ESPAÑA: MILES DE UNIVERSITARIOS ABANDONAN SU CARRERA POR NO PODER PAGAR LAS TASAS

Miles de estudiantes abandonan la 

universidad al no poder pagar las tasas

Cada vez más estudiantes se ven obligados a abandonar sus estudios porque no pueden pagar las tasas que conlleva su matrícula, porque cierran su facultad, porque les quitan la beca, porque se les pasa el plazo de pago o no se les fracciona y les desahucian del aula. Los estudiantes protestan ante la brutal subida de tasas de matriculación que ha superado en muchos casos el 70% con respecto a los precios originales. Los recortes presupuestarios provocan que menos de un 23% de estudiantes reciban beca para estudios superiores. La Plataforma de Afectadas por las Tasas (PAT) denuncia la situación en este manifiesto.

Miseria y precariedad en la población estudiantil

El mantenimiento del número de estudiantes se produce a costa de la reducción del número de créditos matriculados, del brutal descenso de matrículas en máster, de reducir el profesorado y sus condiciones laborales, de hipotecarnos para estudiar, y de sufrir la actual política de recortes que están creando una situación creciente y agudizada de miseria y precariedad en la población y en particular en la juventud. Es la denuncia que se recoge en este manifiesto y quese propaga por las redes sociales. Las organizaciones estudiantiles subrayan como la tasa de desempleo juvenil ronda el 57%. Un 80% de contratos temporales son de jóvenes entre 16-19 años, un 60% de entre 19-24 años, y un 40% de contratos temporales para jóvenes de entre 25-29 años. El 91% del empleo destruido en los últimos 4 años es de menores de 35 años.

La emancipación juvenil es una utopía

También denuncian la salida de compañeros al extranjero obligados por la política del ministro Wert. La tasa de emigración ha pasado del 1% en 2010 hasta más del doble en 2012. En esta situación de precariedad, la emancipación juvenil hoy en día es una utopía ante la imposibilidad de tener acceso a una vivienda. “No se trata tanto del problema de desahucios. Nunca hemos tenido casa”, subrayan. Desde la PAT llaman a la movilización y a la acción directa como medidas de presión efectivas para que el conjunto de la sociedad sea consciente de que el expolio de la educación es el expolio de los derechos de todos.

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EE.UU.: LA RESERVA FEDERAL PREVEE UNA SUBIDA DE TASAS Y LA FINALIZACION DE COMPRA DE BONOS

La Reserva Federal subiría las tasas a 

mediados de 2015

La presidente de la FED, Janet Yellen, anticipó que los estímulos monetarios podrían terminar a fines de 2014 y meses más tarde podrían ajustarse las tasas de referencia. Aseguró que observarán la inflación y evolución del empleo

La Reserva Federal de EEU podría finalizar su enorme programa de compra de bonos a fines de este año y comenzaría a subir las tasas de interés unos seis meses después, dijo el miércoles la presidenta del banco central estadounidense, Janet Yellen.

Ese es un camino algo más agresivo hacia mayores tasas de lo que algunos inversores habían anticipado, lo que llevó a una caída de las acciones y los bonos estadounidenses. En el mercado de futuros de tasas ahora anticipan una primera alza hacia abril del 2015.

"Ella (Yellen) ciertamente movió (el calendario) un poco y no creo que el mercado lo estuviera esperando, porque es más vista en el espectro moderado que en el ala dura" sobre política monetaria, dijo Peter Kenny, presidente ejecutivo de Clearpool Group en Nueva York.

Al anunciar su visión sobre el futuro de las tasas tras un encuentro de dos días, la Fed también eliminó una serie de guías que utilizaba para ayudar al público a anticipar cuándo comenzaría finalmente a subir las tasas de interés desde sus niveles actuales de cerca de cero por ciento.

Yellen utilizó su primera conferencia de prensa como presidenta de la Fed para enfatizar que las tasas de interés permanecerán bajas por un tiempo, que subirán solo gradualmente, y que podrían quedarse más bajas de lo normal "por algún tiempo" incluso después que la economía recupere un buen ritmo de crecimiento.

La funcionaria se esmeró en decir que retirar la promesa de mantener las tasas sin cambios después de que el desempleo caiga por debajo del 6,5 por ciento, no indicaba ningún cambio en las intenciones de política monetaria del banco central.

También aseguró que las autoridades de la Fed no sólo buscarían lo cerca que esté la inflación y el desempleo de las metas, sino que también observarían qué tan rápido, o lento, se aproximan esas mediciones a los objetivos.

La Fed apuntó en su comunicado que su apoyo a las políticas de dinero fácil podría continuar, incluso luego de que alcance sus metas de pleno empleo y una inflación del 2 por ciento.

En la conferencia, Yellen dijo que los funcionarios del banco central citaron para esto "los impactos residuales de la crisis financiera", con algunos apuntando que "la tasa de crecimiento potencial de la economía podría ser menor al menos por un tiempo".

Aún así, la mayoría de las autoridades de la Fed espera que la tasa de interés referencial suba en el 2015, según proyecciones divulgadas por la entidad. El banco central mantuvo los recortes a su enorme programa de estímulo monetario, anunciando que reducirá las compras mensuales de bonos del Tesoro y valores respaldados por hipotecas a 55.000 millones de dólares desde 65.000 millones.

El presidente de la Fed de Minneapolis, Narayana Kocherlakota, disintió de la decisión, argumentando que al eliminar el umbral de la tasa de desempleo se podría perjudicar la credibilidad del comité para que la inflación retorne al 2 por ciento.

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ESPAÑA: GALLARDON IGNORA AL SUPREMO Y SIGUE COBRANDO TASAS PARA RECURRIR LOS DESPIDOS

Gallardón ignora al Supremo y recupera las tasas judiciales para recurrir los despidos

El Gobierno no incluye los recursos laborales en segunda instancia en el proyecto de ley de la Justicia Gratuita.

El Gobierno aprobó el pasado viernes un proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita para que, en palabras del ministro de Justicia, “nadie se quede fuera de los tribunales". Lo que no dijo Alberto Ruiz-Gallardón es que con esta ley los trabajadores volverán a pagar en segunda instancia las tasas judiciales en los recursos que presenten contra despidos, salarios pendientes o indemnizaciones laborales, entre otros, con el agravante de que el Supremo se pronunció en contra de esta medida en junio de 2013. 

El Sindicato de Secretarios Judiciales ha sido el que ha dado la voz de alarma al subir a su página web una información en la que critica este proyecto de ley y advierte que con él “asistiremos a nuevos retrocesos, como es el caso del pago de tasas judiciales por los trabajadores en el orden jurisdiccional social”. 

Concretamente, el Artículo 4.2 del proyecto de ley establece que “En el orden jurisdiccional social, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para la primera instancia sin necesidad de acreditar previamente carecer de recursos a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social”, obviando la segunda instancia.

A mediados del año pasado, el Tribunal Supremo acordó que los trabajadores, los funcionarios o personal estatutario, los beneficiarios de Seguridad Social y los sindicatos cuando representan los intereses de los trabajadores están exentos de pagar las tasas cuando interpongan recursos de suplicación o de casación en la jurisdicción social. El Alto Tribunal se basó en el Artículo 119 de la Constitución que establece que “La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar".

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RECURIR UN ESCRACHE CON LA NUEVA LEY COSTARA 2.750 EUROS EN TASAS

Recurrir las multas de la 'ley mordaza' costará hasta 2.750 euros en tasas

El impuesto impulsado por Ruiz-Gallardón ha hecho caer un 23% el número de recursos contra actos del Gobierno y resto de administraciones públicas

Recurrir ante los tribunales las multas que el Gobierno prevé aprobar por participar en un escrache o manifestarse frente al Congreso de los Diputados costaráentre 360 y 2.750 euros sólo en tasas, es decir, gastos de abogado y procurador aparte. A la dureza de las sanciones  anunciadas por el Ejecutivo para infracciones a la futura Ley de Seguridad Ciudadana (con multas de hasta 600.000 euros), se suma el impedimento que las tasas suponen para el derecho de acceso a la justicia según coinciden en denunciar desde hace un año la mayoría de los operadores jurídicos.

En el peor de los casos, es decir, que un ciudadano sea multado con 600.000 euros por infringir la conocida como "Ley Mordaza", la tasa correspondiente al recurso contencioso-administrativo que puede formular se elevaría, en primera instancia, a 950 euros (350 de la parte fija de la tasa, y 600 euros más del 0,1% de la cuantía del pleito, que es la parte variable). En caso de apelar la sentencia de primera instancia, habría que pagar otra tasa de 1.400 euros, o si se acude en casación al Supremo, una de 1.800 euros.

La Ley de Tasas, en vigor desde noviembre de 2012 pero que el Gobierno se vió obligado a corregir sólo tres meses después ante la avalancha de críticas, está recurrida ante el Tribunal Constitucional no sólo por el PSOE  sino también por la propia Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, que duda de su constitucionalidad.

La plataforma Justicia para Todos, que agrupa al Consejo General de la Abogacía y asociaciones de jueces, fiscales, secretarios judiciales, sindicatos y consumidores, ha hecho público un comunicado con motivo del primer año del 'tasazo' de Gallardón en el que denuncia precisamente que "se ha favorecido el abuso e impunidad de las Administraciones Públicas, exentas del pago de las tasas".

Añaden que "el efecto disuasorio para los ciudadanos ha sido reconocido por jueces, magistrados, abogados, secretarios judiciales, personal al servicio de la Administración de Justicia, obligando al Ministerio de Justicia, al menos, a reconocer en su comparecencia en el Congreso porcentajes muy significativos de reducción de asuntos".

En esa cita en la Cámara Baja, el pasado 7 de octubre, el subsecretario de Justicia, Juan Bravo Rivera, reconoció que la litigiosidad en los tribunales de lo contencioso-administrativo se había reducido en un 23% en el primer trimestre de 2013 --primeros meses con tasas-- respecto al mismo periodo de 2012 --cuando no las había--. Sin embargo, defendió que la bajada de asuntos no estaba relacionada con las tasas sino con una de las últimas leyes del Gobierno de Rodríguez Zapatero, que se llama de Medidas de Agilización Procesal.

Esa bajada de los recursos también ha dejado en evidencia uno de los principales argumentos de Ruiz-Gallardón para defender a capa y espada las tasas, que era que supondría un aumento de los ingresos que permitirían mantener el sistema de justicia gratuita para las personas de menos recursos.

Según destaca la Plataforma, la recaudación hasta septiembre ha sido de 103 millones de euros, muy lejos de los 306 millones previstos por el Ministerio para todo el año.

En el borrador de Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana elaborado por el Ministerio del Interior, que será aprobado próximamente por el Gobierno, figura como infracción muy grave (multada con entre 30.001 a 600.000 euros), la grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente.

Asimismo, la perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo, y las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.

También tendrán esa especial gravedad las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.

Asimismo, multará la participación en escraches o actos de acoso a cargos públicos. La ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados.

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DENEGADA LA CONCENTRACION EN PROTESTA CONTRA LAS TASAS JUDICIALES

La Delegación del Gobierno en Madrid prohibe 

al CGAE concentrarse el día 20 en protesta 

contra las tasas

La Delegación del Gobierno en Madrid ha remitido al presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, un escrito en el que le deniega la concentración solicitada para el próximo 20 de noviembre frente a los Juzgados de Instrucción para protestar contra la Ley de Tasas Judiciales, aprobada hace un año. La prohibición ha sido tachada de “insólita” por parte del CGAE, que asegura que cumplió con todos los requisitos.

El Consejo recuerda que el escrito de Carnicer cumplía lo establecido en el artículo 8 de la LO 9/1983 reguladora del Derecho de Reunión, que establece la necesidad de comunicar la solicitud por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente con una antelación de 10 días naturales como mínimo y 30 como máximo, plazos que ambas partes reconocen que se cumplieron.

El motivo esgrimido por el Gobierno es que el 7 de noviembre -un día antes que Carnicer presentara su solicitud- entró un escrito del Colegio de Abogados de Madrid comunicando la celebración de la concentración en el mismo lugar y hora que la solicitada por el CGAE. Según el Ejecutivo, “atendiendo a lo establecido en el procedimiento administrativo y en la Ley Orgánica que regula el Derecho de Reunión, se da prioridad a la comunicación que se haya presentado en primer lugar”.

De todos modos, el CGAE ha comunicado a través de su página web que “está previsto que tanto el presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, como la decana del Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, encabecen la concentración del próximo 20 de noviembre en la Plaza de Castilla a pesar de la ‘prohibición’”.

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EL PRESIDENTE DE LA ABOGACIA ESPAÑOLA PIDE AL CONSTITUCIONAL QUE AGUILICE LOS RECURSOS CONTRA LA LEY DE TASAS

Carnice pide al TC que agilice los 

recursos contra la Ley de Tasas

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, ha remitido una carta al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, pidiendo que “se agilice en lo posible la resolución de los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad interpuestos contra la Ley de Tasas Judiciales”.

Carnicer considera urgente “paliar el efecto muy grave” que tienen las tasas judiciales tanto para los ciudadanos, ya que no pueden acceder al derecho a la tutela judicial efectiva, como para los tribunales, que carecen de criterios para conocer la realidad social por las trabas puestas a los ciudadanos para acceder a la Justicia.

El Tribunal Constitucional recientemente ha admitido a trámite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Canarias y la Diputación General de Aragón contra la Ley 10/2012 por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. Estos recursos se suman a los ya presentados por la Generalitat de Cataluña, la Junta de Andalucía y el Grupo Parlamentario Socialista.

También hay que añadir las cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Además, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicación y casación. Todos los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad, recuerda Carnicer, se fundamentan que en que las tasas judiciales pueden estar “condicionando el acceso de los ciudadanos a la Justicia”.

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3 JUECES DESMIENTEN A GALLARDON: LAS TASAS JUDICIALES NO SE RECUPERAN AUNQUE GANES EL RECURSO

Tres jueces desmienten a Gallardón: las tasas judiciales no se recuperan aunque ganes el recurso

El ministro de Justicia ha sostenido que las tasas judiciales volvían al bolsillo del demandante cuando se ganaba un recurso

Pueden condenar a la otra parte a pagarte las costas, incluidas las tasas, pero es otro el que paga y no el Estado el que devuelve

La Audiencia Provincial de León ha dejado en entredicho al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que en reiteradas ocasiones ha mantenido que el pago de tasas judiciales no iba a suponer un problema para que los ciudadanos de ‘a pie’ pudieran recurrir sentencias porque esos gravámenes siempre eran recuperables. Sin embargo, un auto judicial dictado el pasado 5 de septiembre firmado por tres magistrados deja claro que no es así cuando se trata de recursos de apelación. Según el artículo 241.7º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la tasa judicial forma parte del concepto jurídico de costas procesales (gastos del proceso) y, por lo tanto, nunca se recupera. Los abogados han acogido la sentencia con satisfacción porque es la primera vez que se reconoce por escrito lo que ellos venían denunciando desde hace tiempo.

Durante el debate de la ley celebrado en el Congreso a finales de 2012, la oposición acusó Ruiz Gallardón de introducir con su nueva ley –bautizada como la del ‘tasazo’– modificaciones desproporcionadas en las tasas judiciales con intención “recaudatoria” y buscando un “efecto disuasorio” para impedir que se puedan recurrir sentencias adversas, cercenando con ello el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.

El ministro siempre ha negado la mayor, tanto en sede parlamentaria como en actos públicos a los que ha acudido, y ha sostenido que la reforma de la ley “defiende el interés general”, destacando el alto grado de ligitiosidad que tienen que soportar los juzgados en España por culpa de los recursos. “El Estado no puede ser cómplice de maniobras dilatorias. No pediré al contribuyente que financie esas tácticas”, ha señalado Gallardón. El titular de Justicia ha mantenido además que las tasas “se devolverán", bien "el 60% de la cuantía cuando haya una solución extrajudicial; un 20% cuando se acumulen procedimientos, o un 10% al utilizar medios telemáticos para la presentación de escritos en los juzgados”.

Es más, durante unas jornadas sobre Nuevos medios contra el delito económico y la recesióncelebradas el pasado mes de noviembre en Valencia, Gallardón explicó que existe el “criterio del vencimiento” según el cual a la parte que gana el pleito se le devuelven las tasas. “No son a fondo perdido, los costes los paga al final única y exclusivamente el que no ha acreditado el derecho para superar el litigio”, afirmó .

Pero los hechos le desmienten. Según matiza a eldiario.es la abogada Verónica del Carpio, para que un ciudadano que no haya podido acogerse a la justicia gratuita (el llamado  turno de oficio) pueda recuperar la tasa pagada, “es indispensable, en primer lugar, que el que gane, gane con condena en costas, porque las tasas judiciales son una partida repercutible al contrario, vía condena en costas”. “Pero aunque se gane –añade-, muchas veces no hay condena en costas, y, por tanto, las tasas se pierden. Y mucho más difícil es recuperar ese dinero si el contrario es insolvente. Son los casos también de los recursos contra sentencias desfavorables. El recurrente si puede, paga, y si gana, la tasa no se la puede repercutir al contrario", explica De Carpio. Eso es precisamente lo que dice el auto de la Audiencia Provincial de León derivado de una consulta realizada por el abogado Javier Barrio González.

Lo cierto es que desde que se aprobó la ley en 2012 -modificada en algunos aspectos pocos meses después ante la avalancha de críticas recibidas-, el colectivo de abogados no ha dejado de alertar sobre esta situación de “grave injusticia social” que está suponiendo la ley al extenderse el pago de las tasas a todo tipo de personas físicas y jurídicas, incluyendo ONG, particulares, pymes, etc, en igual importe que a un banco para los que no supone quebranto económico la presentación de estos recursos. Y, encima, las cantidades abonadas no son deducibles fiscalmente. El Estado, por el contrario, está exento del pago.

Las tasas judiciales por apelar, tras modificarse la ley, suponen un fijo de 800 euros más un variable del 0,5% de la cuantía reclamada, si se es persona jurídica, y más el 0,1% de la cuantía reclamada, si se trata de persona física. Estas cantidades, dependiendo de tipo de recurso, pueden llegar a superar con creces los 3.000 euros en algunos casos. Como el de Sonia, una niña de Bétera de 7 años que nació con malformaciones que no le fueron detectadas por los médicos durante la gestación y que le provocaron una minusvalía del 85%.

Los padres demandaron ante los tribunales pero ya han recibido dos sentencias en contra con condena a pagar 65.000 euros en costas. Ahora pretenden recurrir al Supremo pero se han encontrado con que el recurso de apelación les cuesta 7.000 euros, que no tienen. Por ello, han pedido ayuda ciudadana a través de los medios de comunicación o de las redes sociales, algo cada vez más habitual, según los abogados.

El PSOE y dos comunidades autónomas, Cataluña y Andalucía, han recurrido la ley de Gallardón ante el Tribunal Constitucional por considerarla abusiva e injusta aunque ello no ha paralizado su aplicación. Pero el auténtico varapalo le ha llegado al ministro de la Audiencia Nacional. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha planteado también una cuestión de inconstitucionalidad al entender que puede condicionar el acceso de los ciudadanos a este servicio público y puede llegar a convertirse en un “impedimento innecesario e injustificado” para obtener el derecho de la tutela judicial efectiva. Ahora lo que esperan y desean todos los colectivos afectados por el ‘tasazo’ es que el alto tribunal se pronuncie cuanto antes. 

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LA AUDIENCIA NACIONAL PLANTEA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE TASAS

La Audiencia Nacional plantea la 

inconstitucionalidad de la ley de tasas

La sala séptima de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional al considerar que la ley de tasas judiciales, que entró en vigor en diciembre de 2012, podría no ajustarse a la carta magna por condicionar el acceso de los ciudadanos a la justicia y vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

El auto, dictado el pasado viernes, viene motivado por un recurso presentado el pasado mes de abril en la Audiencia Nacional por una empresa mercantil llamada ‘Préstamos y Javaloyes S.L.U’. En el documento, el tribunal considera que la norma podría quebrantar cuatro artículos de la Constitución Española -el 24.1, 14, 9.2 y 31.1-, es decir: el derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a ser iguales ante la ley, el derecho a que los poderes públicos contribuyan a la igualdad efectiva de los ciudadanos y el derecho a que el sostenimiento de los gastos públicos se haga de acuerdo con la capacidad económica de cada uno mediante un sistema tributario justo.

Aunque la consideran necesaria para sufragar el coste de la Administración de Justicia, los magistrados advierten de las consecuencias que podría suponer el incumplimiento del pago. “Las consecuencias de la falta de pago de las mismas sí pueden constituir trabas que resulten innecesarias, excesivas y que carezcan de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el licitador”, detalla el auto.

Aunque el Gobierno ya aprobó en marzo un real decreto ley en el que modificaba algunos aspectos de la ley de tasas, tras un acuerdo alcanzado con la defensora del pueblo, Soledad Becerril, la Audiencia considera que todavía existen determinados aspectos que pueden ser inconstitucionales.

Por su parte, el Consejo de la Abogacía Catalana, que representa a los catorce Colegios de Abogados de Catalunya, ha instado al Tribunal Constitucional a dar ‘prioridad absoluta’ en la resolución de la cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de tasas judiciales planteada por la Sala Séptima de la Audiencia Nacional. El Consejo valora muy positivamente el auto dictado el pasado viernes, pero alerta de que ‘mientras el Tribunal Constitucional no resuelva esta cuestión, las tasas continuarán impediré el acceso a la justicia a los ciudadanos y vulnerando derechos fundamentales, como el de la tutela judicial efectiva’, según manifestó el presidente del Consejo,Miquel Sàmper.

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ALEMANIA RETIRA LAS TASAS UNIVERSITARIAS

TRADUCIDO DEL ALEMAN POR GOOGLE TRANSLATE

Alemania preclasificación de matrícula

Oliver Tessenow siente molesto. En sus cinco años de estudios de pregrado y postgrado en la Universidad Leibniz de Hannover, que ha tenido que pagar la matrícula, pero a medida que se prepara para salir el próximo año con un título de maestría en educación, la universidad planea abolir las tasas.

"Estamos molestos que no se supriman ya", dijo Tessenow de los cargos de la universidad, que se inició en 2006 y llegan a alrededor de € 1.000 por año, o $ 1.300.

Si bien las tasas son una carga cada vez más pesada sobre los estudiantes en lugares como Inglaterra, Irlanda, Estados Unidos y partes de Canadá - y las escuelas honorarios pagados están proliferando en todo el mundo en los mercados emergentes de educación - Alemania se va para otro lado.

Introducido para inyectar financiación adicional en un sistema de educación pública, sobrecargados de trabajo, clases nunca se puso en un país donde la educación abierta es vista como clave para el progreso social y económico.

"Los políticos saben que no pueden hablar de los derechos de matrícula sin perder votos", dijo Felix Grigat, editor de un Forschung y Lehre, la revista comercial mensual de la Asociación Alemana de Profesores y Conferenciantes Universitarios. "Nosotros simplemente no tenemos la tradición" de pagar privadamente para asistir a una escuela pública.

En virtud de la Constitución alemana, los 16 gobiernos estatales controlan y financian la educación superior. Después de una decisión de un tribunal federal en 2005 abrió el camino, ocho estados - todo en la antigua Alemania Occidental - aprovechó la oportunidad para presentar cargos de matrícula modestos, con las universidades que prometen usar el dinero para mejorar la enseñanza, ampliar los servicios y modernizar la infraestructura.

Sin embargo, el concepto de pagar por la educación sigue siendo muy impopular entre los estudiantes y el público en general, y la mayoría de los estados que han introducido cuotas los echó de nuevo en el corto plazo, a partir de Hesse, en 2008.

Más recientemente, Baden-Württemberg y la ciudad-estado de Hamburgo abandonaron costos de matrícula el pasado otoño. Entre los holdouts restantes, Baviera, normalmente un bastión de la política fiscalmente conservadora, va a acabar con ellos este año. Una encuesta encargada por la cadena pública Bayerischer Rundfunk encontró que el 72 por ciento de los bávaros respaldado la abolición.

Baja Sajonia, donde se encuentra la Universidad Leibniz de Hannover, será el último en caer en la línea cuando baje sus tasas al inicio del año académico 2014-15.

Aunque las tasas son bajas para los estándares británicos de América del Norte o, los opositores dicen que han actuado como una barrera económica para algunos estudiantes.Sr. Tessenow, por su parte, dijo que el extra de 1.000 € al año cobra Hanover era un obstáculo demasiado: "No hay suficientes barreras, además de los cargos", dijo.

Según Malte Hübner, economista del Consejo Alemán de Expertos Económicos, la introducción de la matrícula en Alemania podría haber causado un estimado de 20,000 estudiantes potenciales, lo que representa 6.8 por ciento de todos los participantes de la universidad, a renunciar a la matrícula en 2007.

"Al principio había un efecto disuasorio, pero probablemente habría desaparecido después de un tiempo," dijo el Sr. Hübner.

Sin embargo, mientras que la introducción de tasas podría haber apagado algunos estudiantes, que parece haber tenido poco impacto en el crecimiento de la población estudiantil de toda Alemania, que ha aumentado en cerca de medio millón desde 2006.

Al regresar a acceso a la universidad para sus ciudadanos, Alemania será reincorporarse algunos de los países más económicamente y socialmente avanzada de Europa, incluyendo Dinamarca, Noruega y Suecia. Sin embargo, hay una diferencia: Alemania, con sus cerca de 2,5 millones de alumnos activos, es de lejos el mayor presupuesto de la educación superior a la financiación. En comparación, el Reino Unido, que tiene más o menos el mismo número de estudiantes, planteó límites anuales de matrícula del año pasado a £ 9,000, o $ 14.000.

En Francia, donde unos 2,3 millones de estudiantes asisten a instituciones de educación superior, la mayoría de las universidades públicas cobran unos pocos cientos de euros al año. Las tasas de matrícula en las escuelas superiores de élite Grandes, sin embargo, tienden a ser mucho más alto.

Aunque el debate en torno a la matrícula alemana parece haber disminuido por ahora, académicos y administradores predicen que el aumento de demandas en el sistema universitario con el tiempo llevar a los honorarios de vuelta.

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30.000 UNIVERSITAROS, SERAN EXPULSADOS POR IMPAGO

Más de 30.000 universitarios al borde de la expulsión por impago

 

La subida de tasas académicas y la restricción de las becas acorralan a los universitarios en plena crisis

Clase impartida en el rectorado de la Complutense en apoyo a los alumnos encerrados por no poder pagar la matrícula. / Uly Martin

 

Al menos 30.000 estudiantes universitarios (un 2,3% del total) corren riesgo de ser expulsados de los campus españoles por no poder pagar las matrículas. Esta es otra de las consecuencias de la crisis y los recortes. Las universidades han perdido más de 1.240 millones de euros desde 2008 y en paralelo han aumentado las tasas —hasta 540 euros más de media en primera matrícula—, y se han concedido menos becas al endurecerse los requisitos académicos —del 5,5 de nota media ahora se pide un 6,5—. Y ello en un momento en que la crisis se está cebando con muchos hogares y más estudiantes necesitan ayuda para poder estudiar. Este jueves los vicerrectores de estudiantes de los campus españoles se reunirán en Madrid con los impagos como plato fuerte, aunque muchas universidades ya han buscado soluciones eventuales para este curso. El Ministerio de Educación, por su parte, no tiene previsto un encuentro con los rectores para tratar el asunto.

La cifra de alumnos morosos todavía no es definitiva. Los 30.000 forman parte de la radiografía de este momento, pero los números pueden variar a la baja —algunos podrían pagar in extremis a final de curso para evitar la anulación de su expediente y no tirar por la borda el esfuerzo de meses— pero también al alza: algunas universidades no han incluido todavía en sus estadísticas a los estudiantes a los que se les ha denegado la beca (en Cataluña todavía se están resolviendo las últimas). Esta es una de las causas que pueden disparar aún más la morosidad. Solo unos ejemplos: en la Universidad de Sevilla un 15% más de los alumnos se han quedado sin beca (13.000), en Cataluña las denegaciones han crecido un 20%, mientras en Salamanca han pasado del 38% al 45% (5.853 estudiantes).

Las universidades han perdido más de 1.240 millones de euros desde 2008

Gloria Blanco es uno de estos casos que, por el momento, no aparecen en las estadísticas oficiales. Está en 2º curso de Trabajo Social de la Universidad de Barcelona y en abril le llegó la notificación de la beca denegada por no cumplir los requisitos académicos: no alcanzaba el 90% de créditos aprobados el curso anterior. “Es injusto. Fue por una asignatura, además de que era de evaluación continua y suspendí solo una de las pruebas. 

¡Se supone que debería contar la media!”, se queja esta joven de 26 años que hace un par de semanas decidió abandonar la carrera. Tenía que pagar 800 euros de la matrícula que no tenía. Acabó las clases y los trabajos, pero no se presentó a los exámenes.

La estudiante vive en Santa Coloma de Gramenet con su abuelo y sus dos hermanas de 22 y 25 años. Subsisten con la pensión del abuelo, unos 600 euros. Las hermanas hacen cursos de formación, pero llevan paradas año y medio. Gloria se queja de la poca información y ayuda recibidas por la universidad. “Fui a secretaría porque no quería dejar la carrera, pero no me ofrecieron ninguna solución”, lamenta la joven.

Sea como sea, la cifra de 30.000 estudiantes universitarios —resultado del conteo hecho por EL PAÍS a partir de los datos facilitados por todos los campus públicos, a excepción de algunos centros pequeños, donde el plazo de pago no ha finalizado— pone de relieve una nueva problemática que amenaza con agravarse con la reforma de las becas anunciadas por el Gobierno, que puede dejar a muchos más estudiantes sin ayudas.

El caso más gráfico es el de la Universidad Nacional a Distancia (UNED) con 10.500 impagos entre alumnos que no solicitaron beca. “El porcentaje de morosos no ha variado aún respecto al año pasado, pero ahora nos van a llover los casos de gente que no puede hacer frente a las tasas”, cuenta Álvaro Jarillo, vicerrector de Estudiantes. Solo 10.402 de los 32.000 estudiantes que pidieron beca la han obtenido, frente a los casi 15.000 del pasado curso, un 31% menos.

País Vasco ha creado un fondo de 250.000 euros para este tipo de situaciones.

Algunas cifras de otras universidades o comunidades autónomas permiten hacerse una idea de la magnitud del problema de los impagos. En Madrid, donde las matrículas se han incrementado un 38% de media, los campus admiten que hay unos 7.000 estudiantes que no han podido hacer frente al pago de las tasas. En Cataluña hay contabilizados al menos 3.000 casos —el triple que hace tres años—, lo que eleva el impago a unos tres millones de euros. En esta comunidad las matrículas subieron hasta el 67% y, pese a que la Generalitat implantó una escala de precios que varía según la renta familiar, la morosidad no se ha frenado.

En las universidades andaluzas contabilizan al menos 5.700 alumnos morosos. En la Universidad Politécnica de Valencia dicen que son 656, en el campus de Oviedo, un millar; en la del País Vasco admiten 241; en Castilla-La Mancha contabilizan 377 o en el campus de A Coruña, 160.

El impago de las matrículas comporta irremediablemente la expulsión del estudiante de la universidad. Se trata de una expulsión administrativa, ya que aunque el alumno puede continuar yendo a clase e incluso realizar los exámenes, se le veta el acceso al campus virtual y no se le rellena el acta con las notas, así que no puede matricularse al año siguiente ni pedir el título ni ningún certificado académico.

Tras la protesta en la UCM, se ha creado la Plataforma de Afectados por las Tasas

Estas bajas administrativas pueden aplicarse de forma escalonada, pero en la Complutense de Madrid, se hizo de forma simultánea, y sin previo aviso, a 3.193 alumnos que no habían pagado las matrículas. La medida soliviantó a los estudiantes, que se encerraron durante días en el rectorado. Finalmente, el campus se avino a ampliar el plazo de pago hasta septiembre y repartir los recibos hasta en cuatro abonos. Según los últimos datos de la UCM, había 2.673 alumnos que seguían sin pagar parte o toda su matrícula cuando se abrió ese periodo excepcional. De ellos, 552 se apuntaron a fraccionarlos y 70 manifestaron que no podían pagar. La Complutense no ha aclarado qué ha ocurrido con los 2.051 restantes, si se han dado de baja por no poder pagar o si son alumnos que se borraron a principio de curso antes de abonar la matrícula. La cifra regional varía según dónde se sitúen esos alumnos sobre los que la Complutense guarda silencio.

Tras la protesta en la UCM, se ha creado la Plataforma de Afectadas por las Tasas (PAT) que apenas echa a andar con pequeños grupos en Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao. Su objetivo es que “se activen los campus virtuales a los alumnos expulsados y hacer presión para que no se eche a nadie por motivos económicos”, explica Carla Ten, estudiante de ingeniería biomédica de la UB y miembro de la PAT en Barcelona. Y, a largo plazo, añade, pretenden lograr una universidad gratuita.

Ante este grito estudiantil de ayuda, algunos rectorados han decidido activar fondos sociales. Muchos alumnos se han encontrado con problemas sobrevenidos. “Su situación económica o familiar se ha deteriorado rápidamente en los últimos meses, ya sea porque los padres están desempleados, porque se han quedado sin prestaciones o incluso por el fallecimiento de los progenitores”, explica Sílvia Carrasco, vicerrectora de estudiantes de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este campus ha sido uno de los pioneros a ofrecer estas ayudas especiales. Bautizadas con el nombre Beca Finestreta, cuenta con una dotación de 320.000 euros y beneficia a unos 150 alumnos.

Iniciativas como están surgiendo como setas en toda España. En la Universidad de Valencia están detectando “casos muy graves, desde fallecimientos o depresiones familiares a desempleo sobrevenido”, señala su delegado del rector para Estudiantes, Daniel González. El campus ha cuadruplicado las becas propias. El fondo social de la UNED para casos sobrevenidos no ha parado de crecer. En 2001 destinaban 57.000 euros para 226 solicitudes y ahora ya van por 846.000 euros para 3.760 alumnos. “Nos vamos a quedar cortos”, asevera Jarillo.

La del País Vasco ha creado un fondo de 250.000 euros para este tipo de situaciones. La ayuda es en metálico, pero no se descarta que tengan que “desarrollar actividades en favor de la universidad”. “La idea no es que ocupen puestos de trabajo. Por ejemplo, pueden orientar a los estudiantes de Erasmus que llegan a la ciudad. O si hay una feria en la que se explica el proyecto educativo de la universidad, pueden echar una mano”, abunda Maite Zelaia, su vicerrectora de estudiantes.

Para septiembre A Coruña ha creado un depósito de 115.000 euros y Málaga de 810.000 euros. Algunas han ampliado los plazos. La de Alcalá de Henares ha optado por el pago fraccionado mes a mes. La matrícula, que ronda los 1.500 euros, se podrá abonar en 10 meses. “Estas medidas son parches para que se ocasione el menor perjuicio posible a los estudiantes”, señala Santiago Fernández, vicerrector de Coordinación y Comunicación de Alcalá de Henares, “pero es el ministerio el que debería potenciar una política de becas adecuada, como ha pedido nuestro rector. No deberían subir más las tasas e incluso en algunos casos, como los másteres de investigación, tendrían que bajarlas”.

Algunas administraciones han decidido crear una dotación extra para situaciones sobrevenidas. La Comunidad Valenciana distribuirá un millón de euros entre los 600 estudiantes que han concurrido a la oferta extraordinaria de becas. Cataluña dispone de seis millones de las Beca Equitat. “Hemos decidido dejar abierta la convocatoria para todo lo que pueda suceder durante el curso”, justifica el secretario de Universidades catalán, Antoni Castellà, quien aplaude la iniciativa de las universidades, pero matiza. “Cualquier ayuda es buena, pero quien cuenta con el grueso del dinero es la administración”. También toman las tiendas municipios como Alameda (Málaga, 5.000 habitantes), el Ayuntamiento destinará 20.000 euros para sufragar las matrículas de los jóvenes del pueblo.

Donde no llegan ni Gobiernos ni universidades, está llegando el ingenio universitario. A finales de mayo, la Facultad de Educación de la Universidad de Valladolid puso en marcha la campaña Matrícula entre todos, que consistía en vender 500 bolígrafos al precio de dos euros para destinarlo a ayudar a los alumnos con problemas económicos. Para finales de este mes, el sindicato de CC OO de la Universidad de Castilla-La Mancha ha organizado un concierto solidario con el que espera recaudar 150.000 euros para dar un balón de oxígeno a estos 377 estudiantes que no han abonado el último plazo de la matrícula.

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1.000 Y 2.000 ALUMNOS SERAN EXPULSADOS DE LA COMPLUTENSE POR NO PODER PAGAR LAS TASAS

entre1000 y 2000 alumnos serán expulsados de la Complutense por no poder pagar las tasas

 

La barbarie avanza en España, también en el terreno educativo. Por ello, más de un centenar de estudiantes se han encerrado hoy en el Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid, el campus presencial mas grande de España. Los alumnos han acudido a la institución a presentar firmas y a protestar porque aseguran que unos 2.000 alumnos van a ser expulsados en las próximas semanas por no pagar las tasas. La Complutense dice que serán 900 los expulsados.

Varios afectados han señalado a la prensa que iban a ser expulsados al ser dados de baja en el campus virtual, una intranet mediante la que acceden a textos, notas, cambios de clase y otras cuestiones del funcionamiento diario de la universidad. Uno de los afectados, que cursa 3º de Historia, ha explicado que cuando fue a preguntar tras ser dado de baja en el campus le dijeron que o pagaba los 800 euros que todavía debe o que no habría ninguna solución.

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