INFORMACION TOTALAMENTE ACTUALIZADA

Mostrando entradas con la etiqueta imputacion. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta imputacion. Mostrar todas las entradas

martes, 7 de enero de 2014

EL JUEZ CASTRO IMPUTA A LA INFANTA CRISTINA


El juez dice que la infanta participó en las maniobras de Aizoon para repartir beneficios a espaldas de Hacienda

  • El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca imputa a la hija del rey por un delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según las fuentes consultadas por infoLibre
  • El magistrado califica de “inadmisible” que se pretenda aplicar un especial cuidado a la citación de personajes públicos y remacha que llame a la hija del rey para preguntarle por los manejos de la sociedad que posee al 50% no hace “tambalear los pilares del Estado de Derecho”


La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, en una imagen tomada el pasado septiembre.  EP

El juez Castro atribuye a la hija del rey un delito contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales, según el contenido del auto hecho público este martes. 

Tal y como ha adelantado infoLibre, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca solicitó a todas las partes en la causa que se pronunciaran sobre la posible citación de la Infanta en calidad de imputada y recibió los informes correspondientes antes de tomar un descanso navideño, que ha tomado entre el pasado 18 de diciembre y hasta fin de año. 

El magistrado la ha citado para el 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, de manera que habrá tiempo más que suficiente para que la Audiencia de Palma pueda resolver los previsibles recursos.

El auto por el que el juez José Castro cita como imputada a Cristina de Borbón por delito fiscal y blanqueo sostiene que la hija del rey participó junto con su marido en una estrategia contable dirigida a obtener beneficios “opacos” para Hacienda a través de la empresa Aizoon SL, cuya propiedad comparten al 50% cada uno de los cónyuges. Castro subraya cómo Aizoon pasó a tener un remanente de 151 euros en 2003 a acumular 953.323 euros en 2009 gracias a que jamás repartió dividendos. El juez lanza un aviso: llama a la infanta como haría con cualquiera en circunstancias idénticas porque resultaría “inadmisible” adoptar precauciones especiales por tratarse de la hija del rey. Qué hará la Fiscalía, que se ha venido oponiendo a la imputación como ya hizo en marzo pero reacia ahora a recurrir, es la gran incógnita del momento. Fuentes jurídicas consultadas creen que, a diferencia de lo sucedido en primavera, la Audiencia de Palma revalidará esta vez la imputación de la infanta. Dadas las características del asunto resulta, no obstante, aventurada cualquier afirmación tajante.

De haber distribuido beneficios alguna vez, sus titulares, Iñaki Urdangarin y la infanta, habrían visto incrementada su cuota en la declaración de IRPF. Optaron, según el juez, por otra vía: camuflar el reparto de beneficios como gastos de la empresa que en realidad eran estrictamente personales, desde la reforma del palacete de Pedralbes a numerosos viajes privados y fiestas familiares. Aizoon, razona el magistrado, tenía derecho a no repartir dividendos entre sus dos únicos socios. Pero, “lo que no es permisible (…) es llevar a cabo un reparto fáctico, fiscalmente opaco de dividendos sobre la base de disposición de fondos de Aizoon SL para atender gastos estrictamente personales”.

Esa maniobra, concluye el juez, posee “un doble efecto fiscal defraudatorio”: cada uno de los miembros del matrimonio pagó menos en su declaración de IRPF y también abonó menos impuestos de sociedades Aizoon SL al computar gastos ficticios. Entre estos, Castro incluye los 69.990 euros de facturas cruzadas con sociedades de Diego Torres y que Hacienda sí computa a efectos de gastos deducibles para Aizoon en 2007. De no haberlos computado la Agencia Tributaria, con la que el juez exhibe su abierto desacuerdo, el fraude de la sociedad habría superado ese año los 120.000 euros, umbral a partir del cual se considera que hay delito fiscal.

Anticorrupción calcula que Aizoon contabilizó como gastos deducibles otros que eran personales y por importe cercano al millón de euros, por lo que exigirá a la infanta que devuelva la mitad. El juez entiende que no basta con considerarla, a priori, mera partícipe a título lucrativo. En su auto, menciona un episodio menor en cuanto a relevancia penal pero indicativo del grado de conocimiento que, a su juicio, tenía la infanta de todo lo relacionado con Aizoon: de lo dicho por testigos, se desprende que ella misma participó en la contratación de una empleada de hogar para el palacete y a la que se ofreció pagar “en negro”aunque finalmente la contrató Aizoon cuando la empleada advirtió de que necesitaba un contrato para obtener el permiso de residencia.

Entre los motivos que el juez Castro enumera en su auto para apoyar la imputación figura uno especialmente relevante: la creación Aizoon Sl tenía por objeto crear "un escudo" frente a Hacienda.

El magistrado introduce un aviso a navegantes, entre los cuales sitúa de manera implícita no solo a los abogados de la infanta sino también al fiscal Pedro Horrach, que se ha venido oponinedo a la imputación. Según el juez, resulta “inadmisible que se pretenda adornar la convocatoria de personajes públicos, especialmente aquellos vinculados a instituciones centrales del Estado, de un especial cuidado a la hora de valorar la solidez de los posibles indicios que hipotéticamente habrían de conducir a su convocatoria, tal como se ha llegado a argumentar”.

En esa misma línea, Castro recalca que a nadie “debiera escandalizar” que llame a la infanta para preguntarle qué sabe de los manejos contables y tributarios de Aizoon SL. En réplica directa a Hacienda y al fiscal Horrach, que sostienen que las ilegalidades perpetradas a través de esa empresa son solo atribuibles a Iñaki Urdangarin, el juez introduce un párrafo con alcance de misil: “Para saber si estas apreciaciones serán o no ciertas habrá que esperar al resultado que arroje la instrucción pero a priori y sin más no pueden ser compartidas por este juzgado, que no cree hacer tambalear los pilares del Estado de Derecho, más bien todo lo contrario, por que se pretenda preguntar por los pormenores de tales hechos a quien era partícipe al 50% de Aizoon SL, esposa del titular del resto del capital social, que tenía el domicilio social en el suyo propio y que además se lucró cuando menos en la mitad del importe defraudado”

FUENTE

viernes, 13 de diciembre de 2013

ESPAÑA: EL SINDICATO MANOS LIMPIAS PIDE LA IMPUTACION DE LA INFANTA


Manos Limpias pide la imputación de la Infanta

El sindicato alega que Aizoon fue constituida como "hucha común del matrimonio" con el objetivo de generar un patrimonio "lo más abultado posible"

Infanta Cristina. | EP
El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso Nóos, ha solicitado, mediante un extenso escrito presentado este viernes ante el juez instructor José Castro, la imputación de la Infanta Cristina por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales, respondiendo de este modo a la consulta realizada por el magistrado a las partes acerca de si la hija del Rey don Juan Carlos debe ser citada a declarar como encausada.
Una vez reunidos los pronunciamientos del resto de acusaciones y defensas que planteen alegar al respecto, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma decidirá, previsiblemente a principios de enero, si acuerda la imputación de la mujer de Iñaki Urdangarin o si, por el contrario, archiva las investigaciones abiertas en torno a la Infanta.
Mediante un informe de 79 páginas, al que ha tenido acceso Europa Press, Manos Limpias desgrana las operaciones presuntamente delictivas llevadas a cabo a través de Aizoon, sociedad de la que los Duques de Palma son titulares al 50 por ciento y que se nutrió de los fondos públicos que de forma ilícita habría obtenido el Instituto Nóos. Una mercantil, según el sindicato, que fue constituida como "hucha común del matrimonio" con el objetivo de generar para los Duques un patrimonio "lo más abultado posible".
La Infanta sabía perfectamente de las ilegalidades
Tal y como arguye la entidad en su escrito, la Infanta sabía "perfectamente" de las posibles ilegalidades que se cometieron a través de Nóos con las cantidades que éste percibió de las Administraciones valenciana y balear, pese a lo cual, en lugar de "tomar precauciones, siguió disfrutando libremente" de los fondos que, desde Nóos y otras sociedades de la trama, acabaron canalizándose a las cuentas de Aizoon.
Y todo ello, sostiene, mediante constantes prácticas irregulares que revelan "un intenso ánimo defraudador por parte de ambos socios que, indudablemente, no puede ser obviado ni por supuesto ocultado". Tanto es así que, añade, "no cabe duda de que, a la luz de toda la documentación analizada por la propia Agencia Tributaria (AEAT), se pone de manifiesto la verdadera utilidad de Aizoon y cómo su operativa, enmarcada hasta 2006 dentro de una supuesta trama de entidades privadas vinculadas a su vez al Instituto Nóos, generó un enriquecimiento a sus socios".
De hecho, precisa que la sociedad originó, desde su constitución en 2003 hasta 2008, un patrimonio neto contable de un millón de euros. Y no sólo gracias a los fondos obtenidos de las instituciones públicas sino también, remarca, a la labor de asesoramiento que llevó a cabo Urdangarin y que éste facturó a través de Aizoon con el objetivo de reducir su propia tributación del IRPF. Con esta actuación, el Duque defraudó presuntamente a Hacienda, en 2007 y 2008, al menos 240.000 euros.
En este contexto, la representación procesal de Manos Limpias subraya cómo desde Aizoon se efectuaron políticas mercantiles y fiscales "totalmente irregulares y contrarias a la normativa vigente", consistentes, entre otras, en el registro de gastos no deducibles y la aplicación de incentivos fiscales a los que la empresa no tenía derecho, y "todo ello con la activa participación voluntaria de los socios, que autorizaban y ordenaban la aplicación de éstas desde el control que mantenían".
"Daños a la Hacienda Pública"
"Resulta en extremo incoherente, absolutamente inaceptable e incluso un atentado a las mínimas reglas lógicas de lo aceptable que lo inadmisible en sí aplicado a Urdangarin sea admisible para Doña Cristina", abunda al respecto la acusación popular, que recalca, de hecho, que las actuaciones fueron llevadas a cabo "de forma consciente y con pleno conocimiento por parte de ambos socios e incluso incluyendo su participación activa", puesto que estas "magnitudes económicas" hacen "difícilmente aceptable que una persona propietaria del 50 por ciento de una entidad ignore que las anteriores actuaciones son contrarias a Derecho".
"Por lo tanto, aparece una figura plenamente activa, no sólo ya del administrador de derecho sino también del otro socio, la Infanta Cristina, como administrador de hecho", prosigue el escrito, que de este modo considera "inadmisible" eximir de responsabilidad a ambos "por los daños causados al orden socioeconómico y concretamente a la Hacienda pública". Unos hechos por los que cabría considerar a la mujer de Urdangarin inductora, cooperadora necesaria o cómplice de los delitos fiscales atribuidos a su marido, según el sindicato.

sábado, 16 de noviembre de 2013

EL JUEZ CASTRO QUIERE IMPUTAR A LA INFANTA CRISTINA, PESE A LA PRESION FISCAL


El juez Castro mantiene su intención de imputar a la infanta Cristina pese a la presión del fiscal

El juez que instruye el 'caso Nóos' mantiene su criterio de imputar a la infanta Cristina pese al informe que ha hecho público la Fiscalía y que niega que la hija del Rey incurriera en ningún delito. Al contrario que el ministerio público, el magistrado considera que sí hay nuevos indicios de delito que pueden requerir la imputación de la Infanta para garantizar su defensa, afirman fuentes del proceso. 

El juez Castro mantiene su intención de imputar a la Infanta
El juez que instruye el 'caso Nóos' mantiene su criterio de imputar a la infanta Cristina pese al informe que ha hecho público la Fiscalía y que niega que la hija del Rey incurriera en ningún delito. Al contrario que el ministerio público, el magistrado considera que sí hay nuevos indicios de delito que pueden requerir la imputación de la infanta para garantizar su defensa y así lo ha expresado a su entorno, según revelan fuentes del proceso.
José Castro mantiene su calendario procesal y así se lo ha hecho saber a las partes, a las que ha reclamado que respeten los próximos pasos pendientes: 
  • Deberán remitir sus preguntas para el interrogatorio de Francisco Camps antes del sábado por la tarde, para permitir que se le remitan al expresidente valenciano el domingo. Camps se ha acogido a su derecho a declarar por escrito.
  • Esperará después al informe que todavía debe remitir la Agencia Tributaria, un informe que debe proncunciarse sobre la existencia del delito fiscal y del blanqueo de capitales a la vista de los últimos datos de las cuentas bancarias remitidas por los bancos. La Caixa ha sido la última a la que el juez ha reclamado información sobre los movimientos de esa cuentas. 
  • Después remitirá a las partes un exhorto para que se pronuncien sobre si hay o no que imputar a la infanta.
Sólo después de transcurridas al menos tres semanas, el juez tiene previsto emitir un auto en el que todavía mantiene el criterio de imputar a doña Cristina de Borbón. El juez ni siquiera considerará todavía el informe que la Fiscalía ha presentado. José Castro aseguró ayer lliteralmente que lo revisará "cuando llegue el momento".

Castro sí maneja nuevas pruebas
Pese a que el Fiscal asegura en su escrito que no hay ninguna prueba nueva contra la infanta y pese a que desmonta tanto los delitos fiscales como los de blanqueo, el juez de instrucción número tres de Palma sí aprecia indicios tanto de delito fiscal como de blanqueo. Según fuentes del proceso, Castro maneja, al menos, tres pruebas para sostener ese criterio: 
  • El auto-alquiler de la vivienda de Palma: la infanta se alquiló a sí misma el palacete de Pedralbes, según publicó el diario El Mundo, en una operación que negaría la supuesta ignorancia que defiende el fiscal y que le pondría en el centro de un posible delito fiscal. 
  • Los gastos personales que el matrimonio cargó a Aizoon: según el último informe de Hacienda la empresa que la infanta Cristina compartía con su marido pagó sus facturas personales por conceptos como cursos de coaching para directivos en el año 2007, sesiones de “animación infantil” para los hijos de los dos socios --una partida que el fisco describe como “gastos claramente pertenecientes al ámbito personal o familiar”-- y 6.800 euros en pagos a “un profesional del espectáculo” en el año 2005. Esas figuras apuntan al delito fiscal.
  • Su rúbrica en las cuentas de Aizoon: la infanta firmó las cuentas de la sociedad Aizoon como secretaria de la Junta. Eso podría convertirla en corresponsable del presuntoblanqueo de capitales que, al contrario que el fiscal, Castro no pretende agrupar al delito fiscal. 

Las presiones a Castro
 
Desde que se filtró la intención del juez de imputar a la infanta, han aflorado varias operaciones públicas que han sido descritas como presiones al magistrado por él mismo o por las partes personadas en el procedimiento.
Castro desprecia el escrito del fiscal asegurando que lo revisará "cuando llegue el momento"
Así ocurrió con las revelaciones sobre cómo el juez coincidió con la abogada de la acusación popular, Manos Limpias, en una terraza de Palma. La campaña fue especialmente significativa porque salió a la luz sólo tras la reunión con una de las acusaciones y no tras los reiterados encuentros del magistrado con los abogados de la defensa en los últimos meses, entre los que se ha incluido al abogado de Urdangarin, Mario Pascual Vives, sin que se pusiera en duda la autonomía judicial.
Lo mismo ocurre ahora, cuando el Fiscal General del Estado ha remitido a todos los medios de comunicación el informe que la fiscalía entregó al juez, incluso antes de que ese documento fuera remitido a las partes. El informe fue difundido por el Fiscal General del Estado desde Madrid 37 minutos después de que el juez lo tuviera en sus manos y antes de que las partes supieran de su existencia. Ese auto se publicó también 48 horas antes de la declaración de un testigo clave: el notario de Aizoon.

viernes, 8 de noviembre de 2013

EL FISCAL PIDE LA IMPUTACION DE LOS CONSEJEROS DE CAJA SEGOVIA


El fiscal pide la imputación de los consejeros de Caja Segovia

Quiere que expliquen por qué acordaron conceder prejubilaciones multimillonarias a los directivos de la entidad antes de su integración en Bankia



El fiscal ha pedido que se tome declaración como imputados a los miembros que formaban el consejo de administración de Caja Segovia y la comisión de retribuciones que acordaron conceder prejubilaciones multimillonarias a los directivos de la entidad, antes de su integración en Bankia, lo que está tramitando el Juzgado número 2 de Segovia, tras una denuncia de Unión Progreso y Democracia (UPyD), presentada hace dos años.
Luciana Miguel, portavoz del partido de Rosa Díez en Segovia y miembro de su comité de dirección nacional, ha calificado de “muy positivo” el escrito de la Fiscalía porque, a su juicio, demuestra que “la Justicia, aunque lenta, termina avanzando y nos llevará a conocer todos los extremos de lo que ocurrió, podremos escuchar a los exconsejeros y que asuman sus responsabilidades, si las tienen, y devuelvan el dinero”. UPyD sostiene que unos nueve miembros del comité de dirección han percibido o percibirán, en su conjunto, entre 30 y 40 millones de euros.
La investigación judicial se centra en los acuerdos del consejo de administración de Caja Segovia, a propuesta de la comisión de retribuciones, adoptados el 20 de noviembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2010. Entre los llamados a declarar, además de quien presidía la entidad, Atilano Soto, del PP, y de su vicepresidente, Manuel Agudíez, del PSOE, figuran aforados, como es el caso del senador popular Javier Santamaría y del portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz.
UPyD sostiene que unos nueve miembros del comité de dirección han percibido o percibirán, en su conjunto, entre 30 y 40 millones de euros
Además declararán los vicepresidentes de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino, del PP; el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, independiente en las listas del PSOE; el presidente de la patronal, Pedro Palomo, y quien era entonces vicesecretaria del PP provincial Elena García Gil, ahora miembro de la fundación que gestiona el escaso patrimonio de lo que fue la Obra Social y Cultural de Caja Segovia. Asimismo ha sido llamado por el Ministerio Público el exdirector de la entidad Manuel Escribano, uno de los que percibieron la prejubilación, a quien estaba encomendada la presentación de las propuestas a la comisión, donde intervenía con voz pero sin voto, y el secretario general Antonio Luis Tapìas.
Para De Miguel, el problema en cajas como la de Segovia, que han desaparecido, ha sido una consecuencia de la politización de sus órganos de gobierno, lo que hacía primar intereses políticos por encima de los de los ciudadanos, con consejos ocupados en otras cosas o que, sabiendo lo que pasaba, consintieron elevados desembolsos en indemnizaciones y prejubilaciones.
La dirigente de UPyD ha calificado como “muy preocupante” el panorama político de Segovia por el hecho de que continúen en política muchos de los que han sido llamados ahora a declarar, sin haber dado explicaciones ni asumido responsabilidades. Tras manifestar el respeto a presunción inocencia, ha pedido la dimisión de personas que tienen “gran relevancia política” y que, en su opinión, “no están en disposición de seguir desempañando el cargo público para el que fueron elegidos”.

jueves, 19 de septiembre de 2013

IZQUIERDA UNIDA SOLICITA AL JUEZ RUZ LA IMPUTACION DE ACEBES Y ALVAREZ CASCOS


Izquierda Unida solicita a Ruz la imputación de Acebes y Álvarez Cascos




  Izquierda Unida, personada en la causa que investiga la presunta contabilidad B del PP, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz la imputación de los ex secretarios generales del partido y exministros Francisco Álvarez Cascos y Ángel Acebes, según se desprende de un escrito de la formación al que ha tenido acceso Europa Press.

   La acusación popular pide además la imputación de trece nuevos empresarios sospechosos de haber efectuado donaciones a los 'populares', tras analizar la última documentación presentada por el extesorero del PP Luis Bárcenas.
FUENTE

viernes, 30 de agosto de 2013

PRISAS DE GRIÑAN POR CONVERTIRSE EN SENADOR AFORADO, PARA QUE LA JUEZ AYALA NO LE IMPUTE


Las prisas de José Antonio Griñán por convertirse en senador y en aforado nacional: el consejero de Justicia le ha advertido que la juez Alaya está a punto de imputarle

José Antonio Griñán quiere llegar al Senado por la vía más rápida posible, para convertirse en aforado nacional y evitar así la posible imputación de la juez Alaya. El consejero de Justicia de la Junta le ha advertido que la magistrada está a punto de incluir su nombre en la lista de imputados.


Tal y como se contó en estas páginas, el ya ex presidente de la Junta optó por mantenerse como diputado en el Parlamento andaluz, para no tener que someterse al 'examen' del PP en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, y ser designado sólo con los votos a favor del PSOE.
Sin embargo, esa estrategia supondría que su llegada al Senado se retrasara, ya que Griñán debería esperar a que se votara en pleno su marcha a la Cámara Alta en Madrid.
A Griñán se le acaba el tiempo
Ese tiempo es ahora vital, ya que la amenaza de la imputación de la juez Alaya es cada día más viable.
Según ha podido saber El Confidencial Digital, el consejero de Justicia de la Junta, Emilio de Llera, ha sido el que ha advertido al propio José Antonio Griñán que la magistrada piensa incluirle en la próxima lista de imputados, que puede hacerse pública antes de finales de septiembre.
La información de Llera, con importantes contactos con en los tribunales andaluces, ya ha movilizado al propio Gobierno autonómico, y al PSOE, que van a tomar cartas en el asunto.
Presentarán la propuesta en la Mesa del Parlamento
La dirección del grupo socialista en el Parlamento regional presentará la propuesta de nombramiento en la Mesa de la propia cámara.
Dirigentes socialistas a los que ha tenido acceso este confidencial explican que el objetivo es que la denominación no se debata en pleno, sino que se decida entre los miembros de la Mesa, para agilizar el proceso. El nombramiento de Griñán se obtendría con los votos favorables de los representantes del PSOE e IU en la propia Mesa.
Las fuentes consultadas añaden que la propuesta llegará con en una de las dos primeras sesiones plenarias: “Quizá para la primera no llegue porque es la de investidura de Susana Díaz, pero en la reunión de portavoces para la segunda se realizará”.
De esta forma, José Antonio Griñán pasará a ser aforado nacional en apenas un mes. Si la juez Alaya decide imputarle, tendrá que hacerlo antes de que el ex presidente llegue al Senado para conservar el caso y que no derive al Tribunal Supremo.