo que choca con lo que ha mantenido el Ministerio Público respecto a la cónyuge de Torres en los últimos dos años y que se interpreta como un primer gesto para acercar posturas.

Saldado este extremo, el debate se concentra ahora en la cantidad de delitos que Urdangarín y Torres se encuentran dispuestos a asumir. Tras advertir Anticorrupción la comisión por parte de ambos de los de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, delito fiscal, blanqueo de capitales o tráfico de influencias, el escenario supera con creces una condena para ambos que llevaría aparejado su ingreso en prisión. En el peor de los escenarios, podrían llegar a ser condenados a cerca de 20 años de cárcel.

Reintegro del dinero público sustraído

No obstante, las pretensiones de la Fiscalía distan en estos momentos considerablemente de las de los principales implicados. No en vano, tras los primeros contactos, el Ministerio Público ha contestado que no está dispuesto a profundizar en las conversaciones si no se dan previamente tres circunstancias: que Urdangarin y Torres revelen dónde se encuentra la parte del botín que todavía no ha sido hallada por los investigadores, que admitan por primera vez su culpabilidad y que devuelvan una parte importante de los fondos públicos distraídos.

No en vano, ya ha sido trasladado a las defensas de Urdangarín y de Torres que nunca se cerrará un acuerdo que no implique el encarcelamiento de ambos. La intención del Ministerio Público pasa por que la pena sea idéntica para los dos principales imputados.

En cuanto a la cifra a devolver, está todavía por cuantificar, pero debería ir precedida de una entrega de un millón de euros que tendría que ser depositada de manera inmediata en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.

Torres amenana con cinco tandas más de correos electrónicos

El principal inconveniente que tiene la negociación en marcha pasa por la oposición del Ministerio de Justicia, en general, y de la Fiscalía General, en particular, que no quieren un acuerdo que transmita la sensación de que se dispensa un trato de favor al yerno del Rey y a su socio. Es más, Eduardo Torres-Dulce ya se ha pronunciado públicamente en este sentido. Justicia considera que un acuerdo sería perjudicial para la imagen de la institución monárquica.

Torres tiene intención de abandonar el silencio

Mientras tanto, Torres pretende dar una vuelta más de tuerca a su estrategia de defensa y amenaza ya con "cinco tandas más de correos electrónicos". La mayoría de ellos, presume su defensa, son nuevamente de contenido personal. Pero en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, se trataría de conversaciones de alto contenido íntimo mantenidas entre Urdangarin y su mujer.

Por su parte, el socio del duque de Palma ya ha transmitido a su letrado su intención de abandonar el silencio que se ha impuesto desde el estallido del escándalo. Para ello quiere mantener una conversación con un grupo reducido de periodistas con el objetivo de explicar de primera mano su versión. La intención de Torres es que el encuentro se celebre esta misma semana.

'Es sorprendente la no imputación'

• >El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, que también es portavoz del Foro Judicial Independiente, considera "sorprendente" que la Infanta Cristina no haya sido todavía imputada en el denominado 'caso Nóos'.
• >En una entrevista concedida ayer a Radio Zaragoza, Dolado declaró al respecto: "Cualquier mujer española en estas circunstancias habría sido imputada desde el primer día. Si posteriormente se demuestra que no ha tenido una participación directa en los hechos, se anulan las faltas, pero el que no haya imputación, e incluso acusación, parece sorprendente".
• FUENTE