Comunidades Autónomas y ayuntamientos no pueden cumplir la Ley de Transparencia
El Gobierno ha aplazado su aplicación porque las corporaciones no disponen de los datos que deben hacer públicos
La Ley de Transparencia, que impulsó el Gobierno cuando saltó el 'caso Bárcenas' se ha quedado en 'stand by' tras la aprobación definitiva del texto el pasado mes de noviembre. El motivo es que muchas administraciones incumplirían a día de hoy la norma si se aplicara ya. Por eso, el Ejecutivo ha dado hasta octubre a autonomías y ayuntamientos para que actualicen sus registros.
La respuesta de las administraciones ha puesto sobre aviso al Ejecutivo: muchas de ellas no disponían de los datos económicos (balances, cierres de año, etc.) que se tienen que introducir en el futuro Portal de la Transparencia. Ante esa falta de documentación, se ha optado por no aplicar, todavía, la ley.
Las fuentes consultadas por este diario, que dieron forma al texto y participaron en la tramitación parlamentaria, explican que “ya se tuvo en cuenta este riesgo”. Por ese motivo, no se fijó un periodo cerrado -el llamado 'vacatio legis'- para la aplicación de la nueva norma.
Así las cosas, el Gobierno calcula que, “en torno al próximo mes de octubre” entrará en vigor la ley y todas las administraciones tendrán la obligación de presentar y publicar toda la información requerida por el texto.
Aún no se ha creado el Consejo de Transparencia
Tal y como se adelantó en estas páginas, la Ley también obligaba al Gobierno a crear un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente para la promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de Buen Gobierno.
El presidente será nombrado por un período no renovable de cinco años, a propuesta del ministro de Hacienda, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia en el Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato en el plazo de un mes.
Pues bien, según las fuentes consultadas, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro no ha propuesto aún presidente, y el resto de integrantes del Consejo todavía no han sido propuestos por el Ejecutivo al resto de partidos de la oposición.
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