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viernes, 31 de enero de 2014

ESPAÑA: MANIFESTACION EL 13 DE FEBRERO CONTRA EL BLOQUEO DE FOGASA


Ccoo y ugt anuncian movilizaciones 

el próximo 13 de febrero contra el 

bloqueo del fogasa

CCOO y UGT anunciaron este viernes la convocatoria de movilizaciones para el próximo 13 de febrero en protesta contra el bloqueo que sufre el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) y que mantiene 180.000 expediente sin resolver.
En nota de prensa, las organizaciones sindicales explican que estas movilizaciones consistirán en manifestaciones en las delegaciones de Gobierno y en las unidades administrativas del Fogasa.

CCOO y UGT afirman que los expedientes que tiene que tramitar esta institución, cuya misión fundamental es el abono a los trabajadores de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago por declaración de insolvencia o concurso de acreedores de su empresa, han aumentado “significativamente” durante la crisis, pasando de 39.032 resueltos en 2007 a 154.357 en 2013.

Sin embargo, aún existen en la actualidad 180.000 casos sin resolver a pesar de que ya se ha cumplido el plazo legal de tres meses que marcar el reglamento del Fogasa y llegando a retrasar algunas prestaciones incluso dos años.

Los sindicatos denuncian que la situación de los trabajadores afectados es “insostenible y dramática”, y aseguran que se ha agravado desde la externalización de la gestión del servicio a la empresa Tragsatec.

Según CCOO y UGT, los trabajadores de esta empresa “no gestionan los expedientes, no dan información, y no se les da formación alguna para ello, sin que exista ninguna actuación que permita normalizar el cobro de la prestación a favor de los solicitantes”.

También recuerdan que ya han presentado un plan alternativo que “no ha sido tenido en cuenta”, a pesar de que aseguran que permitiría, “en un plazo razonable, alcanzar unos niveles de gestión adecuados”.
FUENTE

jueves, 23 de enero de 2014

ESPAÑA: EL GOBIERNO INYECTA DINERO A UGT Y CC.OO. EN PLENA CRISIS SINDICAL


Empleo riega a UGT y CCOO con millones 
para formación en plena crisis sindical
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, durante la sesión de control al Gobierno. (EFE)
La Comisión Europea anunciaba este mes la apertura de una investigación a UGT por el presunto uso fraudulento de ayudas comunitarias destinadas a financiar la formación. La medida se producía apenas semanas después de que la magistrada Mercedes Alaya ordenara el registro de la sede regional de UGT en Andalucía en busca de datos sobre estos cursos. Un estado de sospecha respecto al buen uso de los fondos públicos que no ha arredrado al Ejecutivo. Y es que el Ministerio de Empleo concedió ayer subvenciones a las principales organizaciones empresariales y sindicales por un importe superior a los 53 millones de euros con el fin de sufragar estos programas.
Según consta en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por este concepto, el sindicato que encabeza Cándido Méndez recibió sólo en el cuarto trimestre de 2013 subvenciones por importe de 23,11 millones de euros, entre los fondos que se reparten la central –que aglutina 3,35 millones– y sus diferentes federaciones. En el caso de CCOO, la dotación se sitúa en 22,73 millonesde euros, de los que 3,81 son para la cabecera y el resto para la estructura sectorial. Sólo los dos principales sindicatos suman 45,84 millones. Claro que tampoco los empresarios se van de vacío, aunque manejan menos fondos.CEOE cuenta con 3,76 millones y Cepyme se queda en 3,69; en total, 7,46 millones de euros. 
La resolución del Servicio Público de Empleo Estatal, dependiente del Ministerio que encabeza Fátima Báñez, publica las subvenciones “concedidas desde el 1 de octubre al 31 de diciembre”. En el epígrafe donde se relacionan los fondos que reciben familias e instituciones sin ánimo de lucro –toda una ironía como rúbrica, en tanto familias hay pocas– figuran casi 400 organizaciones beneficiarias de dinero público destinado a la puesta en marcha de “programas de fomento del empleo” y la “formación profesional de ocupados”. Entre las agraciadas es posible rastrear una pléyade de federaciones sindicales y patronales empresariales de diferentes sectores.
'Concentración-pitada' de UGT y CCOO contra los recortes en el sector público. (EFE)'Concentración-pitada' de UGT y CCOO contra los recortes en el sector público. (EFE)En el caso de UGT, las federaciones que gestionarán más fondos para cursos de formación son la de Comercio, Hostelería-Turismo y Juego (FETCHTJ-UGT), con 5,58 millones de euros; la de Servicios, con 5,57 millones, y laAgraria, que sumó en el cuarto trimestre del año pasado un importe de 4,18 millones. En el caso del sindicato de Ignacio Fernández Toxo, también se lleva la palma la Federación de Comercio, Hostelería y Turismo, con 4,95 millones,  y su área de Sectores Financieros y Administrativos (Comfia), que gestionará 3,49 millones adicionales. También reciben fondos las secciones de enseñanza, metal, construcción o textil, entre otras.
Las fundaciones no se van de vacío
El departamento de Fátima Báñez también concede subvenciones a organismos vinculados a las centrales, como el Instituto de Formación y Estudios Sociales (Ifes), fundación de la UGT cuyo fin se centra “en ofrecer soluciones a la múltiples necesidades formativas de empresas y trabajadores”. Precisamente, la entidad ha estado en los últimos meses en el ojo de huracán por denuncias de irregularidades en el manejo de los fondos para estos programasLa contraparte de CCOO, la denominada Forem (Fundación Formación y Empleo Miguel Escalera), no se queda ni mucho menos atrás y acumula dotaciones para el desarrollo de sus cursos por 583.266 euros. Su división andaluza es la que sale mejor parada al tener a su disposición casi 800.000 euros extras.
Por primera vez, CCOO hacía públicos hace apenas días sus cuentascorrespondientes al año 2012. De acuerdo con la información facilitada, el sindicato cerró el año con un beneficio neto de 1,05 millones de euros, después de obtener unos ingresos netos de 31,5 millones. De esa facturación, 15 millones procedían de las cuotas de afiliados, 11,4 de programas subvencionados (en esencia programa de formación y orientación para el empleo) y 4,4 de los Presupuestos Generales del Estado por su representación institucional. Del mismo modo, el informe recogía deudas de las Administraciones Públicas con la Ejecutiva Confederal por importe de 10,3 millones, agujero precisamente derivado de importes pendientes de librar por subvenciones concedidas por diversos programas formativos y proyectos europeos.
Los balances facilitados por la central revelan lo que era un secreto a voces, esto es, que los ingresos por afiliación no son suficientes para sostener la actividad del sindicato, en apuros desde que las subvenciones públicas que reciben vía Presupuestos Generales del Estado han enfilado dramáticamente la cuesta abajo. Los fondos de formación y su mejor o peor gestión han sido tradicionalmente un agujero negro en la ‘hoja de ruta’ de los agentes sociales. La última gran radiografía de CEOE, contenida en el Anuario 2010, omitía cómo se manejaban estos fondos. “En un porcentaje abrumador, con excepción hecha de la administración de los fondos de formación, la financiación de la CEOE proviene de cuotas empresariales”, se limitaba apuntar. De aquellos polvos…

martes, 5 de noviembre de 2013

593.000 EUROS DE FIANZA PARA EL EX-SECRETARIO DE INDUSTRIA DE CC.OO.


Fianza de 593.000 euros para el exsecretario de industria de CCOO

  • Manuel Jiménez participó 'activamente' en los pagos de la Junta en el ERE de Calderinox

  • La juez declara como responsable subsidiario a CCOO de la fianza




La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que impone unafianza de 593.000 euros al exsecretario general de Industria de CCOO-A Manuel Jiménez García, por su participación activa en 444.980,22 euros pagados por la Junta para los empleados de Calderinox y dos intrusos que nunca trabajaron en esa empresa.
La juez, en un auto en el que declara responsable subsidiario a CCOO de la fianza, afirma que el sindicalista adquirió los compromisos para el pago de subvenciones a la empresa con el delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
Las ayudas se tramitaron y concedieron "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable", subraya la juez en el auto. Alaya señala que fija esa fianza para devolver en la medida de lo posible "las ingentes cantidades de dinero" que "de manera indiciariamente ilícita" ha pagado la Junta.
El 29 de diciembre de 2009, el imputado aceptó la concesión de una ayuda sociolaboral de 898.571,56 euros "supuestamente a favor"de nueve extrabajadores de Calderinox, aunque acabó pagando 444.980, y formalizó una póliza en la que incluyó a dos intrusos y que costaron 208.901,81 euros, según la juez.
Alaya imputa al sindicalista, que declaró como imputado el pasado 24 de octubre, los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

miércoles, 16 de octubre de 2013

LA JUEZ DECRETA RESPONSABILIDAD CIVIL A UGTY CCOO Y 722.000 EUROS DE FIANZA PARA LOS SINDICALISTAS DETENIDOS


CASO ERE | 722.000 euros de fianza a los sindicalistas 

detenidos


La juez decreta la responsabilidad civil 

susbsidiaria de UGT y CCOO


Los sindicalistas Salvador Mera (derecha) y Roberto Carmona (izquierda), tras su puesta en libertad el pasado 10 de octubre. | Efe
La juez instructora de los ERE ha impuesto una fianza civil de 251.041 euros al dirigente de UGT Salvador Mera y de 471.352 euros al de CCOO Roberto Carmona, en sendos autos en los que decreta la responsabilidad subsidiaria de sus sindicatos. Mera y Carmona fueron detenidos en la segunda fase de la 'operación Heracles', llevada a cabo la semana pasada por la Guardia Civil.
La juez Mercedes Alaya, en dos autos, acuerda además la "prohibición absoluta" de que ambos salgan de España, para lo cual deberán depositar su pasaporte, así como presentarse en el juzgado dos veces al mes.
La fianza de responsabilidad civil equivale a la presunta petición que hicieron al dueño de Uniter durante las negociaciones del ERE de la Faja Pirítica de Huelva, y se ha establecido tras la declaración que prestaron como imputados el pasado jueves.
Afirma Alaya que Mera, como secretario general de UGT en Cádiz, y Carmona, como secretario general de la Federación Minerometalúrgica de CCOO en Andalucía, pidieron a González Mata que les hiciera entrega de ciertas sumas de dinero.

Comisiones con fondos públicos

Ambos hicieron su solicitud "a sabiendas de que las comisiones de las mediadoras procedían de fondos públicos" y afirmaron que ese pago debía "paliar los gastos que, según decían, habían tenido los sindicatos con motivo del proceso de la Faja Pirítica de Huelva".
La realidad, según la juez, es que "ninguno de esos conceptos respondía a gastos necesarios soportados realmente" y González Mata "admite dicha reclamación para retribuir el papel de los sindicatos como facilitadores del proceso, pues conocía las consecuencias de lo contrario".
Los sindicalistas llegaron al acuerdo de que cada uno percibiría 180.000 euros, aunque según las cantidades realmente percibidas, incrementadas en el tercio que prevé la ley, la fianza civil queda fijada en 251.041 euros para UGT y 471.352 para CCOO. En el caso de UGT, Mera pidió que el pago se efectuase a través de la sociedad mercantil Temiqui, propiedad del sindicato.

Los sindicatos cobraron 7,6 millones de euros

Alaya recuerda en su auto que UGT y CCOO cobraron de Uniter, según lo investigado hasta ahora, 3.253.031 euros, y de la mediadora Vitalia 4.251.384 euros a lo largo de la década pasada, lo que hace un total de 7.648.815 euros. Se trataba de comisiones que a veces "se cobraban doblemente, en Madrid y Andalucía", como sucedió con CCOO en la empresa Delphi, afirma el auto. Añade que se trataba de "comisiones a veces altísimas, según la documentación recabada", en alguna ocasión de hasta un 200% por encima de la media de mercado.
Los autos les imputan un delito de malversación de caudales públicos y dada "la extraordinaria gravedad de los hechos que se le imputan, las penas elevadas a las que podría enfrentarse y la compleja instrucción que se está llevando a cabo", así como la posibilidad de que aparezcan nuevos actos delictivos imputables a los acusados, la juez acuerda respecto a ellos una serie de medidas restrictivas. Así, les impone la obligación de personarse en el juzgado dos veces al mes, la "prohibición absoluta" de salir de España y la obligación de depositar su pasaporte.
También acuerda la responsabilidad subsidiaria de sus respectivos sindicatos a la hora de hacer frente a la fianza civil.

martes, 23 de julio de 2013

FERNANDEZ TOXO CREE MAS A RAJOY QUE A BARCENAS


El sindicalista Fernández Toxo prefiere "creer a Rajoy antes que a Bárcenas"



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El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, prefiere "creer al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, antes que a una persona que está en la cárcel", en referencia al ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, pero para ello considera que es preciso que el jefe del Ejecutivo dé explicaciones "cuanto antes" sobre la supuesta financiación ilegal de su partido en sede parlamentaria. "Esa cita es ineludible", asegura. Rajoy podría explicarse el 31 julio o el 2 de agosto...

Ni dimisiones ni elecciones

Toxo no quiere hablar aún de dimisiones o elecciones anticipadas, sino de la necesidad de aclarar todas las incertidumbres que rodean el 'caso Bárcenas' en el perímetro del ámbito político y parlamentario, "donde reside la soberanía popular".
"Me gustaría poder evaluar las declaraciones y las explicaciones de Rajoy el mismo día que las haga y de ahí se podrán deducir otras iniciativas", ha asegurado, para añadir que "sería un síntoma de normalidad democrática que esto se resolviera en el Parlamento".

Sobre la moción de censura

Preguntado por la moción de censura que el PSOE podría presentar si el PP vuelve a rechazar en la reunión de la Diputación Permanente del Congreso, este miércoles 24 de julio, la comparecencia del presidente del Gobierno, Toxo cree que "no sería entendible que, si se presentase, no compareciese Rajoy".
Sin embargo, ha recordado que la mayoría absoluta del Gobierno hace que sólo pueda salir adelante dicha moción si se produce un "inédito" apoyo a la misma de diputados del Grupo Parlamentario Popular.
"En otros lugares del mundo sería normal, pero en España sería una convulsión política", ha dicho, antes de aprovechar para instar a "revisar" el manejo que se hace en la clase política española la disciplina de voto.
En cualquier caso, Toxo cree que "el PSOE también tiene que evaluarse y ver si estaría en condiciones de concurrir en unos meses a unas elecciones anticipadas".

sábado, 15 de junio de 2013

LA JUEZ DE LOS ERE, DESCUBRE QUE CC OO Y UGT, COBRARON 4,2 MILLONES DE EUROS EN COMISIONES


La juez de los ERE señala que CC OO y UGT cobraron 4,2 millones en comisiones

A LA PUTA CARCEL, PANDA DE LADRONES, SINVERGUENZAS

La juez Mercedes Alaya ve ilegales estos abonos por su intermediación en los ERE fraudulentos

 

 
Los sindicatos obtuvieron también su tajada de los ERE fraudulentos. Ya era sabido que como parte necesaria para presentar un expediente a la Junta de Andalucía, los sindicatos UGT y CC OO, cobraban su comisión. Pero la juez Mercedes Alaya ha puesto ceros y ha cifrado en 4,2 millones las “sobrecomisiones” que considera ilegales, procedentes solo de la consultora Vitalia, que gestionó los ERE junto a la firma Uniter. Las centrales cobraban entre el 0,5 y el 1% de cada ERE mediante sus agencias de corretaje de seguros Atlantis Asesores y Temiqui. "CC OO no ha cobrado ni un duro", ha rechazado Francisco Carbonero, secretario general del sindicato en Andalucía. El ejemplo más sonado fue el millón de euros que cada sindicato cobró en el ERE de Delphi, a través de la consultora Uniter.

Dos personajes clave en esta connivencia a seis bandas entre la Junta, las consultoras, las aseguradoras, los bufetes, los empresarios y los sindicatos son el intermediario Juan Lanzas y el ex director comercial de Vitalia Antonio Albarracín. La juez ha enviado a ambos a prisión como piezas fundamentales de la trama de la Operación Heracles, después de que el ex director general de Trabajo Javier Guerrero regresara a la cárcel el día antes. Albarracín declaró durante siete intensas horas y Lanzas mantuvo silencio, con igual resultado.

Lanzas, exsindicalista de UGT reconvertido en un conseguidor millonario gracias a su habilidad para engatusar a empresarios y comités de empresa de las bondades de un ERE subvencionado por la Junta, cobró sus servicios de múltiples formas. Su exjefe Albarracín le incluyó junto a su mujer, también detenida, como intruso (prejubilado ajeno a la empresa) en el ERE de la firma Hitemasa para cobrar 455.014 euros de los fondos públicos. “La Junta consentiría este hecho en claro perjuicio del erario público, como también consentiría en esta póliza la inclusión de esposas de sindicalistas, amigos de Juan Lanzas”, censura Alaya.
Este expediente incluyó asimismo como intruso al ex gobernador civil por el PSOE de Burgos y Cádiz, César Braña, y otros dos miembros de UGT con pólizas de 96.000 euros cada uno.

Sobre la tajada de los sindicatos, Albarracín ha apuntado: “En todos los sitios, Barcelona, Madrid, llegaban los sindicatos manifestando que necesitaban que su técnico hiciera un estudio de contraste y que esto tenía un coste. Esto suponía que si no pagaban este informe a los sindicatos, no se quedaban con la operación”. Sobre Andalucía, ha puntualizado: “Los sindicatos y la Junta eran los que mandaban”. A veces, las centrales “convencían a la Junta para que realizara determinados complementos, porque detectaban que el trabajador iba a tener alguna pérdida de prestación”.

Durante su testimonio, el exdirectivo ha disparado contra el exconsejero de Empleo andaluz Antonio Fernández, en prisión preventiva hasta el pasado agosto. “Fernández me manifestó que él hacía las pólizas con quien le decían los sindicatos”, ha acusado Albarracín al histórico cargo socialista.

La juez imputa al exdirectivo cinco delitos, entre ellos cohecho y falsedad. El auto de prisión bajo secreto de sumario describe una sucesión de prácticas ilícitas basadas en las comisiones repartidas a diestro y siniestro. Además de ingresar 249.000 euros a Guerrero en transferencias y una póliza para su suegra de 198.876 euros, Albarracín dirigió un sistema de entrega de sobres con cantidades entre 6.000 y 60.000 euros, según ha declarado esta semana a la Guardia Civil el testaferro detenido Eduardo del Leal.

Albarracín se enriqueció al mismo ritmo que Lanzas, su comercial privilegiado. El exdirectivo del grupo Eurobank pasó de poseer cuatro inmuebles en 2001 a tener 16 en 2011. ¿La razón? El exdirectivo convirtió en 1999 a la Junta de Andalucía en su mejor cliente. Esta Administración obvió la celebración de un concurso público para adjudicar la gestión de los ERE, y permitió a Vitalia cobrar “unas sobrecomisiones elevadísimas en relación al precio del mercado”, según Alaya. De este modo, Albarracín generaba beneficios para Vitalia y pagaba comisiones, sobre todo a Lanzas, enlace vital con los sindicatos. El intermediario tenía tres testaferros a sus órdenes cuyas empresas de mensajería emitían facturas falsas con servicios “inexistentes” a Vitalia. El Holding Vitalia transfirió a Lanzas 1,9 millones y 4,5 millones a las firmas Atrado y Servicios Inmediatos de Andalucía. A medida que los beneficios crecían, Albarracín sintió que su sueldo de 180.000 euros se quedaba corto y creó la entidad Permar 21 para facturar 3,1 millones a Vitalia y así aumentar sus ingresos.

Las explicaciones de Albarracín al intenso interrogatorio fueron vagas. Disparó la responsabilidad hacia sus exjefes, también detenidos, Eduardo Pascual y María Vaqué. El exdirectivo ha achacado a responsables de la Administración la inclusión de intrusos del PSOE, y ha defendido la legalidad de sus pagos: “No había límite de comisión”. Tanto la juez como la Fiscalía Anticorrupción le han interrogado por la mención en numerosos correos electrónicos a “los señores del sur”. Pero tras explicar que se refería a Lanzas y otros comerciales y la juez rechazar la respuesta por incongruente, Albarracín ha dejado la incógnita en el aire.

Un georadar para hallar el dinero

La Guardia Civil registró ayer de nuevo la casa del intermediario encarcelado Juan Lanzas en Albanchez de Mágina (Jaen). Tras el hallazgo de 80.000 euros en metálico en casa de sus padres, ayer los agentes regresaron a su casa con un georadar para buscar un posible zulo donde hubiese más dinero o documentación. Los agentes emplean el georadar para saber “si los estratos de la tierra presentan distorsiones en la zona, que se piensa que podría estar enterrado el dinero o la documentación que se haya podido ocultar”, dijeron fuentes del caso a Europa Press. 

La juez Alaya tomó ayer declaración a ocho de los 22 detenidos en la operación policial. De este modo, menos de la mitad de los arrestados el miércoles por la Guardia Civil han pasado a disposición judicial: Roser Massa, administrador de una aseguradora del grupo Eurobank; el empresario detenido en Las Palmas y supuesto camello de Guerrero, Gregorio Martínez; José González, hijo del dueño de la consultora Uniter José González Mata y María José Marcos, esposa del exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, salieron del juzgado en libertad con cargos. Mientras el núcleo duro de la trama ha sido encarcelado, los personajes satélites han quedado en libertad. Está por ver el destino del propietario de Uniter, que prevé declarar hoy. 

La Fiscalía Anticorrupción decidirá asimismo si solicita la drástica medida de prisión para los testaferros que supuestamente participaron en el reparto de comisiones ilegales en sobres:
Juan Francisco Algarín, Eduardo Leal y Beatriz Núñez.

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jueves, 13 de junio de 2013

UGT Y COO SE EMBOLSAN UN 10% DE COMISION, DE TODOS LOS ERE


UGT y CCOO se embolsan hasta un 10% del coste por despido en cada ERE

SINVERGUENZAS

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Los sindicatos utilizan en ocasiones empresas para camuflar ingresos por estudios inexistentes. Varios despachos de abogados denuncian que pactan tarifas al margen de su representatividad.


La crisis económica se ha convertido en una importante fuente de financiación para las centrales sindicales que, a través de sus asesorías jurídicas, cobran un porcentaje sobre las indemnizaciones que recibe cada uno de los trabajadores obligado a abandonar su empresa a través de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). De acuerdo con los datos a los que ha tenido acceso elEconomista, CCOO y UGT estarían ingresando actualmente entre el 5 y el 10 por ciento del coste del despido.

Al margen de las cuantiosas subvenciones que reciben del Estado y de las comunidades autónomas, los sindicatos hacen así caja con los trabajadores afectados por las regulaciones de plantilla, incluso cuando la indemnización debe ser pagada por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). De esta forma, cuanto mayor sea el número de trabajadores afectados por los ERE, mayores serán los ingresos de las centrales sindicales.

Un dato importante a tener en cuenta es que la contratación del abogado para negociar los términos del ERE con la compañía, se realiza por el comité de empresa, por el delegado de personal o por quienes representen los intereses de todos los trabajadores, pero no con cada uno de los trabajadores.

Un millón de afectados


Y los últimos años a tenor de las cifras oficiales, no les ha ido mal. El número de trabajadores afectados por un ERE entre 2008 y 2010 sobrepasó ligeramente el millón de personas (1,08 millones) y el número de expedientes llevados a efecto alcanzó los 42.858. De estos procedimientos, el 24,1 por ciento fueron de extinción del contrato, el 62,82 por ciento de suspensión temporal de empleo y el 12,9 por ciento de reducción de jornada.

La estadística correspondiente a los dos primeros meses de 2011, muestra que, aunque han descendido los ERE con respecto al mismo periodo del año anterior en un 11,7 por ciento, los anuncios realizados por diversas cajas de ahorros y, sobre todo el de Telefónica, hacen pensar en un cambio de tendencia a estas alturas.

Durante los dos primeros meses, según los datos de Trabajo, el número de expedientes presentados fue de 3.200, de los que se autorizaron 3.111, que afectaron a 44.404 trabajadores. El número de ERE pactados entre los empresarios y los sindicatos ascendió a 2.850 y afectó a 40.295 trabajadores, lo que supone el 90,7 por ciento del total.

El número de expedientes de extinción de contrato en enero y febrero ascendió a 566 trabajadores.

Conceptos de la factura


Los cálculos de varios bufetes de abogados, que consideran la actividad de estas asesorías jurídicas sindicales como un claro caso de competencia desleal, indican que por cada ERE de tamaño medio los sindicatos obtienen, al menos, entre 100.000 y 300.000 euros. Es lo que pasó, por ejemplo, en el ERE llevado a cabo por Fibracolor, una empresa participada por la Generalitat de Cataluña, que pagó 1.000 euros por trabajador, lo que permitió a los sindicatos embolsarse cerca de 280.000 euros en un conflicto laboral que acabó con el cierre de la empresa hace tres años.

Y más grave aún es lo que está pasando ahora, por ejemplo, con alguno de los ERE fraudulentos en Andalucía. Como el de Delphi, donde los sindicatos podrían haberse embolsado 2,4 millones de euros en concepto de mediación, después de que sólo 600 de los 1.500 trabajadores afectados por el cierre hayan podido ser recolocados.

Pero los ingresos no vienen sólo vía asesoría jurídica sino que, en muchos casos, aparecen incluso facturas que responden a estudios o informes que nunca llegan a ver la luz, según denuncian algunas empresas. Esta documentación suele ser facturada por sociedades instrumentales, especialmente cuando, como suele ocurrir con las multinacionales, la dirección se niega a pagar a los sindicatos.

El responsable de los servicios jurídicos de Comisiones Obreras, Antonio García, niega este extremo, aunque reconoce que ellos facturan a cada trabajador entre un 5 por ciento y un 10 por ciento de la cantidad con la que resultan indemnizados. "Como cualquier bufete de abogados" se defiende. Según García, "un bufete puede llegar a cobrar incluso un 15 por ciento o más". Los sindicatos insisten en que la cantidad pactada tan sólo es abonada por los no afiliados al sindicato.

Pero el problema es mucho mayor. Según han asegurado varios despachos de abogados expertos en derecho laboral -que han participado en un gran número de ERE en los últimos años-, existe además un problema de competencia, porque "al margen de la representatividad que tengan, pactan las facturas para cobrar lo mismo. Es un comportamiento irregular, con una falta absoluta de transparencia".

El responsable jurídico de CCOO matiza este extremo y asegura que tan sólo se pactan tarifas "cuando se trata de expedientes de empleo de grandes compañías, ya que es en esos casos cuando los propios trabajadores piden que se llegue a un acuerdo sobre la factura a cobrar".

Criterios diferentes de cobro


Aunque lo normal es cobrar un porcentaje, hay también casos en los que los sindicatos cobran una cantidad fija a cada trabajador por el asesoramiento técnico y jurídico. Estas cantidades dependen del número de trabajadores incluidos en el expediente que acepten el asesoramiento y de las dificultades que pueda plantear el expediente. Es decir, si es una simple tramitación puede rondar el 5 por ciento, mientras que si implica acudir al Juzgado la tarifa puede estar más cerca del 10 por ciento.

Aunque en algunos casos, los afiliados al sindicato no pagan, en la mayoría de los casos, al contrario de lo que asegura García, sí que lo hacen, aunque en una cantidad inferior a la de los no afiliados.

En numerosas ocasiones, los sindicatos ajustan sus honorarios a través de unas tablas que regulan la cantidad a pagar, atendiendo a la antigüedad de la afiliación sindical. Con ello se trata de que no se beneficien de esta situación quienes se han dado de alta en los meses anteriores a la presentación del ERE.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo establece que los honorarios del abogado deben tener en cuenta la cuantía del asunto, las circunstancias de esfuerzo intelectual y laboriosidad exigidas por la actuación profesional, el dictamen del Colegio de Abogados y el alcance de la condena dictada por el Tribunal correspondiente. La división del pago de honorarios en dos conceptos distintos viene recomendada por los propios colegios profesionales en sus criterios sobre los honorarios.

Como ejemplo, el Colegio de Abogados de Madrid aconseja a sus colegiados solicitar 360 euros por trabajador cuando se solicite la extin- ción de contratos, la suspensión temporal del empleo o la modificación de la jornada de trabajo.

En este primer concepto de las recomendaciones aportadas por el Colegio, se incluye la preparación del expediente, la comunicación a la autoridad laboral y la comunicación a los representantes de los trabajadores de la apertura del periodo de consultas en el que deben participar. Y, finalmente, ante la autoridad laboral, la presentación del periodo de consultas.

En la mayoría de los ERE, el abogado cobra un porcentaje al finalizar el proceso, pactado al principio, sobre la cantidad obtenida como indemnización por cada trabajador.

Existen una tablas de reducción de los honorarios dependiendo del número de trabajadores que participen en el ERE y sean representados por el mismo abogado o firma.

En el caso de los sindicatos, aunque suelen cobrar honorarios idénticos, éstos niegan que se hayan puesto de acuerdo para establecerlos.

No obstante, sí reconocen que en aquellos casos en que actúan los abogados de varias centrales con los trabajadores de la misma empresa o grupo empresarial es lógico que todos paguen lo mismo por los servicios prestados.

sábado, 8 de junio de 2013

CCOO, VOTA A FAVOR DE LA REFORMA DE LAS PENSIONES


Miguel Ángel García, el 'experto' de CCOO, justifica su voto a favor del informe de las pensiones: "Decide la política"

         MIERDAS COMO ESTE LOS HAY EN TODOS LOS LADOS. ¡¡¡¡¡ DIMISION YA ¡¡¡¡¡


Miguel Ángel García, responsable del Gabinete Económico de CCOO, ha votado a favor del informe de reforma del sistema de las pensiones que propone al Gobierno bajarlas.
El texto, que además de proponer una bajada de las pensiones insta a que sean más bajas en época de crisis y que suban en tiempo de bonanza, ha sido aprobado con diez votos a favor, uno en contra, una abstención y tres votos particulares. 

El voto contrario ha sido de Santos Ruesga, catedrático de Economía cercano a UGT, mientras que José Luis Tortuero, catedrático de Derecho del Trabajo cercano al PSOE, se ha abstenido. Los dos han emitido sendos votos particulares con observaciones al documento. El tercer voto particular ha sido de Miguél Ángel García, quien, sin embargo, votó a favor. 

En la rueda de prensa en la que se ha presentado este informe, elaborado por un comité de 'expertos', se ha justificado asegurando que "quien decide es la política". "Nosotros pensamos que es conveniente que todas las medidas sean graduales". 

"Un sistema de reparto sólo puede repartir lo que tiene", ha continuado García, "por lo que la evolución de la economía es determinante para saber hasta qué punto se puede soportar esta sostenibilidad". "España tendrá que pagar un 70% más de pensiones en el año 2050 respecto a las que se pagan ahora", ha proseguido. 

CCOO: "EL INFORME ES ESO, UN INFORME"

También se ha justificado el propio sindicato. La Dirección Confederal de CCOO asegura en un comunicado que el informe "no vincula ni al Gobierno ni a los agentes sociales". Según CCOO, el Pacto de Toledo y el diálogo social son las herramientas para la reforma de las pensiones y no emitir un documento de recomendaciones.

"El informe es eso, un informe. No vincula al Gobierno, ni a las Cortes Generales, ni a los interlocutores sociales", añade este sindicato, que dice sentirse vinculado a los acuerdos suscritos en febrero de 2011 "para el crecimiento, el empleo y la garantía de las pensiones" que preveía abordar el factor de sostenibilidad en 2027.

ENFADO EN TWITTER

Pero ni las explicaciones de García, ni las del sindicato han convencido en Twitter, donde los usuarios han mostrado su indignación y sorpresa por su voto favorable a este informe y han exigido a Comisiones Obreras que cese de su cargo a García.
FUENTE

lunes, 13 de mayo de 2013

La sanidad madrileña pierde 2.500 trabajadores en lo que va de año


La sanidad madrileña pierde 2.500 trabajadores en lo que va de año, según CC.OO

En sólo cuatro meses, la Comunidad de Madrid no ha renovado a 1.316 eventuales, a esos 'despidos' se suma el ERE de la Agencia Laín Entralgo, la desaparición del Instituto Cardiológico y el inminente despido de 300 trabajadoras del servicio de limpieza que va a ser privatizado


"Esta es la consecuencia del recorte de 300 millones de euros que el Gobierno de Ignacio González ha hecho a los presupuestos de personal para este año", según denuncia el sindicato CC.OO.


Las tijeras de los recortes en sanidad están muy afiladas, según vienen denunciando los sindicatos. La prueba es que desde que entró en vigor las medidas recogidas en el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público, la asistencia sanitaria ha perdido calidad, y el empleo sanitario se ha precarizado.


Este es la foto fija que el sindicato CC.OO hace de la sanidad madrileña. Según sus cálculos, en sólo cuatro meses se han perdido cerca de 2.500 puestos de trabajo. De entrada, dicen, la Consejería de Sanidad no renovó un total de 1.316 contratos eventuales de todas las categorías profesionales.

A eso se suma "el ERE en la Agencia de Formación Laín Entralgo y el cierre del Instituto de Cardiología, lo que supuso el despido de 87 trabajadores y el cese de otros 35 trabajadores. Además, a finales de enero, la privatización de los servicios no sanitarios del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda propició el despido de 173 trabajadores más", según los cálculos que hace la portavoz de Sanidad en Comisiones Obresa, Rosa Cuadrado.

En este cálculo también incluyen que febrero cerró la Comunidad Terapéutica de Villaviciosa de Odón (dependiente de la Agencia Antidroga), y la privatización de los Servicios de Salud Mental de Moncloa y Arganzuela.

Los próximos en irse a la calle serán las trabajadoras del servicio de limpieza. La Consejería de Sanidad acaba de privatizar el servicio, sacando a concurso la limpieza de todos los centros de salud. Con esta licitación, Madrid cerca de 300 trabajadoras perderán su trabajo.

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miércoles, 1 de mayo de 2013

Es facilísimo crear empleo

MERECE LA PENA LEER ESTE ARTICULO.



Marc Garrigasait


El paro en España ya ha alcanzado una tasa del 27,16% en marzo, 6.202.700 personas, con las regiones del sur en cifras de aproximadamente un 35%, con un paro juvenil del 57% y con 1,9 millones de personas pertenecientes a familias con todos sus miembros sin ningún empleo. Todos sabemos que una parte de estos datos oficiales es fraude debido, entre otras, a la economía sumergida y a que nuestro sistema facilita y empuja a quien no quiere trabajar a la búsqueda de subsidios. Si no, ¿cómo se explica que tengamos una cifra de paro superior a la Portugal o igual a la de Grecia?, ¿o cómo se explica que ningún otro país desarrollado haya alcanzado una cifra de parados tan colosal? En cualquier caso, da igual que sea un 27%, un 24%, un 22% o un 20%. La cifra es tan descomunal que pone en peligro incluso la propia democracia del país.
¿Qué hay que hacer para solucionarlo?
Cuando necesitas un consejo sobre fiscalidad acudes a un fiscalista, cuando sufres una lesión con rotura de tus ligamentos cruzados, acudes a un médico especialista. Cuando tienes problemas de visión (como el gobierno actual; el anterior era miope completamente) debes acudir al óptico. ¿No es tan difícil, no? ¿Tienes un problema?, acude a alguien que lleva todo su vida afrontándolo y solucionándolo.
¿A quién debe acudir el Gobierno para conseguir crear empleo?
En primer lugar, no debe acudir a los sindicatos, ya que no saben crear empleos. En todo caso, son especialistas en mantenerlos, pero nunca en crearlos. El máximo dirigente de UGT en España, Cándido Méndez, declaró hace un año que “debíamos mantener lo conseguido hasta hoy…” para defender que no debían hacerse reformas. Increíble, un paro entonces del 25% y debíamos de estar contentos. Esta declaración demuestra lo que digo. Los sindicatos prefieren defender un empleo, aunque suponga la no creación de otros cinco.
Tampoco deben acudir a la patronal de los empresarios. Ya han demostrado que solo piensan en sus negocios y, en cierta forma, al igual que los sindicatos, a mantener y preservar el sistema actual y no tocar nada. Aunque es cierto que el nuevo presidente, Joan Rossell, está cambiado poco a poco la institución.
Tampoco debe hacer caso a la actual ministra de Trabajo, Fátima Bañez, que en su vida ha creado un empleo privado. ¿Cómo va realizar puestos de trabajo alguien que en su vida se lo ha propuesto o no lo ha realizado? Cuando Rajoy nombró a Fátima Bañez, nos dejó claro a todos que no le importaba nada la creación de empleo. Este cargo era clave, debía nombrar a una personalidad de mucho peso y, en cambio, se decidió por un perfil bajo.
Tampoco debe hacerle caso a Montoro, un ministro que no es creíble porque cuando nos explica algo, ocurre lo contrario y, especialmente, porque al igual que la ministra de Empleo, no ha creado un empleo privado en su vida. ¿Cómo van a crear empleo unos ministros que no han vivido la experiencia de crearlos en la vida real y descubrir los problemas y desventajas que deben solucionarse? De hecho, Mariano Rajoy es igual que ellos, aunque existe una diferencia. Es el presidente del Gobierno y tiene la capacidad de nombrar a personas que lo solucionen, que realmente sean expertos en crear empleo.
Tampoco sirve de nada convocar a una reunión de los llamados “50 empresarios más importantes del país” como se hizo en la Moncloa unos años atrás. En realidad, casi ninguno de ellos eran empresarios. Este es un error muy común en nuestro país: llamar empresarios a banqueros o a directivos. Un empresario es el propietario de una empresa, que tiene trabajadores y directivos a su cargo. No sirve de nada una reunión de dos horas con 50 personalidades, ya que apenas nadie puede hablar y a muchos de los no empresarios les importa más mantener su poder, su status quo, que no revolucionar el país para crear empleo y que ponga en riesgo su puesto.
Tampoco sirve de mucho traer a un economista premio Nobel de algunas de las principales universidades norteamericanas. Seguro que le explicará al presidente del país conceptos interesantes, pero estará tres horas en España y se irá y tampoco conoce a fondo la idiosincrasia de nuestro país.
Mariano Rajoy debería olvidarse de todos sus actos oficiales, anular toda su agenda de una semana y dedicarla solo al primer problema y más grave: cómo crear empleo. Lo debería haber hecho la primera semana que entró en el gobierno, pero demostró con su política y con su gobierno que no le importaba nada lo de crear empleo. Nunca ha sido su prioridad. Imaginemos que ahora sí lo es.
Mariano Rajoy debe hablar imperativamente y con urgencia con especialistas en crear empleo en España, que hayan demostrado que lo han hecho y a ser posible que lo estén haciendo hoy en el punto más álgido de la crisis. También debería hablar con alguna persona a escala internacional que esté creando empleo. A ser posible, en ambos casos en una gran corporación. Dirigir un país no es tan distinto a dirigir una gran corporación, con muchos empleados, con luchas de poder entre áreas, departamentos y trabajadores y directivos. Por último, también debería verse con algún alto dirigente político internacional que haya cambiado un país, que lo haya transformado en un modelo de éxito. No es nada fácil este punto, ya que apenas quedan en un mundo donde la mediocridad política va en aumento.
Mariano Rajoy debería pedir al señor Juan Roig propietario de Mercadona, si le podría dedicar un día entero para que le dé su visión, sus consejos de por qué no se crea empleo en España y qué debe cambiarse para conseguirlo. Mercadona tenía ya 74.000 trabajadores a finales de 2012, creando otro año más empleo directo, 4.000 nuevos empleados fijos. En 2011, creó 6.500 empleos, pero contando los empleos de sus interproveedores la cifra suma los 400.000 empleos en toda la cadena agroalimentaria, el 2% de la población activa española. El empuje y crecimiento de Mercadona ha favorecido que sus interproveedores hayan invertido 470 millones de euros en 2012.
Fijaros que el discurso de Juan Roig en la presentación de resultados valdría al 100% para la economía española:
"Sin tocar la calidad, tenemos que bajar (el precio) la cesta de la compra y subir la productividad, que consiste en hacer más con menos. Las ventas subirán el 5% hasta los 20.000 millones de euros. El beneficio será menos, 430 millones, pero la cosa está difícil".
“La cesta de la compra tenemos que bajarla. Cuánto, no lo sé. Pero según el jefe” (el cliente), “el PVP ideal de los productos es cero y, si además le pueden regalar algo, mejor. Esto es imposible, pero hay que bajar” (los precios).
"O nos reinventamos o no podremos vender y tendremos que subir los precios, entonces los clientes nos compraran menos... Nosotros y los proveedores nos tenemos que reinventar, no estando a la sopa boba y exigiendo que nos paguen un precio".
"Al final, un trabajador de Mercadona con más de cuatro años de antigüedad cobra 1.600 euros netos al mes, incluidas las primas. Estamos muy orgullosos. Ello nos obliga a hacer un gran esfuerzo y a ser una empresa de alto rendimiento".
El país necesita más Juan Roig y menos payasos como Sánchez Gordillo, que saquearon un Mercadona y, por desgracia, tuvo más repercusión que los puestos de trabajo que crea cada día Mercadona.
Incluso la Universidad de Harvard ha dedicado en 2010 uno de sus famosos casos a estudiar las claves del éxito de Mercadona. Es muy curioso, yo escribí un artículo en 2008 sobre lo que debía hacerse para salir de la crisis y lo llamé “Menos Harvard y más Mercadona”. En este post, podréis encontrar un excepcional discurso de Juan Roig en su despedida como presidente de la IEF (Instituto de Empresa Familiar).
Mariano Rajoy y Juan Roig deberían irse ambos un monasterio sin teléfonos ni asesores y charlar durante todo el día. Pocos como Juan Roig en España le podrán explicar la realidad del país y recomendarle medidas que funcionarían.
Al segundo día, Mariano debería quedar con el señor Amancio Ortega y pasar otro día entero escuchando su experiencia en la creación desde cero de una las empresas más excelentes del planeta. Don Amancio Ortega ha conseguido crear desde cero a una corporación casi tan importante como un país entero y a pesar de la crisis continúa creciendo, mejorando y creando empleo. Qué mejor ejemplo para aplicarlo a un país.
Para el tercer día podría reunirse con el presidente de Singapur, que en apenas 50 años ha conseguido que una pequeña zona pantanosa se independizara de los ingleses y la ha transformado en uno de los países número uno en múltiples estadísticas como en productividad, potencia económica, sanidad y educación, etc.
Para el cuarto día podría reunirse con el presidente y propietario de la empresa Grifols, una pequeña empresa mediana familiar catalana de venta de plasma sanguíneo que ha saltado al continente norteamericano comprando una empresa casi tres veces mayor, en una compleja operación de enorme apalancamiento financiero y operativo, que está resultando un éxito. Victor Grifols declaró en su última junta general: “Por suerte solo vendemos el 9% en España, y digo suerte porque en España (y Portugal) no cobramos por nuestro trabajo”.
Para el quinto día podría reunirse con algún autónomo, quizás con el presidente de la asociación de autónomos española, un colectivo cada vez más importante.
Para el sexto día podría reunirse con un emprendedor que sea actualmente un Business Angel, es decir, un inversor en nuevos proyectos. Nada mejor que verse con personas que han creado una o varias empresas de éxito y ahora se dedican a reinvertir sus beneficios en empresas nuevas. Le recomendaría que contactase con la asociación seedrocket, que realizan un enorme trabajo de apoyo a la creación de nuevas empresas y cuya lista de mentores es excepcional.
Para el séptimo día podría verse con alguien como Martín Varsavsky, que ha creado empresas de éxito en España y tiene una visión muy internacional por sus negocios en todo el mundo. Martín tiene la combinación ideal, visión internacional con conocimiento local de España.
Cuando haya pasado siete días viéndose con personas de éxito que han transformado sus organizaciones de miles de personas, debería dedicar dos o tres días solo a pensar cómo podría aplicar estos consejos para transformar el país, pero sobre todo, para crear empleo.
Estoy convencido que cuando Mariano Rajoy haya entendido qué debe hacer para solucionar esta crisis que amenaza con llevarse el país por delante, le entrarán unas dudas enormes. Si las aplica debe transformar prácticamente todas las instituciones políticas, económicas y sociales del país. Deberá enfrentarse a su partido, al resto de partidos políticos y a medio país, que defenderá sus cargos para que nadie cambie. En ese momento, Rajoy debe decidir si se atreve a aplicarlas. En caso contrario, debería de ser honesto e irse. Tiene la oportunidad política de su vida. El país, está en sus manos. Es ahora o nunca.

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