"EE.UU. trabaja con la oposición venezolana para desestabilizar el país"
EE.UU. y la oposición venezolana utilizan las protestas como un instrumento de desestabilización y tratan así de destruir la gobernabilidad en el país, afirma el periodista y escritor Emilio Guerrero. Según Guerrero, el Gobierno de Barack Obama, o parte del mismo, está trabajando con Leopoldo López y una parte de la oposición venezolana para "desmadrar y socavar la gobernabilidad del país".
"Como no tienen capacidad operativa militar para dar un golpe de Estado, entonces actúan a mediano plazo trabajando para destruir la gobernabilidad, crear un estado de guerra civil […] y solicitar intervención internacional", aseguró el escritor en RT. Por su parte, el periodista canadiense Jean Guy Allard afirma que el opositor Leopoldo López mantiene vínculos muy estrechos con órganos de la inteligencia estadounidense. En un extenso artículo publicado recientemente detalló cómo el político, hijo de una familia venezolana adinerada, llegó a formar parte de la CIA. López estudió en la Universidad de Harvard, "un conocido criadero de oficiales de la CIA", apunta el texto. Cuando regresó a Venezuela ocupó el cargo de analista, asistente del economista jefe y asesor económico en la coordinación de planificación de PDVSA, la petrolera nacional. Un puesto que logró, según Allard, gracias a la ayuda de su madre, directora de asuntos públicos de la empresa.
Sus primeros contactos con la CIA llegaron gracias al Instituto Republicano Internacional (IRI), una organización internacional política no gubernamental estadounidense de ideología conservadora. El IRI le ofreció "todo su apoyo estratégico y financiero", señala el periodista canadiense.
El artículo tacha a López de "provocador golpista". "El 11 de abril de 2002 encabeza la marcha de la oposición golpista al Palacio de Miraflores, que provocó la muerte de decenas de personas y luego el secuestro del presidente Hugo Chávez", indica el autor canadiense, que concluye que Washington tiene "fábricas de 'líderes'" que ayudarían a llevar a cabo "sus planes maquiavélicos". López ha convocado para este martes una nueva manifestación contra el Gobierno en la que, según anunció a través de un mensaje en vídeo, planea "dar la cara". FUENTE
Un banco iraní exige una indemnización de 4.000 millones de dólares a Londres
El banco iraní Mellat ha solicitado una indemnización de unos 4.000 millones de dólares al Tesoro del Reino Unido por los daños económicos causados a raíz de las sanciones impuestas contra Teherán.
Mellat, la entidad bancaria privada más grande de Irán, sostiene que se impusieron sanciones ilegales por presuntos vínculos con el polémico programa de energía nuclear de Teherán. Según el abogado del banco, Sarosh Zaiwalla, Mellat ha solicitado al Gobierno británico 3.980 millones de dólares como indemnización por la pérdida de negocios internacionales como consecuencia del establecimiento de restricciones ilegales. Además, el banco alega que debido a las medidas adoptadas por el Gobierno del Reino Unido, otras autoridades sancionaron también al banco, lo que supuso la pérdida de clientes y negocios. En junio del año pasado la Corte Suprema del Reino Unido ya dictaminó que la decisión de imponer sanciones contra el banco iraní en 2009 por parte de la directiva del Tesoro británico fue "irracional" y "desproporcionada". Asimismo, se estableció que no había evidencia alguna de que el banco hubiera aportado ayuda financiera al programa nuclear. FUENTE
Un obispo construyó su casa con fondos para familias pobres
El obispo alemán 'del lujo', que fue retirado temporalmente de su diócesis por el papa Francisco, desvió millones de euros destinados a familias pobres numerosas a financiar la construcción de su nueva residencia. Según informa el diario 'Süddeutsche Zeitung', el obispo de Limburgo, Franz-Peter Tebartz-van Elst, "se apropió indebidamente de millones de euros de una fundación, cuyos ingresos se destinan a las familias pobres con muchos hijos". "Dicha fundación fue creada en 1949, entonces sus fundadores pidieron a los empleados del obispado la donación de una hora de trabajo para dotar de recursos a la organización", explica el rotativo. El escándalo en torno a la nueva residencia del obispo de Limburgo estalló en octubre del año pasado, cuando medios alemanes informaron de que su costo real era mucho mayor que el declarado inicialmente. En un principio se calculaba un monto de 31 millones de euros por la construcción de la residencia, pero las nuevas estimaciones indican que el valor real es de aproximadamente 40 millones de euros. Debido a este escándalo el obispo 'del lujo' fue retirado temporalmente de su cargo por el papa Francisco. Pero los gastos desmesurados de la vivienda no son el único 'pecado' de Tebartz-van Elst, que también suele comprar pasajes de avión de primera clase para sus viajes particulares. Además, hace poco, tuvo que pagar una multa de 20.000 euros para resolver una demanda judicial presentada contra él por haber mentido bajo juramento. FUENTE
Merkel se reúne con 2 líderes opositores ucranianos La canciller alemana, Angela Merkel, ha mantenido este lunes una reunión con dos líderes opositores ucranianos, tan solo horas después de que el Gobierno de Kiev pusiera en marcha la amnistía general para los manifestantes detenidos. En el encuentro que se ha celebrado en Berlín, capital de Alemania, han participado el líder del partido opositor Batkivshina (Patria), Arseni Yatseniuk, y el dirigente del partido de la Alianza Democrática Ucraniana por la Reforma (UDAR), Vitali Klitschko. A lo largo de la reunión a puertas cerradas, Yatseniuk y Klitschko han insistido en la necesidad de futuras ayudas financieras por parte de la Unión Europea (UE) y la imposición de sanciones contra el Gobierno ucraniano. “Estamos decididos a que haya un gobierno inclusivo en nuestro país, no uno corrupto sino democrático y proeuropeo; y este Gobierno creíble podrá atraer las inversiones de los socios europeos para estabilizar la situación financiera”, ha subrayado Yatseniuk al respecto. Asimismo, el opositor ucraniano ha agregado que “debemos tener una relación transparente con nuestro socio ruso”. Merkel, por su parte, ha calificado de un “paso positivo” la ley de amnistía para los manifestantes y ha afirmado que es el momento de fomentar los progresos para la formación de un gobierno y de una reforma constitucional. La amnistía que entró en vigor el mismo lunes, beneficia a los 234 manifestantes detenidos durante las protestas antigubernamentales de la nación en los últimos meses. Desde noviembre de 2013, Ucrania vive inmersa en manifestaciones pro-UE, tras la negativa del Gobierno de Kiev a firmar un acuerdo de asociación con el bloque comunitario. FUENTE
Rusia anuncia liberación de ayuda económica a Ucrania
Rusia dijo este lunes que liberará otra parte de un paquete de ayuda que había prometido a Ucrania pero que había congelado cuando se intensificaron las protestas contra el gobierno de Kiev el mes pasado.
El ministro de Finanzas, Anton Siluanov, aseguró que Rusia otorgará esta semana US$2.000 millones de los US$15.000 millones en préstamos prometidos.
Ucrania está en el centro de una disputa entre Rusia y la Unión Europea sobre quién tendrá más influencia sobre el país.
Las protestas en Ucrania comenzaron en noviembre después de que el presidente rechazó un acuerdo de asociación con la UE a favor de vínculos más estrechos con Moscú.
2.000 activistas del 'Euromaidán' asaltan el Parlamento ucraniano
En Kiev se han desatado cruentos enfrentamientos entre activistas y la Policía después de que unas 2.000 personas iniciaran el asalto al edificio del Parlamento ucraniano.
Esta nueva acción violenta de los activistas antigubernamentales de Ucrania se asocia con la reforma constitucional que está siendo estudiada por los legisladores.
Frente a los manifestantes se han reunido los partidarios del oficialista Partido de las Regiones y entre las dos fuerzas opuestas se han acordonado destacamentos de la policía antidisturbios.
Mientras tanto se informa que los opositores prendieron fuego a dos camiones pesados Kamaz que bloqueaban la calle Shelkovíchnaya, en el centro de Kiev. Arden las cabinas y las ruedas de camiones, cubriendo la calle con humo negro, según la agencia Interfax-Ucrania. Los manifestantes siguen lanzando bengalas y piedras a la Policía antidisturbios.
Se trata de un nuevo enfrentamiento desde que en noviembre del año pasado en determinadas aéreas del país estallaron acciones de protesta tras la decisión del presidente Víktor Yanukóvich de negarse a firmar el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea. FUENTE
El Gobierno de Honduras ha anunciado este lunes que impondrá "ley seca" a nivel nacional todos los domingos con el objetivo de "contribuir a bajar los índices de homicidios, accidentes viales, violencia doméstica y todos aquellos actos que están relacionados directamente con el consumo de alcohol".
En concreto, se prohibirá --a partir del próximo 23 de febrero-- la venta de bebidas alcohólicas en desde las 17.00 horas del domingo hasta las 6.00 horas del lunes. El presidente, Juan Orlando Hernández, habría dado ya las instrucciones para que se inicien los trámites correspondientes.
Así lo ha detallado el secretario de la Presidencia, Reinaldo Sánchez, que ha sido el encargado de dar lectura al comunicado, en el que además de informar de la prohibición de la venta de los productos, se advierte de que no se podrá consumir alcohol en los espacios públicos, tal y como ha recogido el diario hondureño 'El Heraldo'.
La rectora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, ha asegurado que la mayoría de las muertes violentas que ocurren en Honduras tienen lugar durante los fines de semana.
De esta forma, las autoridades de Seguridad prevén que al terminar el año 2014 "la tasa de homicidios bajará a 30 por cada cien mil habitantes", ya que, además, esta ley abarcaría los eventos deportivos en los estadios de Honduras, donde suelen producirse hechos violentos.
Bruselas avala el macro-proyecto inmobiliario en Gibraltar: rascacielos, puertos deportivos...
El 'Eastside' se está levantando con rellenos artificiales en el mar denunciados por España, pero la UE no ve “impacto transfronterizo medioambiental”
La Comisión Europea acaba de asestar un duro golpe a las reivindicaciones de España contra el 'Eastside', el macro-proyecto inmobiliario que prepara Gibraltar a partir de rellenos artificiales en las aguas del Estrecho. Según el comisario de Medio Ambiente de la Unión, los rascacielos y los puertos deportivos programados no suponen ningún tipo de impacto transfronterizo ni medioambiental.
Imagen del puerto y los rascacielos del 'Eastside' en Gibraltar.
El pasado verano, en plena crisis diplomática con Gibraltar, el Gobierno de Mariano Rajoy exigió a la Unión Europea que investigara el posible daño medioambiental que podía ocasionar en las aguas del estrecho el llamado 'Eastside Project', un gran proyecto inmobiliario que incluye la construcción degrandes rascacielos, parques, y hasta un puerto deportivo en la Catalan Bay del Peñón.
La petición de España retrasó el envío, por parte de la Comisión Europea, de los inspectores de Bruselas al Peñón. Finalmente, a mediados de septiembre, acudieron a analizar los controles fronterizos entre La Línea y la colonia, pero nada se investigó sobre las construcciones que quería llevar a cabo Gibraltar.
Ante la negativa de la UE de realizar un estudio 'in situ' sobre el 'Eastside', el Gobierno procedió a un cambio de estrategia a finales de año. Según ha sabido El Confidencial Digital, la representación española en Bruselas decidió pulsar la opinión del organismo presidido por Durão Barroso respecto al proyecto en las playas de la colonia. El objetivo era relacionar ese proyecto con los vertidos de arena en la costa del Peñón para ganar terreno al mar.
Tres preguntas sobre los rellenos y el 'Eastside'
El encargado de realizar las preguntas pertinentes en el Parlamento fue el eurodiputado del PP Europeo Luis de Grandes
Incluye la construcción de grandes rascacielos, parques, y hasta un puerto deportivo
, que, el 3 de diciembre, envió tres cuestiones por escrito a la Comisaría de Medio Ambiente:
1.) “Durante el mes de julio se produjo el vertido de 70 bloques de hormigón en la bahía de Algeciras en las proximidades de la Zona Especial de Conservación (ZEC) «Estrecho Oriental». Dicho vertido forma parte de un proyecto para la formación de un arrecife al lado de Gibraltar [...].¿Podría indicar la Comisión si el vertido de estos bloques de hormigón es compatible con la protección del medio ambiente marino? ¿Tiene la Comisión constancia de que se haya realizado la correspondiente evaluación de impacto ambiental? Teniendo en cuenta el artículo 15 de la Directiva 2008/56/CE, ¿qué acciones tiene previsto emprender la Comisión?”.
2.) “Según las medidas de conservación aprobadas para la Zona Especial de Conservación (ZEC) «Estrecho Oriental», la realización de rellenos está prohibida. Estas son las medidas de conservación obligadas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, de la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres [...]. ¿Considera la Comisión que se está incumpliendo el Derecho de la UE? ¿Qué medidas legales y de reparación se van a tomar para que este proyecto no siga adelante si no cumple con la legislación de la UE para la protección del medio ambiente?”.
3.) “España afirma que ni ha sido consultada ni dispone de la información relevante sobre el proyecto. Un proyecto como este puede suponer alteraciones graves de la dinámica litoral, incidencia en los hábitats que lo rodean, así como un aumento de la presión humana sobre el medio marino (por vertidos, aguas residuales, etc.) [...]. ¿Ha comprobado la Comisión las alegaciones españolas? ¿Se ha realizado una evaluación de impacto ambiental antes de la autorización del proyecto? ¿Supondría la realización del proyecto 'Eastside' una infracción del derecho de la UE? ¿Qué medidas de reparación deberían tomar las autoridades competentes responsables?”.
La Comisión Europea da luz verde
Las preguntas remitidas al comisario europeo de Medio Ambiente, el esloveno Janez Potocnik, no han obtenido respuesta hasta el pasado 10 de febrero, cuando la delegación española en Bruselas recibió las explicaciones pertinentes por parte de la Comisión.
Desde la comisaría europea se utilizó una única respuesta para contestar a las tres cuestiones planteadas por el español Luis de Grandes.
Potocnik explica que “la Comisión ya planteó la cuestión del proyecto 'Eastside' a las autoridades del Reino Unido en 2011. Se llevó a cabo una evaluación de impacto ambiental de conformidad con la Directiva 2011/92/UE antes de conceder al proyecto la correspondiente autorización de ejecución”.
Desde Londres se informó a la Comisión de que no se había puesto en marcha el procedimiento dispuesto en el artículo 7 de la citada Directiva dado que “la evaluación concluyó que el proyecto, tal como fue finalmente autorizado, no iba a tener un impacto transfronterizo significativo sobre el medio ambiente”.
El titular de Medio Ambiente añade que “recientemente, la Comisión ha solicitado al Reino Unido aclaraciones adicionales en relación con este proyecto”. Bruselas aún no ha recibido respuesta de Londres: “En estos momentos, la Comisión está a la espera de la respuesta del Reino Unido”.
El proyecto avanza a buen ritmo desde agosto
La denuncia del Gobierno ante la UE, y las posteriores preguntas por escrito a la Comisión, son la respuesta de España a las obras que Gibraltar aceleró el pasado mes de agosto, cuando empleó parte de los bloques de hormigón arrojados al mar para crear un espigón que protegiera el futuro puerto deportivo del 'Eastside'.
Además del avance en la formación del puerto, el Peñón también 'selló', con más rellenos artificiales, la zona en la que se instalarán viviendas de lujo para los turistas. Junto a esos bloques, se levantarán grandes rascacielos para albergar en la colonia importantes empresas.
Todo el complejo en el que también habrá un hotel, un manantial y un parque, se construirá a los pies de la roca y se extenderá hacia el mar. Vea, a continuación, un vídeo con todos los detalles del proyecto 'Eastside':
Sáenz de Santamaría impuso en el último minuto al ministro Wert la ‘tasa Google’
Varios ministerios involucrados desconocían horas antes del Consejo de Ministros la inclusión en el texto de este pago a la prensa
La vicepresidenta del Gobierno golpea al gigante norteamericano a cambio de ganarse a los editores españoles con esta tasa a Google y a los agregadores de Internet, que tendrán que negociar con los autores un pago obligatorio por sus servicios de noticias.
Soraya Sáenz de Santamaría durante el consejo de ministros.
Durante meses, el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha estado negociando con los implicados una reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que no incluía esta tasa a Google y a los agregadores de noticias. En ninguno de los borradores que se han manejado hasta el viernes había aparecido esta vieja reivindicación de los editores de periódicos.
Tanto es así, que en el borrador que se filtra el mismo viernes por la noche y que publica El País en su web, los dos párrafos que ‘legalizan’ la conocida en el sector ya como ‘tasa Google’, están en rojo, distinto del color negro habitual del resto del texto. Al día siguiente, cuando se conoce oficialmente el anteproyecto de ley definitivo, ya está todo igual.
La razón es que Soraya Sáenz de Santamaríaimpuso de nuevo su criterio y se incluyó en el texto a última hora esta tasa a los agregadores de noticias. De hecho, según ha podido saber El Confidencial Digital, el día anterior al consejo de ministros, varios ministerios involucrados en la elaboración del mismo desconocían que se iba a incluir.
Pacto con los editores
En la batalla entre los agregadores y los editores de los grandes periódicos, agrupados en AEDE, los ganadores son éstos últimos. Fuentes conocedoras de los hechos aseguran que todo se enmarca en un pacto más amplio en el que los periódicos ahora se han comprometido a “vender la recuperación económica de cara a las elecciones europeas”.
De acuerdo con estas fuentes, el muñidor de toda esta operación por parte de los editores ha sido un hombre de José Manuel Lara, con quien la vicepresidenta y el propio presidente Mariano Rajoymantienen una excelente relación. Se trata de Mauricio Casals, presidente del diario La Razón y hombre de confianza del empresario catalán dueño de Atresmedia.
Algunas fuentes señalan incluso que el cese de Pedro J. Ramírez de la dirección de El Mundo, vieja aspiración de Moncloa, habría contribuido a que Sáenz de Santamaría tomara esta decisión tan favorable a los editores y tan inesperada para el resto de los implicados.
El texto aprobado por el Gobierno es incluso más duro que el que ha visto luz verde en otros países de Europa. En Alemania, por ejemplo, se aprobó una tasa para los periódicos a la que finalmente la mayoría de la prensa germana ha tenido que renunciar para estar en Google News porque el gigante americano se negó a pagar: el que no quería estar en Google News, podía retirarse y no estar. Pero la norma aprobada en España, que tiene que pasar todavía por el Congreso de los Diputados,elimina el derecho a renunciar a ese pago.
Dudas de Wert
Tan sorprendente ha sido su inclusión en el texto final del anteproyecto que incluso en la habitual rueda de prensa posterior al consejo de ministros del viernes, el ministro Wert no fue capaz de explicar el funcionamiento de la ‘tasa Google’. Tuvo que ser la propia vicepresidenta quien tomara la palabra para explicar a los periodistas la posición del Gobierno sobre este tema.
Además, desde el ministerio de Educación se convocó por la tarde a la prensa para dar cuenta del texto de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual que incluía la polémica tasa, que ha incendiado las redes sociales.
Fuentes del ministerio de Educación han asegurado a este confidencial que “no entramos a valorar estas noticias”.
Mariano Rajoy y Soraya se han convertido en intocables para El País
Quejas en la redacción por las órdenes de cuidar a los dos máximos dirigentes de La Moncloa
“Estamos entregados al Gobierno”. “No hay informaciones duras contra La Moncloa”. O “vergüenza”. Estas son algunas de las frases críticas que se escuchan en la redacción de El País hacia los máximos responsables del periódico y del Grupo Prisa. Arremeten contra el cambio radical que ha sufrido el diario en los últimos meses.
El País ha pasado de ser un azote para el Gobierno a uno de los diarios más cómplices para el Palacio de La Moncloa. Esta es la información a la que llegan algunos periodistas del rotativo a los que ha tenido acceso El Confidencial Digital.
En los últimos meses, el periódico del Grupo Prisa y buque insignia de la empresa, ha experimentadoun cambio radical. Su evolución ha sido significativa: de publicar los papeles manuscritos deBárcenas, en enero de 2013, a no llevar a la portada informaciones sobre escándalos que afectan al partido en el Gobierno.
Las dos últimas polémicas, que han levantado críticas en la redacción, han sido las siguientes:
-- Portada del pasado lunes con el siguiente titular: “30.000 subsaharianos preparan el salto a Europa por Ceuta y Melilla”. La pieza, firmada por Jesús Duva, cita “informes de la inteligencia española a los que ha tenido acceso El País”. A lo largo del día, en la edición digital, si cambió y se citó a fuentes policiales.
Esta información provocó un gran revuelo interno. Algunas la consideran máspropia de La Razón y la enmarcan en un favor al Gobierno en plena lucha contra la inmigración ilegal y después de que quince subsaharianos hayan perdido la vida intentando entrar en España.
-- Información sobre el caso Gürtel que no fue en portada. El pasado sábado, el periódico publicó la siguiente pieza: “Las pruebas de financiación ilegal implican al gerente del PP de Madrid”. Aportó un informe de la Policía. Pues bien, sólo se pudo leer en el interior del diario.
Orden de arriba
Fuentes cercanas a la dirección de El País explican a ECD que existe una orden expresa por la que tanto Mariano Rajoy como Soraya Sáenz de Santamaría son “intocables” en El País. Es decir, aseguran que las informaciones que afecten al presidente y a la vicepresidenta del Gobierno tienen que ser rebajadas y, en algún caso, dulcificadas.
En cambio, estas fuentes añaden que no existe esta consigna para otros miembros del Gobierno. Citan expresamente el caso de Cristóbal Montoro, que sí que está recibiendo duras críticas en las páginas del periódico del Grupo Prisa.
El staff: “Estregados”
Por su parte, la sensación entre los altos ejecutivos del periódico es de “desánimo” y “desazón”. Alguno habla de “vergüenza” por “estar entregados” al Gobierno de Rajoy.
Desde el staff confirman que las informaciones duras con Moncloa sólo pueden ir en el interior del periódico, pero no en portada.
El motivo a este “entreguismo” de El País hacia el Gobierno es su delicada situación económica. Internamente se da por seguro que Moncloa ha hecho un favor al Grupo Prisa para salvarlo de la quiebra y ahora la empresa se lo está devolviendo.
Manos Limpias cree que incurrieron en una falta disciplinaria muy grave y pide investigar un posible delito de sedición
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tomará este martes en consideración la denuncia presentada por Manos Limpias contra los 33 jueces catalanes que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir de Catalunya.
La Comisión, formada por los cinco vocales con dedicación permanente junto con el presidente Carlos Lesmes, contempla en su orden del día analizar la denuncia formulada el pasado viernes por el sindicato, que entendía que los magistrados catalanes han podido incurrir en una falta muy grave por no acatar el mandato de la Constitución.
Manos Limpias considera que la declaración que suscribieron no entra dentro del derecho a la libertad de expresión y de manifestación: "Todos los cargos públicos, y con mucho más motivo los componentes del Poder Judicial, están obligados a acatar la Constitución. Y ese manifiesto supone, atacar, quebrantar el ordenamiento jurídico y por supuesto, su máxima ley, que es la Constitución", destaca.
A su entender, la sociedad tiene motivos para estar "profundamente alarmada" ante el hecho de que quienes están llamados a ser los máximos garantes de la legalidad vigente y del Estado de Derecho tengan un comportamiento no ya reprobable, sino que constituye una falta administrativa muy grave a la luz del artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
LOS JUECES ACTUARON CON "CLARA INTENCIONALIDAD"
Este precepto castiga el "incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución, cuando así se apreciare en sentencia firme". A este respecto, el sindicato pone de relieve la "clara intencionalidad" con la que actuaron los magistrados al pretender entregarlo al Parlament.
Si las diligencias practicadas dan lugar a posibles delitos de incitación a la sedición o desobediencia a las resoluciones judiciales, Manos Limpias pide que se ponga en conocimiento del tribunal competente y del Ministerio Fiscal.
Los magistrados firmantes defienden en su manifiesto que la consulta de autodeterminación que defiende el Gobierno autonómico para que los catalanes ejerzan su 'derecho a decidir' cabe perfectamente en el actual marco de la Constitución.
"La negación del 'derecho a decidir' solo puede entenderse por un criterio estrictamente ideológico y político de negar la realidad nacional de Catalunya", reza el texto suscrito, entre otros, por el juez Josep Maria Pijuan, que instruyó hasta diciembre el 'caso Palau'.
Sentencia histórica: la Justicia ya considera una estafa la salida a Bolsa de Bankia y obliga a devolver el dinero
Un juzgado de Oviedo condena, por primera vez, a Bankia a reintegrar el dinero invertido en la colocación de acciones de la OPV de 2011. El magistrado considera que se produjo mala comercialización por parte de la entidad al entender que a los clientes se les estaba engañando con el precio de las acciones y con una gran demanda inexistente. La entidad presidida por Goirigolzarri ya ha devuelto los 38.000 euros en títulos que invirtió una familia, a la que también se le había colocado 60.000 euros en preferentes.
Bankia pierde otra batalla en los juzgados. Una derrota que puede tener unas consecuencias impredecibles para la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri. Por primera vez, la Justicia ha considerado una estafa la salida a Bolsa, liderada por Rodrigo Rato, en 2011. Pablo Martínez-Hombre, titular del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Oviedo, ha firmado una sentencia histórica en la que se condena a la entidad a devolver a una familia los 38.000 euros que invirtieron en la compra de títulos de la oferta pública de venta (OPV). La sentencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, dictada el pasado 21 de noviembre, supone el primer fallo contrario a Bankia por la comercialización de sus acciones con motivo de su salida a Bolsa. Sólo en el primer año, los inversores perdieron un 82% del precio inicial de 3,75 euros por acción, lo que suponía una rebaja del 15% respecto al nivel más bajo de la banda inicial (4,41-5,05 euros).
El juez Martínez-Hombre fundamenta su fallo en la mala comercialización realizada por la entidad en la colocación de estos títulos, lo que abre la esperanza a los miles de afectados que han denunciado a Bankia por esta causa. En su exposición, el magistrado basa la condena en dos circunstancias. Por un lado, recalca que los trabajadores de la entidad reconocen que vendieron a los afectados "unos valores muy demandados, puesto que se estaban vendiendo por debajo de su valor". "Lo que notoriamente no era cierto", asegura el magistrado. La segunda circunstancia que critica el juez se basa en cómo la entidad incitó a los afectados a solicitar una cantidad de títulos superior a la que realmente deseaban, en base a que "seguramente habría un prorrateo sobre las peticiones, dada la elevada demanda de acciones que estaba teniendo lugar". Sin embargo, los afectados tuvieron que 'comerse' la sobrepetición de acciones al no existir prorrateo finalmente.
"Ello unido al hecho, no negado por la demandada (trabajadora de la entidad), de que los demandantes intentasen ponerse en contacto con la entidad bancaria el último día de la oferta con la intención de anular la orden, reconociendo la citada testigo que, cuando habló con ellos alrededor de ese día, le manifestaron esta voluntad, demuestra que los clientes firmaron las órdenes en junio de 2011 en la creencia de que las cantidades recogidas en ella tenían carácter provisional, siendo la cantidad que realmente iban a invertir la que resultase del prorrateo que en el banco les había comunicado que se iba a realizar", explica la sentencia.
"Todo ello hace pensar que los actores sufrieron, al tiempo de firmar las órdenes", prosigue el fallo judicial, "un error tanto sobre la cantidad de títulos que adquirían y de dinero que invertían como sobre el valor de dichos títulos, inducidos a pensar por la entidad que la cantidad que finalmente invertían sería inferior a la reflejada en los títulos y que el valor de estos era muy superior al precio que iban a pagar por ellos".
El juez explica en su fallo que "no era cierto" que hubiera mucha demanda por las acciones de Bankia, como aseguraba la entidad, ni que los títulos se estuvieran vendiendo "por debajo de su valor" por este exceso de peticiones
La sentencia no fue recurrida por Bankia, según confirman fuentes de la entidad, que aseguran tener fallos en sentido contrario. De hecho, el banco presidido por Goirigolzarri ha devuelto ya a esta familia afectada no sólo los 38.000 euros invertidos en la compra de títulos en la salida a Bolsa sino también otros 60.000 euros colocados en preferentes. "Inicialmente", relata a este medio José Antonio Ballesteros, el letrado de los afectados, "mis clientes sólo pretendían reclamar la inversión en preferentes porque veían complicado poder recuperar el dinero de las acciones porque es un producto de más riesgo. Todo el mundo sabe lo que implica comprar acciones.
"Sin embargo", prosigue el letrado, "les animé a reclamar por las acciones ya que la colocación era una baraja marcada, como se demostró posteriormente, por la contabilidad falseada por el equipo de Rato. El fraude en la colocación de las acciones de Bankia ha sido tan evidente que la viabilidad de las demandas de nulidad de las compras de acciones o de resarcimiento de las pérdidas sufridas es aún más evidente que en el caso de las preferentes".
Esta sentencia puede convertirse en precedente para el fallo que tiene que dictar José María Fernández Seijo, titular del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona, sobre la demanda interpuesta por dos hermanas de Badalona que han solicitado la nulidad de la compra de acciones de Bankia por valor de 90.000 euros que hizo su padre, que entonces tenía 90 años, al considerar que la entidad no le informó correctamente sobre su nivel de solvencia. El juicio oral se celebró el pasado 10 de febrero.
En la vista, la abogada de Bankia alegó que el anciano -que falleció en diciembre pasado a los 92 años de edad- estaba perfectamente lúcido cuando compró las acciones, se le informó debidamente del producto y conocía los riesgos de su adquisición. En el juicio han declarado únicamente el director de la oficina de Badalona y la responsable de zona de Bankia, que fueron a casa del anciano a venderle las acciones, ya que la entidad financiera ha renunciado a interrogar a las dos hermanas, que alegan que su padre firmó la compra de acciones pensando que compraba Bonos de la Generalitat.
En el caso de prosperar las reclamaciones de esta y otras causas pendientes, Bankia tendría que hacerse cargo del pago de las posibles condenas, que se sumarían a las cuantías que la entidad tiene que satisfacer por las reclamaciones judiciales y los arbitrajes de las preferentes y deuda subordinada.Goirigolzarri estima el coste del arbitraje en 1.200 millones, como explicó en la presentación de resultados anuales del grupo. Sobre las reclamaciones judiciales por los híbridos, Bankia resarcirá los primeros 230 millones que tenga que devolver por los fallos en los tribunales. A partir de esta cantidad, será Banco Financiero y de Ahorros (BFA), la matriz del grupo, quien asumirá el pago a los afectados. Un movimiento que la entidad se niega a explicar.
Enagás ficha a 'viejas glorias' del PP: Isabel Tocino, Hernández Mancha y Ana Palacio
Antonio Hernández Mancha e Isabel Tocino, los dos máximos representantes de la antigua Alianza Popular en el largo interregno transcurrido desde la presidencia de Manuel Fraga hasta la llegada de José María Aznar, fueron designados ayer nuevos consejeros de Enagás. Junto a ellos entrarán también en el consejo de la empresa gasista la exministra de Asuntos Exteriores con el PP, Ana Palacio, el antiguo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), Gonzalo Solana, y el hasta hace dos semanas secretario general de Industria, Luis Valero.
La remodelación del máximo órgano de gobierno de la empresa se produce después de la reestructuración del organigrama directivo llevada a cabo a mediados del pasado año y alcanza prácticamente a un tercio de sus administradores, todos aquellos cuyo cargo vence antes de que termine el mes de junio. La compañía que preside Antonio Llardén podía haber prolongado estos relevos un año más ya que la junta general se va a celebrar con antelación a la fecha de caducidad de los mandatos. Los ceses afectan a los hasta ahora consejeros Dionisio Martínez, José Riva Francos, María Teresa García-Mila, Miguel Ángel Lasheras y Ana Isabel Sánchez.
Algunos de los ‘damnificados’ no han entendido de muy buen grado la decisión de la empresa, si bien otros han reconocido que su ‘inmolación’ por la causa de Enagás supondrá un importante beneficio para la imagen y la reputación del valor en bolsa, principalmente entre los inversores internacionales. La operadora de la red gasista española ha seguido al dedillo el criterio estricto de los llamados proxy advisors que condicionan y asesoran el voto de los grandes accionistas institucionales y que mantienen unaverdadera cruzada en contra de la perpetuación de cargos dentro del consejo de administración.
Los proxy advisors han dado más de un disgusto a las grandes sociedades cotizadas en bolsa demostrando un activismo cada vez más beligerante en contra de algunas prácticas habituales del llamado gobierno corporativo en España. Habrá que ver ahora si el mercado respalda la decisión de Enagás y admite que el consejo de la compañía se llene de antiguos políticos vinculados al partido que actualmente gobierna en España.
Renovados el presidente y el consejero delegado
Todos los administradores entrantes, al igual que ocurría con los salientes, lo hacen en calidad de independientes. Las nominaciones se han efectuado después de un intenso debate con la SEPI, titular de un 5% del capital de Enagás, y tras un proceso de selección llevado a cabo por una de las principales empresas de cazatalentos especializada en la búsqueda de consejeros. Uno de los factores que más se ha tenido en cuenta a la hora de abordar la designación de los nuevos cargos ha sido la capacidad de relación internacional de los beneficiarios, así como su conocimiento del mundo empresarial.
El presidente de Enagás, Antonio Llardén. (EFE)Al cambio, como no podía ser de otra forma, el resultado ha favorecido la posición de las ‘viejas glorias’ del Partido Popular, sobre todo en lo que concierne a Antonio Hernández Mancha como primer delfín de Fraga. Isabel Tocino, doctora en Derecho Nuclear además de exministra de Medio Ambiente, al igual que Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores yvicepresidenta del grupo francés de tecnología nuclear Areva, disponen de un historial profesional más acorde con las labores que se presumen a cualquier responsable de una empresa energética como Enagás.
Los nombramientos de Gonzalo Solana y Luis Valero ofrecen un perfil menos descarado, si bien se trata de dos altos cargos que han hecho carrera en la Administración del Estado bajo gobiernos del mismo color. El primero en la etapa de Aznar como titular del antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), al que fue promovido por obra y gracia de Rodrigo Rato. El segundo, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, como impulsor de los planes PIVE en calidad de secretario general de Industria, puesto al que accedió después de haber sido precisamente director general de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Quizá ahora se entienda mejor su salida repentina del equipo que encabeza el ministro José Manuel Soria.
El consejo de Enagás decidió ayer también renovar por otros cuatro años los mandatos de Antonio Llardén y Marcelino Oreja Arburúa en sus respectivos puestos de presidente y consejero delegado de la compañía. Todos los nombramientos tendrán que ser ratificados por la junta de accionistas que se celebrará esta primavera. Fuentes de la empresa, que hoy presenta resultados, declinaron hacer ayer cualquier comentario al respecto y se negaron a confirmar la reestructuración del consejo, que no será oficialmente difundida hasta que no se convoque la fecha concreta de la citada asamblea general.
