Al borde de la quiebra, Chipre obtuvo ese préstamo de la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo, pero bajo drásticas condiciones, entre ellas la privatización de importantes servicios públicos.
Los diputados, reunidos en sesión extraordinaria, aprobaron el texto por treinta votos contra veintiséis, tras haber rechazado una precedente versión el jueves pasado.
Esta versión enmendada le aseguraba al gobierno la mayoría parlamentaria, y su adopción le permitirá recibir un tramo de doscientos treinta y seis millones de euros.
La versión enmendada garantiza que los contratos de los empleados de las compañías de electricidad (EAC), Telecomunicaciones (Cyta) y de la Autoridad portuaria serán preservados tras la privatización de estas tres empresas.
Los empleados de estas tres empresas temen perder sus puestos de trabajo en el proceso de privatización, en momentos en que el desempleo se dispara en la isla mediterránea. La Comisión europea prevé un desempleo en Chipre del 19,2 % en 2014, contra 16 % en 2013.
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