ESPAÑA: LAS SUBASTAS ELECTRICAS SE HARAN MENSUALMENTE

Soria valora convertir en mensuales las subastas eléctricas

• Las empresas pidieron aprovechar la reforma energética para introducir esta periodicidad
• El sistema protegería a los consumidores de grandes subidas de los precios

Ei Soria optase por una solución basada en estas subastas mensuales, contaría con los parabienes de las compañías eléctricas. El sector lleva reclamando al ministerio desde hace tiempo esta periodicidad para las pujas de la energía. De hecho, cree que se desaprovechó una buena oportunidad para establecer este sistema cuando se aprobó la reforma energética el pasado mes de junio. Como explican diferentes fuentes de las compañías, las pujas mensuales protegerían más a los consumidores ante eventuales circunstancias excepcionales que puedan disparar el precio de la energía en las pujas del «pool», como la vivida durante este mes, limitando sus efectos. La caída de la producción de la energía eólica, la más barata, en un 49%, junto con la indisponibilidad de cuatro grupos nucleares y algunas instalaciones de carbón, ciclo combinado de gas e hidráulicas, que restaron entre 6.000 y 8.000 megavatios al sistema, junto con la fuerte demanda de energía que ha provocado la ola de frío, motivaron la entrada en producción de las centrales de gas, más caras y que encarecieron el precio de la energía en un 50%. En esta situación de elevados precios se realizó una subasta que determina el precio de la luz durante un trimestre. «Si las pujas fueran mensuales, los abultados incrementos de precios que podrían producirse por otros potenciales encarecimientos de la energía por circunstancias excepcionales como las de diciembre se limitarían a sólo un mes y no a tres», explicaron fuentes de una de las cinco grandes empresas eléctricas españolas.

Subastas mensuales de la energía en el mercado mayorista. Ésa es una de las alternativas que valora el Ministerio de Industria para que no se repitan situaciones como la del pasado jueves, cuando la puja para fijar el precio de la luz del primer trimestre de 2014 arrojó un «tarifazo» del 11% que luego anuló el Gobierno. Fuentes del departamento que dirige José Manuel Soria admitieron ayer a este periódico de que se trata de una de las opciones que estarían manejando. En cualquier caso, Industria está esperando que los técnicos de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) le remitan la propuesta que le han solicitado para rediseñar la fórmula para fijar el precio de la energía, que determina el 40% de lo que se paga en la factura de la luz.

Tanto éstas como otras fuentes consultadas reiteraron que el actual sistema, en el que intervienen habitualmente «traders» financieros que especulan con el precio de la energía, es muy pernicioso precisamente por su componente especulativo. Por eso quieren uno que determine los precios de forma más fiable.

Déficit de tarifa

La suspensión de la subasta del pasado jueves y las acusaciones de Soria de que se había producido una «manipulación» de la misma en la que estarían implicadas las eléctricas ha disparado la tensión entre Industria y el sector, que el sábado pidió aclaraciones urgentes y no descarta emprender acciones legales contra el Gobierno. Antes de que estallase la tormenta, ambas partes estaban negociando cómo enjugar el déficit de tarifa de 3.600 millones de euros de este año. Este desfase se viene generando en los últimos años, en diferente cuantía, porque a las eléctricas les cuesta más producir la energía de lo que recuperan vía precios. Para solucionar el problema, en años anteriores el Gobierno autorizó a las eléctricas a vender esa deuda en el mercado, con el aval estatal. Después, son los consumidores, vía recibo, los que le devuelven a las compañías ese dinero para que éstas se lo devuelvan a los inversores que han comprado la deuda. Este año, después de que el Gobierno retirase de los Presupuestos los 3.600 millones que había preparado para tapar el agujero, se decidió repetir una fórmula en la que están trabajando Industria, Hacienda y las compañías. No obstante, pocos pasos se han dado en esta dirección, según aseguran las eléctricas. Otra cosa, añaden, es que el Ejecutivo tenga intención de retirar el aval estatal a la emisión de la deuda. Desde el ministerio de José Manuel Soria aseguran que lo ocurrido con la subasta de la energía no tiene relación con esta cuestión.

Ayer el único pronunciamiento público sobre la cuestión vino del PP. El portavoz adjunto de su grupo parlamentario, Rafael Hernando, aseguró que la decisión del Gobierno de pedir a Competencia que abriera una investigación sobre el «tarifazo» del pasado jueves ha sido «un acierto pleno y una medida plenamente ajustada a derecho» porque la subida no estaba justificada.

El impacto, en tres sectores

AGRICULTURA

Los regantes amenazan con movilizaciones si Industria no hace más asequibles las tarifas eléctricas, que merman sus rentabilidades.

BIENES DE EQUIPO

La patronal de bienes de equipo (Sercobe) prevé un 2014 «mejor» si no lo impide el «preocupante» aumento del coste eléctrico.

METAL

Confemetal alerta de los «riesgos» que plantea la falta de un «criterio claro» entre Industria y Hacienda sobre el déficit de tarifa.

FUENTE

La banca mantiene el monopolio de las subastas judiciales de pisos embargados

Todo sigue igual. Los cambios introducidos en la nueva Ley Hipotecaria para facilitar que cualquier ciudadano pudiera participar en la subastas de inmuebles adjudicados por las entidades financieras no han conseguido, ni mucho menos, el efecto deseado.

Comprar un piso embargado procedente de una ejecución hipotecaria -de un desahucio en lenguaje más coloquial- sigue estando reservado a unos pocos. Las inmobiliarias de los bancos, fundamentalmente y los particulares más adinerados. 

“No sólo no han funcionado, sino que la ley sigue permitiendo que los bancosmonopolicen todo el procedimiento”, comenta a El ConfidencialJosé Martínez, director ejecutivo de Subastafacil.com, web especializada en asesorar alejecutado en subastas judiciales y en hacer accesible gran público e inversores estos procedimientos

La nueva normativa introdujo una serie de cambios que, tres meses después, se han mostrado insuficientes para que la puja por estos inmuebles esté abierta a un mayor número de interesados y así ser más competitiva y, por tanto, beneficiosa para el desahuciado. La inmensa mayoría de las subastaso quedan desiertas o los inmuebles acaban en manos de la banca o adjudicados a las filiales inmobiliarias de las propias entidades financieras.

Muchos de los inmuebles subastados acaban en manos de las filiales inmobiliarias de las entidades financieras

Uno de los cambios introducidos establece que cuando una subasta queda desierta, la entidad financiera se adjudica la vivienda -si ésta es habitual- por el 70% sobre el tipo de subastafrente al 60% al que se la podía adjudicar antes de la nueva ley. El tipo de subasta es la cifra que aparece tipificada en el contrato hipotecario y ésta puede coincidir con el valor de tasación, pero también puede ser la cantidad que se pidió prestada al banco o la suma de costes, intereses más principal, depende de cada caso.

Es decir, para una vivienda con un tipo de subasta de 180.000 euros, si ésta queda desierta el banco se adjudica el inmueble por 126.000 euros. Un importe que en muchas ocasiones no es suficiente para cubrir la deuda de su cliente, lo que provoca que éste, a pesar de haber perdido su vivienda mantenga viva una deuda con el banco.

No se ha tocado la Ley de Enjuiciamiento Civil

Este cambio -subir del 60% al 70% el porcentaje de la adjudicación- no ha supuesto ningún aliciente para que los particulares acudan a la subasta ni ninguna traba para evitar que las entidades financieras se sigan adjudicando las viviendas. En opinión de los expertos consultados, para ello se debería haber modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que en su artículo 647 regula los requisitos para poder acceder a una puja inmobiliaria.

La ley permite a la entidad financiera –ejecutante- ceder los derechos de remate –la adjudicación del bien- a un tercero de tal manera que éste pasa a ser el mejor postor de la subasta y por lo tanto el comprador del inmuebleen cuestión. De esta manera, el ejecutante, es decir, el banco, evita una transmisión patrimonial con el ahorro económico que toda transmisión conlleva al tiempo que 'saca el ladrillo' de su bañance.

“Es un auténtico fraude de ley. Están engañando al sistema ya que con la ley sobre la mesa, el banco adjudica la vivienda a su filial inmobiliaria, se ahorra esos gastos de transmisión y paga el inmueble con su propio dinero”, apunta José Martínez. “Esto no se ha corregido lo que provoca que la banca mantenga el monopolio de las subastas judiciales de inmuebles”.  

José Martínez explica que "la cesión de remate de las operaciones que se adjudican las entidades se ceden por el mismo porcentaje que la entidad se ha adjudicado el inmueble. Esto sucede en algunos casos. En la mayoría, aparece un licitador, la inmobiliaria de la entidad, que puja justo por el 51% del tipo de subasta. Este 51% es el mínimo por el que se puede pujar sin que los secretarios judiciales pongan problemas. En estos casos se tiene que dar un plazo a las partes para que presenten una "mejora de postura"( tercero que suba la puja a más del 70%), que en ningún caso presentan quedando adjudicado el inmueble por ese 51%".. 

 

Y añade que "no debería estar permitido que las inmobiliarias de las propias entidades puedan acudir a licitar como uno más, teniendo en cuenta que tienen información privilegiada y que el dinero sale del mismo bolsillo que el acreedor. Esta es una artimaña para ahorrarse un 30% en las subastas".

Tampoco ha dinamizado las subastas el cambio que afecta a la fianza o depósito que debe realizar cualquier postor interesado en un inmueble. El porcentaje exigido ha pasado del 20% al 5% sobre el tipo de subasta. “Ni los edictos se están publicando correctamente en los tablones de anuncio de los juzgados. Todavía nos estamos encontrando con edictos en los que se especifica que el depósito a aportar debe ser del 20% y no el 5%”. 

Ampliar de 20 a 40 días el plazo del que dispone quien acude a una subasta y se adjudica un inmueble para pagar la totalidad del precio, tampoco ha animado a los particulares -solamente acuden los más ricos- como tampoco está funcionando el nuevo portal de subastas judiciales de pisos embargados por los bancos anunciado hace casi un año a bombo y platillo por el Ministerio de Justicia.

“Si las subastas están monopolizadas por la banca, de poco o de nada sirven unos cambios que han sido muy descafeinados. Habría que limitar la libertad que tienen las entidades financieras en estas subastas. Vamos a pecho descubierto contra los bancos”, concluye José Martínez.

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