ESPAÑA: AUTONOMIAS Y AYUNTAMIENTOS NO PUEDEN CUMPLIR LA LEY DE TRANSPARENCIA

Comunidades Autónomas y ayuntamientos no pueden cumplir la Ley de Transparencia

El Gobierno ha aplazado su aplicación porque las corporaciones no disponen de los datos que deben hacer públicos

La Ley de Transparencia, que impulsó el Gobierno cuando saltó el 'caso Bárcenas' se ha quedado en 'stand by' tras la aprobación definitiva del texto el pasado mes de noviembre. El motivo es que muchas administraciones incumplirían a día de hoy la norma si se aplicara ya. Por eso, el Ejecutivo ha dado hasta octubre a autonomías y ayuntamientos para que actualicen sus registros.

La respuesta de las administraciones ha puesto sobre aviso al Ejecutivo: muchas de ellas no disponían de los datos económicos (balances, cierres de año, etc.) que se tienen que introducir en el futuro Portal de la Transparencia. Ante esa falta de documentación, se ha optado por no aplicar, todavía, la ley.

Las fuentes consultadas por este diario, que dieron forma al texto y participaron en la tramitación parlamentaria, explican que “ya se tuvo en cuenta este riesgo”. Por ese motivo, no se fijó un periodo cerrado -el llamado 'vacatio legis'- para la aplicación de la nueva norma.

Así las cosas, el Gobierno calcula que, “en torno al próximo mes de octubre” entrará en vigor la ley y todas las administraciones tendrán la obligación de presentar y publicar toda la información requerida por el texto.

Aún no se ha creado el Consejo de Transparencia

Tal y como se adelantó en estas páginas, la Ley también obligaba al Gobierno a crear un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, un órgano independiente para la promoción de la cultura de transparencia en la actividad de la Administración Pública, control del cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa, así como de garantía del derecho de acceso a la información pública y de la observancia de las disposiciones de Buen Gobierno.

El presidente será nombrado por un período no renovable de cinco años, a propuesta del ministro de Hacienda, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia en el Congreso de los Diputados. El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, deberá refrendar el nombramiento del candidato en el plazo de un mes.

Pues bien, según las fuentes consultadas, el ministerio que dirige Cristóbal Montoro no ha propuesto aún presidente, y el resto de integrantes del Consejo todavía no han sido propuestos por el Ejecutivo al resto de partidos de la oposición.

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ESPAÑA: EL GOBIERNO CEDE A LAS AUTONOMIAS LA FACULTAD DE JUBILAR A LOS FUNCIONARIOS DE JUSTICIA

El Gobierno faculta a las CC.AA. para 

gestionar la jubilación de los funcionarios de 

Justicia

El Consejo de Ministros ha aprobado un Anteproyecto de Ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, con el fin de delegar en las Comunidades Autónomas que han asumido las competencias de Justicia la gestión de la jubilación del personal al servicio de la Administración de Justicia de los cuerpos generales y especiales, así como las posibles prórrogas de permanencia en el servicio.

Con esta medida se persigue una agilización de los trámites de jubilación y una organización más eficiente, ya que se harán cargo de los mismos los órganos de las Comunidades Autónomas que ya gestionan todas las demás materias relativas al estatuto y régimen jurídico de este personal.

Por otra parte, se suprime la constitución obligatoria de los tribunales delegados para el acceso a los cuerpos de los funcionarios de la Administración de Justicia, que en ocasiones han resultado poco operativos e innecesariamente costosos, produciendo, además, un incremento de la litigiosidad. La supresión de esta obligatoriedad afecta a los tribunales delegados que intervienen en estas pruebas selectivas realizando funciones meramente administrativas que pueden llevar a cabo otros órganos de esta naturaleza de la Administración autonómica. Estos tribunales delegados territoriales podrán seguirse constituyendo cuando lo aconsejen circunstancias de carácter objetivo, como el tipo de pruebas a realizar, el contenido de las funciones a desarrollar o el número de plazas convocadas, atendiendo siempre a criterios de racionalidad.

El denominado Anteproyecto de Ley Orgánica complementaria de racionalización del sector público y de medidas de reforma administrativa incorpora las medidas aprobadas en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), constituida dentro del programa de reformas económicas gubernamentales que tienen como finalidad corregir ineficiencias y redundancias competenciales que implican gastos innecesarios y suponen falta de agilidad y transparencia.

Dicha Comisión se ha encargado de la revisión de las distintas propuestas de simplificación, eliminación de duplicidades y mejoras de gestión presentadas por los distintos Ministerios, que han culminado en su informe de 21 de junio de 2013.

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5 AUTONOMIAS HAN ELIMINADO SU COMPLEMENTO PARA LA BECA ERASMUS

Cinco autonomías han eliminado su complemento para la beca Erasmus

Son Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias

Cinco comunidades autónomas han eliminado en los últimos años el complemento que ponían de sus presupuestos para los becarios Erasmus: Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Baleares y Canarias (aunque en este caso sí lo dan los cabildos de las islas). Otras los han recortado y ofrecen una ayuda casi testimonial, por el número de alumnos al que llegan —como las 194 ayudas de 250 euros mensuales del Gobierno de Aragón, habiendo unos 1.000 erasmus al año en la comunidad— o por el monto: en Murcia, el Ejecutivo ofrece 26 euros mensuales que paga a curso vencido; ahora se está repartiendo la ayuda de 2012-2013, informa la Universidad de Murcia. Estas cantidades se suman a los entre 215 y 300 que todos los alumnos obtienen de la Comisión Europea y, todavía este año, del Ministerio de Educación.

Las ayudas a este prestigioso programa de movilidad estudiantil entre los centros europeos de educación superior ha estado en los últimos días en el centro de la polémica. El ministerio se vio obligado el martes, por las presiones internas del PP, de los estudiantes e, incluso, de Bruselas, a rectificar su decisión, tomada con el curso ya empezado, de conceder la ayuda del Gobierno central solo a los erasmus que a la vez sean beneficiarios de una beca general (las destinadas a los alumnos con bajos recursos económicos). Finalmente, todos recibirán al menos lo mismo que el curso anterior (un mínimo de 100 euros), además del dinero procedente de la Comisión Europea, que este año se ha quedado reducido a 115 euros.

Pero la cantidad final que consiguen los alumnos puede variar enormemente en función de la comunidad de residencia, la renta y la nota del alumno. Así, La Rioja da 160 euros al mes a todos sus erasmus; Extremadura, 150; País Vasco, 120; y entre 70 y 78 ofrece la Xunta de Galicia. Andalucía empezó el año pasado a repartir el dinero —entre 100 y 250 euros mensuales— en función del destino: más para países como Luxemburgo o Suecia; menos para Letonia o Polonia. Asimismo, a los que tengan menos recursos les dan un extra de entre 50 y 125 euros.

El criterio de renta es el que usan algunas comunidades para repartir sus ayudas que no son universales para todos los erasmus, sino que alcanzan hasta donde llegue el presupuesto destinado al caso. Así ocurre en Aragón (250 euros mensuales) y en Asturias (200).

Otras, sin embargo, reparten las ayudas en función de las notas. Cataluña ofrece 200 euros al mes a los que tengan más de un 5,7 de nota media en las carreras técnicas y un 6,3 en el resto (el curso pasado llegaron a casi 1.900 erasmus). Navarra da 90 euros a los mejores expedientes hasta que se acaba el presupuesto y en Cantabria se hace lo mismo al repartir cantidades únicas (1.500 euros para estancias de todo el curso y 1.000 para menos tempo). En Galicia, los universitarios con más de un 6,63 reciben otros 500 euros extra. La Comunidad Valenciana, por su parte, conjuga ambos criterios —renta y rendimiento académico— para conceder su ayuda de entre 60 y 90 euros mensuales.

También hay universidades que siguen ofreciendo un pequeño aporte a pesar de los tiempos que corren. Baleares da 350 euros por curso a loserasmus con mejores notas (este año son 61 de los 162), Oviedo reparte un presupuesto de unos 185.000 euros entre todos (el año pasado les tocaron 30 euros mensuales a cada uno) y Murcia, entre 10 y 15. Distintos Ayuntamientos y entidades bancarias ofrecen asimismo complementos en distintos puntos de España.

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