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sábado, 1 de marzo de 2014

ESPAÑA: COLAPSO EN LOS JUZGADOS POR MILES DE DEMANDAS PIDIENDO LA NULIDAD DE LAS CLAUSULAS DE SUELO


Colapso en los juzgados por miles de 

demandas pidiendo la nulidad de las 

cláusulas suelo con carácter retroactivo


clausula suelo
Los dos Juzgados de lo Mercantil de la provincia de Málaga están colapsados. Primero fue la avalancha de concursos de acreedores, que aunque ha disminuido en los últimos meses sigue siendo todavía de grandes dimensiones, y desde hace un año tienen que hacer frente a una contundente oleada de demandas de particulares por las polémicas cláusulas suelo. Esta misma situación se repite en Sevilla, Granada y otras provincias andaluzas. Pero el alud de demandas de ciudadanos reclamando justicia por estas cláusulas hipotecarias se extiende por casi todos los rincones de España. Tras las ratificación del Tribunal Supremo de la nulidad de las cláusulas suelo el pasado mes de noviembre, las entidades financieras -en ocasiones de forma voluntaria y en otras presionadas por las reclamaciones o demandas de los clientes afectados- van poco a poco eliminando estos topes que impiden la bajada de los tipos de interés de los créditos hipotecarios. Sin embargo, los afectados siguen sin estar conformes. Quieren que los bancos les devuelvan todo el dinero pagado de más en los últimos años de continuadas bajadas del Euribor (tipo al que están referenciadas la mayoría de hipotecas en España) y que actualmente se sitúa en mínimos históricos.
Según los datos facilitados por el juez decano de Málaga, José María Páez, en 2013 se presentaron 437 pleitos sobre estos requisitos bancarios abusivos en la provincia andaluza y en el pasado mes de enero 97, un 169% más que en el mismo periodo del año anterior. «Se está dando una acumulación y un incremento muy importante de la carga de trabajo», señalaba hace sólo unos días este magistrado a ‘Diario Sur’. Para combatir esta sobrecarga de trabajo, se pusieron dos jueces de refuerzo en los Juzgados de lo Mercantil. Una medida completamente «insuficiente» en opinión de Páez, que pide más medios para resolver el problema. Y, si hay muchas demandas y pocas manos para resolverlas, el resultado es que los procedimientos judiciales se alargan y alargan en el tiempo. Así, a los pleitos iniciados a finales del pasado año se les está dando cita para la vista previa a mediados de 2015, más de un año y media de espera.
La saturación es tal que los juzgados andaluces están liderando decisiones pioneras en España para agilizar la resolución de las demandas por cláusula suelo. Los Juzgados malagueños han resuelto como medida cautelar, la suspensión de la cláusula suelo hasta que se resolviese el juicio. El fallo beneficia a un vecino de Marbella en situación de desempleo, que de esta forma verá reducida la cuota mensual por la compra de su vivienda de 583 a 400 euros de forma inmediata y no tendrá que esperar al juicio, que por la saturación que sufre el juzgado no podrá celebrarse hasta el año próximo.
La hipoteca había sido firmada en Marbella en 2011 por un plazo de 30 años, y la demanda fue presentada por el cliente el pasado mes de octubre. El juzgado de Málaga considera que el posible retraso en el proceso podría causar un grave perjuicio al demandante aunque la sentencia le acabara dando la razón. «El peligro por la mora procesal es más que obvio, pues el Tribunal Supremo protege contra una devolución de cantidades ya cobradas a pesar de declarar la nulidad de la cláusula», dice el auto. En opinión del juez la única forma de evitar que la tardanza del pleito acabe privando al demandante de unas cantidades que le corresponden es suspender el abono de esas cantidades para que no se cobren. «No habiendo sido cobradas, si se declara la nulidad no se producirá el daño de la no devolución de cantidades cobradas indebidamente», explica.
Otra novedosa decisión ha sido la del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla que dictó a principios de febrero tres sentencias a raíz de las demandas individuales presentadas por la asociación Ausbanc que, sin necesidad de celebrar juicio, obligan a las entidades financieras con las que tienen firmadas sus hipotecas a anular las cláusulas suelo recogidas en sus contratos, a devolver las cantidades cobradas de forma indebida y a que asuman las costas judiciales del proceso.
Estas demandas forman parte de la quincena que “en la audiencia previa quedaron vistas para sentencia”, lo que implica la no celebración de juicio y una aceleración en la resolución del proceso. “Éstas son las tres primeras sentencias, pero tenemos otras 12 pendientes en la misma situación”, es decir, en las que se dictará el fallo sin necesidad de juicio.
Exito Judicial
En las tres sentencias se obliga a Caja España, Caixabank y Caja Rural del Sur a cumplir con las tres condiciones solicitadas por Ausbanc: anular las cláusulas suelo, restituir la cantidad desembolsada de más y condenar a la entidad a pagar las costas del juicio. Así, en una de esas sentencias, aunque los fundamentos son similares para las tres, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla declara la nulidad de la cláusula suelo por falta de transparencia y condena en el caso de Caja España a restituir la cantidad que se ha embolsado gracias a esta cláusula. Una cuantía que, según los cálculos estimados por Ausbanc, podría elevarse a los 10.000 euros. Junto a ello, condena a la entidad a abonar las costas procesales.
Las decisiones de los juzgados de Sevilla y Málaga de resolver las demandas de los afectados por cláusulas suelo en la vista previa o de acordar como medida cautelar la suspensión de la cláusulas hasta la resolución del juicio son novedosas y, sin duda, desencadenadas por el colapso de los juzgados andaluces. Pero lo cierto es que por toda España los jueces están sentenciando su nulidad con carácter retroactivo. Es decir, obligando a los bancos y cajas a devolver al demandante lo cobrado de más.
También ha sido pionero el juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao, que acaba de dictar un auto que obliga a la entidad Ipar Kutxa Rural, ahora Caja Laboral, a dejar de aplicar una cláusula suelo mientras se resuelve la apelación contra la sentencia que anuló esa condición impuesta en un préstamo hipotecario.
Hace ahora algo más de tres meses ese mismo juzgado sentenció que la cláusula suelo establecida y aplicada en una hipoteca era nula y condenaba a la entidad financiera a devolver a los titulares del préstamo lo cobrado de más desde su activación. La caja de ahorros condenada decidió recurrir y no aplicar ninguna de las medidas contenidas en la sentencia.
Estas resoluciones judiciales con carácter retroactivo van, sin duda, un paso más allá que la sentencia del 9 de mayo, dictada por el Tribunal Supremo, y ratificada en junio y noviembre.  El Alto Tribunal declaró nula la práctica de los bancos de poner tope a la bajada de cuotas en las hipotecas a tipo variable siempre que haya falta de transparencia. Sin embargo, no aplicó a la sentencia efectos retroactivos. Tras este dictamen, en medios jurídicos y financieros se dio la batalla judicial por la cláusulas suelo prácticamente por cerrada. Muchos pensaban las entidades financieras irían progresivamente eliminando las cláusulas suelos y que los afectados no se iban a molestar, más tras el ‘tasazo’ judicial de Gallardón, en emprender acciones legales para reclamar el dinero cobrado de más durante años. No hay sido, así. A día de hoy sigue habiendo entidades que siguen sin eliminar estos polémicos topes en las hipotecas y miles de afectados en toda España se han lanzado a los tribunales para reclamar lo cobrado de más por los bancos.
“En nuestra demanda Ausbanc no pidió la retroactividad. Sólo dimos un primer paso para que el Tribunal Supremo declarar anulas las cláusulas suelo. Es cada afectado de forma individual y en función de su caso concreto el que tiene que recurrir a los tribunales y exigir al Banco que le devuelva el dinero cobrado de más”, explica un portavoz de la asociación, que afirma que “lejos de apagarse la batalla judicial de los consumidores contra las cláuslas suelo ésta se ha disparado tras la sentencia del Supremo”.
Se disparan las demandas
Ausbanc desde el fallo del alto tribunal ha redoblado sus esfuerzos para informar a los ciudadanos afectados por las cláusulas suelos de sus derechos. “Lo primero conseguir que la entidad financiera elimine este tope si es posible sin ir a juicio y después reclamar lo cobrado de más”, explica un portavoz. La asociación de usuarios financieros asegura que ha interpuesto ya más de un millar de demandas, de las que se han resuelto sólo 150, lo que da una idea de la gran carga que tienen los juzgados de toda España por delante.
“Los jueces están fallando a favor del demandante obligando al banco a devolver el dinero recibido de más. Por lo que hay que reclamar. Ayer mismo recibimos otra  sentencia favorable que obliga al banco a devolver 6.913 euros a un cliente por lo cobrado en los últimos años. Claro que sale rentable reclamar vía judicial la retroactividad de la nulidad”, explican en Ausbanc.
Otras organizaciones de consumidores como la Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros (Adicae) y bufetes de abogados especializados en consumo financiero están siguiendo también la vía de la reclamación de la retroactividad.
“Estamos hablando de que el coste de reclamar es de 600 euros y que lo cobrado cada mes de más por el banco ronda una media de 200 euros al mes. Unos 2.000 euros al año, que multiplicado por cuatro o cinco, depende de cada caso, pueden dar sumas de más de entre 6.000 y 10.000 euros, un capital para muchas familias, más en estos momentos de crisis económica”, apunta Carmen Martínez, abogada especializada en consumo.
El Fiscal General de Galicia, Carlos Varela, animó recientemente a los afectados por la cláusula suelo de las hipotecas a denunciar su situación ante la Justicia si sus entidades bancarias se niegan a retirarla e instó a los afectados eso sí, de forma individual ya que “las denuncias individuales se están ganando, pero las colectivas están paradas”.

domingo, 16 de febrero de 2014

ESPAÑÁ: MAS DE UN CENTENAR DE MEDICOS LLEVAN A LOS JUZGADOS SU JUBILACION FORZOSA


Más de un centenar de médicos llevan a los juzgados su jubilación forzosa



Hasta 150 presentaron un recurso de alzada, que fueron rechazados por la DGA. Ahora decidirán los tribunales.


Interior de un hospital aragonés. .hospitales

El Ejecutivo de Rudi puso en marcha el año pasado un plan de reordenación de recursos humanos del Salud. La medida más llamativa recogida en el texto fue la jubilación obligatoria de aquellos médicos que superen los 65 años. La previsión del departamento de Sanidad pasaba por que 581 doctores dejaran su puesto de trabajo entre 2013 y 2017.

Las primeras notificaciones comenzaron a llegar el pasado 31 de julio. Elplan recogía 88 jubilaciones para 2013, sin embargo desde los sindicatos critican que el volumen total supera la estimación inicial."Sólo a través del sindicato canalizamos 150 recursos de alzada contra las jubilaciones forzosas. A estos deben sumarse los que recurrieron por su cuenta y los que aceptaron la jubilación", señala Lorenzo Arracó, secretario general del Sindicato de Médicos de Aragón.

La DGA ha ido rechazando, uno a uno, los recursos administrativos. Ahora buscarán mantener su puesto de trabajo a través de los tribunales, por la vía contencioso-administrativa. "De momento son algo más de cien los que han acudido a la justicia, todavía esta por ver cuántos serán al final", precisa Arracó.

La postura del Gobierno de Aragón ha pasado siempre por negar que se vayan a superar las bajas planificadas, y se recuerda que todas estas jubilaciones están reguladas bajo el "baremo de la calidad asistencial" eludiendo cualquier retiro que pudiera "perjudicar o empeorar el servicio que reciben ahora los pacientes".

Para este año están previstos otras 93 jubilaciones, mientras que para 2015 hay programadas 114, otras 139 para 2015, y un total de 139 y 147 para los años 2016 y 2017, respectivamente. Desde la DGA se asegura que estas marchas "serán repuestas con la entrada de personal joven y más adecuado a las nuevas técnicas".

"Se planificaron desde la economía"

Para Arracó, el problema de las jubilaciones obligatorias subyace en que "se planificó desde la economía y no desde la sanidad". Esto, añade, se suma a otras cuestiones, como "la no reposición, el cierre de plantas, la supresión de las peonadas...", que "derivan en importantes problemas para el ciudadano, como las listas de espera".

El secretario del sindicato ve contradictorio que el Ejecutivo central "alerte de las dificultades para pagar las pensiones mientras las autonomías prescinden alegremente de varios años de cotizaciones a la Seguridad Social de un colectivo tan numeroso como los médicos obligados a jubilarse".

FUENTE

lunes, 3 de febrero de 2014

ARGENTINA: 5 EX-JUECES SERAN JUZGADOS POR CRIMENES DE LA DICTADURA MILITAR


Argentina.- Cinco ex jueces argentinos serán juzgados por cómplices en crímenes de la dictadura militar



Ex jueces argentinos Otilio Romano y Luis Francisco Miret

   Cinco ex jueces argentinos se sentarán a partir del 17 de febrero en el banquillo de los acusados por su presunta complicidad en los crímenes cometidos durante la dictadura militar.


   Entre ellos se encuentran el septuagenario Otilio Romano, quien fue detenido en agosto del año pasado tras haberse fugado a Chile en 2011, y Luis Francisco Miret, amigo y compañero de carrera del anterior, quien en marzo del año 2011 fue destituido por un jurado de enjuiciamiento por "mal desempeño en sus funciones y presunta comisión de delitos".

   Tanto Miret como Romano fueron fiscales y jueces -se alternaban los cargos por períodos- en la última dictadura militar, y pese a que organismos de Derechos Humanos denunciaron su complicidad con el accionar represivo, continuaron ejerciendo sus cargos públicos en la democracia.

   Sin embargo, la justifica federal los empezó a investigar: juntó pruebas, testimonios y documentos que los responsabilizó en la legitimación judicial del horror. A partir del 17 de febrero, serán juzgados por delitos de Lesa Humanidad, según informa la agencia nacional de noticias jurídicas Infojus.

   Miret y Romano formaban parte de la cúpula de la justicia que legitimó la cadena del horror. El procedimiento se repetía y estaba tan aceitado como un mecanismo de relojería.

   Así lo explicó Pablo Salinas, abogado querellante del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que fue uno de los pioneros en denunciarlos: "A cada secuestro, a cada desaparición, los familiares presentaban un hábeas corpus. ¿Qué se hacía con esa presentación judicial? Simplemente, los fiscales y los jueces, en vez de investigar, los archivaban y miraban para otro lado. Sabían muy bien lo que estaba pasando. Y, al mismo tiempo, le daban valor a los testimonios que se tomaban bajo tortura en los centros clandestinos. De esa forma, avalaban las detenciones ilegales y las torturas", enfatizó.

   Se trata de dos de los cinco juristas que estarán sentados en el banquillo de acusados. Ellos son los más mediáticos, los que ostentaron liderazgo y jerarquía de una corporación tan impune como poderosa.

   Además de Miret y Romano, los tribunales federales de Mendoza imputaron a otros tres ex jueces: Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando Carrizo, todos funcionales a los procedimientos ilegales practicados a partir del golpe de Estado de 1976.

   El punto común de la acusación a los cinco jueces es por no haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus y demás recursos.

   El denominado "juicio a jueces" comenzará a partir del 17 de febrero después de dos años de procesamiento y más de dos décadas de investigación.

   Pero no sólo habrá jueces imputados. Será un megajuicio -se unificaron varias causas, el más importante en la historia de Mendoza- con 41 imputados entre militares, policías y cinco ex integrantes del sistema judicial, y cerca de 200 víctimas.

   Se calcula, además, que habrá más de 200 testigos que aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el centro clandestino de detención y tortura que funcionaba en el 'D2', por donde pasaron la mayor parte de las víctimas, pero también por el Liceo Militar General Espejo y la Penitenciaría de Boulogne Sur Mer.

SIETE JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD

   En total, siete juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura cívico militar comenzarán tras la feria judicial en Capital Federal, Rosario, Mendoza, Tucumán, San Juan y Jujuy.

   Así, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital Federal fijó para el 13 de febrero el inicio de un nuevo juicio por crímenes cometidos en el centro clandestino de detención 'El Vesubio'. En este proceso serán juzgados cinco represores por delitos cometidos en perjuicio de 204 víctimas.

   A su vez, el Tribunal Oral Federal 2 de la ciudad santafesina de Rosario fijó para el 14 de febrero el inicio de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 43 víctimas, en el que serán juzgados nueve represores, informa la agencia pública argentina Télam.

   En tanto, en Mendoza, unos 42 imputados, entre los que se encuentran los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, serán juzgados a partir del 17 de febrero.
   Y el mismo día, pero en Tucumán, comenzará el juicio por el asesinato del militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), Osvaldo De Benedetti.

   Por otra parte, en marzo comenzará el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan, proceso que investigará el período que abarca desde octubre de 1974, fecha en que se sancionó la Ley 20.840 de Actividades Subversivas hasta el golpe de Estado.

   Y también ese mismo mes comenzará el juicio por delitos cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército en las ciudades de San Nicolás, San Pedro y Pergamino. Este proceso comprende los casos de ochenta víctimas, investigados en ocho expedientes conexos que serán tratados en conjunto.

   En el juicio estarán sentados en el banquillo de los acusados el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, otros dos militares y varios policías, entre ellos el comisario Edgardo Mastandrea, quien también está procesado junto a otros siete represores en una causa elevada a juicio oral, sobre secuestros, torturas y ejecuciones en la ciudad de Junín.

   Finalmente, el 3 de abril comenzará en Jujuy el juicio correspondiente a la causa 'Marengo Horacio Domingo y otros por Privación ilegítima de la libertad y torturas', relacionada con el traslado, el 7 de octubre de 1976, de presos políticos alojados en el Penal de Gorriti al aeropuerto de El Cadillal y conducidos en un avión Hércules a la Unidad penal 9 de La Plata, quienes durante el viaje fueron torturados, golpeados, amenazados y humillados por los represores.

   Por otra parte, aún sin fechas definidas, la justicia chaqueña tiene previsto realizar este año tres juicios y entre ellos se juzgará por primera vez en la provincia el abuso sexual de una presa política y la connivencia de funcionarios judiciales federales con la represión

sábado, 21 de diciembre de 2013

GALICIA TRAMITA 1.900 DESAHUCIOS


Los juzgados tramitan 1.900 desahucios en Galicia, un 3,5% más que hace un año

Las ejecuciones hipotecarias bajan un 12,8% en España - De las cinco comunidades en las que crecen, Galicia es la segunda con mayor subida


Mientras los procedimientos de desahucio -ejecuciones hipotecarias- descendieron en toda España un 12,8 por ciento en los primeros meses de este año, en Galicia crecieron un 3,5 por ciento en comparación con 2012. Entre las cinco autonomías que registraron un incremento de ejecuciones hipotecarias, la gallega se convirtió en la segunda con mayor subida.
Los procedimientos de desahucios bajaron en todas las comunidades, salvo en Galicia (3,5 por ciento más), Asturias (donde se elevaron un 13,4 por ciento), en Castilla y León, (un 2,7 por ciento), en Andalucía, (con un 2,3 por ciento más) y en Extremadura (con un 0,85 por ciento de incremento).
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, entre enero y septiembre de este año se iniciaron en los juzgados gallegos los trámites para ejecutar 1.905 deshaucios. En el conjunto de España, esta cifra se redujo hasta las 58.604 ejecuciones hipotecarias.
La razón que esgrime la Plataforma de Afectados por los Desahucios de Galicia para explicar este incremento es que había "un buen número" de ejecuciones hipotecarias paralizadas pendientes de reclamaciones judiciales por cláusulas suelo abusivas que ahora se reactivan.
Además, según explica la portavoz de este colectivo, Carlota Pérez, con el inicio de la crisis hubo familias que renegociaron su hipoteca con el banco para poder afrontar los pagos pero ahora se les acabó la moratoria, la situación económica no ha mejorado y ya no son capaces de afrontar las cuotas mensuales del préstamo.
"En 2014 la situación va a ir a peor. Los bancos están endureciendo sus condiciones", denuncia Carlota Pérez.
Por provincias Pontevedra ha sido la provincia donde se realizaron más ejecuciones hipotecarias (901), seguida de A Coruña (669), Lugo (172) y Ourense (163).
Aunque crecen las ejecuciones hipotecarias en los primeros nueve meses del año, los desahucios efectivos -que también incluyen desalojos por impago de alquileres- bajaron un 14 por ciento.

viernes, 1 de noviembre de 2013

PRESIDENTE DE ABOGACIA ESPAÑOLA ANUNCIA MOVILIZACIONES EL 20-N CONTRA LA LEY DE TASAS


Carnicer anuncia movilizaciones 

coincidiendo con el primer aniversario 

de la Ley de Tasas


Carlos Carnicer
El Consejo General de la Abogacía Española prepara movilizaciones para el próximo 20 de noviembre para protestar contra la Ley de Tasas, que precisamente cumple en esa fecha su primer aniversario.“Vamos a movilizar a los compañeros en concentraciones delante de juzgados y tribunales para seguir diciendo no a las tasas” ha anunciado en la tarde del jueves, Carlos Carnicer, el presidente de la Abogacía Española, en el Colegio de Abogados de Madrid, donde se ha celebrado un debate sobre los efectos negativos que que está teniendo la nueva normativa de tasas.
“La lucha sigue y no para”, ha asegurado Carnicer, quien ha explicado que desde la institución que preside se quiere llevar a cabo diversas movilizaciones reivindicativas para demostrar que esta ley no tiene sentido y que es necesario que desaparezca.
La decana del ICAM, Sonia Gumpert, que ha moderado el debate sobre la ley de tasas, ha mostrado su apoyo a las acciones de protesta que ha anunciado el presidente del Consejo General de la Abogacía Española contra la fuerte subida de tasas aprobada hace un año y que están alejando a muchos ciudadanos de su derecho a la Justicia.
En el transcurso del debate, todos los intervinientes han expresado el malestar que la abogacía española tiene con la Ley de Tasas Judiciales. Así, ell decano de los abogados de Cartagena, José Muelas, ha destacado en su intervención que para implantar las tasas se dieron razones que no son verdad, como que en España hay una alta litigiosidad, cosa que no es cierta. Al tiempo, el decano ha denunciado la falta de estadísticas fiables y el hecho de que ni “un solo céntimo de lo que se recauda” en tasas va destinado a justicia gratuita.
En su turno de palabra, el representante del Sindicato de Secretarios Judiciales, José Juan Tomás, ha resaltado los aspectos procesales de la Ley de Tasas, destacando la falta de liquidación o liquidación defectuosa “ya que una vez pagada la tasa hay nulas posibilidades de recuperarla”. Además hizo un análisis de los criterios de interpretación y aplicación, desde la perspectiva de los Secretarios Judiciales.
Por su parte, la abogada Verónica del Carpio resaltó los efectos que se dan en la jurisprudencia, haciendo un análisis de la situación actual y una valoración de “dónde estamos y hacia dónde vamos”.
El abogado Fabián Valero ha puesto especial énfasis en la aplicación de las tasas en el ámbito de la jurisprudencia social, resaltando que “la situación económica actual hace imposible que los empleados tengan que pagar tasas judiciales”. Por su parte, el abogado, Miguel Javaloyes, ha afirmado que la tasa tiene un efecto disuasorio como reconoce el auto de la Audiencia Nacional.

miércoles, 25 de septiembre de 2013

VERGONZOSO ESPECTACULO DE LOS DIPUTADOS CORRUPTOS EN LAS PUERTAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE VALENCIA


Golpes y navajazos entre corruptos para conseguir ser juzgados en Valencia

La policía les arrojó comisiones para separarlos


Golpes y navajazos entre corruptos para conseguir ser juzgados en Valencia

Solo unas horas después de que Rita Barberá y Francisco Camps hubieran quedado libres de imputación en el caso Nóos, por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, un grupo descontrolado de más de un centenar de diputados corruptos se agolparon ante la puerta del Palacio de Justicia y protagonizaron una encarnizada pelea entre ellos a fin de conseguir los primeros puestos en la cola para ser juzgados.

Durante el altercado se esgrimieron puños americanos, amenazas de tirones de manta apocalípticos, navajas, plutonio, y también carnets y credenciales de alto nivel que empeoraron todavía más la reyerta y requirieron la intervención de siete furgonetas de la policía antidisturbios y el lanzamiento de ciento cincuenta mil euros en comisiones de contratos públicos sobre los contendientes. La policía aprovechó el momento en el que los corruptos recogían el dinero del suelo para apaciguarlos y ofrecerles café con leche.

La proverbial imparcialidad, humanidad y simpatía que imparte el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, y que son virtudes sobradamente conocidas por los turistas de toda Europa, han hecho que el céntrico edificio que lo alberga sea ahora mismo siete veces más visitado y admirado que la Ciudad de las Artes y las Ciencias, del arquitecto faraón Santiago Calatrava. “Queremos situar a la justicia valenciana al mismo nivel internacional que la paella”, han dicho desde la Generalitat Valenciana.

domingo, 18 de agosto de 2013

BLINDAN LOS JUZGADOS PARA EVITAR UNA GUERRA DE GITANOS


‘Blindan’los juzgados para evitar una 
guerra de clanes gitanos



Policía Nacional
A primera hora de la tarde han pasado a disposición judicial seis miembros del clan gitano 'Los Valencianos', que junto al de 'Los Cautos', protagonizaron el pasado sábado en el Coll d'en Rabassa una pelea que acabó con dos heridos por arma blanca, uno de ellos de gravedad, motivo por el que la Policía Nacional ha movilizado efectivos de la unidad antidisturbios para evitar altercados.
Esta semana, y después de que el martes se registraran disparos en las calles Manacor y Capità Vila de Palma como represalia al apuñalamiento, la Policía ha reforzado su presencia en Ciutat y, al prever un posible enfrentamiento entre los clanes en los juzgados, ha montado un dispositivo especial.
De los dos heridos en la reyerta del sábado en el Coll d'en Rebassa, uno sigue hospitalizado en estado crítico en el Hospital Universitari Son Espases tras recibir seis puñaladas en el torso.

miércoles, 14 de agosto de 2013

LOS JUZGADOS TIENEN BLOQUEADOS MAS DE 2.900 MILLONES EN PLEITOS PENDIENTES


Los juzgados de España tienen 


bloqueados más de 2900 millones en 


pleitos pendientes

Los juzgados de España mantienen bloqueados más de 2900 millones de euros en cuentas de depósitos a expensas de que se resuelvan los pleitos que motivaron su ingreso en el banco. La estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revela que el movimiento de estas cuentas fue muy bajo durante el año pasado, según publica el anuario estadístico del órgano de gobierno de los jueces en España de este año.
Este dinero se corresponde a fianzas, indemnizaciones y multas, entre otros conceptos, que se ingresan en cuentas bancarias en un momento del procedimiento para garantizar el pago al afectado en el caso de que se dictara una hipotética condena. Los fondos están inmovilizados hasta que no haya una sentencia firme. 
Fuentes judiciales indican que el dinero depositado en las cuentas judiciales suele mantenerse estable, ya que lo que se ingresa por un lado sale por el otro. Sin embargo, la situación ha cambiado desde que ha empezado la crisis económica y el volumen de estos depósitos ha ido en aumento. Se ingresa, pero los retrasos de la Justicia eternizan la salida del dinero. 
Os adjuntamos un archivo con las cantidades bloqueadas por Comunidades Autónomas. 

lunes, 12 de agosto de 2013

LOS JUECES DE LO MERCANTIL, REPARTEN A DEDO LAS EMPRESAS QUEBRADAS ENTRE LAS CONSULTORAS


Los jueces reparten a dedo el negocio de gestionar empresas quebradas entre consultoras

Los juzgados de lo mercantil son los encargados de designar, discrecionalmente, qué gestores administran los concursos de acreedores.
Grandes empresas que han entrado en concurso de acreedores, como Martinsa-Fadesa o Pescanova, han reportado altos honorarios a los administradores designados por el juez.
Fuentes del sector aseguran que existen grupos de presión en los alrededores de los juzgados de lo mercantil en busca de los concursos más cotizados.

Pescanova usó 26 sociedades para facturas falsas y ocultar deuda, según KPMG
Los jueces de lo mercantil son los encargados de designar a los administradores de las empresas que se declaran en situación de insolvencia, un proceso conocido como concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos). Esta designación judicial en teoría se hace siguiendo un orden establecido pero en la práctica los jueces tienen discrecionalidad absoluta para elegir quién es el encargado de llevar a cabo la gestión de la empresa en apuros.
Fuentes judiciales consultadas por eldiario.es señalan que esta situación de arbitrariedad en la designación de los administradores lleva a que, durante los últimos años, se estén creando grupos de presión alrededor de los magistrados de los juzgados mercantiles para conseguir los concursos de acreedores más suculentos.
En 2011, el Consejo General del Poder Judicial obligó a abandonar su puesto al magistrado titular del juzgado de lo mercantil número 2 de Valencia, Francisco Presencia. El organismo abrió un expediente sancionador al juez tras comprobar que éste concedió la administración de varios concursos de acreedores a alumnos que pagaban 12.000 euros por un máster que él mismo codirigía y del cual cobraba.
En Andalucía se denunciaron casos en los que los jueces titulares de los juzgados de lo mercantil impartían ponencias altamente remuneradas en cursos organizados por consultoras que habían optado a la administración de concursos en sus salas. Unas conferencias que impartían a veces en horario de trabajo y por las que llegaban a cobrar hasta 1.200 euros.
Los últimos datos que arroja el Instituto Nacional de Estadística (INE) señalan que hasta junio de 2012 han crecido sustancialmente el número de empresas insolventes que han tenido que declararse en concurso de acreedores. Casi 10.000 concursos nuevos, frente a los 8.000 del año anterior.
Para los administradores, no todos los concursos son igual de valiosos. Su remuneración aumenta a medida que el volumen de activos y pasivos de la empresa concursada crece. Así existen casos como el de Afinsa, en el que la administración concursal se embolsó 16 millones de euros. Se da el caso de que de entre todos los acreedores, el administrador se sitúa en el grupo de cabeza a la hora de cobrar.
Este año el caso más sonado es el de Pescanova que ha entrado en concurso de acreedores y cuenta con un pasivo de 3.000 millones de euros. En este caso, el juzgado de lo mercantil número 1 de Pontevedra designó a la auditora Deloitte. Otra gran empresa que ha declarado el concurso de acreedores en 2013 ha sido Blanco, en este caso el juzgado número 8 de lo mercantil de Madrid ha dado la gestión de todas las empresas del grupo a KPMG y BBVA.
Las grandes auditoras extranjeras conocidas como las Big Four (Deloitte, KPMG, PwC y Ernst & Young) han sido elegidas para llevar la administración de muchos concursos de acreedores en este año. Desde que comenzara la crisis, el número de compañías que tienen que realizar auditoría obligatoria ha descendido por lo que estos gigantes del examen financiero están aumentando su negocio.
Algunos bufetes de abogados consultados por este medio señalan que el juez normalmente nombra a estas grandes empresas porque cuentan con mayor capacidad y solvencia para reflotar a las quebradas. Sin embargo, ya existen asociaciones de empresarios en situación de concurso de acreedores que destacan que los gestores, en algunas ocasiones, tienen más interés en dilatar en el tiempo el concurso y seguir cobrando sus minutas que en reflotar la empresa. Según datos de los abogados concursalistas de Consursael 90% de las empresas que se acogen al concurso de acreedores terminan liquidando.

Un turno que no se respeta

Carlos Pavón, director del área de concursal de Iure abogados y miembro de la asociación por el derecho concursal ético Acorde, señala que “mientras los jueces no apliquen la norma de designación que existe, el turno, seguirán existiendo sospechas sobre su criterio”. En la Ley Concursal 22/2003 BOE número 164 la única directriz a seguir por parte del magistrado encargado de hacer la asignación del concurso de acreedores aparece en el artículo 27 2.4 y dice: “Los administradores concursales profesionales se nombrarán por el juez procurando una distribución equitativa de designaciones entre los incluidos en las listas que existan. No obstante, el juez podrá, apreciándolo razonadamente, designar a unos concretos administradores concursales cuando el previsible desarrollo del proceso exija una experiencia o unos conocimientos o formación especiales, como los vinculados a asegurar la continuidad de la actividad empresarial o que se puedan deducir de la complejidad del concurso”.
Inma Sallent, economista que lleva más de 10 años dedicada a la administración de concursos de acreedores, señala que ella "no ha percibido casos en que el juez haya designado a un administrador que no creyera oportuno pero sí que es cierto que algunos jueces pueden dar más concursos de acreedores a aquellos administradores en los que tienen más confianza”. 
El caso es que no todos los concursos son igual de apetecibles. Desde un pequeño despacho de Madrid que se dedica a los concursos de acreedores señalan que los procesos que implican a empresas donde la masa de activos es pequeña o nula, el administrador se arriesga a no cobrar nada. Por eso señala que “muchos jueces lo que hacen es compensar para que los administradores no siempre carguen con estos concursos que para ellos supone mayor riesgo”. La cosa cambia cuando el pasivo es muy alto, los honorarios que percibirá el administrador también son muy elevados.
Cómo y cuánto cobran los administradores concursales
Cuando una empresa con problemas de solvencia solicita el concurso de acreedores, un juez designa los abogados, auditores y economistas, normalmente agrupados en una sola firma, que tomen las riendas de la compañía e intenten reorganizar su negocio. Previamente estos administradores deben cumplir unos requisitos de experiencia y cualificación así como estar registrados en las listas para su designación. Los gestores cobran de la empresa que solicita el concurso de acreedores en función de un porcentaje sobre el pasivo y activo que declara la empresa concursada. Dentro del capital a gestionar, los administradores gozan por ley del derecho de ser los primeros en cobrar. En concursos de pequeño tamaño las cifras no llegan al 1% sobre los bienes y sobre la deuda de la empresa. En el caso de grandes concursos de acreedores las cifras se disparan aunque el porcentaje del total disminuye. En el proceso concursal de Martinsa Fadesa, el más grande de los últimos años, cada administrador concursal tenía una retribución de cuatro millones de euros en total. Este dinero puede ser directamente para el administrador o puede ir para la empresa para la que trabaje.
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