GALLARDON CONCEDE 12 INDULTOS MAS Y ACELERA LA MEDIDA DE GRACIA

Gallardón concede otros 12 indultos y acelera los plazos para otorgar la medida de gracia

El ministro de Justicia incrementa la lista de exonerados en plena oleada de peticiones polémicas (Matas, Del Nido, Ortega Cano y el ex alcalde de Torrevieja). El Ejecutivo quiere acortar los tiempos para que los procesos no se demoren más de un año. UPyD exige en el Congreso que haya control parlamentario de estas resoluciones y que sean motivadas en el BOE. 

El Gobierno continúa dando argumentos de peso para quienes consideran que la concesión del indulto se ha convertido en una “cuarta instancia”. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogió este lunes una docena de reales decretos en los que el Rey, a propuesta del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y previa deliberación del Consejo de Ministros, otorga esta medida de gracia “de carácter excepcional” al mismo número de condenados por sentencia firme. Estas remisiones de penas llegan -pues no se hacen efectivas hasta su publicación en el BOE- en plena de oleada de peticiones de indulto que están generando especial revuelo en la opinión pública.

Al caso del exministro y expresidente balear, Jaume Matas, donde el Gobierno ha mantenido un hermetismo absoluto a la espera de que se pronuncie la Audiencia Provincial de Baleares, se unen los del expresidente del Sevilla Fútbol Club José María del Nido, el exalcalde popular de Torrevieja Pedro Hernández Mateo (el TSJ valenciano ha suspendido su ingreso en la cárcel hasta que el Ejecutivo resuelva) y el extorero José Ortega Cano. Sobre este último, condenado a dos años y medio de cárcel por un accidente de tráfico en el que murió una persona, la Fiscalía ya avanzó este lunes que se opondrá a que la Audiencia Provincial de Sevilla aplace su entrada en prisión puesto que no se dan los requisitos previstos en la ley para la concesión del indulto.

En los recién indultados por el Ministerio de Justicia se encuentra el preso Mario Arango Durango, que llegó a reclamar esta medida de gracia en una carta enviada al diario elmundo.es. En ella, titulada “Farruquito a la colombiana”, el recluso se confiesa así: "Yo soy culpable de una conducción temeraria, pero como no soy español y menos bailaor, y, menos aún, famoso... Soy ciudadano de una 'república bananera' como Colombia, con mucho orgullo. Ustedes saben que como colombiano ante jueces y fiscales, en España y en cualquier parte del mundo, uno no es bien visto y lleva las de perder, como me ha sucedido a mí".

El Gobierno trabaja en “aumentar el dinamismo de la gestión de los indultos” para procurar “beneficios y mayores certidumbres a tribunales, abogados y peticionarios”

Asimismo, Arango señala que en su caso no hubo que lamentar muertes, mientras que en el deJuan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, sí hubo atropello mortal de un peatón. En el real decreto del indulto, el reo colombiano, condenado por dos delitos de homicidio en grado de tentativa a la pena de siete años de prisión por cada uno de ellos (14 años), es exonerado de cuatro años de cada una de las dos penas privativas de libertad impuestas, con lo que su condena se reduce a 6 años.

Pese a los reclamos de la oposición, el Gobierno no tiene previsto introducir cambios en una ley que se remonta a 1870. El único objetivo que se ha marcado el Ministerio de Justicia es reducir los plazos para la tramitación de los expedientes. Tal y consta en la memoria de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, el departamento de Gallardón trabaja en “aumentar el dinamismo de la gestión de los indultos” para procurar “beneficios y mayores certidumbres a tribunales, abogados y peticionarios”. Con las mejoras introducidas hasta el momento, el plazo de reclamación de informes al tribunal sentenciador es ahora cinco veces menor que quince meses atrás, sostiene Justicia. El plazo máximo establecido para que el Ejecutivo resuelva es de un año, a partir del cual el silencio supone la desestimación de la solicitud. Si en 2012 se elevaron 7.496 peticiones de indulto al Consejo de Ministros, los presupuestos de 2013 y 2014 prevén 6.000.

Ofensiva de UPyD en las Cortes

El debate político sobre la arbitrariedad con que los distintos gobiernos han aplicado la medida de gracia llega, además, este martes al Congreso. UPyD defenderá una proposición no de leyen la que exige al Gobierno someter el indulto al control parlamentario y mayor transparencia sobre los expedientes autorizados. Así, el partido de Rosa Díez pedirá al Ejecutivo que fije un mecanismo de supervisión en las Cortes, previa emisión de un informe anual conjunto elaborado por los Ministerios de Justicia y Defensa, en el que se detallen las razones de "justicia, equidad o utilidad pública" que justifican esta prerrogativa.

La formación magenta también pretende que los reales decretos publicados en el BOE dejen de ofrecer "la más mínima motivación, confundiendo la naturaleza discrecional de la concesión del indulto con su ejercicio indiscriminado o arbitrario". De igual modo, UPyD insta al Gobierno a regular la posibilidad legal de recurrir ante lo contencioso-administrativo la concesión del indulto por la Fiscalía, las acusaciones o los perjudicados u ofendidos por el delito si se ha concedido de forma "ilógica, fraudulenta o con alarma social". En la sesión del miércoles, la diputada de UPyDIrene Lozano preguntará a Gallardón si el Ejecutivo va a eximir a Matas de la pena de nueve meses de cárcel a la que ha sido condenado en la primera pieza del caso Palma Arena.

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GALLARDON SE FRACTURA 2 COSTILLAS EN UN ACCIDENTE DOMESTICO

Gallardón se rompe dos costillas en un accidente doméstico

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha roto dos costillas en un accidente doméstico que sufrió anoche, lo que le impedirá hoy participar en la Conferencia Sectorial de Justicia, según fuentes de su Departamento.

Tras ser asistido en un centro sanitario, se le comunicó que, aunque la previsión para la total curación de la rotura es de unos cuarenta días,podrá incorporarse desde mañana a sus actividades si se encuentra bien.

El titular de Justicia permanecerá hoy en reposo en su domicilio y valorará si se encuentra en condiciones de participar mañana en una sesión de preguntas al Gobierno en el Senado.

El secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, preside la Conferencia Sectorial de Justicia.
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EL DECANO DEL ICAB, INSTA A GALLARDON A LA DEROGACION "INMEDIATA" DE LA LEY DE TASAS

El decano del ICAB insta a Gallardón a 

la derogación “inmediata” de la Ley de 

Tasas

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, ha expresado hoy martes a Alberto Ruiz-Gallardón el rechazo total de la institución que preside a la Ley de Tasas judiciales y ha solicitado su “inmediata” derogación. En una reunión con el ministró de Justicia, el decano de la Abogacía barcelonesa ha trasladado su malestar por la subida de las tarifas al acceso de la Justicia. Una decisión, que en opinión de Rusca, es ya “un gran obstáculo” para que buena parte de los ciudadanos puedan litigar en los tribunales.

Un 70% de los abogados renuncian a interponer una acción judicial a causa del establecimiento de las tasas, que en algunos casos llega a tener un coste de 800 euros por un procedimiento judicial”, ha señalado Rusca tras su encuentro con Gallardón.

El decano de ICAB también ha aprovechado para reclamar al ministro que la nueva Ley de Justicia Gratuita garantice que los abogados que prestan este servicio social perciban siempre compensación económica y no tengan que asumir los costes de una defensa “que muchas veces es prácticamente imposible y aún más improbable su cobro, al encontrarse el cliente en paradero desconocido”.

Pese a las críticas, el decano del ICAB, ha tendido la mano al ministro para que en la elaboración de la nueva Ley de justicia gratuita se tenga en cuenta la opinión de la abogados, que son los profesionales que prestan el servicio del Turno de Oficio y, por tanto, los que mejor conocen las carencias y las necesidades reales para poder ofrecer un mejor servicio y garantías de defensa a los ciudadanos. En este sentido, Rusca le entregará las conclusiones del I Congreso del Turno de Oficio, organizado por el ICAB los pasados 24 y 25 de octubre.

Rusca ha aprovechado su visita a Gallardón, además, para mostrar su “oposición frontal” al anteproyecto de ley de Servicios Profesionales, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros, y que según el decano “pretende dividir a la abogacía en función de la obligatoriedad de colegiarse”, lo que considera “intolerable”.

El decano de la Abogacía de Barcelona, también ha mostrado “malestar” y “preocupación” por proyectos legislativos como el de la Ley de Planta.

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JUECES PARA LA DEMOCRACIA CONFIA EN QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ECHE POR TIERRA LA REFORMA DE GALLARDON

Vocales progresistas del CGPJ confían en que el Tribunal Constitucional eche por tierra la reforma de Gallardón

Los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Félix Azón, Inmaculada Montalbán y Margarita Robles han calificado como una “buena noticia” el recurso de inconstitucionalidad que el PSOE ha interpuesto hoy contra la reforma del órgano de gobierno de los jueces porque conlleva un “ataque relevante” a la “independencia” del Poder Judicial. Los integrantes del Consejo han suscrito una nota en la que confían en que el Tribunal Constitucional pueda anular “determinados” preceptos de la reforma auspiciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para ser aplicada en la próxima renovación. "Ya en su día el informe aprobado por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial puso de relieve las dudas de constitucionalidad de varios artículos de la norma", recuerdan los vocales en el comunicado del que se hace eco Europa Press. El Grupo Parlamentario Socialista ha llevado hoy la reforma del CGPJ al Constitucional al considerar la reforma un "atropello", una "ocupación política" y un “golpe mortal” a la independencia judicial. Entre otros puntos, el principal grupo de la oposición denuncia “la supresión de las mayorías cualificadas” para las decisiones más importantes y los nombramientos del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y el resto de los tribunales y critica el “desapoderamiento de funciones” del Consejo que asesta "un golpe mortal" a su independencia. Para el PSOE, la reforma no respeta principios constitucionales esenciales y supone un “olpe sin parangón a la independencia judicial” y “una ocupación política” del Consejo General del Poder Judicial por parte del Gobierno del PP que "traspasa todos los límites tolerables en una democracia". El recurso de los socialistas llega en pleno proceso de renovación del órgano de gobierno de los jueces, ya que el mandato del actual terminó el 24 de septiembre. Fuentes de la dirección del Grupo Socialista defienden que el recurso no es incompatible con la renovación del órgano, aunque no confirman la existencia de conversaciones con el PP para elegir a miembros que sean de consenso. Precisamente, esta semana tanto el Congreso como el Senado han decidido prorrogar 15 días, hasta el 8 de octubre, el plazo para que los grupos presenten candidatos al Consejo. El GCPJ lo componen 20 vocales, de los que doce son jueces y ocho deben ser juristas de reconocido prestigio. El Congreso elige a la mitad y el Senado a los otros 10, en ambos casos con una mayoría cualificada de tres quintos. La nueva ley hace posible que, en caso de bloqueo, el Consejo del Poder Judicial pueda darse por renovado y constituirse si al menos una de las dos Cámaras logra elegir a diez vocales, algo que el PP no puede hacer unilateralmente en el Congreso pero sí en el Senado, donde dispone de mayoría suficiente. FUENTE

EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO PIDE A GALLARDON QUE REFLEXIONE SOBRE EL BORRADOR DEL CODIGO PROCESAL PENAL

El fiscal general del Estado pide a 

Gallardón que reflexione sobre el 

borrador de Código Procesal Penal

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pidió ayer al ministro de Justicia “una somera reflexión sobre el borrador del Código Procesal Penal”, que exhibió el Ministerio a principios de este año.

Torres-Dulce, que participó en el acto de Apertura del Año Judicial, aseguró que el proyecto “anuncia el viraje histórico de nuestro ordenamiento hacia un sistema acusatorio puro, ya que el texto contempla la desaparición del juez de instrucción, una investigación dirigida por el fiscal y supervisada por un tribunal de garantías, un juicio oral basado en un acervo probatorio desvinculado de la instrucción”.

“Debo advertir que este texto”, subrayó, “que presenta aciertos innegables en otras áreas, incurre en la fase preparatoria en una grave inconsecuencia: atribuir la dirección de la investigación criminal al fiscal y negarle al mismo tiempo la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término. Particularmente grave es el recelo que muestra hacia a figura del fiscal, pues le somete a un constante escrutinio de su actividad investigadora por el tribunal de garantías”.

Torres-Dulce, que presentó la última Memoria de la Fiscalía General del Estado -disponible íntegramente al pie de este artículo-, también hizo una especial referencia al aumento de lacorrupción. Esta es, según la encuesta del Centro de Estudios Sociológicos de marzo de 2013, el segundo peusto del ranking de preocupaciones de la ciudanía, inmediatamente después del paro. Según el fiscal general, la preocupación es “igualmente prioritaria para el Ministerio Fiscal, que trata de combatirla con los medios a su disposición”.

“El problema es espinoso, una manifestación más del desencuentro entre sociedad y justicia, que requeriría una extensa explicación de las importantes limitaciones que presenta el proceso penal como medio de control de la acción administrativa”, dijo. Torres-Dulce advirtió que “junto a la corrupción pública”, se ha alzado también “la corrupción privada, cuyos sujetos activos son los directivos y administradores de sociedades que se prevalecen de su condición de lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella”.

Otro de los temas sobre los que el fiscal hizo especial mención fue el de las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras en riesgo de insolvencia, “que han generado un problema social de primer orden frente al que no podemos permanecer impasibles, pues han supuesto la volatilización de los ahorros de muchos ciudadanos de condición modesta”.

Tras señalar estos aspectos, Eduardo Torres-Dulce apuntó los porcentajes y datos estadísticos referentes a la evolución de la criminalidad en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y fiscalías especiales.Estos datos están disponibles íntegramente en el documento que añadimos a continuación.

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3 JUECES DESMIENTEN A GALLARDON: LAS TASAS JUDICIALES NO SE RECUPERAN AUNQUE GANES EL RECURSO

Tres jueces desmienten a Gallardón: las tasas judiciales no se recuperan aunque ganes el recurso

El ministro de Justicia ha sostenido que las tasas judiciales volvían al bolsillo del demandante cuando se ganaba un recurso

Pueden condenar a la otra parte a pagarte las costas, incluidas las tasas, pero es otro el que paga y no el Estado el que devuelve

La Audiencia Provincial de León ha dejado en entredicho al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que en reiteradas ocasiones ha mantenido que el pago de tasas judiciales no iba a suponer un problema para que los ciudadanos de ‘a pie’ pudieran recurrir sentencias porque esos gravámenes siempre eran recuperables. Sin embargo, un auto judicial dictado el pasado 5 de septiembre firmado por tres magistrados deja claro que no es así cuando se trata de recursos de apelación. Según el artículo 241.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la tasa judicial forma parte del concepto jurídico de costas procesales (gastos del proceso) y, por lo tanto, nunca se recupera. Los abogados han acogido la sentencia con satisfacción porque es la primera vez que se reconoce por escrito lo que ellos venían denunciando desde hace tiempo.

Durante el debate de la ley celebrado en el Congreso a finales de 2012, la oposición acusó Ruiz Gallardón de introducir con su nueva ley –bautizada como la del ‘tasazo’– modificaciones desproporcionadas en las tasas judiciales con intención “recaudatoria” y buscando un “efecto disuasorio” para impedir que se puedan recurrir sentencias adversas, cercenando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

El ministro siempre ha negado la mayor, tanto en sede parlamentaria como en actos públicos a los que ha acudido, y ha sostenido que la reforma de la ley “defiende el interés general”, destacando el alto grado de ligitiosidad que tienen que soportar los juzgados en España por culpa de los recursos. “El Estado no puede ser cómplice de maniobras dilatorias. No pediré al contribuyente que financie esas tácticas”, ha señalado Gallardón. El titular de Justicia ha mantenido además que las tasas “se devolverán", bien "el 60% de la cuantía cuando haya una solución extrajudicial; un 20% cuando se acumulen procedimientos, o un 10% al utilizar medios telemáticos para la presentación de escritos en los juzgados”.

Es más, durante unas jornadas sobre Nuevos medios contra el delito económico y la recesióncelebradas el pasado mes de noviembre en Valencia, Gallardón explicó que existe el “criterio del vencimiento” según el cual a la parte que gana el pleito se le devuelven las tasas. “No son a fondo perdido, los costes los paga al final única y exclusivamente el que no ha acreditado el derecho para superar el litigio”, afirmó .

Pero los hechos le desmienten. Según matiza a eldiario.es la abogada Verónica del Carpio, para que un ciudadano que no haya podido acogerse a la justicia gratuita (el llamado  turno de oficio) pueda recuperar la tasa pagada, “es indispensable, en primer lugar, que el que gane, gane con condena en costas, porque las tasas judiciales son una partida repercutible al contrario, vía condena en costas”. “Pero aunque se gane –añade-, muchas veces no hay condena en costas, y, por tanto, las tasas se pierden. Y mucho más difícil es recuperar ese dinero si el contrario es insolvente. Son los casos también de los recursos contra sentencias desfavorables. El recurrente si puede, paga, y si gana, la tasa no se la puede repercutir al contrario", explica De Carpio. Eso es precisamente lo que dice el auto de la Audiencia Provincial de León derivado de una consulta realizada por el abogado Javier Barrio González.

Lo cierto es que desde que se aprobó la ley en 2012 -modificada en algunos aspectos pocos meses después ante la avalancha de críticas recibidas-, el colectivo de abogados no ha dejado de alertar sobre esta situación de “grave injusticia social” que está suponiendo la ley al extenderse el pago de las tasas a todo tipo de personas físicas y jurídicas, incluyendo ONG, particulares, pymes, etc, en igual importe que a un banco para los que no supone quebranto económico la presentación de estos recursos. Y, encima, las cantidades abonadas no son deducibles fiscalmente. El Estado, por el contrario, está exento del pago.

Las tasas judiciales por apelar, tras modificarse la ley, suponen un fijo de 800 euros más un variable del 0,5% de la cuantía reclamada, si se es persona jurídica, y más el 0,1% de la cuantía reclamada, si se trata de persona física. Estas cantidades, dependiendo de tipo de recurso, pueden llegar a superar con creces los 3.000 euros en algunos casos. Como el de Sonia, una niña de Bétera de 7 años que nació con malformaciones que no le fueron detectadas por los médicos durante la gestación y que le provocaron una minusvalía del 85%.

Los padres demandaron ante los tribunales pero ya han recibido dos sentencias en contra con condena a pagar 65.000 euros en costas. Ahora pretenden recurrir al Supremo pero se han encontrado con que el recurso de apelación les cuesta 7.000 euros, que no tienen. Por ello, han pedido ayuda ciudadana a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, algo cada vez más habitual, según los abogados.

El PSOE y dos comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía, han recurrido la ley de Gallardón ante el Tribunal Constitucional por considerarla abusiva e injusta aunque ello no ha paralizado su aplicación. Pero el auténtico varapalo le ha llegado al ministro de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha planteado también una cuestión de inconstitucionalidad al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse en un “impedimento innecesario e injustificado” para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva. Ahora lo que esperan y desean todos los colectivos afectados por el ‘tasazo’ es que el alto tribunal se pronuncie cuanto antes. 

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GALLARDON ADJUDICO 10 MILLONES A UNA SOCIEDAD LIGADA A BARCENAS Y LAPUERTA

Gallardón adjudicó 10 millones a una sociedad ligada a Bárcenas y Lapuerta

Alberto Ruiz-Gallardón, siendo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, concedió más de veinte contratos a una empresa de seguridad vinculada al extesorero del PP Álvaro Lapuerta y al exgerente Luis Bárcenas. La sociedad Serygur, una desconocida en el sector y sin ninguna trayectoria profesional, obtuvo, entre 2006 y 2009, adjudicaciones para la vigilancia de edificios municipales por un importe de diez millones y medio de euros.

Sólo en 2006 -el ejercicio más productivo- Serygur logró contratos por más de cuatro millones de euros, casi la mitad de los ingresos de la sociedad en ese año. La cifra superaba con creces los ingresos de ejercicios anteriores y  llegó a provocar suspicacias y protestas por parte de empresas mucho más consolidadas del sector de la seguridad.

El acceso a contratos millonarios de Serygur en la corporación local, presidida por Ruiz-Gallardón, se debía no sólo a la influencia de la dupla Lapuerta-Bárcenas, sino también a la participación en la sociedad de otros dos pesos pesados del Partido Popular: Álvaro de la Cruz e Ignacio del Río. El primero, con un amplio historial en el PP como jefe de Gabinete del secretario general Francisco Álvarez Cascos (1989/1992), director de Innovación Tecnológica y secretario de Comunicación. El segundo, tras su paso por el Ayuntamiento de Madrid como teniente alcalde de Urbanismo, entre 1995 y 2003, durante el mandato de Álvarez del Manzano, el predecesor de Gallardón. Ambos conocían de sobra las interioridades del Partido Popular y del consistorio madrileño para acceder a las ofertas públicas de los contratos de vigilancia.  

El onubense Álvaro de la Cruz, que en 1982, a los 24 años, inició su carrera política en la sede de Génova, sumaba a sus cargos en el PP el de secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).En el sumario de la Gürtel figura como el responsable de la adjudicación a la empresa de Francisco Correa, Special Events, de la organización de las asambleas de este organismo en 1999 y 2003 por 800.000 euros. En esos años, Correa mantenía unas excelentes relaciones con Bárcenas y, con la ayuda de este, facturaba centenas de miles de euros a la contabilidad de Génova. El extesorero, a cambio, era recompensado, como demuestran los documentos del sumario de la Gürtel.

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VIDEO: "JUECES PARA LA DEMOCRACIA" LANZAN UN VIDEO DONDE PONEN AL DESCUBIERTO A GALLARDON Y AL PP (VIDEO AQUI)

“Jueces por la Democracia” lanzan un video donde ponen al descubierto a Alberto Ruiz-Gallardón y al gobierno del PP

El video incluye, opiniones de magistrados en activo y jubilados

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RENOVACION DE MINISTROS, RAJOY PREPARA LA SALIDA DE GALLARDON, WERT Y MONTORO

Rajoy prepara la salida de Gallardón, Wert y Montoro para recuperar la iniciativa

Mariano Rajoy afrontará la vuelta de vacaciones de verano con cambios muy importantes que van a afectar tanto a la cúpula de su partido como a la estructura del Gobierno. Fuentes del Ejecutivo cercanas a Rajoy señalaron a este diario que el presidente maneja una crisis de Gobierno como instrumento para recuperar la iniciativa política tras el caso Bárcenas, un movimiento que afectaría a áreas muy importantes del Consejo de Ministros.

La posibilidad de una crisis de Gobierno ya se planteó en Moncloa el pasado mes de julio, cuando las informaciones sobre el caso Bárcenas ocuparon la primera plana de la actualidad política en España. Sin embargo, Rajoy optó por esperar a la declaración del extesorero del PP ante el juez Pablo Ruzantes de tomar ninguna decisión. Fue a partir de ahí, y sabiendo ya que su declaración desinflaba muchas expectativas, cuando el presidente decidiócomparecer en el Congreso y aplazar otras decisiones.

El tercer ministro en discordia es el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha sido objeto de duras críticas, dentro y fuera del PP, por su política de subida de impuestosPero la carta de la crisis de Gobierno sigue estando sobre la mesa para jugarla este otoño, junto a una remodelación en profundidad de la cúpula del PP. Esa crisis afectaría de manera definitiva al actual ministro de Educación, José Ignacio Wert, que ya ha adelantado al propio Rajoy su intención de no continuar al frente de este departamento. También saldría del Ejecutivo el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, muy tocado por su gestión y cuestionado por el sector.

El tercer ministro en discordia es el titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, que ha sido objeto de duras críticas, dentro y fuera del PP, por su política de subida de impuestos contraria al programa electoral del partido. Eso no significaría, sin embargo, que Rajoy opte por una cartera única, sino quevolvería al esquema actual sin vicepresidencia económica. Entre los candidatos para ocupar la cartera de Hacienda está el actual ministro de Exteriores, García Margallo.

Cambios en Andalucía y en la dirección del PP

Estas fuentes señalan también a la ministra de Sanidad, Ana Mato, como posible víctima de la remodelación, aunque interlocutores muy próximos al presidente discrepan porque, dicen, “Rajoy tiene muy buena opinión de la gestión que ha llevado a cabo y considera injusto hacerla pagar por lo que hizo su marido”.

La crisis de Gobierno serviría también para despejar las dudas sobre el futuro liderazgo del PP andaluz, que podría recaer o en el ministro de Agricultura, Arias Cañete, o en la de Trabajo, Fátima Báñez.

La remodelación se complementaría con cambios en la cúpula del PP, que ya está estudiando la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal. De la actual estructura de la dirección saldría Javier Arenas, pero no sería el único, ya que en los segundos niveles es donde se produciría la mayor criba. Ésta afectaría, prácticamente, a todos los que han venido teniendo cargos de responsabilidad durante la etapa en la que Bárcenas fue gerente del Partido.

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GALLARDON REDUCIRA HASTA UN 46% LAS TARIFAS DE LOS ABOGADOS DE OFICIO

Gallardón quiere reducir hasta el 46% las tarifas de los abogados de oficio

La Generalitat tacha de "barbaridad" la iniciativa y considera que deterioraría la justicia gratuita

El Ministerio de Justicia ha propuesto a laGeneralitat una rebaja generalizada, que en algunos casos llega hasta el 46%, de lasretribuciones de los abogados del turno de oficio por los asuntos de justicia gratuita para este año.

Con esta medida, el Ejecutivo de Rajoy pretende homogeneizar estas compensaciones a nivel estatal. El titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, se ha encontrado con la oposición frontal del 'conseller' de Justícia, Germà Gordò, que ha rechazado tajantemente la idea. Los abogados se han alineado esta vez al lado de la Administración autonómica y están en alerta.

>>Lea la información completa sobre la propuesta de reducir las tarifas a los abogados del turno de oficio en e-Periódico.

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LA AUDIENCIA NACIONAL CREE QUE LA LEY DE TASAS VULNERA LA CONSTITUCION

Varapalo a Gallardón: La Audiencia Nacional cree que la ley de tasas judiciales vulnera la Constitución

E.B.

La Audiencia Nacional considera que la ley de tasas judiciales contiene elementos “que pueden considerarse inconstitucionales” al dificultar el acceso a la jurisdicción y a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. En un auto al que ha tenido acceso Efe, la sección 7 de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional opina que la norma “puede infringir el artículo 24.1 de la Constitución" en alusión al derecho de los ciudadanos a la tutela efectiva de los jueces y tribunales. En este sentido, el tribunal explica que “se entiende que este derecho fundamental de la persona queda conculcado, no por la exigencia del pago de una tasa, sino por las consecuencias procesales y sustantivas derivadas de la falta de dicho pago”. Por todo ello, añade, “la consecuencia que conculca el artículo 24.1 de la Constitución será o la continuación del procedimiento sin haber podido evacuar dicho trámite (mal menor) o la finalización del procedimiento”. El tribunal responde así al recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación de gestión de multas DVuelta contra la modificación de la Ley de Tasas, en el que pide a la Audiencia Nacional que plantee cuestión de inconstitucionalidad por presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. FUENTE

GALLARDON PRIVATIZA EL REGISTRO CIVIL, MERCANTIL, Y DE LA PROPIEDAD

Gallardón privatizará la gestión de los 

registros Civil, Mercantil y de la Propiedad

El Colegio de Registradores se hará cargo de todos ellos según el borrador de ley

 que

 prepara el Ministerio de Justicia. Los usuarios tendrán que pagar por servicios que

 eran 

gratis, aunque Justicia asegura que los trámites más habituales lo seguirán siendo. El 

Registro Civil Central desaparece.

Alberto Ruíz-Gallardón acometerá la privatización de la gestión de los registros Civil, Mercantil y de la Propiedad a través de una reforma legislativa que ya tiene borrador y que establece que estas entidades pasarán a ser llevadas por el Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, en lugar de por los jueces. Los usuarios abonarán un arancel por trámites como las solicitudes de información

El texto del Ministerio de Justicia prevé que, tras el traspaso, los usuarios tengan que pagar un arancel por determinados servicios que hasta el momento no tenían coste. Esos pagos deberán sufragar los gastos de gestión, funcionamiento y conservación de las oficinas registrales, así como la retribución de sus profesionales. 

Según costa en la reforma del artículo 294, los aranceles se aplicarán sobre los valores comprobados fiscalmente de las fincas o derechos objeto de los hechos, actos o negocios jurídicos sujetos a inscripción y, a falta de aquellos, sobre los consignados por las partes como precio o valor de tasación de los bienes. 

El cobro se realizará sobre las peticiones de información sobre de partidas de nacimiento, matrimonio, divorcio, defunción o nacionalidad. 

Las concesiones de nacionalidad fueron los primeros trámites que Gallardón anunció que pasarían a manos de los registradores. Los "privilegios" de los registradores "Quienes acudan al Registro Civil tendrán que pagar un arancel para registrar una defunción y para cualquier acto o hecho obligatorio que inscriban, pero además habrá que inscribir otros actos que a día de hoy no son obligatorios, como poderes, el domicilio, seguros de vida y accidentes, y testamentos", ha denunciado UGT. Para la asociación de Jueces para la Democracia (JpD), esta reforma perjudicará la mayoría de la población y beneficiará a corporaciones que "han sido tratadas tradicionalmente de forma privilegiada". 

El Gobierno ha invertido alrededor de 128 millones en los registros que ahora entrega al ColegioAdemás, la JpD ve "contradictorio" que el Gobierno haya invertido unos 128 millones de euros en la modernización, informatización y digitalización de los registros civiles y que, ahora, "aproveche" esta mejora para asignarla a la "gestión privada con efectos lucrativos para sus gestores". La modernización de esta parte de administración es, precisamente, uno de los motivos del cambio, ya que el Colegio de Registradores aportará las cantidades de las que el Ministerio carece para completar la reforma. 

A cambio, cobrará de los usuarios. Además, ello aligerará de carga los juzgados y tribunales. El nuevo régimen organizativo reduce el número de oficinas y elimina el Registro Civil Central, aunque no esclarece el destino de los funcionarios que trabajan allí. Según el departamento de Alberto Ruíz-Gallardón, los actos habituales para los que se recurre al Registro Civil, como pueden ser la inscripción de nacimientos y las actas de defunción, "seguirán siendo gratuitos para los ciudadanos". Para defender su postura y negar la privatización, Justicia señala que los registradores son empleados del Estado que realizan un trabajo público.

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SI HABLAS TU MUJER IRA A PRISION; SI CALLAS CAERA GALLARDON Y SE ANULARA EL PROCESO

PORTADA DE EL MUNDO 15/07/2013




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EL PP REFORMA EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, A SU MEDIDA

El PP reforma el Consejo General del Poder Judicial a su medida 

Solo una asociación, la conservadora, participa en la renovación del Consejo General

El PSOE debe decidir si pactará o no los nuevos vocales con el PP

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. / Uly Martín

 

Nadie (o casi nadie) pone en duda que el gobierno de los jueces tenía defectos, que estaba politizado en exceso, que su funcionamiento no siempre era operativo y que un lavado de cara era conveniente. El problema es la dirección que debía tomar ese giro para no empeorar sus males en vez de mejorarlos. Y, salvo el PP, nadie (o casi nadie) apoya la reforma aprobada definitivamente el 27 de junio con el único sustento del grupo parlamentario del partido de Gobierno.

Los populares han reformado la composición, el nombramiento y las funciones del Consejo del Poder Judicial en solitario, con un PSOE que ha anunciado un recurso de inconstitucionalidad, con las asociaciones judiciales en contra, los presidentes de las Audiencias Provinciales en contra, el actual Consejo en contra... Esta será la primera vez que se modifique manu militari, sin un mínimo consenso, la regulación de un órgano constitucional esencial en el funcionamiento de uno de los tres poderes del Estado, el judicial, cuya labor es aplicar las leyes y controlar a los otros dos.

La reforma, en todo caso, y a pesar de las innumerables críticas que ha recibido, ya está en el BOE. Y el proceso de renovación del actual Consejo, cuyo mandato acaba en septiembre, está en marcha según la nueva regulación. A principios de julio se abrió el plazo de un mes para la presentación de candidatos —del que se han autoexcluido tres asociaciones judiciales en protesta por lo que consideran un asalto a la independencia judicial— y el PSOE tendrá que decidir en breve si, pese a su oposición total a la reforma, acepta pactar los nuevos vocales con el PP.

Si no lo hiciera, el Gobierno podría a pesar de todo, y gracias a la reforma, renovar en solitario a 10 vocales. En este caso se daría la extrañísima situación de tener un Consejo formado por una mitad nueva elegida por el PP y por otra mitad cuyo mandato habría terminado. Así será, en todo caso, el nuevo Poder Judicial diseñado por el Gobierno:

Sistema de elección

El número de vocales seguirá siendo 20, tal y como señala la Constitución. Y todos serán elegidos, igual que ahora, por el Parlamento, a pesar de que el último programa electoral del PP aseguraba que 12 serían directamente elegidos por los jueces. Tampoco cambia el número de plazas dedicadas a magistrados y a otros juristas: 12 serán jueces de carrera y los otros 8 se elegirán entre juristas con más de 15 años de ejercicio profesional.

Hasta el momento, la elección se llevaba a cabo de la siguiente forma: cada Cámara legislativa elegía a 10 vocales (6 jueces y 4 juristas) por mayoría de tres quintos. Pero se nombraban los 20 vocales de una vez, cuando los principales partidos se habían puesto de acuerdo sobre los nombres. Previamente, para las plazas de los jueces, las asociaciones judiciales habían presentado candidatos en función de su representatividad y los magistrados no asociados también habían podido ofrecerse si contaban con avales de al menos el 2% de sus compañeros (unos 100). El límite de candidatos para estas plazas era de 36.

¿Qué va a suceder ahora? No hay límite de candidatos para las 12 plazas de jueces, de forma que cualquiera puede presentarse si cuenta con 25 avales. Además, cada Cámara puede renovar a 10 vocales aunque la otra no haya decidido nada. Y, teniendo en cuenta que el PP tiene en estos momentos una mayoría superior a los tres quintos en el Senado, podría nombrar a la mitad del Consejo sin pactar con nadie y garantizarse unos vocales amables y controlables.

Desde el Gobierno se señala que el hecho de que pueda no significa que vaya a hacerlo, y que lo razonable es pactar, como siempre. Los críticos de la reforma señalan, sin embargo, que el Estado de derecho no puede basarse en la confianza de que el Ejecutivo se portará bien, sino que exige límites legales que garanticen de forma nítida la independencia judicial.

Asociaciones de jueces

“Se dice que estamos en contra porque recorta el poder de las asociaciones, pero lo que hace realmente es abrir la puerta a mayores injerencias políticas en el Poder Judicial”, opina Joaquim Bosch, portavoz de la asociación progresista Jueces para la Democracia. “Ellos defienden que es más justo que se pueda presentar cualquiera sin apenas avales ni respaldo detrás, pero realmente facilita un Consejo a la medida del Ejecutivo y de los partidos sin ningún control. Por otro lado, ha habido vocales con centenares de avales que se han presentado en el pasado como independientes y que, sin embargo, luego no han sido elegidos por los partidos”.

Esta organización, junto a las moderadas Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente han anunciado que no participarán en la elección de los nuevos vocales. Por primera vez en la historia, solo una asociación propondrá candidatos: la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura que, a pesar de ello, también ha sido crítica con la reforma. Manuel Almenar, actual vocal del Consejo —nombrado por el PP a propuesta de la APM— defiende también que el sistema nuevo no despolitiza el órgano de gobierno de los jueces, sino todo lo contrario: “Antes había un filtro, 36 personas elegidas por la carrera. Ahora, con la puerta abierta a los grupos parlamentarios para que elijan a quien quieran, ¿realmente alguien cree que se va a despolitizar?”. “¿Cómo nos va a conocer a mí o a otro el Parlamento de la nación?”, se pregunta Carlos Gómez, presidente de la Audiencia de Palma. “Será por los contactos políticos que tenga cada uno, ¿no? Los partidos podrán ahora elegir sin selección previa”. Esto no significa que no vaya a haber ningún juez progresista en el nuevo Consejo, pero solo lo habrá si alguno se presenta de modo individual con los 25 avales y si después es elegido —algunos, de hecho, ya se están moviendo—.

Rechazo de los partidos

La gran pregunta es si habrá un pacto con el PSOE en la próxima elección de los vocales. Para los socialistas se trata de una decisión complicada. Si quedan fuera de cualquier acuerdo, solo habrá algún vocal progresista si el PP decide ser magnánimo. Pero también les va a resultar difícil pactar tomando como base una ley que han calificado como intento de ocupación política del Poder Judicial y que van a llevar al Constitucional. “Los contactos en estos momentos son complicados porque esta ley ha supuesto un intento de ocupación política del poder Judicial”, señala Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia en el Congreso. Pero, asegura, la decisión final aún no está tomada. La fijarán la Ejecutiva federal y el propio Alfredo Pérez Rubalcaba. El PP, por su parte, necesita pactar para que el resultado final resulte mínimamente presentable.

Vocales a tiempo parcial

De los 20 vocales, solo los seis de la comisión permanente (cinco más el presidente) lo serán a tiempo completo: tres jueces y dos del turno de juristas. Serán elegidos cada año. 

El resto compaginarán su trabajo en la judicatura u otras ramas del derecho con sus labores de vocal. “Esto plantea múltiples problemas de posibles incompatibilidades”, opina el presidente de la Audiencia de Palma. “¿Qué pasa si un abogado-vocal lleva asuntos que después deben ser tratados en el Consejo? O, si un juez-vocal tiene problemas disciplinarios, ¿realmente van a sancionarlo sus compañeros de al lado?”. “¿Es razonable que el abogado de la Infanta o la juez Alaya pudieran ser vocales en estos momentos?”, señala otra vocal del actual Consejo, la progresista Margarita Robles, una de las más críticas con la reforma de Gallardón. “Por otro lado, si se considera que 20 vocales son demasiados para ser operativos, lo más lógico sería modificar la Constitución para reducirlos. Esta reforma, de profundo calado, debió hacerse con consenso y desde un análisis profundo”.

La revolución disciplinaria

El pleno elegirá a siete vocales de la comisión disciplinaria (los encargados de sancionar a los jueces) por un plazo de cinco años. El presidente será el vocal de procedencia judicial con mayor categoría y antigüedad. Se crea una figura, el “promotor de la acción disciplinaria”, que se encargará de recibir las quejas, iniciar e instruir los expedientes disciplinarios, una potestad hasta ahora de la comisión, que nombraba al instructor del expediente en cada caso. Su mandato coincidirá con el del Consejo que lo nombró. Solo podrán ejercer esta labor magistrados del Tribunal Supremo o magistrados con más de 25 años de antigüedad en la carrera.

La instrucción de los expedientes disciplinarios es algo difícil de regular. Sancionar al compañero siempre da problemas en una carrera muy tendente al corporativismo. Pero la reforma ha generado críticas por la concentración de funciones en una sola persona. “Se trata de una figura que acumulará un poder increíble”, critica Joaquim Bosch, de Jueces para la Democracia. “Una especie de Gran Inquisidor”.

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GALLARDON IMPUTADO, ¿EN QUE PAIS VIVIMOS?

Gallardón imputado

última hora sobre "Gallardón imputado"

Grave acusación a Gallardón, que habría 'regalado' a Urdangarín 140.000 euros públicos sin justificar

Gallardón imputado: El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha presentado ante el juez José Castro un escrito para solicitar la apertura de una pieza separada con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, como denunciado, al apuntar que éste, como presidente de la fundación pública 2016, donó 140.000 euros a la entidad sucesora del Instituto Nóos "en base a la figura" que representaba Iñaki Urdangarin y para utilizarle "como lobby" para promocionar la candidatura olímpica de Madrid.

El ministro Ruiz-Gallardón, más cerca de declarar ante el juez Castro por el Caso Nóos

Gallardón imputado: El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha emitido una Providencia en la que da traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en esta causa de la solicitud formulada por el Sindicato Manos Limpias, mediante la cual pide la "formación de una pieza separada en la parte que afecta a los denunciados y al Ayuntamiento de Madrid en la persona del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que en el plazo de diez días hagan las alegaciones que estimen oportunas". Diariocrítico ya adelantó en su día que el juez Castro estudiaba imputar al hoy ministro Ruiz-Gallardón.

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El ministro Ruiz-Gallardón, más cerca de declarar ante el juez Castro por el Caso Nóos

- El juez traslada al fiscal la petición de abrir una pieza separada que le afecta

M. Á. M. Diariocrítico 28/06/2013

El juez que instruye el caso Nóos, José Castro, ha emitido una Providencia en la que da traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en esta causa de la solicitud formulada por el Sindicato Manos Limpias, mediante la cual pide la "formación de una pieza separada en la parte que afecta a los denunciados y al Ayuntamiento de Madrid en la persona del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que en el plazo de diez días hagan las alegaciones que estimen oportunas". Diariocrítico ya adelantó en su día que el juez Castro estudiaba imputar al hoy ministro Ruiz-Gallardón.

Diariocrítico ya avanzó el pasado 19 de marzo, citando fuentes jurídicas, que el juez del 'caso Nóos',José Castro, estudiaba llamar a declarar al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por posibles responsabilidades cuando era alcalde de Madrid. Posteriormente, el 30 de mayo, este diario afirmaba igualmente que el juez Castro daba un paso más al pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que asumiera la investigación que afectaba al ex presidente valenciano, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, al considerar que existían indicios de delito contra ambos.

Según medios jurídicos conocedores del caso, el juez Castro daba así un paso más: ahora podría llamar a declarar al actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por los pagos del Ayuntamiento de Madrid a Iñaki Urdangarín cuando Gallardón era alcalde de la capital española.

Ahora, en su Providencia de este viernes, Castro da traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en esta causa de la solicitud formulada por el Sindicato Manos Limpias, mediante la cual pide la "formación de una pieza separada en la parte que afecta a los denunciados y al Ayuntamiento de Madrid en la persona del hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para que en el plazo de diez días hagan las alegaciones que estimen oportunas", lo cual cierra aún más el círculo contra Gallardón.

Gallardón, en el punto de mira

Como ya reveló Diariocrítico el pasado 19 de marzo, todo parece indicar que el particular vía crucis judicial del Partido Popular, de sus dirigentes y del Gobierno de Mariano Rajoy no ha hecho más que comenzar. Según fuentes jurídicas conocedoras del caso, el juez del 'caso Nóos' estudia llamar a declarar al hoy ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por posibles responsabilidades cuando era alcalde de Madrid.

La medida estaría siendo estudiada tanto por el juez Castro como por el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, que investigan el 'caso Nóos', dado que algunos datos que han aparecido en las investigaciones salpican a la empresa de la candidatura olímpica de Madrid 2016: la entidad de promoción del evento abonó más de 140.000 euros al 'lobby' de Urdangarin, según se supo el pasado 8 de febrero. Y, según fuentes judiciales y de las acusaciones, hay más datos para llamar a declarar a Gallardón por este caso que los que hay para imputar a Francisco Camps y Rita Barberá.

Como es conocido, en febrero pasado una comisión judicial, encabezada por Castro y Horrach, profundizó en Madrid en la posible malversación de caudales cometida desde la empresa pública Madrid 16. Esta entidad se creó para promocionar la candidatura olímpica que lanzó Ruiz-Gallardón entre 2007 y 2009 y abonó más de 140.000 euros al lobby que encabezó Urdangarin desde el Instituto Nóos y sus fundaciones derivadas.

El juez participó entonces en los interrogatorios de la antigua consejera delegada de Madrid 16 y ex directora de Deportes del Ayuntamiento de Madrid, Mercedes Coghen, imputada, junto a otros dos ejecutivos. La Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FDCIS) reflejó, en tres facturas, los trabajos bajo sospecha a la sociedad Madrid 16 que pugnó por lograr la nominación olímpica.

La fundación FDCIS, sucesora de la fundación Areté, fue montada por Urdangarin y su ex socio Diego Torres, con la ayuda del empresario Joaquin Boixareu y el abogado Ramon Bergós, y figura en la causa como pantalla para ocultar el papel del duque en el entramado.

La Providencia del juez Castro

En la misma Providencia dictada este viernes, el juez Castro accede a la petición cursada por el Ministerio Fiscal de suspender el señalamiento de la declaración del ex socio del Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos, Diego Torres, previsto para las 10.00 horas del 11 de julio, a la misma hora del día siguiente.

También señala que una vez emplazados el Ministerio Fiscal y las partes personadas, eleva al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana los testimonios que se anunciaron a través de la Providencia del 24 de junio, refiriéndose así a las declaraciones, en calidad de testigos, de José Enrique Bigne y Amparo Sancho ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, este viernes a las 11.20 horas.

Finalmente, en la Providencia, Castro acuerda tener por incorporados a la causa los documentos aportados por la representación procesal de Diego Torres, así como de su mujer, Ana María Tejeiro, de Virtual Strategies S.L., de Nóos Consultoría Estratégica S.L., de la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social, de Shiriaimasu S.L. y de Intuit Strategy Innovation Lab S.L.

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