Un religioso se enfrenta a 20 años de prisión por abusos y malos tratos
Manuel Ortiz, en los juzgados de Córdoba hace tres años. / F. J. VARGAS
Al frente de la Casa San Francisco de Asís, Ortiz era una de las figuras más valoradas de Córdoba por su servicio en favor de las personas con discapacidad mental. En aquella residencia, los frailes de la congregación y un grupo de voluntarios laicos atendían a los usuarios. Pero en 2007 comenzaron a gotear las denuncias por abusos y malos tratos. La primera de todas, presentada ese año, fue archivada. Pero no lo serían las siguientes. En su escrito de acusación la fiscalía afirma que la vida dentro de aquella residencia de día estaba sometida a un “rigor innecesario” por parte del hermano Manolo. Especialmente, entre 2007 y 2010, cuando se detectan los episodios sospechosos de abuso. Manuel Ortiz corregía distintas conductas de los residentes "agrediendo de forma habitual", llega a decir el fiscal.
Las tres páginas de escrito de acusación están plagadas de episodios así: guantazos reiterados, golpes con objetos como la muleta o una espumadera de cocina, tirones de pelo para obligar a una mujer a levantarse del suelo y puñetazos. Y junto a ellos, los presuntos abusos sexuales. ¿Por qué no se denunciaron estos hechos abiertamente? El fiscal señala que "nunca fueron denunciados a las autoridades sanitarias, dado que nunca los residentes y lesionados fueron llevados a centro hospitalario alguno". "Debemos presumir a efectos de la calificación que cada una de las agresiones descritas no precisaron de tratamiento médico o quirúrgico alguno", señala el fiscal.El Ministerio Público contabiliza más de una decena de episodios de violencia y acoso. Un día en el que una usuaria no quiso comer, Ortiz supuestamente la "introdujo en la cámara frigorífica que existe en el centro", reza el escrito de acusación. Una mujer que, destaca el fiscal, tenía un diagnóstico de deficiencia mental profunda y una discapacidad física del 85%. En otra ocasión, el acusado la emprendió a golpes contra un usuario con un retraso mental moderado pero una discapacidad del 62%. Armado con la muleta de otro residente, Ortiz golpeó la cabeza del primero haciéndole una brecha, lo que obligó a llevarle al botiquín. Los testigos aseguran que los ataques se repitieron allí.
Comienza el juicio contra los responsables de una residencia de discapacitados de Córdoba
Manuel Ortiz, en los juzgados de Córdoba hace tres años. / F. J. VARGAS
Manuel Ortiz, el popular hermano Manolo, se sienta este lunes en el banquillo de los acusados en la sala del Juzgado de lo Penal 5 de Córdoba. Este conocido fraile está imputado por abusos sexuales y malos tratos a personas con minusvalía intelectual. En su escrito de acusación, el fiscal pide 20 años y medio de cárcel para este fraile de los Hermanos de la Cruz Blanca. Junto al hermano Manolo se sientan en el banquillo otro religioso y un seglar, a los que se les piden penas que suman los nueve años de cárcel.
Al frente de la Casa San Francisco de Asís, Ortiz era una de las figuras más valoradas de Córdoba por su servicio en favor de las personas con discapacidad mental. En aquella residencia, los frailes de la congregación y un grupo de voluntarios laicos atendían a los usuarios. Pero en 2007 comenzaron a gotear las denuncias por abusos y malos tratos. La primera de todas, presentada ese año, fue archivada. Pero no lo serían las siguientes. En su escrito de acusación la fiscalía afirma que la vida dentro de aquella residencia de día estaba sometida a un “rigor innecesario” por parte del hermano Manolo. Especialmente, entre 2007 y 2010, cuando se detectan los episodios sospechosos de abuso. Manuel Ortiz corregía distintas conductas de los residentes "agrediendo de forma habitual", llega a decir el fiscal.
Las tres páginas de escrito de acusación están plagadas de episodios así: guantazos reiterados, golpes con objetos como la muleta o una espumadera de cocina, tirones de pelo para obligar a una mujer a levantarse del suelo y puñetazos. Y junto a ellos, los presuntos abusos sexuales. ¿Por qué no se denunciaron estos hechos abiertamente? El fiscal señala que "nunca fueron denunciados a las autoridades sanitarias, dado que nunca los residentes y lesionados fueron llevados a centro hospitalario alguno". "Debemos presumir a efectos de la calificación que cada una de las agresiones descritas no precisaron de tratamiento médico o quirúrgico alguno", señala el fiscal.El Ministerio Público contabiliza más de una decena de episodios de violencia y acoso. Un día en el que una usuaria no quiso comer, Ortiz supuestamente la "introdujo en la cámara frigorífica que existe en el centro", reza el escrito de acusación. Una mujer que, destaca el fiscal, tenía un diagnóstico de deficiencia mental profunda y una discapacidad física del 85%. En otra ocasión, el acusado la emprendió a golpes contra un usuario con un retraso mental moderado pero una discapacidad del 62%. Armado con la muleta de otro residente, Ortiz golpeó la cabeza del primero haciéndole una brecha, lo que obligó a llevarle al botiquín. Los testigos aseguran que los ataques se repitieron allí.
La instrucción de este complejo caso se prolongó durante dos años y ha tardado uno más hasta llegar el día del juicio. La dificultad de la investigación estriba en que muchos de los testigos que supuestamente fueron víctimas de los abusos y los malos tratos sufren importantes minusvalías psíquicas y físicas, lo que dificultó los interrogatorios y las pruebas periciales.
Al final del proceso de investigación, el Ministerio Público determinó que el hermano Manolo pudo haber cometido un delito de maltrato habitual, por el que le pide tres años de prisión. Además, nueve delitos de malos tratos ocasionales, para los que solicita otros tantos años de cárcel y dos delitos continuados de abusos sexuales, para los que reclama tres años por cada uno. A ello habría que sumar otros dos años y medio de prisión por un delito de abuso no continuado. El otro religioso y el seglar que se sentarán con Ortiz están acusados de tres delitos continuados de abusos, por los que el fiscal pide tres años de cárcel por cada uno
