España es un país que está resistiendo bien la crisis porque a pesar de la dureza y crueldad con que sus dirigentes tratan a los ciudadanos, la “paz social” es un hecho incuestionable, dice el economista hindú Raghuram Rajan, autor del libro Grietas del Sistema. Y no le falta razón, solo que las causas de esta “paz social” no están en la eficacia de los sindicatos y de los partidos de la oposición para vehicular todo el odio e indignación que suscita el saqueo permanente de esta “casta” o “partitocracia” que arrasa nuestra economía, sino que directamente se han unido a ella en detrimento de los propios españoles. Por eso la “paz social” en España, construida a costa de desarticular la sociedad civil para sustituirla por partidos y sindicatos subvencionados, se basa en un hecho oculto que provoca la ausencia de salidas y alternativas: 3.158 españoles se han suicidado, 119 de ellos por desahucios.
Esta semana ha ocurrido en Málaga, uno más. Leandro C.M.G., de 36 años de edad, se ha quemado a lo bonzo frente a la Junta de Andalucía, que le había negado una ayuda para atender a su madre, que falleció por ello. El político responsable, delegado territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, el socialista Daniel Pérez, se lavó las manos: “su expediente no se resolvió favorablemente porque no se presentó la documentación solicitada”.Hasta el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se mostró inflexible: “no consta ninguna solicitud en la Junta de Andalucía”.
Su caso apenas suscitó unas líneas en la prensa ni generó interés en el resto de la sociedad, cuando este mismo hecho en Túnez, cuando el joven universitario y vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, se prendió fuego y produjo desde 2010 una oleada de revoluciones y derrocamientos de partidos en el mundo árabe: Túnez, Egipto, Libia, Siria y ahora Turquía, donde la sociedad civil también ha hecho retroceder al “sultán” Erdogán manifestándose masivamente en la calle sin perder su capacidad de intimidar a los políticos.
La crueldad e insensibilidad de los políticos en torno al drama de la pobreza y el paro ha convertido a España en la vergüenza del mundo, sin que los poderes públicos se aperciban de la gravedad de la catástrofe para quienes la sufren. Este cataclismo ha obligado al movimiento 15-M a abrir una página en wikipedia para intentar cuantificar el número de suicidios en España relacionados con la crisis, cifra que va a aumentando cada mes. No están incluidas las tentativas como la del joven Leandro en Málaga, lo que incrementaría notablemente la cifra.
La situación parece evidenciar que en España, ante la falta de alternativas políticas, los ciudadanos optan por quitarse la vida antes que rebelarse contra el régimen o ayudar a su derrocamiento o sustitución. Algunos movimientos sociales están barajando la idea de dar a conocer los nombres de los políticos con cargo y sueldo vigente que desempeñan su labor en la provincia en la que se produce el suicidio de un ciudadano por las crisis, para poder hacerlos algún día responsables del mismo. El propio Leandro, con quemaduras en un 50% de su cuerpo que le han destrozado la vida, culpó a Rubalcaba y a la Junta de Andalucía por su desesperación. Los ciudadanos saben bien donde apunta el origen del drama.
Aunque la prensa y las administraciones públicas lo silencian, ya es oficial que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, pues en 2011 aumentó a 3.158 casos debido a la pobreza, al paro y a los desahucios, según el Instituto Nacional de Estadística. La enumeración se hace muy difícil en estos casos, que solo transcienden muy pocas veces a la prensa y cuya relación se publica en cualquier caso con mucho retraso. Uno de los escasos datos que se conocen fue divulgado por Tercera Información y Mundo Obrero, dos diarios que han investigado el drama y han estimado en 119 el número de personas que se quitaron la vida entre enero y noviembre de 2012 al ser desahuciados por no poder pagar la hipoteca bancaria.
El desastre se agrava porque los periodistas del régimen son obligados a silenciar estos sucesos, ya que los medios de comunicación son víctimas de una creencia política, alimentada por la “casta”, que presupone que la publicación de la noticia de un suicidio provoca un sentimiento de imitación en quien, padeciendo las mismas circunstancias que el afectado, la lee o escucha. Esto lleva al silencio y a la censura, en unos momentos en que es fundamental conocer cual es la realidad del verdadero impacto de la crisis económica en las clases medias y trabajadoras de España.
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Esta semana ha ocurrido en Málaga, uno más. Leandro C.M.G., de 36 años de edad, se ha quemado a lo bonzo frente a la Junta de Andalucía, que le había negado una ayuda para atender a su madre, que falleció por ello. El político responsable, delegado territorial de Salud y Bienestar Social en Málaga, el socialista Daniel Pérez, se lavó las manos: “su expediente no se resolvió favorablemente porque no se presentó la documentación solicitada”.Hasta el presidente andaluz, José Antonio Griñán, se mostró inflexible: “no consta ninguna solicitud en la Junta de Andalucía”.
Su caso apenas suscitó unas líneas en la prensa ni generó interés en el resto de la sociedad, cuando este mismo hecho en Túnez, cuando el joven universitario y vendedor ambulante, Mohamed Bouazizi, se prendió fuego y produjo desde 2010 una oleada de revoluciones y derrocamientos de partidos en el mundo árabe: Túnez, Egipto, Libia, Siria y ahora Turquía, donde la sociedad civil también ha hecho retroceder al “sultán” Erdogán manifestándose masivamente en la calle sin perder su capacidad de intimidar a los políticos.
La crueldad e insensibilidad de los políticos en torno al drama de la pobreza y el paro ha convertido a España en la vergüenza del mundo, sin que los poderes públicos se aperciban de la gravedad de la catástrofe para quienes la sufren. Este cataclismo ha obligado al movimiento 15-M a abrir una página en wikipedia para intentar cuantificar el número de suicidios en España relacionados con la crisis, cifra que va a aumentando cada mes. No están incluidas las tentativas como la del joven Leandro en Málaga, lo que incrementaría notablemente la cifra.
La situación parece evidenciar que en España, ante la falta de alternativas políticas, los ciudadanos optan por quitarse la vida antes que rebelarse contra el régimen o ayudar a su derrocamiento o sustitución. Algunos movimientos sociales están barajando la idea de dar a conocer los nombres de los políticos con cargo y sueldo vigente que desempeñan su labor en la provincia en la que se produce el suicidio de un ciudadano por las crisis, para poder hacerlos algún día responsables del mismo. El propio Leandro, con quemaduras en un 50% de su cuerpo que le han destrozado la vida, culpó a Rubalcaba y a la Junta de Andalucía por su desesperación. Los ciudadanos saben bien donde apunta el origen del drama.
Aunque la prensa y las administraciones públicas lo silencian, ya es oficial que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en España, pues en 2011 aumentó a 3.158 casos debido a la pobreza, al paro y a los desahucios, según el Instituto Nacional de Estadística. La enumeración se hace muy difícil en estos casos, que solo transcienden muy pocas veces a la prensa y cuya relación se publica en cualquier caso con mucho retraso. Uno de los escasos datos que se conocen fue divulgado por Tercera Información y Mundo Obrero, dos diarios que han investigado el drama y han estimado en 119 el número de personas que se quitaron la vida entre enero y noviembre de 2012 al ser desahuciados por no poder pagar la hipoteca bancaria.El desastre se agrava porque los periodistas del régimen son obligados a silenciar estos sucesos, ya que los medios de comunicación son víctimas de una creencia política, alimentada por la “casta”, que presupone que la publicación de la noticia de un suicidio provoca un sentimiento de imitación en quien, padeciendo las mismas circunstancias que el afectado, la lee o escucha. Esto lleva al silencio y a la censura, en unos momentos en que es fundamental conocer cual es la realidad del verdadero impacto de la crisis económica en las clases medias y trabajadoras de España.
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