Al
menos 30.000 estudiantes universitarios (un 2,3% del total) corren riesgo de ser
expulsados de los campus españoles por no poder pagar las matrículas. Esta es
otra de las consecuencias de la crisis y los recortes.
Las universidades han perdido más de 1.240 millones de euros desde 2008 y en
paralelo han aumentado las tasas —hasta 540 euros más de media en primera
matrícula—, y se han concedido menos becas al endurecerse los requisitos
académicos —del 5,5 de nota media ahora se pide un 6,5—. Y ello en un momento en
que la crisis se está cebando con muchos hogares y más estudiantes necesitan
ayuda para poder estudiar. Este jueves los vicerrectores de estudiantes de los
campus españoles se reunirán en Madrid con los impagos como plato fuerte, aunque
muchas universidades ya han buscado soluciones eventuales para este curso. El
Ministerio de Educación, por su parte, no tiene previsto un encuentro con los
rectores para tratar el asunto.
La
cifra de alumnos morosos todavía no es definitiva. Los 30.000 forman parte de la radiografía de este
momento, pero los números pueden
variar a la baja —algunos podrían pagar in extremis a final de curso
para evitar la anulación de su expediente y no tirar por la borda el esfuerzo de
meses— pero también al alza: algunas universidades no han incluido todavía en
sus estadísticas a los estudiantes a los que se les ha denegado la beca (en
Cataluña todavía se están resolviendo las últimas). Esta es una de las causas
que pueden disparar aún más la morosidad. Solo unos ejemplos: en la Universidad
de Sevilla un 15% más de los alumnos se han quedado sin beca (13.000), en
Cataluña las denegaciones han crecido un 20%, mientras en Salamanca han pasado
del 38% al 45% (5.853 estudiantes).
Las universidades han
perdido más de 1.240 millones de euros desde 2008
Gloria Blanco es uno de estos casos que, por el
momento, no aparecen en las estadísticas oficiales. Está en 2º curso de Trabajo Social de la Universidad
de Barcelona y en abril le llegó la notificación de la beca denegada por no
cumplir los requisitos académicos: no alcanzaba el 90% de créditos aprobados el
curso anterior. “Es injusto. Fue por una asignatura, además de que era de
evaluación continua y suspendí solo una de las pruebas.
¡Se supone que debería
contar la media!”, se queja esta joven de 26 años que hace un par de semanas
decidió abandonar la carrera. Tenía que pagar 800 euros de la matrícula que no
tenía. Acabó las clases y los trabajos, pero no se presentó a los
exámenes.
La estudiante vive en Santa
Coloma de Gramenet con su abuelo y sus dos hermanas de 22 y 25 años. Subsisten
con la pensión del abuelo, unos 600 euros. Las hermanas hacen cursos de
formación, pero llevan paradas año y medio. Gloria se queja de la poca
información y ayuda recibidas por la universidad. “Fui a secretaría porque no
quería dejar la carrera, pero no me ofrecieron ninguna solución”, lamenta la
joven.
Sea como sea, la cifra de 30.000
estudiantes universitarios —resultado del conteo hecho por EL PAÍS a partir de
los datos facilitados por todos los campus públicos, a excepción de algunos
centros pequeños, donde el plazo de pago no ha finalizado— pone de relieve una
nueva problemática que amenaza con agravarse con la reforma de las becas
anunciadas por el Gobierno, que puede dejar a muchos más estudiantes sin
ayudas.
El caso más gráfico es el de la
Universidad Nacional a Distancia (UNED) con 10.500 impagos entre alumnos que no
solicitaron beca. “El porcentaje de morosos no ha variado aún respecto al año
pasado, pero ahora nos van a llover los casos de gente que no puede hacer frente
a las tasas”, cuenta Álvaro Jarillo, vicerrector de Estudiantes. Solo 10.402 de
los 32.000 estudiantes que pidieron beca la han obtenido, frente a los casi
15.000 del pasado curso, un 31% menos.
País Vasco ha creado un
fondo de 250.000 euros para este tipo de situaciones.
Algunas cifras de otras universidades o comunidades
autónomas permiten hacerse una idea de la magnitud del problema de los impagos.
En Madrid, donde las matrículas se han incrementado un 38% de media, los campus
admiten que hay unos 7.000 estudiantes que no han podido hacer frente al pago de
las tasas. En Cataluña hay contabilizados al
menos 3.000 casos —el triple que hace
tres años—, lo que eleva el impago a unos tres millones de euros. En esta
comunidad las matrículas subieron hasta el 67% y, pese a que la Generalitat
implantó una escala de precios que varía según la renta familiar, la morosidad
no se ha frenado.
En las universidades
andaluzas contabilizan al menos 5.700 alumnos morosos. En la Universidad
Politécnica de Valencia dicen que son 656, en el campus de Oviedo, un millar; en
la del País Vasco admiten 241; en Castilla-La Mancha contabilizan 377 o en el
campus de A Coruña, 160.
El impago de
las matrículas comporta irremediablemente la expulsión del estudiante de la
universidad. Se trata de una expulsión administrativa, ya que aunque el alumno
puede continuar yendo a clase e incluso realizar los exámenes, se le veta el
acceso al campus virtual y no se le rellena el acta con las notas, así que no
puede matricularse al año siguiente ni pedir el título ni ningún certificado
académico.
Tras la protesta en la
UCM, se ha creado la Plataforma de Afectados por las
Tasas
Estas bajas
administrativas pueden aplicarse de forma escalonada, pero en la Complutense de Madrid, se hizo de forma simultánea, y
sin previo aviso, a 3.193 alumnos que
no habían pagado las matrículas. La medida soliviantó a los estudiantes, que se
encerraron durante días en el rectorado. Finalmente, el campus se avino a
ampliar el plazo de pago hasta septiembre y repartir los recibos hasta en cuatro
abonos. Según los últimos datos de la UCM, había 2.673 alumnos que seguían sin
pagar parte o toda su matrícula cuando se abrió ese periodo excepcional. De
ellos, 552 se apuntaron a fraccionarlos y 70 manifestaron que no podían pagar.
La Complutense no ha aclarado qué ha ocurrido con los 2.051 restantes, si se han
dado de baja por no poder pagar o si son alumnos que se borraron a principio de
curso antes de abonar la matrícula. La cifra regional varía según dónde se
sitúen esos alumnos sobre los que la Complutense guarda
silencio.
Tras la protesta en la UCM,
se ha creado la Plataforma de Afectadas por las Tasas (PAT) que apenas echa a andar con pequeños grupos en
Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. Su objetivo es que “se activen los campus
virtuales a los alumnos expulsados y hacer presión para que no se eche a nadie
por motivos económicos”, explica Carla Ten, estudiante de ingeniería biomédica
de la UB y miembro de la PAT en Barcelona. Y, a largo plazo, añade, pretenden
lograr una universidad gratuita.
Ante
este grito estudiantil de ayuda, algunos rectorados han decidido activar fondos
sociales. Muchos alumnos se han encontrado con problemas
sobrevenidos. “Su situación económica
o familiar se ha deteriorado rápidamente en los últimos meses, ya sea porque los
padres están desempleados, porque se han quedado sin prestaciones o incluso por
el fallecimiento de los progenitores”, explica Sílvia Carrasco, vicerrectora de
estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este campus ha sido uno de
los pioneros a ofrecer estas ayudas especiales. Bautizadas con el nombre Beca
Finestreta, cuenta con una dotación de 320.000 euros y beneficia a unos 150
alumnos.
Iniciativas como están
surgiendo como setas en toda España. En la Universidad de Valencia están
detectando “casos muy graves, desde fallecimientos o depresiones familiares a
desempleo sobrevenido”, señala su delegado del rector para Estudiantes, Daniel
González. El campus ha cuadruplicado las becas propias. El fondo social de la
UNED para casos sobrevenidos no ha parado de crecer. En 2001 destinaban 57.000
euros para 226 solicitudes y ahora ya van por 846.000 euros para 3.760 alumnos.
“Nos vamos a quedar cortos”, asevera Jarillo.
La del País Vasco ha creado un fondo de 250.000 euros
para este tipo de situaciones. La ayuda es en metálico, pero no se descarta que
tengan que “desarrollar actividades en favor de la universidad”. “La idea no es
que ocupen puestos de trabajo. Por ejemplo, pueden orientar a los estudiantes de
Erasmus que llegan a la ciudad. O si hay una feria en la que se explica el
proyecto educativo de la universidad, pueden echar una mano”, abunda Maite
Zelaia, su vicerrectora de estudiantes.
Para septiembre A Coruña ha creado un depósito de
115.000 euros y Málaga de 810.000 euros. Algunas han ampliado los plazos. La
de Alcalá de Henares ha optado por el pago
fraccionado mes a mes. La matrícula,
que ronda los 1.500 euros, se podrá abonar en 10 meses. “Estas medidas son
parches para que se ocasione el menor perjuicio posible a los estudiantes”,
señala Santiago Fernández, vicerrector de Coordinación y Comunicación de Alcalá
de Henares, “pero es el ministerio el que debería potenciar una política de
becas adecuada, como ha pedido nuestro rector. No deberían subir más las tasas e
incluso en algunos casos, como los másteres de investigación, tendrían que
bajarlas”.
Algunas administraciones han
decidido crear una dotación extra para situaciones sobrevenidas. La Comunidad
Valenciana distribuirá un millón de euros entre los 600 estudiantes que han
concurrido a la oferta extraordinaria de becas. Cataluña dispone de seis
millones de las Beca Equitat. “Hemos decidido dejar abierta la convocatoria para
todo lo que pueda suceder durante el curso”, justifica el secretario de
Universidades catalán, Antoni Castellà, quien aplaude la iniciativa de las
universidades, pero matiza. “Cualquier ayuda es buena, pero quien cuenta con el
grueso del dinero es la administración”. También toman las tiendas municipios
como Alameda (Málaga, 5.000 habitantes), el Ayuntamiento destinará 20.000 euros
para sufragar las matrículas de los jóvenes del pueblo.
Donde no llegan ni Gobiernos ni universidades, está
llegando el ingenio universitario. A finales de mayo, la Facultad de Educación
de la Universidad de Valladolid puso en marcha la campaña Matrícula entre todos,
que consistía en vender 500 bolígrafos al precio de dos euros para destinarlo a
ayudar a los alumnos con problemas económicos. Para finales de este mes, el
sindicato de CC OO de la Universidad de Castilla-La Mancha ha organizado un
concierto solidario con el que espera recaudar 150.000 euros para dar un balón
de oxígeno a estos 377 estudiantes que no han abonado el último plazo de la
matrícula.
