El británico que ganó a la banca española con 'Google Translator'
Keith Rule era el dueño de una lavandería, un ciudadano anónimo, un rostro conocido sólo para sus vecinos de Milton Keynes. Pero de la noche a la mañana se ha convertido en la versión masculina y british de Erin Brockovich. Como ocurriera con el personaje que le valió el Oscar a Julia Roberts, con paciencia, tenacidad y constancia, mucha constancia, este británico ha ganado un juicio histórico que ha sentado precedente para sus compatriotas y todos los españoles afectados por una urbanización fantasma.
Un banco español le ha devuelto a él y a otras 46 familias el depósito que entregaron a finales de 2006 por una casa que, como muchas otras, sólo se quedó en plano. Lo que hace su caso único es que no contaba con aval. Y, bueno, tampoco contaba con conocimiento alguno de español. Después de que durante años los bufetes de abogados le cerraran las puertas y le aconsejaran tirar la toalla porque “no había nada qué hacer”, Keith comenzó a buscar por su cuenta información en Internet y con la ayuda del traductor de Google consiguió entender una normativa de 1968que los propios expertos creían imposible aplicar en sus circunstancias. Después de siete años -cuatro luchando contra la promotora y la caja y otros tres batallando en los tribunales- un juez le ha dado la razón. El Supremo ya exigió en marzo pasado especial protección para los extranjeros que compren una vivienda en España.
Al igual que le pasara a la misma Brockovich de carne y hueso, este dueño de lavandería trabaja ahora como asesor en Costaluz De Castro abogados, el único despacho español que finalmente accedió a estudiar su caso. Le han propuesto escribir un libro con su historia y está estudiando la grabación de un documental. Centenares de británicos que se encuentran en su misma situación le han bombardeado a base de correos electrónicos pidiéndole consejo y el mismo Gobierno británico le ha escrito una carta de felicitación. Cuando El Confidencial le pregunta para cuándo la llamada de Spielberg se echa a reír. Lo mejor es que no descarta volver a comprarse una casa en España: “Me parece un país serio, donde la justicia va lenta pero funciona y donde hay unas normativas que protegen al ciudadano que no existen en otros países de Europa”, recalca.
Su historia comienza en noviembre de 2006, cuando hizo el pago del depósito de 53.434 euros por dos viviendas en Finca Parcs-Las Higuericas. “Era una promoción en Hellín (Albacete) que vendían como la verdadera España. Mi intención era trasladarme allí con mi familia, incluso para vivir todo el año. Queríamos interactuar con los españoles y no mudarnos a un sitio de costa lleno de extranjeros”, explica. Iban a ser 617 chalés con piscina en el campo, con sitios para montar a caballo y con zonas verdes al estilo Center Parcs. Unos 300 británicos e irlandeses se enamoraron del proyecto.
En principio, la vivienda se tenía que entregar en un plazo de 18 meses. Pero el tiempo avanzaba y Keith, que viajaba hasta Albacete periódicamente para ver las obras, empezó a sospechar que algo no marchaba bien. A finales de 2008 apenas había 60 levantadas de la fase 1. La burbuja inmobiliaria había estallado y la promotora Cleyton Ges se había quedado sin dinero para las cinco fases. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que había recogido todos los ingresos, no podía financiar la obra ni tampoco le devolvía el dinero.
Empezó la peregrinación por los despachos de abogados, pero la frase siempre era la misma: “sin aval no tienes nada que hacer”. Y el argumento era el mismo que empleaba la CAM. Los directivos de la entidad, que por aquel entonces tenía oficina en Piccadilly, le mandaron hasta Alicante y allí le dijeron que, al haber depositado el dinero en una cuenta corriente y no en una especial, no tenían ninguna relación legal.
Pero Keith no desistió. Enero de 2010. Habían pasado ya tres años desde que pagó el depósito y comenzó a buscar información en Internet. La ley de 57/1968 “sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas” apareció en la pantalla de su ordenador. Era una concisa norma, de dos folios y siete artículos, que daba todo tipo de garantías al comprador de vivienda. “Con la ayuda del traductor de Google traductor empecé a descifrar párrafo por párrafo”, dice. En el segundo punto del primer artículo hubo algo que le llamó la atención: “Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de Ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior”. La matización de “bajo su responsabilidad” era clave.
Con texto en mano empezó una segunda peregrinación por despachos de abogados, pero ni aun así, lograba convencerlos. Hasta que se puso en contacto con María Luisa de Castro. “Vimos que no había otra interpretación posible y decidimos llevar el caso”, asegura Jaime de Castro. La ley no solo exige al promotor la devolución del dinero, sino que dice que el banco debe garantizar que las cantidades que recibe deben ir a la construcción. El banco debe fiscalizar el destino del dinero y exigir un aval “bajo su responsabilidad”. Esos derechos, según la norma, son “irrenunciables”.
El juicio
El juicio se celebró en mayo de 2012. La CAM pidió que fueran todos los demandantes. El juez matizó que bastaba con que se presentara al menos un representante de las 47 familias británicas e irlandesas involucradas. Keith logró que se desplazaran hasta Hellín 80 personas, incluido un hombre de 80 años. Preparó los vuelos, los hoteles, los autobuses. Finalmente, el abogado de la CAM sólo interrogó a Keith.
El juez les dio la razón y ordenó a la CAM que devolviera 1.494.710 euros que los británicos habían dado a la inmobiliaria. La Caja de ahorros apeló, pero la Audiencia Provincial ha ratificado la sentencia y los británicos ya están cobrando, y con intereses y costas, lo pagado. A finales de año cobrarán los costes del juicio. El Sabadell, hoy propietario de la CAM, no recurrirá al Supremo al considerar que el episodio forma parte de la herencia envenenada de la caja.
Jaime de Castro, abogado y ahora también compañero de Keith, asegura que el empresario tiene “una vocación jurídica importante y que es increíble lo que ha logrado”. “Los británicos no se cansan. Son tenaces y constantes y ahora este caso podrá ayudar a mucha gente en España”, recalca. El despacho trabaja ahora con 500 casos similares. El 90% son clientes británicos.
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