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viernes, 7 de marzo de 2014

PORTUGAL: MILES DE POLICIAS SE MANIFIESTAN EN LAS CALLES CONTRA LA AUSTERIDAD


Miles de policías lusos protestan contra austeridad

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Lisboa, capital de Portugal, se convirtió la noche del jueves en escenario de una manifestación multitudinaria de policías que protestaban contra los recortes salariales. 

Al grito de "invasión, invasión", miles de policías llegaron al Parlamento, donde sus colegas habían formado un cordón para evitar que los manifestantes subieran la escalinata y entraran en el edificio. 

"Estamos aquí para exigir al Gobierno que trate a los policías con dignidad y que ponga freno a esta política de recortes que ha destruido nuestros derechos laborales", dijo Paulo Rodrigues, el presidente de la Asociación Sindical de los Profesionales de Policía (ASPP). 

En los recientes meses, los policías lusos han protagonizado varias marchas contra la política de austeridad del Gobierno conservador de Pedro Passos Coelho. 

En noviembre del año pasado, los policías ocuparon de forma pacífica el acceso al Parlamento como una forma simbólica de demostrar su fuerza ante las autoridades de su país. 

En Portugal, el sueldo medio de un policía ronda los 800 euros, una cantidad que el presidente de ASPP considera "muy baja" en comparación con la de sus colegas europeos
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martes, 18 de febrero de 2014

UCARANIA: 2 POLICIAS MUERTOS EN LOS ENFRENTAMIENTOS

Policía ucraniana confirma dos agentes muertos

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Kiev, 18 feb (PL) El Ministerio ucraniano de Interior confirmó hoy la muerte de al menos dos agentes durante los violentos enfrentamientos con grupos radicales opositores, en una nueva ola de disturbios y confrontación callejera en esta capital.

Según un comunicado del organismo, un segundo miliciano (policía) falleció este martes en el hospital a consecuencia de las heridas recibidas mientras cumplía servicios de protección del orden público.

En la mañana de este martes comandos opositores integrados por elementos nacionalistas rompieron el cordón de seguridad en torno a la Suprema Rada (parlamento) y se enfrentaron a las fuerzas policiales y tropas de interior con piedras, armas y petardos.

Varias patrullas y vehículos fueron destruidos en la zona de una comisaria de Kiev, donde manifestantes rompieron las ventanas de la instalación policial.

La nueva ola de disturbios y confrontación violenta animada por los líderes opositores busca forzar una votación extraordinaria en el parlamento en favor de la Constitución de 2004, aprobada en el contexto de la denominada Revolución naranja aupada por Occidente.

Asimismo la oposición pro occidental genera una situación de caos encaminada al derrumbe del Gobierno y el anticipo de elecciones presidenciales.

La policía informó que cerca de 50 agentes sufrieron lesiones y heridas con armas de fuego, como resultado de los choques registrados con sectores nacionalistas radicales.

Fuentes médicas, de otro lado, confirmaron tres casos de muerte en la Casa de Oficiales, en el centro de Kiev, donde también tuvieron lugar acciones violentas, tras la ocupación del edificio de las Fuerzas Armadas.

En una nota oficial, el Ministerio de Defensa advirtió que esas acciones contra una instalación militar pretendían provocar una respuesta adecuada de las Fuerzas Armadas.

La dirección de la cartera exigió a los manifestantes la retirada del lugar y que se retracten de otras acciones de ese tipo que puedan conducir a un deterioro de la situación.

Otras 13 personas recibieron atención médica, y cinco fueron hospitalizadas, notificó la agencia noticiosa For Um.

Varias de las céntricas calles de Kiev, aledañas al territorio de la plaza de la Independencia (Maidán) fueron escenario de violentos enfrentamientos entre manifestantes, policías y las fuerzas antimotines.

Mientras tanto, el canciller Leonid Kozhara dijo confiar en un comunicado de última hora en que gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales condenen los actos violentos de los manifestantes en Kiev.

Llamamos a que se haga una evaluación objetiva de la situación en Ucrania y esperamos se condene enérgicamente los actos ilegales de fuerzas radicales, reza una declaración del ministro de Exteriores.

Indicó que manifestantes, amparados supuestamente en protestas pacíficas, atacan edificios gubernamentales, organizan la quema de casas y causan lesiones graves a agentes del orden.

Igualmente denunció Kozhara que esos elementos radicales emplean armas de fuego y exhortan a otros ciudadanos para hacerlo.

Tales acciones exigen una evaluación apropiada y una adecuada respuesta de las autoridades en los marcos de la ley, afirmó el canciller ucraniano.

FUENTE:

miércoles, 12 de febrero de 2014

BRASIL: MANIFESTACION DE 6.000 POLICIAS POR AUMENTO DE SUELDO


Brasil: más de 6.000 policías en huelga le 

reclamaron a Dilma Rousseff mejoras 

salariales

La protesta contó con la adhesión del 70% de los agentes en 22 de los 27 estados y amenaza con extenderse. Voceros acusaron a la presidente de "castigarlos" por operaciones contra la corrupción. Crece la preocupación por la seguridad durante la Copa del Mundo

Unos 6.500 agentes de la Policía Federal brasileña paralizaron el martes sus actividades en una huelga en reclamo por mejores salarios, según un balance de la Federación Nacional de los Policías Federales (Fenapej).
La medida fue respaldada por agentes y peritos criminales en 22 de los 27 estados del país, según explicó el principal sindicato de la Policía Federal, institución brasileña responsable del control de las fronteras y los aeropuertos y del combate a crímenes federales como el narcotráfico, el contrabando y la corrupción.
El presidente de la Fenapef, Jones Leal, había asegurado que la medida no afectaría directamente a la población, ya que los agentes mantendrían las actividades esenciales. La huelga, sin embargo, pudo atrasar investigaciones criminales e impedir la presentación de denuncias.
"Calculamos que entre el 60% y el 70% de los agentes se adhirieron a la huelga este martes", aseguró el líder sindical.
La paralización de este martes será seguida de nuevas protestas, programadas para los días 25 y 26 de febrero, que buscan presionar al Gobierno para que ajuste los sueldos de los agentes de la Policía Federal, que, según la Fenapej, no son elevados en términos reales desde hace siete años.
El sindicato asegura que mientras que el Gobierno concedió aumentos salariales de entre el 20 y el 30 por ciento para otros funcionarios públicos, incluyendo a los propios comisarios de la Policía Federal, para los agentes de la institución sólo se autorizó un incremento del 15 por ciento.
"El salario es una de nuestras reivindicaciones. Queremos mejorar las condiciones de trabajo"
"Pero el salario es apenas una de nuestras reivindicaciones. Queremos que se resuelvan otros asuntos para mejorar las condiciones de trabajo, como el asedio moral, la falta de efectivos y hasta la falta de buena gestión. Nuestra pauta es gigantesca", dijo el líder sindical.
Como la huelga coincidió con el Día del Enfermo en Brasil, los agentes realizaron manifestaciones en diferentes ciudades, en las que presentaron a la Policía Federal como un enfermo crónico abandonado en una camilla que necesita de máscaras de oxígeno para respirar.
"La Policía Federal está en la Unidad de Cuidados Intensivos", decían algunos de los carteles exhibidos por los huelguistas.
Según un comunicado del sindicato, la "deplorable situación del órgano" es resultado de un boicot de la presidente brasileña,Dilma Rousseff"como castigo por las operaciones contra la corrupción que incomodan al Gobierno".
La crisis policial ha abierto un nuevo frente de conflicto para el gobierno de Rousseff, que prepara a Brasil comoanfitrión de la próxima Copa del Mundo, que comenzará en junio.
Las protestas de 2013 durante la Copa Confederaciones y su reedición en los últimos días después de otro aumento en el transporte han despertado temores con relación a la seguridad durante el megaevento deportivo. A esto se suma un nuevo conflicto entre el Gobierno y el Sindicato de la Construcción a raíz de la muerte del sexto obrero en la construcción de las obras de cara al Mundial.
Aunque encargados de la seguridad de la Copa afirmaron que 100.000 efectivos estarán abocados a esas tareas, la posibilidad de que las protestas policiales continúen deja abierto el interrogante sobre lo que podrá pasar durante el evento que espera recibir más de 600.000 turistas extranjeros.
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lunes, 3 de febrero de 2014

ESPAÑA: UN LETRADO OFRECIO LA LIBERTAD A CORREA Y BARCENAS POR 3 MILLONES DE EUROS


“POR TRES MILLONES DE EUROS…”

El letrado Peláez ofreció la libertad a Correa y 


Bárcenas a cambio de dinero para policías


El abogado Ignacio Peláez (EFE)
Ignacio Peláez, el abogado del empresario leonés José Luis Ulibarri en la causa Gürtel, planteó ante Francisco Correa, primero, y Luis Bárcenas, más tarde, la posibilidad de conseguir su libertad mediante el pago de una millonaria cantidad de dinero a varios policías de la investigación. El exfiscal de la Audiencia Nacional les aseguró que la propuesta había partido de un significado representante de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), la unidad responsable de las pesquisas sobre la trama Gürtel. Tanto Correa como Bárcenas se opusieron a tan "descabellada propuesta". Esa fue, al menos, la contestación literal del extesorero del PP.
Dos personas de confianza del jefe de la red Gürtel y del exsenador popular han confirmado a El Confidencial la oferta "personal" del letrado, el mismo que sentó a Baltasar Garzón en el banquillo del Tribunal Supremo. Pero matizan que luego supieron que todo aquello se debía a un montaje que desconocía la PolicíaPablo Cresponúmero dos en algunas de las empresas de Francisco Correa e imputado en la causa, se negó a hablar de ese asunto, pero añadió: "Sólo puede escribir que no desmiento los datos en poder de El Confidencial".
Sin embargo, el abogado Peláez, en conversación telefónica, negó su participación "como intermediario" en ninguna gestión de esa índole "ni con Correa ni con Bárcenas". “Alguien está usando mi nombre en falso. Es cierto que me he entrevistado con algunos policías, pero para otros asuntos. Yo no me meto en esos fregaos. No trabajo de esa manera", aclaró el letrado.
Francisco Correa (d) y su abogado (i). (EFE)Francisco Correa (d) y su abogado (i). (EFE)Peláez reconoció que estaba al tanto de esa información y que había hablado varias veces con Francisco Correa, pero "nunca en nada relacionado con un asunto de dinero". "Esa información me llegó por medio de un policía, pero me olvidé del tema porque nunca me meto en negocios de ese tipo. Nada tengo que ver", sentenció el abogado.
Mencionó a tres comisarios
Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado que el abogado Peláez llegó a mencionar los nombres de tres comisarios del staff de las Fuerzas de Seguridad del Estado, pero que estos estaban al margen de cualquier oferta. El Confidencial conoce la identidad de los tres comisarios mencionados por el letrado ante los intermediarios de Francisco Correa, pero se reserva su identidad para salvaguardar su integridad profesional y por medidas de seguridad.
La primera operación se consumó a comienzos de 2012 cuando Ignacio Peláez citó en su anterior despacho madrileño de la calle Príncipe de Vergara a uno de los hombres de confianza de Francisco Correa. El jefe de la Gürtel permanecía preso en la cárcel de Soto del Real y no era excarcelado hasta abril de aquel año. Por tanto, el letrado, que se mostraba exultante tras haber logrado en el Tribunal Supremo la condena de Baltasar Garzón, necesitaba los servicios de uno de sus colaboradores para hacerle llegar un mensaje.
Peláez aseguró durante la entrevista que "unos jefes policiales se habían puesto en contacto con él" y estaban dispuestos a echarle una mano para lograr la libertad de Correa. Eso sí, a cambio, pedían un estímulo económico, según la versión del círculo de Correa. La propuesta policial había quedado plasmada en una cuartilla. Abusando de una escenificación más propia de unthriller policiaco, el abogado extrajo de un cajón de su escritorio una carpeta de color gris.
El expediente estaba precintado por tres adhesivos circulares que Peláez desgarró. De su interior extrajo un folio que le entregó sin más dilaciones al ejecutivo de la Gürtel. El estudio contemplaba varias soluciones en función de los resultados finales de las gestiones: "Solución óptima, doce millones de euros""solución intermedia, nueve millones" y "solución base, seis millones". Las tres opciones, ineludiblemente, contaban con la colaboración de la UDEF y aseguraban, según Peláez, la reconducción del proceso. La primera, la más ambiciosa y onerosa, contemplaba la nulidad de la causa y la libertad de Correa.
El juez Ruz. (EFE)El juez Ruz. (EFE)El hombre de confianza de Correa reaccionó con frialdad y sólo se comprometió a trasladarle la propuesta a su exjefe, aunque pronto comprendió que todo aquello era "una locura muy peligrosa". Fue la misma respuesta que obtuvo de los abogados de Correa, antes de dirigirse a la cárcel. Y tal cual se lo transmitió a Francisco Correa en una visita que le hizo a la prisión de Soto del Real: "Tenemos que luchar con armas jurídicas y no por vías sucias", fueron sus palabras. La respuesta de Correa se alineaba en la misma dirección. Además, en aquel momento sus arcas estaban exhaustas tras el embargo y el bloqueo de todos sus bienes.
El cerebro de la Gürtel se encontraba entonces más preocupado por la obtención de un aval bancario de una entidad chipriota que facilitara su libertad condicional. Lo último que pasaba por su mente era adentrase en aventuras arriesgadas. Ya había vivido una experiencia similar en Panamá, donde le habían estafado más de doscientos mil euros con una falsa promesa: la obtención de la residencia en el país del canal para eludir la acción de la justicia española. 
Reuniones secretas con la Policía
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viernes, 31 de enero de 2014

TURQUIA: DESPEDIDOS 700 POLICIAS POR CORRUPCION



Turquía: Despiden a más de 700 policías por un escándalo de corrupción






Una nueva ola de despidos ha sacudido la Policía turca. Como consecuencia de la campaña de lucha contra la corrupción llevada a cabo por las autoridades turcas, 724 policías de las ciudades de Ankara y Esmirna han perdido su empleo.

Entre los agentes despedidos figuran también algunos altos cargos policiales. En total en la capital turca fueron despedidos 500 policías, mientras que en Esmirna, 274, según informa 'Hürriyet Daily News'. De acuerdo con informes de los medios locales, muchos agentes de Policía fueron trasladados a otros puestos. 

Durante la campaña anticorrupción puesta en marcha a finales del año pasado por las autoridades turcas cayeron decenas de funcionarios, incluso del Gobierno de Recep Tayyip Erdoğan.  

Así, en diciembre el ministro de Medio Ambiente -Erdoğan Bayraktar-, el del Interior -Muammer Güler- y el de Economía -Zafer Çağlayan-, cuyos hijos se han visto involucrados en un caso de corrupción, presentaron su dimisión. Además, en Estambul fueron detenidos más de 50 funcionarios de alto rango y sus familiares. 

A principios de enero el Gobierno turco despidió a 350 oficiales de la Policía de Ankara. Entre los que perdieron su empleo figuran jefes de los servicios contra los crímenes financieros, de lucha contra el contrabando y contra el crimen organizado. La 'operación de limpieza' en las filas policiales se realizó también en otras 15 ciudades turcas. 
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jueves, 12 de diciembre de 2013

POLICIAS CRITITAN MEDALLAS A POLICIAS QUE NO ESTUVIERON EN EL ACCIDENTE DE SANTIAGO


Organizaciones policiales critican la entrega de medallas por el accidente del tren de Santiago


Santiago de Compostela, 12 dic (EFE).- Las organizaciones policiales SUP, CEP y UFP han criticado en un comunicado conjunto la concesión de medallas por la actuación en el descarrilamiento del tren en Santiago el pasado 24 de julio, a personas que ni siquiera estuvieron en el lugar.
Santiago de Compostela, 12 dic (EFE).- Las organizaciones policiales SUP, CEP y UFP han criticado en un comunicado conjunto la concesión de medallas por la actuación en el descarrilamiento del tren en Santiago el pasado 24 de julio, a personas que ni siquiera estuvieron en el lugar.
Las asociaciones profesionales resaltan en su escrito de los agentes que participaron in situ su trabajo "incuestionable, de gran profesionalidad, en un marco difícil, con una gran capacidad de reacción y ordenación de los trabajos, sin importar los riesgos y sobreponiéndose a un trágico escenario".
Tras apuntar que son esos los momentos en que se sienten "orgullosos de ser policías y servir a esta sociedad", SUP, CEP y UFP denuncian que "ese orgullo desaparece cuando los que dirigen el Ministerio del Interior, aprovechando el riesgo y trabajo de esos funcionarios, premian y condecoran a otros que ni tan siquiera pisaron el escenario de la catástrofe".
En este sentido, critican "la concesión de la Cruz al Mérito Policial con Distintivo Rojo, pensionada con el 10 % del sueldo, a funcionarios que no participaron en el dispositivo concreto de emergencias, que non pisaron las vías del tren, que no corrieron riesgo alguno, que no sacaron cadáveres de los vagones y que su trabajo se limitó, por ejemplo, a tramitar el atestado, cómodamente sentados delante de un ordenador".
Insisten en que se concederá medalla con distintivo rojo a personas que no cumplen los requisitos que establece la ley que regula estas condecoraciones, mientras que otros que sí las cumplen, no las recibirán.
Finalmente, las tres organizaciones anuncian una conferencia de prensa sobre este asunto para la próxima semana, bajo el título: "Atraco al tren de las medallas".

martes, 12 de noviembre de 2013

INTERIOR NOMBRARA A DEDO A LOS POLICIAS QUE CERRARAN EL CASO BARCENAS


Interior 'asalta' la UDEF y nombrará a dedo a los policías que cerrarán el caso Bárcenas


El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en un pleno del Senado (EFE)
La Dirección General de la Policía Nacional acaba de convocar un concurso de libre designación para cubrir los principales puestos de mando de la Comisaría General de la Policía Judicial (CGPJ), un movimiento quepermitirá al Ministerio del Interior elegir a dedo a los máximos responsables de las pesquisas sobre los escándalos de corrupción, entre ellos, los casos Gürtel y Bárcenas, dos frentes judiciales que han puesto contra las cuerdas la credibilidad del Ejecutivo de Mariano Rajoy
La convocatoria fue publicada el pasado lunes 4 de noviembre por la Orden General de la Dirección General de la Policía, el boletín oficial del cuerpo, y se enmarca en un proceso de actualización del catálogo de puestos de trabajo. Entre las plazas que salen a concurso se encuentran las de jefe de la Brigada Central de Crimen Organizado; jefe de la Brigada Central de Inteligencia Financiera; jefe de la Brigada Central de Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción; jefe de la Unidad de Investigación Tecnológica; jefe de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal; jefe de la Brigada Central de Seguridad Informática y jefe de la Brigada de Investigación del Banco de España, todas ellas encuadradas en la Comisaría de Policía Judicial. La lista es mucho más larga, pero destacan esos siete puestos. En cuestión de semanas serán ocupados por funcionarios elegidos por el Ministerio del Interior. 
Dos de esos nombramientos tendrán especial incidencia en el funcionamiento de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), la sección de élite en la lucha contra la corrupción que ha provocado los mayores dolores de cabeza al Gobierno y al Partido Popular. Sus miembros son los autores de los informes que han permitido avanzar en la instrucción de los casos Gürtel y Bárcenas, en los que se investigan presuntos delitos de cohecho, prevaricación y financiación ilegal, entre otros, cometidos a la sombra de Génova durante más de un lustro. Serán también los funcionarios de la UDEF los que determinen el alcance penal de estos dos escándalos con las numerosas pruebas que aún tienen que aportar a la Audiencia Nacional.  
Relevos en la dirección de la UDEF
Por un lado, la convocatoria de la Dirección General de la Policía deja en el aire la continuidad del jefe de la UDEF, el comisario principal Manuel Vázquez. Según fuentes consultadas por este diario, Vázquez ha manifestado a su entorno su intención de abandonar el cargo para dejar atrás las presiones que está soportando por el puesto tan delicado que ocupa. Su objetivo es marcharse a la sección de Investigación Tecnológica, de la que ya fue máximo responsable antes de aterrizar en la dirección de la UDEF en julio de 2012. La convocatoria anunciada ahora facilita su salida al sacar a concurso la plaza a la que aspiraría Vázquez, la de jefe de la Unidad de Investigación Tecnológica. Si Vázquez se va, Interior tendrá vía libre para colocar al frente de la UDEF al comisario principal que prefiera. La decisión sólo dependería del Ministerio.
El otro puesto clave que queda en las manos de Interior es el que se encuentra justo por debajo del que ocupa Vázquez, el de jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la sección de la UDEF que más directamente se ha implicado en los dos casos relacionados con el PP. En esta brigada trabaja el inspector Manuel Morocho, el autor de los informes que han vinculado a dirigentes populares con Gürtel. La dirigente más señalada por sus investigaciones ha sido la ministra de Sanidad, Ana Mato, que según sus informes habría recibido numerosos regalos de lujo de la trama corrupta durante el tiempo que estuvo casada con el exdirigente del PP Jesús Sepúlveda. No obstante, sus hallazgos han tenido consecuencias, de un modo u otro, para la mayoría del Gobierno. 
El jefe actual de la Brigada de Blanqueo de la UDEF es el comisario José Luis Fernández Gudiña. Su nombramiento para el cargo se produjo durante la época del Gobierno socialista pero no es un puesto de confianza. Sin embargo, la convocatoria aprobada por la Dirección General de la Policía saca la nueva denominación de su plaza a concurso, la de jefe de la Brigada Central de Investigación, Blanqueo de Capitales y Anticorrupción. Según aseguran fuentes cercanas, Fernández Gudiña tiene intención de solicitarla para permanecer en el puesto, pero Interior tendrá la última palabra. Incluso en el caso de que opte por mantenerlo, el Ministerio mandará el mensaje de que su continuidad es fruto de la confianza que hay depositada en su trabajo. 
No cuentan los méritos
Lo mismo podrá hacer con otros cinco puestos decisivos de la Comisaría de Policía Judicial. Al tratarse de un concurso de libre designación, no hay ningún factor objetivo que deba ser observado por los responsables de los nombramientos, todo lo contrario que en concurso por méritos, donde se valora la experiencia en el cargo y la hoja de servicios. En los de libre designación, sin embargo, es suficiente con tener el rango para acceder al empleo. El resto depende de la voluntad de los responsables políticos del Ministerio. 
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)La convocatoria del concurso se produce sólo tres semanas después del polémico relevo del comisario de la Policía Judicial, José García LosadaEs la tercera vez en lo que va de legislatura que Interior cambia al responsable de las unidades policiales encargadas de investigar los delitos relacionados con las drogas, la delincuencia organizada, económica, financiera, tecnológica y el control de los juegos de azar. Losada sólo ha durado 15 meses en el cargo, y su antecesor, el comisario José Enrique Rodríguez Ulla, apenas estuvo cinco meses.
El nuevo comisario general de la Policía Judicial, Santiago Sánchez Aparicio, reunió a sus subordinados directos unos días después de llegar al cargo para asegurarles que no tenía intención de realizar cambios. Sin embargo, el concurso de libre designación abierto por la Dirección General de la Policía permitirá a Interior ejecutar una remodelación completa de la cúspide de la Policía Judicial.
El plazo para la presentación de los candidatos interesados en cubrir las vacantes concluye en una semana. Después, los responsables de Interior tendrán un mes para realizar la selección de los funcionarios que cubrirán las vacantes. Antes de que concluya el año se conocerán los nombres de los nuevos responsables policiales de los casos de corrupción.

domingo, 3 de noviembre de 2013

DETIENEN A 2 POLICIAS POR ROBAR 1 MILLON DE EUROS DE LAS OFICINAS DE ABEL MATUTES


Detienen a dos policías por robar un millón de euros de las oficinas de Abel Matutes

  • El ex ministro dona 100.000 euros a los huérfanos del Cuerpo tras recuperarse el botín



Abel Matutes en su oficina.
Dos agentes del Cuerpo Nacional de Policía acaban de ser detenidos por el robo de 990.000 euros de la sede del Grupo Empresas Matutes en la isla de Ibiza, el holding creado por el ex ministro de Asuntos Exteriores de José María Aznar, Abel Matutes.
Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes al sábado 26 de octubre en la tercera planta del edificio que esta empresa posee en pleno centro de la ciudad de Ibiza, donde los agentes asaltaron la caja fuerte del grupo empresarial tras burlar todas las medidas de seguridad.
Esta misma mañana, tras recuperarse gran parte del botín, el ex ministro ha anunciado la donación del 10% de lo sustraído, unos 100.000 euros, a la Fundación de Huérfanos del Cuerpo Nacional de Policía en agradecimiento a su labor.
Uno de los agentes implicados en el robo es un conocido piloto de rally que acababa de anunciar su intención de crear una escuela de educación vial en la isla. Además, había sido condecorado por el Cuerpo en el año 2012.
La Policía cree que hay otras personas implicadas en el robo pero no duda en que los dos agentes fueron "colaboradores necesarios". Uno de ellos ya ha pasado a disposición judicial tras lo que ha quedado en libertad con cargos, mientras el otro lo hará en las próximas horas.
El Holding Matutes es propietario de una cadena hotelera internacional, varias constructoras, inmobiliarias, agencias de viajes y distribuidoras de alimentos, además de participar en el accionariado de muchas otras empresas. Solo la cadena hotelera obtuvo unos beneficios netos de 300 millones de euros en 2012, el mejor año de su historia.

domingo, 6 de octubre de 2013

2 RESOLUCIONES DE LA ONU AMPARAN LA EXTRADICION DE LOS POLICIAS FRANQUISTAS


Dos resoluciones de Naciones Unidas amparan la extradición de los policías franquistas

La amnistía de 1977 se enfrenta al derecho internacional, a la Ley de Extradición Pasiva y al convenio bilateral
"Los tribunales también son Estado", dice un juez de la Audiencia Nacional sobre la imagen que proyectaría España en caso de denegar la entrega

La iniciativa de la jueza argentina María Servini de reclamar a cuatro exagentes españoles por presuntos delitos de torturas cometidos en los últimos años del franquismo tiene pocas posibilidades de prosperar, según reconocen los propios querellantes. Los dos reclamados que aún viven, Juan Antonio González Pacheco –‘Billy el Niño– y Jesús Muñecas, puede que nunca sean entregados a Argentina y tampoco juzgados aquí en aplicación de la Ley de Amnistía. Sin embargo, el caso puede tener otro efecto: dejar a España a la luz del mundo como “un país que no cumple con la ley internacional”, según coinciden varios expertos. Tras entrevistarse con el juez Pablo Ruz el pasado lunes, el abogado Carlos Slepoy, que representa a los querellantes, fue aún más allá y dijo que España se retrata como “un refugio de criminales”.
Si finalmente España no entrega a los presuntos torturadores reclamados por la jueza Servini, estaría incumpliendo dos resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, una adoptada en 1973, sobre la detención y entrega de culpables de crímenes de lesa humanidad, y otra sobre víctimas de violaciones de los derechos humanos, de 2005, explican al diario.es fuentes jurídicas.
Frente a cualquier motivación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha presentado la Ley de Amnistía de 1977 como el impedimento para actuar contra los supuestos autores de los graves delitos que describe en su prolijo auto la jueza Servini.
Estos son los textos legales que afectan de lleno al caso de la petición de extradición del policía González Pacheco y el guardia civil Muñecas:
1. Resolución 3.074 de Naciones Unidas. El 3 de diciembre de 1973, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución según la cual las personas culpables de crímenes de lesa humanidad “serán buscadas, detenidas, enjuiciadas y, en caso de ser declaradas culpables, castigadas”. Para ello, añade, los estados “cooperarán bilateral y multilateralmente” y “se prestarán ayuda a los efectos de la identificación, detención y enjuiciamiento” de los sospechosos. En la misma resolución se advierte a los estados en contra de la adopción de “disposiciones legislativas que puedan menoscabar sus obligaciones internacionales” en la persecución de este tipo de delitos.
2. Resolución 60/147 de Naciones Unidas. La Asamblea General aprobó una resolución el 16 de diciembre de 2005, según la cual los estados miembros tienen “la obligación de respetar, asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario”. Para ello, la ONU dice que la legislación interna de cada país debe proporcionar “como mínimo el mismo grado de protección a las víctimas que el que imponen sus obligaciones internacionales”. Y en cuanto a la prescripción de los delitos, añade que “no prescribirán las violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos ni las violaciones graves del derecho internacional humanitario”.
3. Ley de Extradición Pasiva. El texto que regula la actuación de España en materia de extradición hace suyo el principio de la comunidad internacional según el cual al reclamado “o se le juzga o se le entrega”. Así, la Ley de Extradición Pasiva dice que los españoles no serán entregados “por delitos que corresponda conocer” a los tribunales españoles y añade que en ese caso se solicitará toda la documentación del caso para que se les procese en España. También alude al “principio de reciprocidad”, señalando que el Gobierno podrá exigírselo al Estado requiriente.
En 2009, el país sudamericano entregó a España uno de sus nacionales, que se había refugiado allí después de asesinar en Sevilla a una mujer. Cristian Beade fue localizado en Argentina, entregado y juzgado en España, donde cumple condena.
Del otro lado, España reclama varias extradiciones, entre ellas la del abogado Emilio Rodríguez Menéndez, que se retrasa desde 2008 por cuestiones ajenas a la relación entre estados. Si Argentina recurriera a ese “principio de reciprocidad” recogido en la ley española, las reclamaciones españolas podrían quedar bloqueadas.
La Ley de Extradición Pasiva también marca que la resolución del tribunal competente, la Audiencia Nacional en el caso de los presuntos torturadores, “no es vinculante” para el Ejecutivo. El Gobierno español ha optado por que se pronuncie la Audiencia Nacional. Si esta decide no conceder la extradición, siempre podrá alegar que ha atendido al criterio de los jueces para no cumplir las obligaciones del derecho internacional. “Pero los tribunales también son Estado”, apostilla a este respecto un juez de la Audiencia Nacional.
4. Tratado bilateral de extradición entre España y Argentina. Firmado en julio de 1990, el convenio, al igual que la ley española, establece que “si la parte requerida no accediere a la extradición de un nacional por causa de su nacionalidad deberá, a instancia de la parte requiriente, someter el asunto a las autoridades competentes a fin de que pueda procederse judicialmente contra él”.
5. Ley de Amnistía de 1977. Frente a todos estos textos, representa el argumento apuntado por la Fiscalía de la Audiencia Nacional para oponerse a la entrega de los presuntos torturadores. En el apartado quinto de su artículo segundo, dice que serán objeto de la amnistía “los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley”. Es decir, se amnistiaba a todos aquellos que habían sido detenidos, juzgados y torturados por motivos políticos y, al tiempo, a aquellos que les habían detenido, juzgado y torturado por ello.