El fiscal general del Estado pide a
Gallardón que reflexione sobre el
borrador de Código Procesal Penal
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pidió ayer al ministro de Justicia “una somera reflexión sobre el borrador del Código Procesal Penal”, que exhibió el Ministerio a principios de este año.
Torres-Dulce, que participó en el acto de Apertura del Año Judicial, aseguró que el proyecto “anuncia el viraje histórico de nuestro ordenamiento hacia un sistema acusatorio puro, ya que el texto contempla la desaparición del juez de instrucción, una investigación dirigida por el fiscal y supervisada por un tribunal de garantías, un juicio oral basado en un acervo probatorio desvinculado de la instrucción”.
“Debo advertir que este texto”, subrayó, “que presenta aciertos innegables en otras áreas, incurre en la fase preparatoria en una grave inconsecuencia: atribuir la dirección de la investigación criminal al fiscal y negarle al mismo tiempo la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término. Particularmente grave es el recelo que muestra hacia a figura del fiscal, pues le somete a un constante escrutinio de su actividad investigadora por el tribunal de garantías”.
Torres-Dulce, que presentó la última Memoria de la Fiscalía General del Estado -disponible íntegramente al pie de este artículo-, también hizo una especial referencia al aumento de lacorrupción. Esta es, según la encuesta del Centro de Estudios Sociológicos de marzo de 2013, el segundo peusto del ranking de preocupaciones de la ciudanía, inmediatamente después del paro. Según el fiscal general, la preocupación es “igualmente prioritaria para el Ministerio Fiscal, que trata de combatirla con los medios a su disposición”.
“El problema es espinoso, una manifestación más del desencuentro entre sociedad y justicia, que requeriría una extensa explicación de las importantes limitaciones que presenta el proceso penal como medio de control de la acción administrativa”, dijo. Torres-Dulce advirtió que “junto a la corrupción pública”, se ha alzado también “la corrupción privada, cuyos sujetos activos son los directivos y administradores de sociedades que se prevalecen de su condición de lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella”.
Otro de los temas sobre los que el fiscal hizo especial mención fue el de las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras en riesgo de insolvencia, “que han generado un problema social de primer orden frente al que no podemos permanecer impasibles, pues han supuesto la volatilización de los ahorros de muchos ciudadanos de condición modesta”.
Tras señalar estos aspectos, Eduardo Torres-Dulce apuntó los porcentajes y datos estadísticos referentes a la evolución de la criminalidad en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y fiscalías especiales.Estos datos están disponibles íntegramente en el documento que añadimos a continuación.
