ESPAÑA: EL PRESIDENTE DE MERCADONA CITADO POR EL JUEZ RUZ

El juez Ruz cita al presidente de Mercadona para acreditar si el PP defraudó a Hacienda en 2008



El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado una serie de diligencias de investigación, entre la que se encuentra la declaración como testigo del presidente de Mercadona, Juan Roig, con el objetivo de acreditar si el Partido Popular (PP) cometió un delito de fraude fiscal en 2008.



El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado una serie de diligencias de investigación, entre la que se encuentra la declaración como testigo del presidente de Mercadona, Juan Roig, con el objetivo de acreditar si el Partido Popular (PP) cometió un delito de fraude fiscal en 2008. Juan Roig, en una foto de archivo. 

El magistrado, que investiga la supuesta caja B del PP en una pieza separada del 'caso Gürtel', ha citado para el próximo 5 de febrero a Roig y otros tres supuestos donantes del PP que aparecían en la contabilidad opaca elaborada por el extesorero Luis Bárcenas. 

Además, ese mismo día el juez interrogará al gerente regional del PP en La Rioja en 2008 y a los dos apoderados de su sede, Carlos Cuevas y Ana Elvira Martínez, para investigar una entrega de 200.000 euros que Bárcenas anotó el 26 de mayo de 2008 bajo el concepto 'entrega La Rioja'.
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EL JUEZ RUZ CONFIRMA LA EXISTENCIA DE UNA CONTABILIDAD B EN EL PP

El juez Ruz confirma la existencia de una contabilidad B en el PP

Sede del PP en la calle Génova de Madrid.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha emitido un auto este viernes en el que considera que “se puede confirmar a nivel indiciario” la existencia de una contabilidad en el Partido Popular (PP) al margen de la oficial.

El magistrado, que investiga la presunta financiación ilegal del PP, señala la existencia de “una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad oficial remitida al Tribunal de Cuentas”, que habría sido utilizada para pagar al arquitecto Gonzalo Urquijo, encargado de la remodelación de la sede de los populares en la calle Génova de Madrid, entre los años 2005 y 2011.

Ruz se basa en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) del cual se desprende que los pagos por la remodelación encargada a Urquijo “no se habrían reflejado ni en la facturación ni en la contabilidad oficial sino en la contabilidad paralela o b llevada en el seno de la citada formación”.

El estudio realizado por el CNP ha cotejado los datos recogidos en la contabilidad secreta revelada por el antiguo tesorero del partido, Luis Bárcenas, con las facturas intervenidas en el despacho del arquitecto, que fue registrado a finales de setiembre.

Los pagos en dinero negro a Urquijo habrían alcanzado los 880.000 euros en 2008, lo que para el juez supone un delito contra la Hacienda Pública, además de “presuntos delitos de falsedad documental o contable”. Por ello ha citado a declarar en calidad de imputado al propio Gonzalo Urquijo y al exgerente del PP Cristóbal Páez, que deberán pasar por la Audiencia Nacional el próximo 16 de diciembre.

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RUZ PIDE A ANGEL SANCHIS, EXTESORERO DEL PP, QUE TRANSFIERA A ESPAÑA 2,6 MILLONES DE EUROS

Ruz pide a un imputado de Gürtel que transfiera a España 2,6 millones de € para poder bloqueárselos

La negativa de EEUU a intervenir una cuenta de Ángel Sanchis, el también extesorero 'popular' acusado de ayudar a Bárcenas a ocultar su dinero, obliga al magistrado a solicitar al propio empresario que traiga el saldo desde Nueva York a nuestro país. Le da diez días para hacerlo.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, se ha visto obligado a pedir a uno de los imputados en el 'caso Gürtel' algo insólito: que sea él mismo quien traiga a nuestro paísuna millonaria cantidad de dinero para así poder bloqueárselo. Y todo por la negativa a inmovilizar el dinero de las autoridades del país donde se encuentra depositado éste. Ocurrió el pasado lunes. Ese día, el magistrado dictó una diligencia en la que requería a Ángel Sanchis Perales, encausado en el sumario de la trama de corrupción como una de las personas que presuntamente ayudó a Luis Bárcenas a esconder su fortuna suiza, que transfierera desde EEUU a nuestro país los 3,5 millones de dólares (2,6 millones de euros) que figuraban en el saldo de una de sus cuentas en Nueva York sobre la que la Justicia española mantiene la sospecha de que podía haber acogido parte del dinero del político ahora encarcelado. El motivo no era otro que la negativa de las autoridades de Washington a inmovilizar dicho saldo. Fuentes cercanas al imputado aseguraban ayer a este diario que el que fuera tesorero de Alianza Popular así lo va a hacer y que, en breve, comunicará al magistrado la cuenta en nuestro país en la que lo ingresará para que pueda intervenirlo.

El juez investiga desde el pasado mes de agosto la cuenta de EEUU desde la que va a ser transferido el dinero como posible destino de parte de la fortuna que Bárcenas atesoró en Suiza

La peripecia judicial de la millonaria cantidad de dinero comenzó el pasado verano, más en concreto,el 12 de agosto. Ese día, el juez Ruz remitió a los EEUU una nueva comisión rogatoria, la decimoséptima del 'caso Gürtel', para solicitar, entre otras medidas, el bloqueo de la cuenta que en el HSBC de Nueva York tenía abierta la empresa TQM Capital, propiedad de uno de los hijos de Sanchis. La sospecha sobre dicho depósito había surgido días antes, tras analizar la documentación enviada por Washington sobre otro depósito tenía que en el mismo banco una segunda compañía, la uruguaya Rumagol, investigada también por su presunta participación en los movimientos bancarios realizados por Bárcenas para ocultar su dinero. En dicha documentación se reflejaba que esta última cuenta había sido cerrada sólo unos días antes de que pudiera ser intervenida por la justicia norteamericana y que parte de sus fondos habían sido transferidos a la de TQM en la misma entidad financiera. Con estos nuevos datos, el magistrado español pidió la colaboración de EEUU que, sin embargo, rechazó el bloqueo de dicha cuenta y se limitó a facilitar detallada información sobre los movimientos bancarios de la misma. 

La situación permaneció así hasta que el pasado 28 de octubre el instructor del 'caso Gürtel' dictó un auto por el que impuso una fianza de 8 millones de euros a Ángel Sanchis y éste ofreció, precisamente, el saldo en esa cuenta como parte de la misma. Según señalaba el empresario en un escrito que remitió a la Audiencia Nacional el pasado 5 de noviembre, la cuenta tenía aquel día 3,5 millones de dólares (2,6 millones de euros) que ponía en ese momento a disposición del juzgado, junto a 1,7 millones de acciones de la empresa con la que explotaba su latifundio argentino de limones, como garantía para hacer frente a las futuras responsabilidades económicas que pudieran recaer sobre él. El magistrado, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, aceptó el ofrecimiento del imputado "dado que no se ha llevado a efecto el bloqueo interesado por comisión rogatoria", como detallaba el Ministerio Público en el escrito en el que daba el visto bueno a la decisión judicial.

El juez fijaba en el mismo escrito del pasado lunes un plazo dediez días para que Sanchis remita la millonaria cantidad a "una cuenta que pueda ser bloqueada por este Juzgado", es decir, en España. Fuentes cercanas al empresario aseguraban ayer a este diario que éste ya ha comenzado a realizar las gestiones para hacerlo y que en las próximas horas presentará ante el magistradoun escrito para informarle en concreto de a qué depósito realizará la transferencia. Sólo una vez que el juez haya dado el visto bueno a éste, el también extesorero realizará la transferencia desde Nueva York. "Nunca antes, para evitar que pueda ser interpretado como un intento de ocultar el dinero", resaltan estas mismas fuentes.

Otra cuenta sin bloquear

Los 2,6 millones de euros de la cuenta de TQM no son, sin embargo, la única cantidad millonaria que el juez Ruz ha intentado inmovilizar en los últimos meses sin éxito. En la misma comisión rogatoria que solicitaba el bloqueo de ésta, también pedía a las autoridades de EEUU una medida similar para otra en la misma entidad financiera de de Nueva York, en este caso de la empresa argentina La Moraleja SA, la sociedad de la familia Sanchis con la que explota el célebre latifundio de limones para el que trabajó Bárcenas. Como en el caso de la primera, las autoridades de EEUU se han negado a inmovilizar el saldo. Algo similar ha ocurrido con una segunda cuenta de esta misma compañía agroalimentaria abierta en el Atlantic Capital Bank de la ciudad de Atlanta, también en EEUU. Lo único que han hecho hasta ahora las autoridades de Washington sobre las mismas ha sido facilitar abundante documentación sobre su apertura y los movimientos que se han registrado en todas ellas.

Washington tampoco han querido bloquear otras dos cuentas abiertas a nombre de La Moraleja SA, la empresa de la familia Sanchis que explota el latifundio argentino de limones

Tanto en estos dos casos como en el de la cuenta desde la que van ahora a ser transferidos los 2,6 millones de euros, las autoridades estadounidenses consideran que la información remitida por el juez Ruz no aportaba datos suficientes para concluir que los fondos depositados en las mismas tenían origen ilícito y que, por tanto, no estaba justificada la inmovilización de sus saldos. No ha pasado mismo, sin embargo, con los depósitos que La Moraleja SA tenía en el Banco Macro, de Buenos Aires. El juez Ruz pidió el pasado 25 de septiembre a las autoridades argentinas que bloqueasen los saldos de dichas cuentas. En este caso, la justicia del país sudamericano sí ha accedido a la medida. 

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EL JUEZ REGISTRA SUCURSALES DE BANKINTER Y SABADELL BUSCANDO DINERO DE LA GURTEL

Ruz registra sucursales de Bankinter y Sabadell en busca de 1,6 M de la Gürtel

El magistrado quiere aclarar de dónde procede el dinero ingresado en febrero de 2008 en una cuenta de Alberto López Viejo, exconsejero del gobierno de Esperanza Aguirre, y sobre cuyo origen de contradice la documentación remitida por ambas entidades.

Enorme enfado del juez Pablo Ruz y de las dos fiscales del caso Gürtel con los bancos. Y, más en concreto, con Bankinter y Sabadell. Funcionarios del Juzgado Central de Instrucción número 5, miembros de la Agencia Tributaria y agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía registran desde primeras horas de esta mañana la sede principal y dos sucursales de la primera de estas entidades bancarias y una oficina de la segunda, todas ellas en Madrid. El objeto es determinar el verdadero origen de 1,6 millones de euros que acabaron siendo transferidos a una cuenta que poseía uno de los imputados en la causa, Alberto López-Viejo, exconsejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y, para muchos, su 'delfín'.

Asi aparece recogido en un auto dictado esta mañana y en el que recoge la petición del Ministerio Público después de que la documentación remitida por ambos bancos sobre el origen y destino de esta elevada cantidad de dinero fuera contradictoria. Según el escrito judicial, al que ha tenido acceso este diario, el magistrado ordena en un primer momento que los agentes se personen en las entidades para solicitar la documentación de tres cuentas a nombre del exdirigente 'popular' madrileño y, en el caso de que los empleados de las sucursales no los faciliten, iniciar el registro de las sedes. La orden fija entre las 8:30 de la mañana de hoy y hasta las nueve de la noche el tiempo para realizar la diligencia.

El juez pretende aclarar los detalles sobre un ingreso realizado el 21 de febrero de 2008 en una de las cuentas que López Viejo tenía entonces en el Bankinter y que, según la documentación remitida en su día por esta entidad, tenía su origen en "una operación de extranjero". Sin embargo en un escrito fechado el pasado 5 de septiembre, este banco aseguró que en realidad el movimiento se había producido "entre cuentas del mismo titular" y que por ello en su día no alertó de que fuera una operación sospehosa al Banco de España. En aquel escrito, la entidad modificaba también el número de la cuenta en el que se había realizado el ingreso y situaba el origen en una del Banco Sabadell situada en la madrileña Gran Vía.

Uno o dos titulares

Once días después, era esta última entidad la que justificaba dicho movimiento y confirmaba, en apariencia, los datos facilitados por sus colegas sobre la operación. Sin embargo, la Fiscalía siguió encontrando incongruencias en la nueva documentación aportada, sobre todo cuando se comparaba con la que en 2011 había remitido Bankinter de la cuenta en la que ahora decían se había hecho el ingreso. De hecho, según el listado de movimientos de dicho depósito habían finalizado en 2005, es decir, tres años antes de la llegada de los 1,6 millones. Además, también había divergencias sobre la titularidad de la misma. En 2010 informaron al juzgado que era del exconsejero madrileño y de su esposa, Teresa Gabarra, también imputada, y en los últimos datos hablaban sólo del político.

Por todo ello, las fiscales del 'caso Gürtel' solicitaron ayer jueves al juez Ruz la entrada en la sucursal que el Sabadelltiene en la Gran Vía de Madrid, donde está domiciliada la cuenta de la que supuestamente partió el dinero, y en las oficinas centrales de Bankinter así como en dos de sus sucursales, las de las calles General Perón y Caleruega, también de la capital, con el objeto de "requerir toda la documentación relacionada con la operación" de los 1,6 millones de euros. El magistrado ha accedido a ello este mismo viernes.

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ANTICORRUPCION SE OPONE AL JUEZ RUZ PARA QUE CITE A AGUIRRE EN EL CASO GURTEL

Gürtel.- Anticorrupción se opone a que Ruz cite a Aguirre aunque no descarta que sea testigo en el juicio


   La Fiscalía Anticorrupción ha emitido un informe en el que se opone a que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cite a declarar como testigo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, en la causa que investiga la adjudicación fraudulenta de contratos a empresas de la trama 'Gürtel'.

   En fuentes fiscales se ha explicado a Europa Press que la citación de la expresidenta y actual presidenta del PP de Madrid no se considera necesaria en el momento actual del procedimiento, si bien el Ministerio Públiuco no se opondrá a que Aguirre sea llamada como testigo una vez que se abra juicio oral por estos hechos.

   La peitción para que Aguirre compareciera fue realizada el pasado mes de julio por el PSM, que se ha personado en la causa, al entender esta parte que la expresidenta regional "debía tener conoceimiento directo, cuando no participación, de la forma en que se contrataban las empresas de sus actos" públicos.
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EL JUEZ PIDE AL BANCO SANTANDER TODOS LOS DOCUMENTOS CON LA FIRMA DE LAPUERTA

Ruz pide al Santander todos los documentos con la firma de Lapuerta



  El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado al Santander que en el plazo de cinco días aporte "todos aquellos documentos originales en los que obre la rúbrica, completa o parcial", que el extesorero del Partido Popular (PP) Álvaro Lapuerta "hubiera extendido en su condición de tesorero" de la formación para "la formalización de cualquier producto financiero".

   En una providencia a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado, que investiga la supuesta contabilidad B del PP, solicita a la entidad financiera que le remita, en concreto, el documento con el que se cerró la concesión de un préstamo hipotecario concedido al partido.

   Pretende de esta forma obtener "otros documentos de carácter indubitado" para ampliar la prueba pericial caligráfica a la que fue sometido Lapuerta y cotejar sus rúbricas con las que aparecen en los denominados 'papeles de Bárcenas', que el extesorero aportó al juez el pasado 15 de julio.

"SECUELAS NEUROPSÍQUICAS"

   El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que mantiene imputado a Bárcenas, Lapuerta y ocho supuestos donantes, ha realizado esta petición a instancias de Javier Gómez de Liaño, abogado del extesorero del PP desde que cambió de estrategia procesal y admitió la veracidad de los manuscritos contables.

   Además, el juez ha unido a las actuaciones el informe médico forense efectuado por el Instituto de Medicina Legal el pasado 24 de septiembre en el que se indicaba el dirigente 'popular', de 86 años, que no está en condiciones  de declarar debido a las "secuelas neuropsíquicas" que sufre, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

   Los especialistas examinaron el pasado 13 de septiembre al extesorero para certificar si reunía el estado de salud necesario para afrontar una nueva declaración en la pieza separada del 'caso Gürtel' en la que se investiga la contabilidad B del PP.  EN COMA POR "DOS EXTRAÑAS CAÍDAS"

   Lapuerta estuvo 14 días en coma y quedó "impedido" tras sufrir lo que sus hijos definieron en un comunicado como "dos extrañas caídas" en la puerta de su domicilio.

   El extesorero declaró ante el juez el pasado 21 de marzo y negó la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular y afirmó que jamás vio ningún tipo de papel que lo sustentara.

   Durante su comparecencia ante el juez Ruz, mantuvo la misma versión que ofreció en otra declaración anterior, prestada en febrero ante el fiscal Anticorrupción Antonio Romeral e insistió en que la financiación del partido en el Gobierno cumple la ley y no existen unas cuentas en negro.
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DENUNCIAN AL JUEZ RUZ POR INCUMPLIR LA LEY, EN EL CASO DE LA QUERELLA ARGENTINA

Los abogados de la querella argentina denuncian que el juez Pablo Ruz incumple la ley

Los abogados de la querella argentina contra los crímenes del franquismo han emitido hoy un comunicado en el que denuncian que el juez de la Audiencia Nacional española Pablo Ruz «incumple la normativa aplicable» por negarse a detener a los dos torturadores vivos que reclama la juez argentina.

Según han denunciado a través de un comunicado los abogaos de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, el expolicía Juan Antonio González Pacheco, alias ‘Billy el Niño’, y el antiguo guardia civil golpista Jesús Muñecas Aguilar deberían de haber sido arrestados y puestos a disposición del juez en un plazo no superior a 24 horas.

Sería entonces cuando el magistrado, en este caso Pablo Ruz, tomaría una decisión sobre los dos represores reclamados por la juez Servini, y se la comunicaría a su colega en Buenos Aires, quien podría comenzar el trámite de extradición. En lugar de esto, el juez del tribunal de excepción esperará hasta la solicitud de entrega para citarles a declarar.

«Confiamos en que, cuando se curse la solicitud de extradición por parte del juzgado argentino, los imputados se encuentren a disposición de la justicia y que la Audiencia Nacional adopte cualquiera de las dos decisiones que en Derecho corresponden: el enjuiciamiento de los imputados en España o su extradición a Argentina. Cualquier otra decisión implicará dejar aún más en evidencia, nacional e internacionalmente, que el lugar en el que los imputados cometieron sus crímenes se ha convertido en el único refugio que tienen en el mundo ante la actuación de la justicia», indican los abogados.

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IZQUIERDA UNIDA SOLICITA AL JUEZ RUZ LA IMPUTACION DE ACEBES Y ALVAREZ CASCOS

Izquierda Unida solicita a Ruz la imputación de Acebes y Álvarez Cascos




  Izquierda Unida, personada en la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la imputación de los ex secretarios generales del partido y exministros Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, según se desprende de un escrito de la formación al que ha tenido acceso Europa Press.

   La acusación popular pide además la imputación de trece nuevos empresarios sospechosos de haber efectuado donaciones a los 'populares', tras analizar la última documentación presentada por el extesorero del PP Luis Bárcenas.
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EL JUEZ RUZ QUIERE CITAR A RAJOY

La citación de Rajoy y las otras diez decisiones pendientes del juez Ruz

El instructor retoma este lunes la investigación de los 'papeles de Bárcenas' con el presidente del Gobierno señalado por su propia número dos. Rato, Trillo, Blesa o Arriola podrían desfilar ante el magistrado

Citar o no a Rajoy. El juez Pablo Ruz comienza este lunes a deshojar la margarita de la decisión más relevante --al menos desde el punto de vista político-- que tiene sobre la mesa en la investigación de los 'papeles de Bárcenas', en la que indaga si es cierta la contabilidad B del Partido Popular que documentó durante años su extesorero.

La petición de comparecencia de Rajoy como testigo fue formulada por primera vez por dos acusaciones populares a mediados de julio, después de que Luis Bárcenas cambiara de estrategia y admitiera ante el juez ser el autor de los papeles, donde se recoge que el hoy presidente del Gobierno cobró sobresueldos por valor de 328.000 euros en dinero negro entre 1997 y 2008. De viva voz, el extesorero dijo al juez que dió además a Rajoy dos sobres con un total de 45.000 euros --también en B-- en 2009 y 2010. En total, 373.000 euros.

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE) y el sindicato Manos Limpias, sendas acusaciones populares en la causa, han pedido la citación de Rajoy como testigo, lo que sigue pendiente en la mesa del juez y a falta de informe de la Fiscalía Anticorrupción.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, declaró en julio que la postura sobre una declaración de Rajoy la adoptarían los fiscales del caso "con absoluta autonomía" y conforme a los "objetivos realistas del proceso". No obstante, aclaró que en los procesos judiciales se investigan "hechos presuntamente delictivos", pero "las responsabilidades de tipo ético, moral, político o de cualquier otra cosa, quedan fuera".

Posteriormente, el pasado 14 de agosto, ha sido la propia número dos de Rajoy en el partido, María Dolores de Cospedal, la que ha puesto el foco sobre su jefe de filas al afirmar que la salida de Bárcenas, incluido el pago al extesorero de una indemnización por despido 'en diferido', se pactó por Rajoy, en una reunión con el extesorero, la mujer de éste y Javier Arenas. De Cospedal también dijo que el cargo de tesorero depende directamente del presidente del partido, y no de la secretaria general. Traducido: que lo de Bárcenas es un problema de Rajoy.

Tras este testimonio, los abogados de Izquierda Unida --autor de la querella que dió inicio al proceso-- y la representación del PSOE han adelantado que se plantean también pedir que Rajoy declare ante el juez como testigo.

Incluida la citación de Rajoy, estas son las once decisiones pendientes de mayor urgencia que tiene el juez Pablo Ruz:

-- 1.- Declaración de Rajoy. Según los papeles de Bárcenas, empezó a cobrar sobresueldos del PP desde 1997, tras incorporarse al Gobierno de José María Aznar. El sistema de donaciones ilegales y pago de sobresueldos en B siguió durante su mandato como presidente del partido a partir de 2004. Según De Cospedal, participó en la reunión con Bárcenas en la que se habría pactado su extraña salida del partido en la que cobraba nónimas y estaba dado de alta en la Seguridad Social como cualquier empleado, pero en realidad --según el PP-- estaba percibiendo un finiquito 'diferido'

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EL JUEZ RUZ, REVISARA LAS CONTRADICCIONES ENTRE ANGEL SANCHIS Y EL DRESDNER BANK

Ruz revisará las contradicciones entre Ángel Sanchís y el Dresdner Bank

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz pretende revisar las contradicciones entre el extesorero de Alianza Popular (AP) Ángel Sanchís, imputado en el caso Gürtel, y el Dresdner Bank a cuenta de la visita que el exdirigente realizó a Ginebra (Suiza) en febrero y marzo de 2009 en nombre de su amigo y antiguo responsable de las finanzas 'populares' Luis Bárcenas.

Con esta intención el magistrado ha ampliado la comisión rogatoria cursada a Suiza, la número 37 de las actuaciones, a fin de interrogar a Ágata Stimoli, la gestora de Bárcenas en el Dresdner Bank, en el que llegó a acumular unos fondos de 22 millones de euros en 2007, y a los empleados bancarios que atendieron a Sanchís.

Mediante la práctica de estas nuevas diligencias el juez instructor pretende esclarecer las visitas que Sanchís realizó en febrero y marzo  de 2009 a la sede del banco, que sospecha que tuvieron el objetivo de ayudarle a blanquear tres millones de euros. El extesorero de AP, sin embargo, justifica su actuación como la recepción de un supuesto préstamo que le concedió Bárcenas.

Ruz requiere ahora al Dresdner Bank que facilite los datos, la identidad y el cargo de las personas que recibieron e informaron al extesorero de AP en las reuniones celebradas el 20 de febrero y el 10 de marzo de 2009 con el objeto de proceder a su posterior citación como testigos. En este marco, interesa el interrogatorio de Ágata Stimoli por ser una de las empleadas que informó a Sanchís en la reunión de febrero de 2009.

Inversiones conjuntas

Cuando se hizo público en España el contenido de la comisión rogatoria   suiza y se supo que el extesorero de AP había ido a Ginebra para ver la cuenta de Bárcenas, Sanchís afirmó en declaraciones a varios medios de comunicación que únicamente comprobó el estado de la cuenta y que su visita no tenía nada que ver con su empresa La Moraleja, dedicada a la producción de limones en Argentina.
Luis bárcenas Sin embargo, las notas de control interno de los trabajadores del Dresdner Bank ponían de manifiesto que el 20 de febrero de 2009 Sanchís les comunicó que Bárcenas había decidido "invertir en bienes inmobiliarios y también en las empresas de producción en Argentina (producción de limones con una distribución industrial grande) y Brasil (producción de maderas preciosas)". "Empresas que pertenecen a su amigo Angel Sanchís", señalaba uno de los apuntes.

En una de esas notas se hacía constar que durante la entrevista con los gestores Sanchís llamó a Bárcenas y éste confirmó por teléfono lo que estaba diciendo su amigo. El extesorero de AP también preguntó en el banco suizo "cuáles serían las modalidades de proceder a la liquidación total o parcial de la cartera y los fondos de retiro", ya fuera "en efectivo o mediante transferencia bancaria".

De igual modo, la documentación del Dresdner Bank revela que el amigo de Bárcenas anunció que este tenía la intención de "liquidar parte o la totalidad de su cartera" y que daría instrucciones para la transferencia posterior de los fondos. Según un informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que obra en la causa, todos estos movimientos empezaron a raíz de las detenciones que se produjeron en el marco de la operación Gurtel.

A partir de entonces, según los investigadores, las entidades bancarias donde el extesorero tenía depositadas las cuentas de la Fundación Sinequanon comenzaron a realizar notas de "control interno" en relación con la "implicación" de quien ellos llamaban "el cliente", en referencia a Bárcenas, en un "caso de corrupción en España".

Estudio sobre Bárcenas

Tras la visita de Sanchís, el Dresdner Bank decidió hacer un estudio "más profundo" del cliente y revisar sus "cuentas off/shore", es decir, en paraísos fiscales. En una nota interna del 4 de marzo de 2009 se hacía constar que la persona con la que trabajaba Bárcenas, Ágata Stimoli, encuentra en la prensa española varios artículos sobre la "implicación del cliente en un caso de corrupción en el PP en España donde el cliente es actualmente tesorero".

La citada nota apuntaba que el sumario era instruido por el juez Baltasar Garzón, que es "muy conocido en España por ser duro con los casos de corrupción".

Según el informe de la UDEF, tras estas visitas Bárcenas trató de ocultar sus fondos, nombró como apoderado a Iván Yáñez y ordenó la salida de 3,5 millones de euros con destino a las empresas Brixco y Lidmel, con cuentas en Estados Unidos, y el resto de los fondos a la sociedad Tesedul.
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EL JUEZ RUZ TRASALADA EL CASO COSPEDAL-BARCENAS, AL TRIBUNAL DE CASTILLA LA MANCHA, YA HAY POCAS DUDAS

Ya hay pocas dudas: Ruz enviará al TSJCM la supuesta mordida de los 200.000 euros

El PP de Castilla-La Mancha está “encantado” de que el juez de la AN decida hacer una pieza separada sobre la comisión que según Bárcenas cobró Cospedal

La mayoría de los abogados de la acusación popular están convencidos de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el celebérrimo Pablo Ruz, hará una pieza separada del “caso Bárcenas” referente a la supuesta mordida de 200.000 que el PP de Castilla-La Mancha, presidido por María Dolores Cospedal, cobró de la empresa Sacyr por la concesión de la recogida de basuras de la ciudad de Toledo (70 millones de euros) cuando los “populares” gobernaban en el ayuntamiento capitalino, según el “recibí” presentado en sede judicial por el extesorero

Políticos aforados

Pieza que corresponderá enjuiciar al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), ya que entre los mencionados por Luis Bárcenas, además de la presidenta del Gobierno de Toledo y secretaria general del PP, se encuentra también el presidente del Parlamento castellano-manchego, Vicente Tirado, señalado directamente por el extesorero de Génova como supuesto mullidor de la mordida, algo que él niega por activa y por pasiva, y que por su condición de aforados solo pueden ser juzgados por un alto tribunal, bien sea autonómico o Supremo.

Preguntas “impertinentes”

Y decimos que hay pocas dudas porque Ruz no ha vuelto a tomar ninguna iniciativa más sobre este caso. Han transcurrido diez días desde que le dijese al abogado Gonzalo Boye que sus preguntas a Cospedal sobre la trama manchega de los 200.000 euros eran “impertinentes”, según reconoció el letrado a ELPLURAL.COM, y en este tiempo el juez  no ha dictado ninguna providencia ni auto ni ha informado a la Fiscalía sobre cuestiones que atañen al caso, así que la supuesta mordida caerá en manos TSJCM

Los magistrados del TSJCM, con Vicente Rouco a la cabeza.

¿Quién juzgará la trama manchega?

En el caso más que probable que la supuesta mordida de 200.000 euros llegue al Alto Tribunal manchego será la Sala de lo Civil y Penal la encargada enjuiciar la trama ya que es la que entiende de las causas contra los ciudadanos aforados y de la instrucción y fallo de las causas abiertas contra jueces, magistrados y miembros del Ministerio Fiscal por delitos o faltas cometidos en el ejercicio de su cargo, siempre que esta atribución no corresponda al Tribunal Supremo.

¿Quién preside la Sala de lo Civil y Penal?

Según la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, la  Sala de lo Civil y Penal está presidida por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, esto es, Vicente Rouco, uno de los familiares que “forma el trío de sobrinos” del cardenal Antonio María Rouco Varela, como recoge en sus páginas “Los Genoveses”. El también presidente de la Conferencia Episcopal, además de un juez, tiene en su línea directa familiar al obispo de Lugo, Alfonso Carrasco Rouco, y a la “stripper” Magdalena Rouco, protagonista de un desnudo en la portada de la revista Interviú. Y es que, como dicen “Los Genoveses”, el arzobispo de Madrid siempre tiene un sobrino a mano.

¿Quién es Vicente Rouco?

El sobrino del neocatecumenal  cardenal madrileño está próximo a la asociación conservadora de la magistratura, cuenta con una amplia experiencia y ha sido juez de vigilancia penitenciara de varias provincias. Este es su segundo mandato al frente del Alto Tribunal castellano-manchego y mantiene relaciones “cordiales”, según sus compañeros, con la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, a quien cedió su bastón de mando en el desfile del Corpus toledano de 2011, primero en el que participaba la también secretaria general del PP.

Paseíllo de testigos

Si la Sala presidida por Rouco, e integrada por otros dos magistrados, decide admitir la causa enviada desde la Audiencia Nacional no le quedará otro remedio que volver a llamar a declarar a Cospedal, en esta ocasión, incluso, como imputada, además del presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado. Esto en cuanto a testigos o imputados aforados, pero también Vicente Rouco tendrá que reclamar la presencia del propio Bárcenas, del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, y de su segundo en el Ayuntamiento, Lamberto García Pineda; del gerente del PP en Castilla-La Mancha, José Ángel Cañas, así como de los máximos responsables de Sacyr en 2006-2007, Luis del Rivero, y del consejero delegado de Sufi, Manuel Manrique. Componentes de todo un paseíllo que el PSOE, liderado por Emiliano García-Page, ya ha anunciado su personación en el caso y ha pedido también la imputación de alguno de ellos.

La cercanía de los tribunales autonómicos

Y es normal que el PP esté contento porque el caso de los 200.000 euros recaiga definitivamente en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, porque no es lo mismo sentarse en el banquillo de los imputados o testigos de la Audiencia Nacional que hacerlo en la sede albaceteña del Alto Tribunal manchego. Así también lo entendieron en su día Francisco Camps, juzgado y absuelto por el tribunal valenciano, por ahora, del llamado “caso de los trajes”, cuyo presidente era “algo más que amigo” del expresidente de la Generalitat de Valencia, o el propio Bárcenas que, asombrosamente, vio archivada su causa (luego reabierta por la AN) por el magistrado del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, quien “no supo” apreciar los indicios que había contra el ex senador y ex tesorero del PP por los presuntos delitos de cohecho, fraude fiscal y blanqueo de capitales

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RUZ TRASLADARA LA CAUSA DE COSPEDAL, A UN SOBRINO DE ROUCO VARELA, PRESIDENTE DEL T.S.J. DE CASTILLA LA MANCHA

La trama manchega del 'caso Bárcenas' podría acabar en manos de un sobrino de Rouco Varela

El juez instructor del ‘caso Bárcenas’, Pablo Ruz, podría abrir en los próximos días una nueva pieza separada sobre el presunto pago de 200.000 euros del expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, al PP de Castilla-La Mancha. Según afirman diversos medios, de ser así, podría trasladar la causa al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad, que preside Vicente Rouco Rodríguez, sobrino del cardenal Antonio María Rouco Varela.

De hecho, según afirman fuentes jurídicas, el juez Ruz no habría dejado interrogar a la secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, el pasado miércoles, acerca de este supuesto pago porque el magistrado ya estaba estudiando una resolución para determinar qué juzgado se hace cargo de este presunto delito, algo que despertó las críticas airadas de los abogados de la acusación del ‘caso Bárcenas’. 

Ruz sí que preguntó a la también presidenta de Castilla-La Mancha por la mencionada comisión. Cospedal respondió que desconocía el cobro por parte de su partido de ese dinero. Pero tras esta contestación, Ruz dio por zanjado el tema y rechazó cualquier cuestión al respecto por parte de la acusación.

Luis Bárcenas ha acusado a Cospedal de haber recibido varios pagos en negro entre 2009 y 2010. El extesorero, según su versión, le entregó el dinero al liquidar la ‘caja b’ del partido. Gran parte de los ingresos de esa contabilidad opaca procedía, según Bárcenas, de las donaciones irregulares de empresarios al PP, pero el extesorero aclaró que esos donativos nunca se habían concedido a cambio de una adjudicación pública, salvo uno en Castilla-La Mancha en 2007. 

Se trata de un pago de 200.000 euros supuestamente entregado por el expresidente de Sacyr al PP de Castilla-La Mancha para la campaña electoral de Cospedal, después de que una filial de la constructora (Sufi) se hiciera con el servicio de limpieza del Ayuntamiento de Toledo.
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RUZ CITA A DECLARAR A LAS SECRETARIAS DE BARCENAS Y LAPUERTA

Ruz cita como testigos a las secretarias 

de Bárcenas y Lapuerta

El juez Ruz, encargado del llamado caso Bárcenas, ha citado a declarar como testigos a las que fueron secretarias de los extesoreros del PP Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, asi como a los tres miembros del Departamento de Auditoría Interna de la formación política.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado a declarar como testigos a las que fueron secretarias de los extesoreros del PP Alvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, así como a los tres miembros del Departamento de Auditoría Interna de la formación política. Los cinco testigos están citados para el próximo 10 de septiembre.

En esa misma resolución, el instructor del 'caso Bárcenas' también ha citado para ese día a los funcionarios de la Policía para ratificar el informe pericial elaborado sobre la memoria USB aportada por Luis Bárcenas y en la que constaban diversos pagos en B desde el Partido Popular. Asimismo, Ruz ha pedido a la mayor brevedad la transcripción de las declaraciones en soporte documental de Dolores de Cospedal, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos para responder cuanto antes a las solicitudes de las acusaciones de nuevas comparecencias.

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EL JUEZ YA TIENE LA VERACIDAD DE 55 APUNTES DE LA CONTABILIDAD B DEL PARTIDO POPULAR

El juez tiene ya acreditada la veracidad de 55 apuntes de la contabilidad b

Los pagos y donativos anotados se elevan a 1,7 millones a lo largo de 15 años

• Cospedal se desmarca de las cuentas del PP y del trato dado a Bárcenas
• Los estatutos del PP dan a Cospedal la dirección de “todos los servicios”

ara la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, la contabilidad paralela que Luis Bárcenas, extesorero del partido, confeccionó durante 20 años es la suma de un montón de mentiras. Para sus antecesores en el cargo, Javier Arenas y Francisco Álvarez-Cascos, también. Pero desde la publicación de los papeles, la investigación abierta en la Audiencia Nacional por el magistrado Pablo Ruz ha acreditado la veracidad de al menos 55 apuntes que suman pagos o donaciones por 1,7 millones de euros.

Se trata de anotaciones distribuidas a lo largo de 15 años, en el periodo que va de 1990 a 2008, y que han sido confirmadas bien por las pruebas aportadas al juez, bien por los testigos que han admitido ser receptores de dinero, o bien por documentos entregados por el propio Bárcenas. Muchas otras, en especial las supuestas donaciones por parte de empresarios que contrataban con la Administración, fueron negadas taxativamente por los aludidos.

El último en confirmar que cobró sobres en efectivo ha sido el gerente del PP entre 2009 y 2010, Cristóbal Páez, que también dijo haber custodiado documentos de Bárcenas. En los papeles del extesorero constan dos apuntes de 6.000 euros en los años 2007 y 2008 que fueron corroborados por Páez. Según él, fue otro extesorero, Álvaro Lapuerta, quien le entregó el dinero negro en un sobre y en billetes de 500. Él no declaró estos ingresos extraordinarios a Hacienda.

Donaciones anónimas

Son la parte del león en los papeles. La instrucción ha verificado que una parte de las donaciones ilegales que Bárcenas apuntaba en su cuaderno acabaron siendo ingresadas en una sucursal del Banco de Victoria (después Banesto) de forma fraccionada, de modo que nunca superaban el límite legal de 60.000 euros que marcaba la ley. Bárcenas llegó a hacer hasta 56 ingresos troceados por valor de 1,3 millones.

Sobres para cerrar la consulta médica

En la contabilidad b del extesorero figuran pagos al exdiputado Calixto Ayesa entre 1990 y 1995, entregados por el también exdiputado Jaime Ignacio del Burgo como intermediario entre el partido y Ayesa. Ayesa formó parte del Gobierno de Navarra tras un acuerdo con el PP. Para incorporarse tenía que cerrar su consulta médica y el partido decidió enviarle periódicamente una compensación. “Cuando el señor Del Burgo, en nombre del PP, me pide que sea consejero del Gobierno de Navarra, yo le digo que no porque tengo una situación patrimonial complicada, acabo de pagar un crédito de UCD y encima tengo que cerrar la consulta \[médica\] con tres hijos en la universidad. Era inviable”, reconoce Ayesa ante el juez. “Le planteo que no puedo ser consejero con esas condiciones. Y me dice, ya hablaré yo con ellos”. La gestión fructificó en forma de pagos que Del Burgo recogía en Madrid y llevaba a Navarra. “Me llamaba y me decía: te he traído un dinero. Cogía, iba, hablábamos de mil cosas y nunca comentamos los detalles de la operación”, explicó Ayesa. Ignacio del Burgo también figura en los papeles de Bárcenas en 2001 como receptor de 3.000 euros. Se acreditó que estos fondos fueron entregados a la concejala de UPN de Villaba Elena Murillo Gay, cuya vivienda había quedado destrozada tras un atentado de ETA.

 “Solo recuerdo que me dieron dinero”

En julio de 1999 Bárcenas apunta en su cuaderno la cantidad de dos millones de pesetas (12.000 euros) tras esta reseña: “Entrega a Álvaro Lap. (País Vasco) para Abascal”. Se trataba de Santiago Abascal Escuza, por aquella época juntero (miembro del Parlamento provincial) del PP en Álava, que estuvo en la diana de ETA durante varios años. “No recuerdo nada de todo aquello, solo que me dieron el dinero”, admitió.

Víctimas de ETA

Encarna Oviedo, viuda de Francisco Cano, asesinado por ETA, reconoció haber recibido del Partido Popular 18.000 euros tras el asesinato de su marido, Francisco Cano, concejal en el Ayuntamiento de Viladecavalls (Barcelona), en el año 2000. El pago se hizo pocos meses después del asesinato del concejal como ayuda económica para la viuda y sus dos hijas adolescentes.

El préstamo a Pío García Escudero

El presidente del Senado afirmó ante el juez Ruz que el partido le concedió un préstamo de 24.000 euros en el año 2000 para realizar obras en su domicilio, dañado por un atentado de ETA. Lo devolvió en talones y cree recordar que se los entregó a Álvaro Lapuerta. Nunca pidió ni le dieron un recibí, ni por el préstamo ni por las devoluciones. En los papeles de Bárcenas, sin embargo, solo figura la mitad del importe recibido por García Escudero.

Campaña electoral gallega

El exsecretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo, que fue encarcelado por su relación con la trama Gürtel, avaló otro de los apuntes: una devolución de 21 millones de pesetas (126.212 euros) en efectivo que hizo en nombre del PP gallego al extesorero del Partido Popular Álvaro Lapuerta en mayo de 1999.

Actos benéficos

La Fundación Humanismo y Democracia, de la que es patrono el diputado por Jaén Eugenio Nasarre, recibió 70.000 euros que fueron reflejados en la contabilidad paralela que llevaba el extesorero. Fue en dos entregas. La primera, de octubre de 2003, recibida por Nasarre en un sobre en el despacho de Álvaro Lapuerta y en presencia del entonces gerente, Luis Bárcenas. La segunda cantidad, según reconoció Nasarre, la recibió José Ramón Pin, exconcejal del PP de Madrid y también patrono de la fundación. Según letrados presentes en el interrogatorio a Nasarre celebrado el 20 de mayo, admitió que el dinero se cobró en metálico y se ingresó en la caja fuerte de la fundación haciendo figurar en la contabilidad de la misma un “donativo anónimo”. <CO>La organización pacifista vasca Basta Ya recibiría otra aportación de 3.000 euros del partido.

La esposa de Bárcenas

El grupo de comunicación de Federico Jiménez Losantos, Libertad Digital, recibió una inyección de fondos procedente del PP en 2004, según la declaración de Bárcenas. La operación consistió en la compra de acciones del grupo por parte de varias personas afines al extesorero, entre las que se encontraba su mujer Rosalía Iglesias. Después, la caja b del partido reembolsaría el dinero a los inversores. De este modo, Iglesias vio compensada la compra de 1.360 títulos del grupo de comunicación por un valor de 149.600 euros.

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