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lunes, 10 de marzo de 2014

ESPAÑA: SE CREA LA PRIMERA ASOCIACION DE AFECTADOS POR EL CENTIMO SANITARIO


Gaona Abogados crea la primera 

asociación de afectados por el céntimo 

sanitario


Céntimo sanitario
Gaona Abogados ha creado la primera asociación española de afectados por el céntimo sanitario, tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de declarar ilegal este impuesto – un tributo aplicado en varias comunidades autónomas sobre los carburantes, cuyos ingresos se destinaban a financiar la Sanidad -. 

El despacho ha comunicado que defenderá los intereses de profesionales del transporte y de otros consumidores de carburantes, administraciones, puertos, comunidades de propietarios, etc. También defenderán a particulares que aporten facturas, sea cual sea su importe.
“La Ley General Tributaria establece el derecho a reclamar el reembolso de ingresos indebidos, como es el caso del denominado comúnmente céntimo sanitario, por lo que desde Gaona Abogados estamos dando respuesta a una demanda de empresas, autónomos, profesionales, pero también de muchos consumidores que por unos motivos u otros conservan sus facturas. El objetivo de la Asociación de afectados es movilizar al sector del transporte, que es el principal perjudicado, pero también a los miles de afectados que quieren solicitar la devolución de este gravamen”, afirma Manuel Camas, socio director de Gaona Abogados.
Desde que se conoció la resolución, el despacho ha recibido multitud de peticiones para reclamar el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), más conocido por el céntimo sanitario. Según el Alto Tribunal europeo, este tributo vulnera la legislación comunitaria porque no persigue una finalidad específica ni se aplica adecuadamente. Un total de 13 comunidades autónomas aplican este tributo, por el que el Estado central y autonómico ha recaudado 13.000 millones de euros entre 2002 y 2011.
Esta asociación de perjudicados por el céntimo sanitario, la primera constituida en España, agrupará los intereses de estos reclamantes con el fin de que el Estado realice la devolución de este impuesto considerado ahora ilegal por el Tribunal de Luxemburgo.

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