El Gobierno aumenta a 1.000 euros la multa por conducir bebido
Sáenz de Santamaría evita adelantar datos sobre la comparecencia de Rajoy y valorar las polémicas sobre De los Cobos
El Gobierno ha aumentado la cuantía de la multa por conducir bebido, que pasa de 500 a 1.000 euros en la reforma de la ley de Tráfico y Seguridad Vial anunciada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El accidente en Santiago de Compostela, la comparecencia de Mariano Rajoy el próximo 1 de agosto en el que dará explicaciones sobre el caso Bárcenas y las polémicas alrededor del presidente del Constitucional han sido los otros temas que han estado sobre la mesa.
El Gobierno promete a las víctimas que no escatimarán esfuerzos
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comenzado la rueda de prensa con palabras para las víctimas del accidente de tren en Santiago de Compostela y sus familiares, a quienes ha garantizado que no van a estar solos y que no se escatimarán esfuerzos con ellos.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha comenzado la rueda de prensa con palabras para las víctimas del accidente de tren en Santiago de Compostela y sus familiares, a quienes ha garantizado que no van a estar solos y que no se escatimarán esfuerzos con ellos.
La solidaridad de los españoles
Vestida de negro, en señal de luto, y junto a la bandera de España con crespón negro, Sáenz de Santamaría ha trasladado las “más sinceras condolencias” del Gobierno y el deseo de pronta recuperación a los heridos, y ha agradecido la labor de los profesionales sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todas las instituciones y los partidos. Asimismo, ha puesto en valor la solidaridad de los ciudadanos. “El pueblo español es generoso, solidario y se une en los momentos difíciles”, ha subrayado.
Vestida de negro, en señal de luto, y junto a la bandera de España con crespón negro, Sáenz de Santamaría ha trasladado las “más sinceras condolencias” del Gobierno y el deseo de pronta recuperación a los heridos, y ha agradecido la labor de los profesionales sanitarios, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todas las instituciones y los partidos. Asimismo, ha puesto en valor la solidaridad de los ciudadanos. “El pueblo español es generoso, solidario y se une en los momentos difíciles”, ha subrayado.
Los menores tendrán que llevar casco en la ciudad
En lo que respecta a la reforma de la ley de Tráfico, el Consejo de Ministros ha decidido duplicar la multa a los conductores ebrios, y mantener la tasa máxima permitida, que seguirá siendo de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Este nivel desciende a los 0,15 miligramos para los conductores noveles y para los de transporte de mercancías o de vehículos especiales. Si se superan los 0,60 miligramos, el Código Penal prevé una pena de prisión de tres a seis meses o una multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y la retirada del carné de conducir de uno hasta cuatro años.
En lo que respecta a la reforma de la ley de Tráfico, el Consejo de Ministros ha decidido duplicar la multa a los conductores ebrios, y mantener la tasa máxima permitida, que seguirá siendo de 0,25 miligramos de alcohol por litro de aire expirado. Este nivel desciende a los 0,15 miligramos para los conductores noveles y para los de transporte de mercancías o de vehículos especiales. Si se superan los 0,60 miligramos, el Código Penal prevé una pena de prisión de tres a seis meses o una multa de seis a doce meses o trabajos en beneficio de la comunidad de 30 a 90 días, y la retirada del carné de conducir de uno hasta cuatro años.
La reforma introduce la obligatoriedad del uso del casco también para los menores que circulen en bicicleta, no solo en vías interurbanas, sino también en la ciudad. A la propuesta de Tráfico de incluir en el nuevo Reglamento General de Circulación la obligación para todos los ciclistas de utilizar el casco por las calles urbanas, se han opuesto varias asociaciones de usuarios, que consideran que la norma que aumenta la posibilidad de ser atropellados porque disminuye la capacidad auditiva del ciclista, informa Europa Press.
Montoro quiere ahorrar 8.000 millones con la reforma local
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha acompañado en la rueda de prensa a la vicepresidenta del Gobierno y al ministro del Interior, se ha referido al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que ha provocado el rechazo del PSOE, del resto de la oposición e, incluso, de localidades gobernadas por el PP.
El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, que ha acompañado en la rueda de prensa a la vicepresidenta del Gobierno y al ministro del Interior, se ha referido al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que ha provocado el rechazo del PSOE, del resto de la oposición e, incluso, de localidades gobernadas por el PP.
Montoro ha dicho que la reforma supondrá un ahorro de 8.000 millones de euros y ha anunciado que habrá beneficios financieros para aquellos municipios que opten por fusionarse.
Los ayuntamientos harán públicos los costes de sus servicios
El titular de Hacienda ha explicado que el proyecto de ley incluye el concepto de coste efectivo de los servicios, por el que todas las corporaciones locales deberán hacer público el coste de los servicios que prestan y “a partir de ello se tomarán decisiones de beneficio para el ciudadano de forma que se acumule la prestación de estos servicios en el órgano superior”, que son las diputaciones provinciales.
El titular de Hacienda ha explicado que el proyecto de ley incluye el concepto de coste efectivo de los servicios, por el que todas las corporaciones locales deberán hacer público el coste de los servicios que prestan y “a partir de ello se tomarán decisiones de beneficio para el ciudadano de forma que se acumule la prestación de estos servicios en el órgano superior”, que son las diputaciones provinciales.
La comparecencia de Rajoy sobre Bárcenas
Algunas preguntas de los periodistas, dirigidas a la vicepresidenta del Gobierno, han puesto el foco en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, el próximo 1 de agosto, de Mariano Rajoy, en la que dará explicaciones sobre el caso Bárcenas. Soraya Sáenz de Santamaría, como viene haciendo desde hace tiempo ha evitado valorar este caso y se ha limitado a repetir el anuncio hecho por el jefe del Ejecutivo de que “dará las necesarias explicaciones” a los ciudadanos.
Algunas preguntas de los periodistas, dirigidas a la vicepresidenta del Gobierno, han puesto el foco en la comparecencia en el Congreso de los Diputados, el próximo 1 de agosto, de Mariano Rajoy, en la que dará explicaciones sobre el caso Bárcenas. Soraya Sáenz de Santamaría, como viene haciendo desde hace tiempo ha evitado valorar este caso y se ha limitado a repetir el anuncio hecho por el jefe del Ejecutivo de que “dará las necesarias explicaciones” a los ciudadanos.
Hace mutis también sobre De los Cobos
La número dos del Gobierno también ha evitado valorar las polémicas alrededor del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, no sólo que ocultara su militancia en el PP en su comparecencia en el Senado previa a su designación como magistrado, sino, también, que era administrador único de una empresa, Labour Prospectives, cuya labor consiste en la asesoría en materia laboral.
La número dos del Gobierno también ha evitado valorar las polémicas alrededor del presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Pérez de los Cobos, no sólo que ocultara su militancia en el PP en su comparecencia en el Senado previa a su designación como magistrado, sino, también, que era administrador único de una empresa, Labour Prospectives, cuya labor consiste en la asesoría en materia laboral.
Según publica El Periódico de Cataluña, Pérez de los Cobos sigue siendo el gestor de una sociedad que, de acuerdo con el registro mercantil, en septiembre del 2012 presentó las cuentas del ejercicio 2011.
Sáenz de Santamaría se escudó en la limitación de poderes para evitar dar una opinión del Gobierno. “El gobierno no puede vulnerar el principio de separación de poderes. Esa institución ha dado las explicaciones que ha creído oportunas. No le corresponde al poder Ejecutivo decir lo que tienen que hacer otros”, se ha limitado a decir.
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