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miércoles, 11 de diciembre de 2013

EL CURA DE 70 AÑOS DETENIDO POR BLANQUEO Y ABUSO SEXUAL, QUEDA EN LIBERTAD SIN FIANZA


El párroco de Borja queda en libertad sin fianza

Florencio Garcés ingresó en prisión el día 5 acusado de apropiación indebida y un delito contra la libertad sexual


La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tarazona,Nieves Pérez, ha decretado esta tarde la libertad sin fianza del párroco de BorjaFlorencio Garcés, según ha afirmado el alcalde del municipio, Francisco Miguel Arilla, en declaraciones a Europa Press.
Arilla ha explicado que esta tarde "he hablado con los abogados" que le han comunicado la decisión, si bien se mantiene la obligación de que el sacerdote se presente semanalmente en el juzgado. Al parecer, "desaparece el delito contra la libertad sexual" por el que le imputaron, ha apuntado el alcalde, para señalar que el delito económico "quedaría en manos de la Iglesia".
Para el alcalde borjano, la última decisión de la juez "ha sido sorprendente del todo", ya que "no esperaba tan rápido un desenlace" tras su ingreso en prisión.
Este mismo miércoles, la titular del Juzgado ha citado a declarar como testigos a varios responsables de la Diócesis de Tarazona, entre ellos, el obispo de Tarazona, Eusebio Hernández.
El vicario general de la Diócesis de Tarazona, Esteban Aranaz, ha mostrado su alegría por la puesta en libertad del párroco. "Veo que la Justicia funciona, ya dijimos que no teníamos temor a la verdad. Don Florencio sale de la cárcel, seguramente no tenía que haber entrado", ha afirmado en declaraciones a Europa Press.
"Estamos muy contentos y satisfechos", ha comentado el vicario que se ha enterado de que el párroco iba a ser puesto en libertad por un mensaje que le ha llegado a su móvil. "Desde el principio habíamos pedido calma, tranquilidad, que primara la presunción de inocencia", ha añadido Aranaz.
Operación Espino
El sacerdote Florencio Garcés, de 70 años de edad, párroco de la Colegiata de Santa María de Borja, fue detenido el viernes 29 de noviembre por la Guardia Civil en la denominada Operación Espino por su posible implicación en varios delitos, entre ellos, apropiación indebida de dinero de una parroquia.
El domingo 1 de diciembre se procedió a la detención de otras cinco personas, en el marco de la misma operación, por los presuntos delitos de extorsión, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal. Estas cinco personas quedaron en libertad con cargos tras mantener un careo con el párroco.
Tras prestar declaración ese mismo día ante la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Tarazona, Nieves Pérez, el párroco fue puesto en libertad provisional sin fianza, con la obligación de presentarse en el Juzgado semanalmente y cuantas veces sea llamado. Además se le retiró el pasaporte.
La jueza le imputó a Florencio Garcés como posible autor de dos delitos: un delito de apropiación indebida continuada y agravada por la cantidad de 185.183,63 euros y un delito contra la libertad sexual. El sacerdote ingresó el pasado día 5 de diciembre en la cárcel de Zuera (Zaragoza), tras decretar la juez prisión provisional sin fianza e imputarle los mismos delitos antes mencionados. Sus abogados presentaron recurso solicitando su puesta en libertad alegando su inocencia.
El abogado Sergio Pérez, que defiende a las otras cinco personas detenidas en el marco de la operación, ha considerado que este caso es "un soufflé que se empieza a caer, no se sostiene por ningún lado y eso que no hemos empezado a probar nada aún, no se ha aportado documentación".
Pérez ha indicado que "me sorprendió mucho que Garcés ingresara en la cárcel, porque no había habido ningún cambio a peor, al revés, él negó la presunta extorsión", y ha afirmado que "no hay más que discutir".

martes, 5 de noviembre de 2013

593.000 EUROS DE FIANZA PARA EL EX-SECRETARIO DE INDUSTRIA DE CC.OO.


Fianza de 593.000 euros para el exsecretario de industria de CCOO

  • Manuel Jiménez participó 'activamente' en los pagos de la Junta en el ERE de Calderinox

  • La juez declara como responsable subsidiario a CCOO de la fianza




La juez Mercedes Alaya ha dictado un auto en el que impone unafianza de 593.000 euros al exsecretario general de Industria de CCOO-A Manuel Jiménez García, por su participación activa en 444.980,22 euros pagados por la Junta para los empleados de Calderinox y dos intrusos que nunca trabajaron en esa empresa.
La juez, en un auto en el que declara responsable subsidiario a CCOO de la fianza, afirma que el sindicalista adquirió los compromisos para el pago de subvenciones a la empresa con el delegado provincial de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, y el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero.
Las ayudas se tramitaron y concedieron "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido en el marco normativo aplicable", subraya la juez en el auto. Alaya señala que fija esa fianza para devolver en la medida de lo posible "las ingentes cantidades de dinero" que "de manera indiciariamente ilícita" ha pagado la Junta.
El 29 de diciembre de 2009, el imputado aceptó la concesión de una ayuda sociolaboral de 898.571,56 euros "supuestamente a favor"de nueve extrabajadores de Calderinox, aunque acabó pagando 444.980, y formalizó una póliza en la que incluyó a dos intrusos y que costaron 208.901,81 euros, según la juez.
Alaya imputa al sindicalista, que declaró como imputado el pasado 24 de octubre, los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias.

martes, 29 de octubre de 2013

EL JUEZ IMPONE A ANGEL SANCHIS UNA FIANZA DE 8 MILLONES DE EUROS POR AYUDAR A BARCENAS


Ruz impone a Sanchís una fianza de ocho millones de euros por ayudar a Bárcenas a ocultar su patrimonio


   El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto al extesorero de Alianza Popular (AP), Ángel Sanchís, una fianza de ocho millones de euros para cubrir la responsabilidad civil que podría derivarse en un futuro juicio.

   En un auto notificado este martes, el juez instructor del 'caso Gürtel' sostiene que el extesorero del Partido Popular  (PP) Luis Bárcenas utilizaba la cuenta que la sociedad Brixco, propiedad de Sanchís, mantenía en el HSBC de Nueva York para "ocultar sus fondos de procedencia indiciariamente ilícita".

   Para ello, Bárcenas habría dado instrucciones para transferir tres millones de euros de la cuenta que la Fundación Sinequanon, vinculada al extesorero, tenía en el Dresdner Bank de Ginebra (Suiza) hasta este depósito en Estados Unidos.

   Ruz acuerda el comiso de los bienes que provengan del delito y las ganancias que se hubiera obtenido tras constatar que Sanchís pudo haber cooperado para "ocultar el verdadero origen del dinero así como su real propietario e incluso repatriar una parte de los fondos a España a través de distintas operaciones y diversas sociedades".
FUENTE

viernes, 27 de septiembre de 2013

CONFIRMAN FIANZA PARA BARCENAS DE 43 MILLONES DE EUROS


Confirman la fianza de 43 millones para Bárcenas por los 'serios indicios' de delito


Luis Bárcenas, al salir de su casa en Madrid, ahora embargada, el pasado abril. | Javier Barbancho

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la fianza por responsabilidad civil de 43,2 millones de euros para Luis Bárcenas, es decir, la cuantía a la podría enfrentarse si es condenado en el 'caso Gürtel'. Esta cifra no tiene nada que ver con salir o no de prisión que, de momento, es incondicional.
La sección cuarta rechaza así en un auto el recurso interpuesto por Bárcenas contra la fijación de esta fianza, que al no haberla abonado en el plazo correspondiente le supuso el pasado 30 de julio el embargo de varias propiedades, entre ellas su domicilio familiar en la calle de Príncipe de Vergara.
La Audiencia Nacional adopta esta decisión al estimar que sobre Bárcenas "se acumulan serios indicios" de la comisión de delitos de cohecho "por presunta percepción" de unos 72.000 euros procedentes de la red liderada por el presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, "en consideración a la condición de senador que ostentaba".
Así como de delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales "por las ingentes cantidades de dinero de procedencia no acreditada" en cuentas en Suiza y otros países, falsedad en documento mercantil y tentativa de estafa procesal, estos dos últimos relacionados con "la posible manipulación de un contrato de mediación y de un contrato de compraventa" de cuadros, supuestamente suscritos por la pintora argentina Isabel Mackinlay.
Al desestimar el recurso, el tribunal rechaza el argumento del ex tesorero del PP de que no es el momento procesal oportuna para fijar la fianza y tildan de "absurdo e incoherente" ese argumento, ya que la ley establece que puedan acordarse tales medidas cuando existan "indicios racionales de criminalidad".
Tampoco admite la Sala la alegación de prescripción de los delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2002 y 2003, así como que quede sin efecto el delito fiscal de 2007 por haberse acogido a la denominada amnistía fiscal, ya que esto último carece de "acreditación y conformidad por parte de la Administración Tributaria".
Para los magistrados hay suficientes indicios de delitos contra la Hacienda Pública "por la percepción de cantidades" de la trama 'Gürtel' que en 2002 pudieron ascender a 459.565 euros, en 2003 a 515.350 euros y en 2007 "no declaró los ingresos que aparecen en sus cuentas de Suiza", generando cuotas tributarias "quesuperan con creces el mínimo de 120.000 euros anuales" en concepto de IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio.
Además También de delitos contra la Hacienda Pública "por la percepción de cantidades" de la trama 'Gürtel' que en 2002 pudieron ascender a 459.565 euros, en 2003 a 515.350 euros y en 2007 "no declaró los ingresos que aparecen en sus cuentas de Suiza", generando cuotas tributarias "que superan con creces el mínimo de 120.000 euros anuales" en concepto de IRPF y del Impuesto sobre el Patrimonio.
Además figura como cooperador necesario en el impago en 2006 a la Hacienda Pública por parte de su esposa, la también imputada Rosalía Iglesias por los ingresos no justificados de 560.000 euros y que ella y su marido pretendían justificar en la citada operación de compraventa de cuadros.
El juez Ruz también impuso una fianza de 6 millones de euros a Rosalía Iglesias en concepto de responsabilidad civil y, al no haberla abonado, decretó también el embargo de dos viviendas, cuatro plazas de garaje, un trastero, un coche y el dinero que tiene en cuentas y planes de pensiones.

lunes, 23 de septiembre de 2013

LA JUEZ ALAYA PONE UNA FIANZA DE 46,6 MILLONES AL EXVICECONSEJERO DE PRESIDENCIA DE JUNTA DE ANDALUCIA


La juez Alaya impone una fianza de 46,6 millones al exviceconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía


La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 46.666.666 euros al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes".
La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, Mercedes Alaya, ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 46.666.666 euros al exviceconsejero de Presidencia y exdirector general de Presupuestos de la Junta de Andalucía Antonio Vicente Lozano, imputado en la causa por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, "a fin de asegurar las responsabilidades pecuniarias que puedan declararse procedentes".
Así lo establece la magistrada en un auto fechado el pasado viernes y notificado este lunes, apenas cuatro días después de la comparecencia de Lozano, que interrumpió su declaración tras responder a una decena de preguntas acogiéndose a su derecho constitucional a no declarar al entender que no se estaban "respetando" sus garantías, máxime después de que la instructora le reprochase que estaba haciendo "teatro".
En dicho auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya adopta estas medidas cautelares por considerar que Lozano, que reconoció que "la partida 440.51 de transferencias de financiación al Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) no podía utilizarse para conceder subvenciones" durante su declaración, "pudo o debió conocer el uso de las transferencias de financiación por Empleo para otorgar subvenciones y que IFA era solo mera pagadora", así como que "podía impedir el uso de la partida de transferencia de financiación".
Al finalizar la declaración el pasado jueves se celebró una comparecencia de medidas cautelares en la que ni la Fiscalía Anticorrupción ni la Junta de Andalucía pidieron medida alguna, mientras que las acusaciones ejercidas por el PP y Manos Limpias solicitaron a la juez que impusiera al imputado una fianza de responsabilidad civil de 57 millones de euros --correspondientes a las modificaciones presupuestarias que tramitó--, más el tercio legal previsto, en total 76 millones.
En concreto, la magistrada imputó a Lozano, que fue director general de Presupuestos desde abril de 2002 hasta abril de 2009, haber "ordenado ilícitamente, en connivencia con otros, la inclusión" del sistema de las transferencias de financiación al IFA, cuando éstas "sólo podían destinarse a equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias de la agencia o a enjugar pérdidas de ejercicios anteriores", todo lo cual "significaba presuntamente permitir el incumplimiento flagrante de la Ley General de Subvenciones y la normativa concordante, como la Ley General de Hacienda Pública".
La juez, que también le atribuye haber tramitado 12 modificaciones presupuestarias entre 2002 y 2009 por valor de 57 millones de euros, sostiene que "la inclusión de esta partida inadecuada en el presupuesto conllevaba la elusión de la fiscalización previa por parte de la Intervención General de la Junta, evitando el control de legalidad que la misma significaba". "Que el uso inadecuado de dicha partida presupuestaria generaba tales consecuencias era indiciariamente conocido por el inculpado", ha dicho la juez.
Al hilo, la instructora concluye que "parece pues que lo que se pretendía por el inculpado, en connivencia con otros, era conseguir un sistema fácil para la concesión de ayudas sociolaborales, de forma que bajo el argumento de la agilidad y de la paz social se otorgaran las citadas subvenciones de espaldas a la Intervención y a cualquier control, vulnerando los principios de objetividad, libre concurrencia, publicidad, transparencia, igualdad y no discriminación".

miércoles, 31 de julio de 2013

EL JUEZ RUZ, IMPONE A LA MUJER DE BARCENAS 6 MILLONES DE FIANZA


El juez Ruz impone a la mujer de Bárcenas 6 millones de euros de fianza


La mujer de Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias (EFE)

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha impuesto a la esposa del extesorero del PP Luis BárcenasRosalía Iglesias, una fianza de 6 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba al juez al magistrado que le impusiera 5.975.000 euros mientras que la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) le pidió  3.058.984 euros para hacer frente a las responsabilidad pecuniarias relacionadas con los delitos que se le imputan.
El magistrado imputa a Iglesias un delito contra la Hacienda Pública, otro como cooperadora necesaria en el blanqueo de capitales del que se acusa a su marido, falsedad documental y estafa procesal en grado de tentativa.
Ingreso efectivo de medio millón
Ruz concreta en su auto que Iglesias se encuentra imputada porun presunto delito contra la Hacienda Pública por el IRPF correspondiente a 2006, en relación con un ingreso en efectivo de 500.000 euros en una cuenta de Caja Madrid a su nombre, lo que determinaría una cuota eventualmente defraudada superior a los 222.112,58 euros.
Igualmente, la Fiscalía Anticorrupción atribuye a la esposa de Bárcenas delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el IRPF de 2002 y 2003 por las declaraciones conjuntas que presentaron en dichos ejercicios "omitiendo ingresos y rentas generados en ese periodo", de forma que las cuotas eventualmente defraudadas ascenderían por el momento, y sin perjuicio de liquidación definitiva, a 307.850,86 respecto de 2002 y de 1.179.670,4 respecto del año siguiente.

El total de lo defraudado es 1.709.569 euros, y teniendo en cuenta multa por el triplo de la cuota defraudada las responsabilidades pecuniarias a las que podría ser condenada alcanzarían una cantidad "superior a los 4.068.785,64 euros". Atendiendo a las multas previstas por el delito de estafa procesal en grado de tentativa (18.000 euros) , por el delito de falsedad en documento mercantil (36.000 euros) y el delito de blanqueo de capitales (350.000 euros),Ruz impone una fianza total de 6 millones de euros.
"Ello sin perjuicio de la eventual ampliacion y definitiva concreción de la cantidad afianzar por la imputada, en los términos señalados en los razonamientos de la presente resolución", añade el juez Ruz.
El juez central de Instrucción número 5 recuerda las últimas medidas cautelares acordadas relacionadas con bloqueos de cuentas bancarias del matrimonio, así como la última comisión rogatoria cursada a Suiza y todavía pendiente, en la que se solicita documentación sobre la cuenta denominada "rosalía" de la entidad Lombard Odier
Si en el plazo de 10 días no deposita la fianza impuesta, el juez Ruz iniciará los trámites de embargo de sus bienes, según concreta en su auto.
Sospechas de anticorrupción
En el escrito en el que solicitaba la imposición de una fianza un tanto menor, de 5,9 millones de euros la Fiscalía Anticorrupción destacaba que, en el año 2004, el matrimonio Bárcenas-Iglesias consignó en su declaración conjunta de IRPF una operación de compra-venta de cuadros por importe de 270.000 euros. La esposa del extesorero recibió en marzo un ingreso por importe de 120.000 euros.
La Fiscalía se refiere también a la declaración de IRPF de 2005, modalidad individual, en la que refleja otra operación similar, en este caso con un valor de adquisición y transmisión de 149.000 euros "con la que parece justificar los ingresos en efectivo en su cuenta en marzo de 2005 por importes de 74.000 y 75.600 euros".
El magistrado ordenó ayer el embargo de sus cuentas bancarias en España, con un saldo de más de 700.000 euros, y de sus bienes inmuebles, después de que transcurriera el plazo fijado para que depositara la fianza por responsabilidad civil por importe de 43,2 millones de euros impuesta al exgerente 'popular'.
Ruz ha calculado el saldo de los depósitos del extesorero sin incluir otras cuentas de las que dispone en la entidad Caixa Bank, detectadas en los últimos días y que están aún pendientes de su valoración final.
El juez embarga en concreto su domicilio en la calle Príncipe de Vergara y su plaza de aparcamiento en Madrid, una vivienda en el barrio de Peñagrande, y el cincuenta por ciento de otra unifamiliar en el municipio de Naut Aran (Lleida) cercana a la estación de esquí de Baqueira Beret junto con dos plazas de garaje, todo ello sin perjuicio de las restantes medidas de bloqueo sobre el resto de cuentas bancarias de las que dispone en el extranjero.

domingo, 14 de julio de 2013

UN BRITANICO GANA A LA BANCA ESPAÑOLA, GRACIAS A GOOGLE TRANSLATOR


El británico que ganó a la banca española con 'Google Translator'



Keith Rule era el dueño de una lavandería, un ciudadano anónimo, un rostro conocido sólo para sus vecinos de Milton Keynes. Pero de la noche a la mañana se ha convertido en la versión masculina y british de Erin Brockovich. Como ocurriera con el personaje que le valió el Oscar a Julia Roberts, con paciencia, tenacidad y constancia, mucha constancia, este británico ha ganado un juicio histórico que ha sentado precedente para sus compatriotas y todos los españoles afectados por una urbanización fantasma.
Un banco español le ha devuelto a él y a otras 46 familias el depósito que entregaron a finales de 2006 por una casa que, como muchas otras, sólo se quedó en plano. Lo que hace su caso único es que no contaba con aval. Y, bueno, tampoco contaba con conocimiento alguno de español. Después de que durante años los bufetes de abogados le cerraran las puertas y le aconsejaran tirar la toalla porque “no había nada qué hacer”, Keith comenzó a buscar por su cuenta información en Internet y con la ayuda del traductor de Google consiguió entender una normativa de 1968que los propios expertos creían imposible aplicar en sus circunstancias. Después de siete años -cuatro luchando contra la promotora y la caja y otros tres batallando en los tribunales- un juez le ha dado la razón. El Supremo ya exigió en marzo pasado especial protección para los extranjeros que compren una vivienda en España.
Al igual que le pasara a la misma Brockovich de carne y hueso, este dueño de lavandería trabaja ahora como asesor en Costaluz De Castro abogados, el único despacho español que finalmente accedió a estudiar su caso. Le han propuesto escribir un libro con su historia y está estudiando la grabación de un documental. Centenares de británicos que se encuentran en su misma situación le han bombardeado a base de correos electrónicos pidiéndole consejo y el mismo Gobierno británico le ha escrito una carta de felicitación. Cuando El Confidencial le pregunta para cuándo la llamada de Spielberg se echa a reír. Lo mejor es que no descarta volver a comprarse una casa en España: “Me parece un país serio, donde la justicia va lenta pero funciona y donde hay unas normativas que protegen al ciudadano que no existen en otros países de Europa”, recalca.
Su historia comienza en noviembre de 2006, cuando hizo el pago del depósito de 53.434 euros por dos viviendas en Finca Parcs-Las Higuericas. “Era una promoción en Hellín (Albacete) que vendían como la verdadera España. Mi intención era trasladarme allí con mi familia, incluso para vivir todo el año. Queríamos interactuar con los españoles y no mudarnos a un sitio de costa lleno de extranjeros”, explica. Iban a ser 617 chalés con piscina en el campo, con sitios para montar a caballo y con zonas verdes al estilo Center Parcs. Unos 300 británicos e irlandeses se enamoraron del proyecto.
En principio, la vivienda se tenía que entregar en un plazo de 18 meses. Pero el tiempo avanzaba y Keith, que viajaba hasta Albacete periódicamente para ver las obras, empezó a sospechar que algo no marchaba bien. A finales de 2008 apenas había 60 levantadas de la fase 1. La burbuja inmobiliaria había estallado y la promotora Cleyton Ges se había quedado sin dinero para las cinco fases. La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), que había recogido todos los ingresos, no podía financiar la obra ni tampoco le devolvía el dinero.
Empezó la peregrinación por los despachos de abogados, pero la frase siempre era la misma: “sin aval no tienes nada que hacer”. Y el argumento era el mismo que empleaba la CAM. Los directivos de la entidad, que por aquel entonces tenía oficina en Piccadilly, le mandaron hasta Alicante y allí le dijeron que, al haber depositado el dinero en una cuenta corriente y no en una especial, no tenían ninguna relación legal.
Pero Keith no desistió. Enero de 2010. Habían pasado ya tres años desde que pagó el depósito y comenzó a buscar información en Internet. La ley de 57/1968 “sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas” apareció en la pantalla de su ordenador. Era una concisa norma, de dos folios y siete artículos, que daba todo tipo de garantías al comprador de vivienda. “Con la ayuda del traductor de  Google traductor empecé a descifrar párrafo por párrafo”, dice. En el segundo punto del primer artículo hubo algo que le llamó la atención: “Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de Ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior”. La matización de “bajo su responsabilidad” era clave.
Con texto en mano empezó una segunda peregrinación por despachos de abogados, pero ni aun así, lograba convencerlos. Hasta que se puso en contacto con María Luisa de Castro. “Vimos que no había otra interpretación posible y decidimos llevar el caso”, asegura Jaime de Castro. La ley no solo exige al promotor la devolución del dinero, sino que dice que el banco debe garantizar que las cantidades que recibe deben ir a la construcción. El banco debe fiscalizar el destino del dinero y exigir un aval “bajo su responsabilidad”. Esos derechos, según la norma, son “irrenunciables”.
El juicio
El juicio se celebró en mayo de 2012. La CAM pidió que fueran todos los demandantes. El juez matizó que bastaba con que se presentara al menos un representante de las 47 familias británicas e irlandesas involucradas. Keith logró que se desplazaran hasta Hellín 80 personas, incluido un hombre de 80 años. Preparó los vuelos, los hoteles, los autobuses. Finalmente, el abogado de la CAM sólo interrogó a Keith.
El juez les dio la razón y ordenó a la CAM que devolviera 1.494.710 euros que los británicos habían dado a la inmobiliaria. La Caja de ahorros apeló, pero la Audiencia Provincial ha ratificado la sentencia y los británicos ya están cobrando, y con intereses y costas, lo pagado. A finales de año cobrarán los costes del juicio. El Sabadell, hoy propietario de la CAM, no recurrirá al Supremo al considerar que el episodio forma parte de la herencia envenenada de la caja.
Jaime de Castro, abogado y ahora también compañero de Keith, asegura que el empresario tiene “una vocación jurídica importante y que es increíble lo que ha logrado”. “Los británicos no se cansan. Son tenaces y constantes y ahora este caso podrá ayudar a mucha gente en España”, recalca. El despacho trabaja ahora con 500 casos similares. El 90% son clientes británicos.