El juez cree que la familia de la Princesa podría haber cometido un delito de alzamiento de bienes
El magistrado abre ahora un plazo de diez días para que la Fiscalía y la acusación soliciten la apertura de juicio formal
J.C. MARTÍNEZ El juzgado de primera instancia de Cangas de Onís ha dado un paso más esta mañana para la apertura de un proceso judicial contra el padre, la tía y la abuela de la Princesa de Asturias. La sala ha emitido esta mañana un escrito en el que convierte las diligencias previas en un procedimiento abreviado y abre un plazo de 10 días para que tanto el Ministerio Fiscal como la acusación soliciten la apertura de juicio o emitan un escrito de sobreseimiento. Este escrito no es firme no obstante, ya que contra el cabe recurso durante el plazo de cinco días.
La denuncia contra los tres familiares de la Princesa había sido formulada el 22 de febrero de 2012 por la fiscalía como consecuencia de una deuda de 22.600,73 euros que Sandra María Ruiz Vázquez había reclamado anteriormente por vía ejecutiva en un Juzgado ovetense a la mercantil Henarmonía, S. C., de la que era administradora Henar Ortiz. El Juzgado de primera instancia número 8 de Oviedo, el 22 de marzo de 2009, ordenó a Henarmonía, S. C. y a Henar Ortiz Álvarez abonar a Sandra María Ruiz Vázquez 22.600,73 euros en concepto de principal y 6.780,21 para intereses y costas.
Henar Ortiz fue requerida entonces para que designara bienes suficientes para cubrir el embargo y para que manifestase si había procedido a la división y adjudicación de la herencia de su difunto padre.
Henar Ortiz presentó una escritura notarial, rubricada el 14 de mayo de 2009, que recogía que Menchu Álvarez del Valle, y sus dos hijos, María del Henar y Jesús Ortiz, aceptaban la herencia y adjudicaban a la primera el pleno dominio del único bien que había dejado el fallecido: una finca ubicada en la localidad de Sardéu (Ribadesella). Poco después, el 17 de agosto de 2009, Menchu Álvarez hipotecaba la finca.
La denuncia subrayaba que en febrero de 2009, la acreedora, Sandra María Ruiz Vázquez, había demandado a Henar y a Jesús Ortiz reclamando 5.200,12 euros, lo que generó otro procedimiento, seguido en el Juzgado de lo mercantil número 1 de Oviedo, que el 7 de marzo de 2011 estimaba la demanda y condenaba solidariamente a los dos demandados al abono de la cantidad reclamada, por lo que, según la denuncia, Jesús Ortiz también «tenía un interés propio en la comisión del alzamiento».
El dos de julio de este mismo año el mismo juzgado de Cangas de Onís sobreseía la causa tras haber tomado declaración a las partes. El juez desmontó los argumentos de la acusación al considerar que no puede deducirse que la conducta de los denunciados era constitutiva de delito, porque la escritura otorgada el 14 de mayo de 2009, por la que Jesús y Henar Ortiz adjudicaban a su madre el pleno de la finca de Sardéu «obedeció a razones distintas de las que se exponen en la denuncia, de sustraer el único patrimonio que posibilitaría el cobro de la deuda contraída» con Sandra María Ruiz Vázquez. En realidad, la adjudicación de la finca a la abuela de la Princesa tuvo como fin saldar otra deuda.
El juez explicó en su auto que la documentación analizada muestra que la sociedad Henar Ortiz Decoradora, S. L. y Jesús Ortiz, como garante solidario, formalizaron el 30 de septiembre de 2004 un contrato de crédito por importe de 120.000 euros, que venció el 29 de septiembre de 2009, con un saldo deudor de 139.195,08 euros.
La forma de hacer frente a aquella deuda fue mediante la constitución de una hipoteca inversa sobre la finca adjudicada a Menchu Álvarez del Valle, de modo que, poco después de formalizada, el 17 de agosto de 2009, se abonó a la entidad acreedora la cantidad de 132.044,07 euros.
El uno de diciembre de este mismo año otro juzgado de Oviedo ordenaba reabrir la causa contra los tres familiares de la Princesa Letizia.
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