El auto del juez Elpidio José Silva Pacheco en
el que decretaba la
prisión para el expresidente de Caja
Madrid, Miguel Blesa, ha causado estupefacción en el mundo financiero.
Por dos motivos: por un lado, porque los argumentos que emplea sobre la asunción
excesiva de riesgos en el crédito a Gerardo Díaz-Ferrán y en la compra
del City National Bank son aplicables prácticamente a todas las entidades
españolas, incluidas las sanas, por lo que podrían llevar a la cárcel
a todos sus presidentes; y por otro, porque se pone a dar lecciones de
estrategia bancaria sorprendentes, cuando no directamente "absurdas", según los
expertos del sector.
"Si conceder creditos sin suficientes
garantías, refinanciarlos cuando no se pueden cobrar, no ver venir el derrumbe
inmobiliario o comprar bancos en el extranjero con sobreprecio es delito,
entonces todos los banqueros de España son unos delincuentes", afirma un alto
directivo de un competidor de Bankia. Porque son pecados generalizados de la
banca española, que han llevado a la nacionalización total de cinco
entidades, el rescate parcial de otras cuatro (con una inyección de dinero
europeo de 40.000 millones en total) y a que el conjunto del sector haya dotado
150.000 millones en provisiones por su exposición al ladrillo. Obviamente, el
caso de Bankia es el más grave, pero el auto no entra en cuestiones de magnitud,
sino en dos operaciones concretas muy comunes en el sector.
El juez Silva centra sus argumentos sobre todo en el crédito a
Marsans, de 24 millones, una nimiedad comparado con los grandes préstamos
concedidos a inmobiliarias en la época del boom del ladrillo; por
ejemplo, la propia Caja Madrid se quedó pillada con 1.000 millones en
Martinsa-Fadesa. Uno de los argumentos que más utiliza es que el consejo de
administración de la entidad no se reunió cada vez que se tomó una decisión
sobre este asunto. "Si el consejo se tuviera que reunir cada vez que se trata
un crédito de 20 millones, se estaría reuniendo a diario", señala otra
fuente del sector. También critica el magistrado que Blesa no contara con la
aprobación de la Comunidad de Madrid, cuando ésta estaba representada en el
consejo que dijo "amén" a todas sus operaciones.
El auto se escandaliza de que se concediera
un crédito a una empresa con la única expectativa de su venta para devolverlo,
como si eso fuera algo excepcional en España. Y critica que "en absoluto se
documentó, moduló o aseguró, mínimamente, tal futura venta", ignorando que una
operación así es fruto de una larga y complicada negociación de resultado
incierto. Asimismo, también le resulta excepcional que aparezcan ofertas de
última hora sin el menor contraste... como las de los fondos árabes por
Metrovacesa, o las de las petroleras chinas y rusas por Repsol cuando Sacyr
tenía que refinanciar su participación en la española.
Otro asunto que el juez considera delictivo
es que las garantías reales (inmuebles) aportadas por Díaz-Ferrán no cubrieran
la totalidad del préstamo, o que estos inmuebles tuvieran tasaciones
sobrevaloradas. Como es más que sabido, en la burbuja inmobiliaria las
tasaciones se hacían para que justificaran el precio de venta y el importe
de la hipoteca concedida (para ello se tomaban testigos de demanda y no de
oferta como en la mayoría de los países europeos) por tasadoras controladas por
las propias entidades. Igualmente, era costumbre habitual en la mayor parte del
sector conceder hipotecas por más del 100% del valor de tasación (loan to
value) para que el cliente se comprara los muebles, el coche, el viaje de
bodas, etc.
También llama la atención de las fuentes
consultadas que el auto considere que Caja Madrid hizo mal en mantener o incluso
incrementar su riesgo con este cliente ante su más que probable insolvencia.
"¿Entonces qué tendría que haber hecho? ¿Llevarla a concurso de acreedores?
¿Acaso sabe el juez que en caso de concurso la entidad tiene que provisionar,
o sea, dar por perdido, el 100% del crédito en el plazo de un año? ¿Y eso no
causa un perjuicio patrimonial mayor que el de alargar el plazo del préstamo
para ver si en el futuro la empresa es capaz de devolver una parte?", añade el
ejecutivo citado.
Otra cosa que le parece mal al magistrado es
que el crédito de Marsans se utilizase para "pagar la nómina", cuando la
mayoría de las pymes que no pueden acceder al
crédito (o sólo a tipos
estratosféricos) lo necesitan precisamente para eso, para poder pagar a los
trabajadores y mantener su actividad (financiar el circulante) en la crítica
situación actual de la economía española.
No a las
refinanciaciones
Silva le considera también rechazable la
práctica de la refinanciación cuando el banco es consciente de que la
empresa es insolvente, porque incrementa el riesgo "ostensible y
exorbitantemente". "Por esa regla de tres, todas las refinanciaciones de
empresas como Prisa, ACS, FCC, Sacyr, NH, Ferrovial, Sol Meliá, Hesperia,
además, por supuesto, de inmobiliarias como Metrovacesa, Reyal Urbis, San José,
Colonial, etc., serían delito", según otro de los expertos. Como ha venido
informando El Confidencial, el Banco de España ha incrementado los requisitos de
provisiones sobre los créditos refinanciados por la presión de Bruselas, que entiende que esconden
morosidad oculta, aunque menos de lo que pretendía inicialmente. Esta práctica
es conocida por los anglosajones como extend and pretend (alargar y
fingir) o delay and pray (retrasar y rezar).
La conclusión del magistrado no puede
resumir mejor la situación de Caja Madrid... y de toda la banca española: "El
resultado final obedece a la inacividad plenamente relacionada con una
deliberada relajación de los elementos de control de riesgo de crédito o de su
devolución". "Los departamentos de riesgos se tomaron siete años de vacaciones",
solía decir el presidente de una caja absorbida en la reestructuración del
sector. El problema es que el auto añade que "esta inactividad choca o excede
abiertamente de lo que resulta habitual en una entidad como Caja Madrid".
Parece evidente que una entidad no necesita un rescate de 22.000 millones sei
sólo hubiera relajado sus estándares de forma excepcional en un crédito de
24.
El juez Silva, fino estratega
financiero
También tiene su aquél que acuse a Blesa de
"ignorar manifiestamente la atonía económica imperante" o de que "ante la
presencia de un tsunami, existe mejor o peor tumbona para pasar la tarde tomando
el sol" cuando compró el City National Bank en 2008, antes de que quebrara
Lehman Brothers. Basta recordar que sólo El Confidencial y algunos
analistas alertaban entonces de la que se nos venía encima, y que incluso en
2009 el presidente Rodríguez Zapatero hablaba de "desaceleración
acelerada" y del "sistema financiero más sólido del mundo". Y que no fue ni
mucho menos la única entidad que compró un banco en EEUU en niveles de precio
máximos del ciclo: Santander, BBVA, Popular y Sabadell también lo hicieron, en
algunos casos con pérdidas de valor superiores a las de Bankia.
Pero lo que más revuelo ha causado entre los
ejecutivos de la banca son las lecciones de estrategia financiera con las que el
magistrado ilustra lo que Blesa debería haber hecho para evitar el delito.
Aparte de exigir de controles de riesgo más estrictos y de negarse a refinanciar
aunque eso lleve a las empresas al concurso, el magistrado suelta boutades
como que hay que entrar en el mercado de EEUU "a través de una lenta
penetración, cimentando reputaciones de forma táctica y paulatina, a través
de mercados próximos como, por ejemplo, el de los Estados Unidos Mejicanos
(sic)". Como si los estadounidenses eligieran banco basándose en el
prestigio que tienen las entidades en México. O como si alguna otra entidad
española hubiera seguido ese camino.
