Madrid propone que los médicos de la sanidad pública dejen de ser funcionarios
El consejero madrileño Javier Fernández-Lasquetty pone el ejemplo británico donde los médicos de familia son autónomos y los especialistas firman un contrato individualizado.
"Los funcionarios no tienen elementos de motivación más allá del altruismo", sostiene el político del PP
Las políticas y propuestas sanitarias madrileñas han marcado el paso de las medidas tomadas por el Ejecutivo de Mariano Rajoy
Es el pilar al que falta meter mano. Los tambores comienzan a sonar. El consejero de Sanidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, se ha convertido en una figura nacional a base de profundizar abisalmente en la transformación del modelo sanitario bajo la premisa de la gestión privada de los recursos públicos. Este lunes 9 de diciembre ha demandado que la sanidad pública sea un mercado laboral "más flexible". Ha puesto así la primera ficha de otra serpiente de dominó: los recursos humanos sanitarios.
Lasquetty ha inaugurado unas jornadas organizadas por la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid tituladasDerecho a la sanidad: ¿Realidad o mito? En ese contexto ha analizado que España "apenas se fija en los métodos de organización y gestión de otros países". Y ha puesto el acento en "la rigidez en los recursos humanos". Acto seguido ha puesto el ejemplo del NHS británico donde "en Atención Primaria los doctores son autónomos" al cargo de los consultorios. Y en los hospitales "los médicos firman un contrato individualizado sujeto a revisión periódica acerca de la necesidad de esa actividad y la remuneración". Flanqueado por el rector de la universidad, Julio Martínez, y el decano de la facultad de Derecho, Íñido Navarro, el consejero madrileño ha asegurado que "los funcionarios no tienen elementos de motivación", más allá del "altruismo", ha añadido ante un foro no muy numeroso en el salón de actos de la institución.
Los movimientos de la administración sanitaria de la región van en ese camino: desprenderse de trabajadores funcionarios. A las privatizaciones encadenadas de servicios de mantenimiento y gestión (la cesión de limpieza se llevó 250 interinos, la lavandería unos 300) se ha sumado la jubilación forzosa de 700 médicos en 2013. Las políticas que se llevan a cabo en Madrid se calcan más o menos al trasladarse al Boletín Oficial del Estado. En Canarias este año han sido 149 médicos los que han salido del sistema por jubilaciones. Euskadi prepara un plan para aplicar esta normativa a 736 doctores. El pasado octubre, la ministra de Sanidad, Ana Mato, avanzó que estudia "50 medidas" sobre política de gestión de recursos humanos en sanidad con el horizonte de flexibilizar las necesidades futuras, según contó hace un par de meses.
Lasquetty marca tendencia
La comunidad gobernada por Ignacio González (secretario general del PP de Madrid, dirigido aún por Esperanza Aguirre) marca tendencia. Si ha ido un paso más allá en la privatización del sistema y ha subastado este año la gestión de seis hospitales, otras regiones siguieron el ejemplo como Castilla-La Mancha. La batalla legal que ha bloqueado el proceso en Madrid ha sido el motivo de que la presidenta castellano manchega María Dolores de Cospedal y su consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, hayan echado el freno momentáneamente. Una vez más, el ejemplo madrileño sirve de avanzadilla, en este caso de aviso de prudencia.
Pero la actuación del Partido Popular sigue ese patrón. En diciembre de 2010, el equipo de Lasquetty elaboró un documento titulado Límites a la cobertura de la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud en el que se elegían de entre todas las prestaciones [...] aquéllas que podrían ser potencialmente limitadas o excluidas en el futuro". Y añadía que "quizá debiera considerarse, en vez de la exclusión, el establecimiento de criterios más rigurosos para el acceso a las mismas" o "valorarse en determinados servicios/prestaciones, la participación del paciente en el pago del tratamiento". Revelado el documento, Lasquetty adujo que "no forma parte de ningún proyecto político". Evidentemente, la Comunidad de Madrid no tiene competencias sobre esa cartera de servicios. Y el Partido Popular todavía era la oposición al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Un año después, tras la victoria electoral de Mariano Rajoy, el Ministerio de Sanidad ha establecido el copago farmacéutico, el de transporte sanitario y la modificación del acceso a determinados servicios sanitarios.
Javier Fernández Lasquetty ha vuelto a insistir en que "el sistema sanitario nunca ha estado tan amenazado" para justificar una reformas "que son imprescindibles". Su antagonista en el Parlamento madrileño y diputado regional socialista, José Manuel Freire -presente en la audiencia-, cree que "claro que se tienen que hacer reformas, pero lo que no debe hacerse es tirar al niño con el agua con la que se le ha lavado", en referencia al desmantelamiento del sistema como se entiende ahora. El consejero -crecido políticamente al calor de la fundación FAES- ha abrochado su intervención vaticinando que la crisis "es una oportunidad para salir con un sistema sanitario mejor que garantice el derecho a la sanidad, que en España es una realidad, no un mito". Tras la salida de Lasquetty, la sala se metía en un debate sobre la "respuesta política: ¿Es la privatización la solución para la sostenibilidad del sistema?" Quien ha dado la respuesta desde hace meses, por parte al menos de la Comunidad de Madrid, había abandonado ya el foro.
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