La ofensiva "contra la usura" de Maduro lleva
53 comerciantes presos y 157 causas judiciales
La ofensiva del Gobierno de Venezuela contra la especulación en la venta de productos de consumo masivo deja 53 presos y 157 causas judiciales abiertas desde octubre pasado, informó este sábado el jefe del Órgano Superior de Defensa de la Economía, Hebert García.
El saldo es fruto de inspecciones directas de funcionarios civiles y militares y también de denuncias de ciudadanos "a través del número 0-800 sabotaje", reportó García al vicepresidente del país, Jorge Arreaza, en una actividad televisada.
El Gobierno del presidente Nicolás Maduro lanzó su ofensiva contra la escalada de precios tras publicarse el dato de inflación de octubre, que reflejó una tasa interanual del 54,3% y un acumulado durante los diez primeros meses del año del 45,8%.
Maduro, que denunció márgenes de ganancia superiores al 1.600 %, ha dicho que el índice inflacionario mensualdebería ser de al menos un -5 % en noviembre con el impacto de su ofensiva.
Las autoridades del Banco Central, que generalmente informan del índice inflacionario a inicios de cada mes, no han revelado aún la tasa de noviembre.
Maduro mantiene la inspección cívico-militar en el marco de la "guerra económica" que asegura le han declarado comerciantes y políticos a los que acusa de "sabotear" su gestión.
En Venezuela, añadió hoy su vicepresidente, "existen comerciantes y arrendatarios (de locales comerciales) que no se dan cuenta que la ofensiva económica es algo sagrado para los intereses del país".
En acatamiento a órdenes de Maduro de elevar la ofensiva "a un nivel superior", Arreaza anunció que en los próximos días serán fiscalizados los proveedores de los comercios.
En un reporte anterior sobre la ofensiva, Arreza pidió que se fueran del país o que cambiaran de actividad los comerciantes "que mantienen prácticas de usura", subrayó.
"Si ustedes quieren seguir desarrollando su actividad económica en Venezuela entonces conciencia, patriotismo, nacionalismo y respeto a las leyes. Si no, váyanse de Venezuela o dejen la actividad económica", exigió y los tildó de "insaciables".
A principios de mes la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que "solamente" hay 30 personas detenidas en el marco de la ofensiva gubernamental contra la especulación y el acaparamiento y a favor de "precios justos", que comenzó en octubre en establecimientos de venta de electrodomésticos.
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