ESPAÑA: 184 DESAHUCIOS DIARIOS EN 2013

HASTA UN TOTAL DE 67.189 DESAHUCIOS

Los Juzgados practicaron 184 desahucios 

diarios en inmuebles durante 2013

 Los Juzgados de Primera Instancia y Mixtos practicaron 67.189 desahucios en todo tipo de inmuebles en 2013, unos 184 diarios, de los que el 38,5% derivó de ejecuciones hipotecarias, el 56,8% de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el 4,8% de otras causas, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

   La institución recuerda que estos datos sobre lanzamientos se empezaron a recoger en 2013, por lo que no se pueden comparar con los de años anteriores.

   Cataluña fue el territorio con más lanzamientos practicados, el 23,8% del total, seguido por la Comunidad Valenciana (14,6%), Andalucía (13,8%) y Madrid (13%).

   El CGPJ aporta asimismo datos de lanzamientos solicitados en los servicios comunes, que no incluyen todos los partidos judiciales. Así, en el cuarto trimestre de 2013, fueron 17.842, un 13,9% menos que en el mismo periodo de 2012, de los que terminaron con cumplimiento 11.085, un 10,8% menos que en el ejercicio anterior.

   El CGPJ cita entre las posibles causas de este descenso la Ley de medidas para reforzar la protección de deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, así como la ley de medidas de flexibilización y fomento del alquiler, que suprime la diligencia de lanzamiento cuando el demandado atiende al requerimiento en cuanto al desalojo sin formular oposición ni pagar la cantidad que se reclama.

   En cuanto a las ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013, alcanzaron las 82.860, un 9,8% menos que el año anterior. Además, todos los trimestres del año presentaron descensos interanuales, que en el caso del último fue del 1,1%, hasta las 24.076 ejecuciones.

    La cifra más elevada de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2013 se dio en Cataluña y Andalucía, con el 22,2% del total en ambos casos, seguidas de la Comunidad Valenciana (14%) y Madrid (10,3%).

   Por último, en cuanto a los procedimiento monitorios (reclamaciones de deudas que consten por escrito), se presentaron 563.176 en 2013 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, un 19,5% menos respecto a 2012. Una posible explicación de este descenso, apunta el CGPJ, sería el proceso de implantación de las tasas judiciales.

FUENTE

ESPAÑA: BRUSELAS Y EL BANCO EUROPEO PIDEN QUE PROTEJAN A LOS BANCOS DE LEYES ANTIDESAHUCIOS

Bruselas y el BCE piden a España que proteja a los bancos de leyes antidesahucios como la andaluza

En su informe final sobre el rescate bancario, las dos instituciones de la troika han impuesto este miércoles a España una nueva agenda de reformas financieras. "Los altos niveles de paro y la debilidad del mercado inmobiliario siguen suponiendo fuertes dificultades para la rentabilidad de los bancos", advierten.

"Como se ha demostrado con algunas de las leyes regionales adoptadas el año pasado, que tenían como objetivo aliviar los problemas sociales relacionados con los desahucios, estas iniciativas a menudo crean inseguridad jurídica adicional y no ayudan a reactivar el mercado inmobiliario y la entrada de inversores, especialmente los extranjeros", apunta un informe de la Comisión Europea y el Banco Central Europeo sobre la situación de la banca española. En estas conclusiones, sin citar a Andalucía o a Navarra, se avisa de que leyes antidesahucios como las implementadas en ambas comunidades autónomas pueden afectar a la solvencia bancaria.

Bruselas recomienda además revisar la legislación sobre insolvencia personal y protección de los consumidores, con un equilibrio adecuado entre los derechos de deudores y acreedores. "Debe reevaluarse cuidadosamente la eficacia de medidas temporales que se han puesto en marcha respecto a la insolvencia personal (como condonaciones parciales de deuda), así como medidas para reforzar la protección de los consumidores (como topes en los tipos de interés de penalización).

Agenda de reformas

Este aviso ha venido en un informe en el que dos de las tres instituciones de la troika (a falta del FMI) han marcado una nueva agenda de reformas financieras que debe emprender tras el fin del rescate bancario, que expiró el pasado 23 de enero, con el objetivo de reforzar la solidez de la banca y su capacidad de dar crédito a la economía real.

En particular, las dos instituciones de la troika también piden al Gobierno de Rajoy que no permita que vuelvan a venderse a los particulares productos financieros como las preferentes; y que preserve la unidad del mercado de servicios financieros en España frente a las diferentes leyes autonómicas, informa EP.

En su informe final sobre el rescate bancario, Bruselas y el BCE avisan que la debilidad de la economía española continúa siendo el principal riesgo para la banca. "La recuperación económica sigue siendo frágil mientras se abordan los desequilibrios y está sujeta a riesgos internos como un cambio en el actual entorno financiero global benigno y la ralentización de los mercados emergentes, especialmente en Latinoamérica, zona a la que las empresas españolas están particularmente expuestas", subrayan.

Además, "pese a los brotes verdes, los altos niveles de paro y la debilidad del mercado inmobiliario siguen suponiendo fuertes dificultades para la rentabilidad de los bancos y los esfuerzos de recapitalización", señala el texto.

El crédito tocará fondo este año

"La rentabilidad del sector bancario se verá afectada en los próximos años por los bajos niveles de intermediación y la creciente presión en la calidad de los activos", avisan los inspectores. En este sentido, admiten que la contracción del crédito al sector privado en 2013 ha sido mayor de lo inicialmente previsto. "No obstante, se espera que el crédito al sector privado toque fondo en 2014", pronostican.

"La recuperación económica sigue siendo frágil", advierten Comisión Europea y Banco Central Europeo

Por todo ello, la troika reclama en primer lugar al Gobierno de Mariano Rajoy y al Banco de España que vigilen que las entidades refuerzan su capital para prepararse para los test de estrés que realizará el BCE en los próximos meses. "Pese a los buenos progresos logrados en la estabilización, los bancos y las autoridades españolas deben estar preparados para tomar medidas correctivas si es necesario, en caso de que los test del BCE revelen un déficit de capital en algunos bancos", avisa el informe.

Las autoridades españolas también deben controlar que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración (Sareb) se deshaga a buen ritmo de su cartera de inmuebles minimizando el coste para los contribuyentes, pese a que prosigue el ajuste en el sector inmobiliario.

Privatizar las nacionalizadas "sin demora"

Para evitar nuevos escándalos como el de las preferentes, los inspectores recomiendan continuar los esfuerzos para "identificar y mejorar el proceso de venta a clientes minoristas de cualquier instrumento no cubierto por el fondo de garantía de depósitos". "Ello implica mayor transparencia sobre las características de estos instrumentos y sus riesgos", apuntan.

Finalmente, la troika pide completar rápidamente la reforma de las entidades nacionalizadas con el objetivo de privatizarlas "sin demora". Y también defiende revisar el marco legal de las cooperativas de crédito, por considerar que juegan un papel importante en las áreas rurales.

"Imperativo" seguir con ajustes y reformas

La Comisión y el BCE reclaman al Gobierno que siga sin relajarse con la corrección del déficit y las reformas recomendadas por la UE. "El pleno respeto de los objetivos acordados de consolidación fiscal y la finalización de la agenda de reformas sigue siendo imperativo para devolver la economía a una senda sostenible y consolidar la recuperación de la confianza", dice el informe.

"El alto déficit debe reducirse para detener y revertir el crecimiento del nivel de deuda pública", advierte la troika

"El alto déficit debe reducirse para detener y revertir el crecimiento del nivel de deuda pública. Esto requerirá una determinación inquebrantable en los próximos años", avisa la troika. En cuanto a las reformas, los inspectores reclaman al Gobierno en particular que apruebe la "retrasada" ley sobre servicios profesionales, las reformas en marcha sobre la Administración pública, la revisión del sistema tributario y "un refuerzo adicional de las políticas laborales".

La Comisión y el BCE afirman que, pese al fin del rescate bancario, seguirán vigilando la situación España, tanto la del sector financiero como la de la economía en su conjunto. El Ejecutivo comunitario enviará dos misiones al año a Madrid hasta que se haya devuelto al menos el 75% de los 41.300 millones de euros del rescate, mientras que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), mantendrá la vigilancia hasta el reembolso del 100%.

FUENTE

ESPAÑA: EL SUPREMO LEGISLA POR SU CUENTA PARA AGILIZAR LOS PLAZOS DE LOS EMBARGOS Y DESAHUCIOS

El Supremo legisla por su cuenta y acorta los plazos para los embargos y desahucios

El Tribunal Supremo ha decidido sacarle las castañas del fuego a la Administración. O lo que es lo mismo, ha legislado por su cuenta a través de una sentencia publicada la pasada semana en el BOE que acorta los plazos con que cuenta el sector público para realizar sus notificaciones.

En concreto, el Supremo rectifica una doctrina legal anterior del propio tribunal (del año 2003) y considera que el intento de notificación de una conducta infractora al límite “queda culminado en la fecha en que se llevó a cabo”. Es decir, que se suprime un trámite anterior que consistía en que, una vez que los funcionarios de la Administración enviaban la segunda notificación, tenían que esperar, a su vez, a que Correos les remitiera la devolución del envío por ausencia de identificación del interesado. Ese último plazo –que incluye el correspondiente registro– es el que desaparece ahora del ordenamiento jurídico.

La sentencia es muy relevante, toda vez que la Administración podrá acudir mucho antes a la publicación en el tablón de edictos de toda suerte de actos administrativos como son los embargos, los desahucios o las revocaciones de derecho.

¿Qué quiere decir esto? Pues que, en la práctica, la Administración gana unos días –los mismos que pierde el interesado– ya que considerará que sus obligaciones de información culminan justo en el momento en que se remite el intento de notificación por parte del cartero, sin tener que esperar a recibir la devolución. Es decir, que en realidad las notificaciones dependían de una tercera parte (Correos) que no tiene nada que ver con el procedimiento.

¿Quién tiene la culpa?
Como sostiene un magistrado especialista en derecho administrativo, la realidad es que en ocasiones muchas notificaciones se han dormido “en el sueño de los justos” durante meses, y ello ha evitado cobrar una sanción. La culpa en muchos de esos casos sería de los servicios de Correos, pero al final nadie se responsabiliza de lo ocurrido porque “no parece muy razonable” que una Administración lleve a otra ante los tribunales. No hay que olvidar, como recuerda el magistrado, que los implicados en un procedimiento administrativo se vuelven “invisibles” a los ojos de la Administración y su notificación no llega en muchas ocasiones a ninguna parte.
Lo paradójico, como se ha dicho, es que el Tribunal Supremo se erige en esta ocasión como legislador, toda vez que complementa una ley del año 1992 sin que el Parlamento se haya pronunciado al respecto. La figura de la ‘doctrina legal’ es distinta a la de la jurisprudencia, ya que en la práctica supone suplantar al Parlamento.

Esto es lo que explica que haya sido el pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo el que haya firmado la sentencia. Curiosamente, muchos de esos magistrados son los mismos que fallaron una sentencia similar en 2003 que ahora ha sido rectificada, sin que se haya presentado ningún voto particular.
FUENTE

GALICIA TRAMITA 1.900 DESAHUCIOS

Los juzgados tramitan 1.900 desahucios en Galicia, un 3,5% más que hace un año

Las ejecuciones hipotecarias bajan un 12,8% en España - De las cinco comunidades en las que crecen, Galicia es la segunda con mayor subida

Mientras los procedimientos de desahucio -ejecuciones hipotecarias- descendieron en toda España un 12,8 por ciento en los primeros meses de este año, en Galicia crecieron un 3,5 por ciento en comparación con 2012. Entre las cinco autonomías que registraron un incremento de ejecuciones hipotecarias, la gallega se convirtió en la segunda con mayor subida.

Los procedimientos de desahucios bajaron en todas las comunidades, salvo en Galicia (3,5 por ciento más), Asturias (donde se elevaron un 13,4 por ciento), en Castilla y León, (un 2,7 por ciento), en Andalucía, (con un 2,3 por ciento más) y en Extremadura (con un 0,85 por ciento de incremento).

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, entre enero y septiembre de este año se iniciaron en los juzgados gallegos los trámites para ejecutar 1.905 deshaucios. En el conjunto de España, esta cifra se redujo hasta las 58.604 ejecuciones hipotecarias.

La razón que esgrime la Plataforma de Afectados por los Desahucios de Galicia para explicar este incremento es que había "un buen número" de ejecuciones hipotecarias paralizadas pendientes de reclamaciones judiciales por cláusulas suelo abusivas que ahora se reactivan.

Además, según explica la portavoz de este colectivo, Carlota Pérez, con el inicio de la crisis hubo familias que renegociaron su hipoteca con el banco para poder afrontar los pagos pero ahora se les acabó la moratoria, la situación económica no ha mejorado y ya no son capaces de afrontar las cuotas mensuales del préstamo.

"En 2014 la situación va a ir a peor. Los bancos están endureciendo sus condiciones", denuncia Carlota Pérez.

Por provincias Pontevedra ha sido la provincia donde se realizaron más ejecuciones hipotecarias (901), seguida de A Coruña (669), Lugo (172) y Ourense (163).

Aunque crecen las ejecuciones hipotecarias en los primeros nueve meses del año, los desahucios efectivos -que también incluyen desalojos por impago de alquileres- bajaron un 14 por ciento.

FUENTE

EN 2014 HABRA UNA 2ª OLEADA DE DESAHUCIOS, SEGUN LA PAH

Habrá una segunda oleada de desahucios por las refinanciaciones hipotecarias, según la PAH

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, ha alertado de que en los próximos meses se va a vivir en España una segunda oleada de desahucios debido a que muchas personas refinanciaron sus hipotecas al principio de la crisis para pagar una cuota menor y ahora que terminan estas condiciones especiales tendrán que afrontar letras que no podrán pagar.

"Cada vez llegan más personas que han pagado alrededor de 100.000 euros -de hipoteca- y ahora deben igual o más porque la cuota ha bajado durante unos años pero ha subido su deuda", ha afirmado este martes en declaraciones a los medios durante la presentación del informe Emergencia Habitacional en el Estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos.

Colau ha sostenido que "lejos de resolverse la situación, cada vez se agrava más" y ha criticado que las medidas que está tomando el Gobierno son insuficientes y no están dando respuestas estructurales a la situación de emergencia habitacional y a la nueva burbuja inmobiliaria que se está produciendo, especialmente en el mercado del alquiler.

¿Burbuja en el alquiler?

En ese sentido, ha cargado contra el Gobierno central por incentivar la compra de viviendas de la Sareb a fondos buitre -"que como mucho van a ponerlas en alquiler a la espera de que recuperen su valor"- y también contra el Ejecutivo catalán, que ha planteado la posibilidad de vender parte del parque público del Incasòl para cumplir con el objetivo de déficit de 2014.

También ha recordado que el año pasado se tomaron medidas para liberalizar el mercado del alquiler, acelerando los tiempos que deben transcurrir entre un impago de la cuota y el desahucio del inquilino.

"Ahora se ven menos desahucios porque son menos visibles, pero sólo el mes pasado paramos más de 50; lo que pasa es que tenemos más capacidad de negociación", ha explicado Colau.

Ha destacado que aunque se están consiguiendo cada vez más daciones en pago, esto no siempre resuelve el problema, ya que estas personas muchas veces quedan excluidas del sistema de ayudas públicas al considerar que ya han conseguido unas condiciones favorables, cuando en realidad se trata de "desahucios encubiertos", según Colau.

500.000 ejecuciones

Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) esgrimidos por la activista, desde que empezó la crisis ha habido casi medio millón de ejecuciones hipotecarias en España, de las cuales unas 93.000 se han producido en Cataluña.

Según la muestra del informe de Emergencia Habitacional -elaborado por el Observatorio Desc (Derechos Económicos, Sociales y Culturales) y la PAH a partir de más de 11.000 encuestas electrónicas-, cada hogar afectado por la hipoteca está formado por una media de tres personas.

El profesor de Derecho Consitucional de la Universitat de Barcelona (UB) y vicepresidente del Observatorio Desc, Gerardo Pisarello, ha cargado contra la reforma del código penal y contra la ley de seguridad ciudadana que quiere impulsar el Gobierno porque, además de vulnerar el derecho a manifestación, hará que personas afectadas por la hipoteca todavía aumenten más sus deudas para poder hacer frente a las nuevas sanciones que se derivarán, por ejemplo, de una acción para parar un desahucio.

FUENTE

PARALIZADOS 2 DESAHUCIOS POR CLAUSULAS ABUSIVAS

Paralizan dos desahucios al detectar cláusulas abusivas

Una de las entidades deberá compensar los impagos de su cliente con los cobros indebidos que recibió y la otra habrá de acudir a un procedimiento ordinario para reclamar

Algunas de las hipotecas que se firmaron a mansalva en los años de bonanza económica tenían más trampas que un mueble bar. Ahora, cuando han llegado las vacas flacas y los bancos se dirigen a los jueces a reclamar lo suyo, se destapan aquellos abusos que, por supuesto, no se dan en todas las ejecuciones hipotecarias aunque haberlos los hay.

Dos juzgados granadinos han dictado recientemente sendos autos en los que echan por tierra gran parte de las cláusulas firmadas en las dos hipotecas sometidas a juicio. Los autos corresponden a los juzgados de primera instancia número 11 y 13 de Granada. Son parecidos en el sentido de que anulan varias cláusulas incluidas en las hipotecas aunque también contienen diferencias.

En la resolución dictada por el juez del número 13, se condena a la entidad financiera a compensar los impagos del cliente con los cobros indebidos que recibió, dada la nulidad de varias cláusulas. En concreto, anula las cláusulas de vencimiento anticipado, de pacto de liquidez, de intereses moratorios y la cláusula suelo.

En cuanto al auto del número 11, se declaran nulas las cláusulas suelo, la de comisión por gestión de cobros impagados, la de responsabilidad personal ilimitada del prestatario, la de posibilidad de cesión de crédito unilateralmente por el banco y la de redondeo al alza del tipo de interés aplicable. En este caso, el juez acuerda el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, lo que significa que la entidad financiera tendrá que iniciar un nuevo procedimiento, esta vez ordinario, para reclamar las cantidades que adeuda el hipotecado.

Según los hechos recogidos en el auto del Juzgado de Primera Instancia número 13, la entidad financiera Caja Rural presentó una demanda de ejecución hipotecaria y la defensa del cliente formuló su oposición, lo que permitió celebrar un juicio en el que el juez entró a conocer sobre el contenido del contrato de préstamo hipotecario.

Una vez declarada nula la cláusula de vencimiento anticipado, el juzgador analiza la cláusula de pacto de liquidez, que también declara nula con el siguiente razonamiento: «La escritura del préstamo para el caso de la aplicación de la cláusula de vencimiento anticipado no menciona que la entidad bancaria debe de practicar y presentar una liquidación y la forma de presentarla».

Y concluye a continuación: «Si declaramos que la cláusula de vencimiento anticipado es nula, también debemos considerar errónea e incorrecta la liquidación efectuada al no ser exigible lo reclamado como capital pendiente de amortizar».

Seguidamente entra a analizar el tipo de interés moratorio pactado en la hipoteca, que era del 18%, y lo considera «abusivo y desproporcionado» en relación con el interés legal, y que «no guarda relación concebible con los perjuicios que haya de soportar la entidad acreedora». Pero el juez va más allá, y basándose en jurisprudencia europea manifiesta que el juez nacional «no puede integrar o modificar la cláusula abusiva», o sea, la simple rebaja en los intereses moratorios, pedida por la entidad financiera en el juicio, no permite continuar con este proceso, según manifiesta la letrada defensora del cliente, Mariola Aguilar Garzón.

Control de transparencia

Analiza también el auto la cláusula suelo incorporada en el contrato y «la conducta de la entidad financiera no supera el control de transparencia por falta de una información clara y comprensible que permitiera un correcto conocimiento de la cláusula suelo, por lo que debe declararse abusiva». Este auto está recurrido por la Caja Rural, que asegura haber actuado con «total transparencia» y considera que «no existe ninguna cláusula abusiva en el contrato».

En el caso del auto del Juzgado de Primera Instancia número 11, el magistrado declara abusiva la cláusula suelo, por lo que el Banco tendrá que recalcular las cantidades que reclame en base al tipo de interés pactado y no al impuesto como cláusula suelo. También las de comisión por gestión de cobros de impagados (el Banco cobraba 30 euros por cada impago), la de responsabilidad personal ilimitada del prestatario (se considera abusiva y no pactada por las partes), la de cesión de crédito unilateral por el Banco (se impone sin contraprestación alguna) y la de redondeo al alza (no se ha pactado por las partes).

En definitiva, el juzgado considera abusiva esas cláusulas y procede al sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, según informan fuentes del despacho Martínez de las Heras, representante del hipotecado.

FUENTE

19 FAMILIAS SE ENCIERRAN EN 2 SUCURSALES BANCARIAS PARA RECLAMAR UNA SALIDA A SUS DESAHUCIOS

19 familias se encierran en dos sucursales de Caja España y Caja Laboral para reclamar una salida a sus desahucios

En total son 45 las personas que exigen una negociación a sus deudas tras haber sido desahuciados de sus viviendas. No saldrán dicen hasta que los responsables de las sucursales se sienten a negociar.

Un total de 19 familias vallisoletanas se han encerrado este mediodía en dos sucursales de las entidades financieras de Caja España-Caja Duero y Caja Laboral, en Plaza España, para pedir soluciones al desahucio de sus viviendas. En total son 45 personas las que se han encerrado en las dos oficinas bancarias y según han confirmado desde la Plataforma Stop Desahucios del 15M no abandonaran su encierro hasta que los directivos de ambas cajas no ofrezcan “una negociación real”.

Su encierro comenzaba al filo de las 12 de la mañana. Treinta personas de diez familias diferentes entraban en la sucursal de Caja España-Caja Duero, en la citada Plaza España de la capital vallisoletana. A pesar de las buenas palabras y del trato exquisito de los responsables de la oficina, desde Caja España ya se les ha transmitido la imposibilidad de la negociación.

Algo muy similar ocurría en la oficina de Caja Laboral, situada precisamente enfrente de la de Caja España-Caja Duero. Allí un total de quince personas de nueve familias exigían un pacto de sus deudas, ante la pérdida de sus viviendas. Según Luis Pastor, de la plataforma Stop Desahucios del movimiento 15-M, el trato recibido en esta oficina ha sido “denigrante”. “No les han dejado usar los aseos, les ponen la calefacción a tope, luego se la cortan...”, relataba Pastor, quien también confirmó que la Policía Nacional impidió que un mayor número de manifestantes accedieran al interior de las oficinas.

Pastor, asimismo, dice que lo que pretenden los afectados es negociar la deuda “abusiva” que tienen contraído con las diferentes entidades financieras. “Son familias a las que a la mayoría ya les han subastado su vivienda y aún tienen que pagar la deuda, incluso con el desahucio de las viviendas con las que avalaron la compra de sus casas”.

Luis Pastor insiste en que las dos cajas llevan más de tres años sin sentarse a negociar y que ahora estas familias no cejarán hasta que los responsables de ambas cajas se sienten a negociar. 

FUENTE

IBIZA SERA DECLARADA ISLA LIBRE DE DESAHUCIOS

Ibiza será declarada “isla libre de desahucios”

“Esta declaración significa que las instituciones públicas no pondrán ningún medio para ejecutarlos”, explicó el portavoz de la PAH

Ibiza será declarada “isla libre de desahucios”, tal como se ha acordado en la reunión celebrada entre la consejera de Participación Ciudadana, Carmen Domínguez, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Ibiza.

Según ha explicado Domínguez, las instituciones de la isla aprobarán esta declaración, queincluirá otros puntos que se consensuarán con los partidos de la oposición. La consejera ha dicho que “se trata de manifestar la voluntad de las instituciones”.

Las entidades bancarias participantes en el encuentro ofrecerán viviendas en régimen de alquiler social

Desde la PAH, el portavoz Aitor Morrás ha destacado laimportancia del acuerdo ya que “las instituciones no pondrán medios para ejecutar los desahucios”. Por su parte, las entidades bancarias participantes en el encuentro han avanzado que ofrecerán una serie de viviendas en régimen de alquiler social. La consejera ha avanzado que se trabajará en dar forma jurídica a un convenio que plasme estos acuerdos.

“Esta declaración significa que las instituciones públicas no pondrán ningún medio para ejecutar desahucios” ha explicado el portavoz. Así, los ayuntamientos no enviarán a la Policía Local para efectuar desahucios y el Consell no enviará a los bomberos cuando se requiera su presencia en estas acciones. Morrás ha pedido también a los cerrajeros que no participen en ninguna ejecución hipotecaria.

“No podemos impedir que haya desahucios, pero dentro de nuestras posibilidades haremos lo posible para apoyar a los afectados“, ha asegurado Morrás.

FUENTE

La censura mediática silencia que 3158 españoles se suicidan por la crisis, 119 de ellos por desahucios

España es un país que está resistiendo bien la crisis porque a pesar de la dureza y crueldad con que sus dirigentes tratan a los ciudadanos, la “paz social” es un hecho incuestionable, dice el economista hindú Raghuram Rajan, autor del libro Grietas del Sistema. Y no le falta razón, solo que las causas de esta “paz social” no están en la eficacia de los sindicatos y de los partidos de la oposición para vehicular todo el odio e indignación que suscita el saqueo permanente de esta “casta” o “partitocracia” que arrasa nuestra economía, sino que directamente se han unido a ella en detrimento de los propios españoles. Por eso la “paz social” en España, construida a costa de desarticular la sociedad civil para sustituirla por partidos y sindicatos subvencionados, se basa en un hecho oculto que provoca la ausencia de salidas y alternativas: 3.158 españoles se han suicidado, 119 de ellos por desahucios.
                                      
Esta semana ha ocurrido en Málaga, uno más. Leandro C.M.G., de 36 años de edad, se ha quemado a lo bonzo frente a la Junta de Andalucía, que le había negado una ayuda para atender a su madre, que falleció por ello. El político responsable, delegado territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, el socialista Daniel Pérez, se lavó las manos: “su expediente no se resolvió favorablemente porque no se presentó la documentación solicitada”.Hasta el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se mostró inflexible: “no consta ninguna solicitud en la Junta de Andalucía”.
Su caso apenas suscitó unas líneas en la prensa ni generó interés en el resto de la sociedad, cuando este mismo hecho en Túnez, cuando el joven universitario y vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, se prendió fuego y produjo desde 2010 una oleada de revoluciones y derrocamientos de partidos en el mundo árabe: Túnez, Egipto, Libia, Siria y ahora Turquía, donde la sociedad civil también ha hecho retroceder al “sultán” Erdogán manifestándose masivamente en la calle sin perder su capacidad de intimidar a los políticos.
La crueldad e insensibilidad de los políticos en torno al drama de la pobreza y el paro ha convertido a España en la vergüenza del mundo, sin que los poderes públicos se aperciban de la gravedad de la catástrofe para quienes la sufren. Este cataclismo ha obligado al movimiento 15-M a abrir una página en wikipedia para intentar cuantificar el número de suicidios en España relacionados con la crisis, cifra que va a aumentando cada mes. No están incluidas las tentativas como la del joven Leandro en Málaga, lo que incrementaría notablemente la cifra.
La situación parece evidenciar que en España, ante la falta de alternativas políticas, los ciudadanos optan por quitarse la vida antes que rebelarse contra el régimen o ayudar a su derrocamiento o sustitución. Algunos movimientos sociales están barajando la idea de dar a conocer los nombres de los políticos con cargo y sueldo vigente que desempeñan su labor en la provincia en la que se produce el suicidio de un ciudadano por las crisis, para poder hacerlos algún día responsables del mismo. El propio Leandro, con quemaduras en un 50% de su cuerpo que le han destrozado la vida, culpó a Rubalcaba y a la Junta de Andalucía por su desesperación. Los ciudadanos saben bien donde apunta el origen del drama.
Aunque la prensa y las administraciones públicas lo silencian, ya es oficial que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, pues en 2011 aumentó a 3.158 casos debido a la pobreza, al paro y a los desahucios, según el Instituto Nacional de Estadística. La enumeración se hace muy difícil en estos casos, que solo transcienden muy pocas veces a la prensa y cuya relación se publica en cualquier caso con mucho retraso. Uno de los escasos datos que se conocen fue divulgado por Tercera Información y Mundo Obrero, dos diarios que han investigado el drama y han estimado en 119 el número de personas que se quitaron la vida entre enero y noviembre de 2012 al ser desahuciados por no poder pagar la hipoteca bancaria.
El desastre se agrava porque los periodistas del régimen son obligados a silenciar estos sucesos, ya que los medios de comunicación son víctimas de una creencia política, alimentada por la “casta”, que presupone que la publicación de la noticia de un suicidio provoca un sentimiento de imitación en quien, padeciendo las mismas circunstancias que el afectado, la lee o escucha. Esto lleva al silencio y a la censura, en unos momentos en que es fundamental conocer cual es la realidad del verdadero impacto de la crisis económica en las clases medias y trabajadoras de España.

FUENTE

Carta de Ada Colau a Rajoy ( Presidente )

Señor Mariano Rajoy. Señores diputados y diputadas del PP, miembros del Gobierno de España. Les escribe Ada Colau, pero esta vez no como portavoz de la Plataforma de Afecta­dos por la Hipoteca (PAH), sino como una ciudadana cual­quiera.

Estos últimos días han sido intensos. La señora delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y otros miem­bros del Gobierno y de su partido, así como algunos medios de comunicación, han lanzado graves acusaciones contra mi persona. Se han dicho muchas mentiras o medias verdades deformadas: que si era filoterrorista, que si era simpatizante de no sé qué, que si estaba condenada en juicios inexistentes, que si era antisistema por acciones pacíficas varias, que si estaba subvencionada con millones de euros... Es igual. Los abogados me dicen que debo denunciar, y en algunos casos graves lo haré, pero no vale la pena perder tiempo respondien­do a la difamación. Sin embargo, se han acumulado algunos malentendidos de fondo que creo oportuno aclarar.

En primer lugar, ustedes no han entendido el movimiento de la PAH. Dejen que les cuente. La PAH es un movimiento ciudadano en el que participan miles de personas, la mayoría afectadas, algunas otras solidarias, todas movilizadas por la defensa del derecho a la vivienda. Es un movimiento apartidis­ta, muy plural y transversal, en el que personas muy distintas hemos coincidido movidas por la indignación frente al abuso de las entidades financieras y la complicidad que éstas han encontrado tanto en su Gobierno como en el anterior. Por ello les digo que sus acusaciones de que el PSOE mueve los hilos de la PAH son ridículas y demuestran un desconocimiento de la realidad preocupante. Deberían venir a nuestras reuniones y comprobarlo. En ellas encontrarán votantes de todos los par­tidos y abstencionistas; clases medias y bajas; inmigrantes y autóctonos; jóvenes y mayores... Vamos, la ciudadanía en ge­neral.

En segundo lugar, la PAH no tiene ni necesita lideresas. Parece que ustedes se han empecinado en buscar cabecillas a los que poder decapitar, como forma rápida de acabar con una protesta que a las entidades financieras, y ahora parece que también a ustedes, les resulta molesta. Yo no soy nadie importante ni especialmente brillante. Soy en estos instantes una portavoz, pero como yo hay miles de personas tanto o más implicadas. Ésa es la fuerza del colectivo: somos un movi­miento profundamente democrático, que apuesta por la des­centralización y el protagonismo de todas y cada una de las personas que en él participan. Ése es uno de los ingredientes secretos que explican que en los momentos más difíciles las personas saquen lo mejor de sí mismas. El empoderamiento y la solidaridad nos hacen imparables.

Y, finalmente, hablemos de los escraches. Les molesta que podamos ir a protestar frente a su casa. Lo entiendo. A mí tampoco me gustaría. Pero si alguna vez hubieran acudido a un desahucio, entenderían que se trata de algo infinitamente más molesto. Hay miles de personas en una situación límite, en la calle y con deudas, en paro, sin tener qué comer... Y todo ello a pesar de que viven rodeadas de abundancia. Miles de familias viven en la calle en el país de Europa que más vivien­das vacías acumula. Pasan hambre en un Estado que permite que cada día se tiren toneladas de alimentos en buenas condi­ciones. Y ustedes gobiernan ese país, por lo que no debería sorprenderles que esas familias llamen a su puerta después de haber intentado en vano llamar su atención.

Este movimiento, absolutamente ejemplar, ha agotado to­das las vías que la insuficiente democracia española ofrecía: durante más de cuatro años hemos intentado negociar con las entidades financieras, hemos hablado con los partidos políti­cos, con servicios sociales, ayuntamientos... Hemos puesto recursos en los juzgados y hemos recogido como hormiguitas casi un millón y medio de firmas. Pero nada, el Partido Popu­lar no se ha movido ni un milímetro y anuncia que rechazará las medidas de la Iniciativa Legislativa Popular.

Qué casualidad. Justo en el momento en que la PAH cuen­ta con más apoyo social (entre el 80 por ciento y el 90 por ciento, según todas las encuestas). Cuando ya se han entre-gado el millón y medio de firmas de la ILP. Cuando la presión social les ha obligado a admitir a trámite esa ILP que no pen­saban ni debatir. Cuando llega una sentencia europea que da la razón a las personas afectadas y dice que las miles de eje-cuciones hipotecarias y desahucios que se han producido los últimos años en España son ilegales. Justo en este momento, cuando parecería que ya nada más puede retrasar la necesa-ria reforma legislativa, ustedes nos salen con una campaña de criminalización como única respuesta. En lugar de escuchar el clamor popular, intentan generar confusión llegando a com­parar nuestras acciones pacíficas con el terrorismo de ETA o la Alemania nazi. Hay que ser mala gente para decir algo así.

Recuerden que en este tema de los desahucios de momen­to los únicos domicilios violados y los únicos muertos los ha puesto la población. No sus señorías, que hasta la fecha se han limitado a mirar desde lejos, y desde la comodidad, un drama que podrían haber evitado si hubieran actuado donde les compete, en el Congreso. Por supuesto que la ciudadanía no es tonta y en seguida ha visto que en toda esta campaña de difa­mación no se buscaba más que hacer ruido para desviar la atención. De modo que no les va a funcionar. La realidad es tozuda y miles de personas estafadas y desahuciadas no van a desaparecer por mucho que su Gobierno las ignore.

Dejen que termine usando el paralelismo con la Alemania nazi al que ustedes recurren con tanta ligereza. Si bien la gra­vedad no es comparable, en ambos casos estamos hablando de situaciones de vulneraciones sistemáticas de derechos huma­nos. En España, afortunadamente, no estamos frente a cam­pos de concentración, deportaciones ni asesinatos masivos. Pero sí tenemos violentos desalojos y miles de personas empo­brecidas que ven comprometidas sus necesidades básicas, y condenadas de por vida a la exclusión social y la economía sumergida. Y todo para mantener los privilegios y los benefi­cios astronómicos de las élites financieras.

Décadas después del nazismo, la sociedad alemana aún no se ha perdonado a sí misma el no haber sabido reaccionar a tiempo para evitar la barbarie. Pues bien, en España miles de ciudadanas y ciudadanos hemos decidido que en el futuro queremos poder mirarnos al espejo. Una democracia que per­mite la vulneración sistemática de derechos humanos, e inclu­so la promueve, no es democracia, por mucho que se vote cada cuatro años. Democracia será cuando el interés general se anteponga a los dictados de los mercados. Cuando nada sea más importante que la vida y la dignidad de las personas.

Señor presidente, nunca es tarde para rectificar. No teman los escraches, no teman a la población. Bajen a la calle y ha­blen con la gente. Hagan justicia y detengan los desahucios. Hay vidas en juego que no pueden esperar más.

Barcelona, 8 de abril de 2013