ESPAÑA: LA EMPRESA ENAGAS, FICHA A EX-DIRIGENTES DEL PP COMO, ISABEL TOCINO, HERNANADEZ MANCHA, Y ANA PALACIO

Enagás ficha a 'viejas glorias' del PP: Isabel Tocino, Hernández Mancha y Ana Palacio

Antonio Hernández Mancha e Isabel Tocino, los dos máximos representantes de la antigua Alianza Popular en el largo interregno transcurrido desde la presidencia de Manuel Fraga hasta la llegada de José María Aznar, fueron designados ayer nuevos consejeros de Enagás. Junto a ellos entrarán también en el consejo de la empresa gasista la exministra de Asuntos Exteriores con el PP, Ana Palacio, el antiguo presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), Gonzalo Solana, y el hasta hace dos semanas secretario general de Industria, Luis Valero.

La remodelación del máximo órgano de gobierno de la empresa se produce después de la reestructuración del organigrama directivo llevada a cabo a mediados del pasado año y alcanza prácticamente a  un tercio de sus administradores, todos aquellos cuyo cargo vence antes de que termine el mes de junio. La compañía que preside Antonio Llardén podía haber prolongado estos relevos un año más ya que la junta general se va a celebrar con antelación a la fecha de caducidad de los mandatos. Los ceses afectan a los hasta ahora consejeros Dionisio Martínez, José Riva Francos, María Teresa García-Mila, Miguel Ángel Lasheras y Ana Isabel Sánchez.

Algunos de los ‘damnificados’ no han entendido de muy buen grado la decisión de la empresa, si bien otros han reconocido que su ‘inmolación’ por la causa de Enagás supondrá un importante beneficio para la imagen y la reputación del valor en bolsa, principalmente entre los inversores internacionales. La operadora de la red gasista española ha seguido al dedillo el criterio estricto de los llamados proxy advisors que condicionan y asesoran el voto de los grandes accionistas institucionales y que mantienen unaverdadera cruzada en contra de la perpetuación de cargos dentro del consejo de administración.

Los proxy advisors han dado más de un disgusto a las grandes sociedades cotizadas en bolsa demostrando un activismo cada vez más beligerante en contra de algunas prácticas habituales del llamado gobierno corporativo en España. Habrá que ver ahora si el mercado respalda la decisión de Enagás y admite que el consejo de la compañía se llene de antiguos políticos vinculados al partido que actualmente gobierna en España.

Renovados el presidente y el consejero delegado

Todos los administradores entrantes, al igual que ocurría con los salientes, lo hacen en calidad de independientes. Las nominaciones se han efectuado después de un intenso debate con la SEPI, titular de un 5% del capital de Enagás, y tras un proceso de selección llevado a cabo por una de las principales empresas de cazatalentos especializada en la búsqueda de consejeros. Uno de los factores que más se ha tenido en cuenta a la hora de abordar la designación de los nuevos cargos ha sido la capacidad de relación internacional de los beneficiarios, así como su conocimiento del mundo empresarial.

El presidente de Enagás, Antonio Llardén. (EFE)Al cambio, como no podía ser de otra forma, el resultado ha favorecido la posición de las ‘viejas glorias’ del Partido Popular, sobre todo en lo que concierne a Antonio Hernández Mancha como primer delfín de Fraga. Isabel Tocino, doctora en Derecho Nuclear además de exministra de Medio Ambiente, al igual que Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores yvicepresidenta del grupo francés de tecnología nuclear Areva, disponen de un historial profesional más acorde con las labores que se presumen a cualquier responsable de una empresa energética como Enagás.

Los nombramientos de Gonzalo Solana y Luis Valero ofrecen un perfil menos descarado, si bien se trata de dos altos cargos que han hecho carrera en la Administración del Estado bajo gobiernos del mismo color. El primero en la etapa de Aznar como titular del antiguo Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), al que fue promovido por obra y gracia de Rodrigo Rato. El segundo, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa, como impulsor de los planes PIVE en calidad de secretario general de Industria, puesto al que accedió después de haber sido precisamente director general de la Asociación de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). Quizá ahora se entienda mejor su salida repentina del equipo que encabeza el ministro José Manuel Soria.

El consejo de Enagás decidió ayer también renovar por otros cuatro años los mandatos de Antonio Llardén y Marcelino Oreja Arburúa en sus respectivos puestos de presidente y consejero delegado de la compañía. Todos los nombramientos tendrán que ser ratificados por la junta de accionistas que se celebrará esta primavera. Fuentes de la empresa, que hoy presenta resultados, declinaron hacer ayer cualquier comentario al respecto y se negaron a confirmar la reestructuración del consejo, que no será oficialmente difundida hasta que no se convoque la fecha concreta de la citada asamblea general.

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ESPAÑA: LOS CONSEJEROS IMPUTADOS DEL IBEX-35

un tercio tiene consejeros en esa situación

Los imputados del Ibex-35

Son pocos pero muy significativos. No se habla de ellos pero en alguna junta de accionistas los minoritarios ya están cuestionando su presencia como consejeros de las compañías privadas en bolsa. Los expertos en gobierno corporativo por ahora no tienen un criterio claro. Pero a medida que se plantea la continuidad en el cargo para los políticos a los que se les abre una causa judicial el debate se traslada también a las grandes cotizadas. A finales de este año eran once hombres, once miembros de consejos de administración. Son los imputados del Ibex-35 y entre ellos hay nombres tan notables como el ex ministro del Interior Ángel Acebes (Iberdrola) o el ex presidente del Consejo Superior de Cámaras, José Manuel Fernández Norniella (IAG).

La buena noticia para el buen gobierno empresarial es que once imputados sobre un total de 457 consejeros –incluyendo también Bankia y Gamesa que entraron esta semana en el índice– son muy pocos, apenas el 2%. La parte mala es que hay 11 compañías sobre un total de 35 en el selectivo Ibex, casi un tercio, con miembros de sus consejos de administración imputados por diversos cargos.

La empresa que tiene más consejeros imputados es la constructora Sacyr, un total de tres. En esta sociedad está Demetrio Carceller, imputado por un delito fiscal atribuido a su padre. Pero también se sientan en su consejo imputados como Juan Miguel Sanjuan Jover, acusado de un delito societario en la gestora de aguas canarias Emalsa; y José Manuel Manrique, salpicado por el caso Bárcenas.

La proliferación de casos de corrupción política está salpicando también el mundo del gobierno corporativo. El gran cambio es el caso Bankia. Gracias a la querella de UPyD hay un gran grupo de imputados y algunos de ellos siguen en los consejos más exigentes de la bolsa española. Son los casos antes mencionados de Fernández Norniella y Ángel Acebes, pero en la misma situación se encuentra Carlos Stilianopoulus Ridruejo (Indra), hijo de Pitita Ridruejo; o Javier López de Madrid, consejero de OHL.

Rato pasa a un segundo plano

Es evidente que sin el caso Bankia el número de imputados en el Ibex sería muy inferior. De hecho, el ex presidente de Bankia, Rodrigo Rato, el imputado más notable de este caso, no aparece en la lista porque en mayo de este año dejó el consejo de Mapfre y en junio el de IAG.

Si Sacyr es la empresa con más imputados y el caso Bankia el que más aporta, otros casos de corrupción también añaden su granito de arena. Elcaso Bárcenas y su famosa lista de pagos también ha salpicado al IBEX-35. Además del consejero antes mencionado, ha implicado al presidente de OHL,Juan Miguel Villar-Mir, que también se sienta como dominical en el consejo de Abertis. El caso Gurtel no podía ser menos y por el mismo ha resultado imputado el consejero de ACS, Manuel Delgado Solís.

En ocasiones un solo delito salpica a varias compañías, como es el caso del atribuido a Carceller, que además de en Sacyr -donde es vicepresidente- ocupa el mismo cargo en Ebro Foods y, además, es consejero en Gas Natural.

La opinión del experto

Joan Fontrodona, profesor de ética empresarial en el IESE y especialista en gobierno corporativo, advierte de que “la palabra imputación tiene una connotación negativa pero estar imputado no es haber cometido un hecho delictivo, sino que en la práctica lo que te da derecho es a estar personado en una causa y que te puedas defender de las sospechas que se ciernen sobre ti”.

En este sentido, no todos los imputados son iguales. Entre los once casos hay dos que se podrían calificar de coyunturales: el presidente de Enagás, Antoni Llardén, encausado en una causa general iniciada por la Fiscalía contra losconsejeros presentes y pasados de Catalunya Caixa y que tiene escasas perspectivas de prosperar; y el del presidente de Bankinter, Pedro Guerrero, acusado por un empresario canario en una causa general contra el banco por un presunto cobro indebido de la entidad financiera.

Para Fontrodona, la clave es compaginar el derecho al buen nombre con la ejemplaridad pública de las personas. “Si la pauta que se sigue es que cuando uno es imputado en política debe dejar los cargos, en una empresa en bolsa, por un tema de ejemplaridad se tendría que exigir lo mismo”, reconoce este experto.

Sin embargo, apunta que habría que buscar una fórmula para moderar y alcanzar una cierta gradación, “ya que una cosa es la instrucción y otra el juicio oral”. “Una manera de buscar un cierto equilibrio sería que la imputación por sí misma no supusiese la dimisión del consejo, pero si una vez que se abre el juicio oral la situación de imputado se mantuviese como tal, entonces sería el momento recomendable para dejar el consejo, ya que las sospechas sobre el afectado serían más firmes”, propone este profesor de la escuela de negocios.

Falta de ejemplaridad

En este sentido, las grandes empresas del Ibex-35 se han comportado de manera poco ejemplar. Que Alfredo Sáenz (Banco Santander) llegase al indulto después de años de estar imputado o que el presidente de Telefónica,César Alierta, estuviese siete años en los tribunales hasta que el Tribunal Supremo dictaminó que el caso Tabacalera había prescrito, sientan muy mal precedente para exigir ahora a los actuales imputados que se vayan a su casa hasta que se aclare su situación judicial.

Como recuerda Fontrodona, “uno de los problemas es la lentitud de la justicia española. Todo es tan lento que nada ayuda y entonces la opinión pública condena en un principio, sabedores de que estarán una eternidad esperando un veredicto. La rapidez con la que se han juzgados casos como Madoff o Enron en Estados Unidos causa envidia. Por tanto, no es sólo una cuestión de gobierno corporativo sino de funcionamiento general del sistema”.

Metodología: para hacer esta información se han cruzado los datos de los consejeros imputados con los que las sociedades del Ibex-35 aportan como información pública. Se han excluido aquellos imputados por delitos no económicos, que no justificarían quedar inhabilitado para la gestión empresarial. También se ha eliminado a personas que estuvieron imputados durante el año 2013 pero que, o bien han dejado los consejos –como el caso antes comentado de Rato–, o bien han estado imputados pero durante el año en curso se ha celebrado el juicio y fallado a favor de ellos o de la empresa. Por último, se ha nincluido tanto a las empresas del Ibex-35 como a Gamesa y Bankia, las recientes incorporaciones, por lo que el total de consejeros sobre el que se ha trabajado, 457, corresponde no a 35 compañías sino, en propiedad, a 37.

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LOS POLITICOS CONSEJEROS DE EMPRESAS AMASAN FORTUNAS EN BOLSA

Los políticos consejeros de las empresas amasan un millón de euros en Bolsa

El que más acciones tiene es José Borrell. El ex candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, hoy peso pesado de Abengoa cuenta con 341.695 títulos con un valor de mercado de unos 740.000 euros.

Para Felipe González, el año bursátil ha sido estupendo. Casi ha multiplicado por dos el valor de sus 1.902 acciones en el grupo gasista, que ahora suman unos 35.000 euros.

Arrecia la tormenta en el sector eléctrico, pero no truena para todos igual. Para algunos, como los once consejeros del sector energético procedentes de la alta política y la Administración, incluso ha salido el sol. Después de un extraordinario año bursátil, el valor conjunto de las acciones del club de kilowatio en manos de las viejas glorias de la política española ha roto el listón del millón de euros.

A sus jugosas retribuciones como miembros del máximo órgano de administración de las compañías, lo ex altos cargos públicos suman paquetes de títulos más o menos suculentos. Nadie tiene más que José Borrell. El ex candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, ex presidente del Parlamento Europeo y hoy peso pesado de Abengoa cuenta con 341.695 acciones de la compañía con un valor de mercado de unos 740.000 euros.

Las últimas compras las realizó en pasado mes de noviembre, con muy buen ojo por cierto. Adquirió títulos alrededor de 1,5 euros por acción que hoy valen cerca de 2,2. No obstante, Abengoa es uno de los grupos con intereses energéticos con una evolución bursátil más discreta en 2013, tocado por la reforma eléctrica aprobada el pasado verano que ha hecho especial mella en la compañía por el recorte a las primas de las energías renovables.

El que fuera Secretario de Estado con Rodrigo Rato al frente del Ministerio de Economía, Ricardo Martinez Rico, también es consejero de Abengoa. Cuenta con un paquete de 2.567 acciones mucho más modesto que el de Borrell, el hombre que hizo carrera en la política de la mano de Felipe González. El político catalán se embolsa 300.000 euros al año como consejero de Abengoa -es el presidente del consejo asesor internacional y de la comisión de nombramientos y retribuciones-, más del doble que el sevillano como consejero de Gas Natural.

Para González el año bursátil ha sido estupendo. Casi ha multiplicado por dos el valor de sus 1.902 acciones en el grupo gasista, que ahora suman unos 35.000 euros. Ningún otro grupo energético sube tanto este año en bolsa. Luis Carlos Croissier y Mario Fernández en Repsol, José Folgado en Red Eléctrica, Marcelino Oreja en Enagás y Ángel Acebes en Iberdrola también han disfrutado de la subida entre el 18% y el 25% de las cotizaciones de las empresas de cuyo consejo forman parte.

Además, Miquel Roca tiene pequeñas participaciones en Endesa y ACS que conjuntamente no superan los 10.000 euros de valor efectivo. Y sólo uno de los consejeros públicos del sector no tiene una sola acción. Se trata de Miguel Boyer en Red Eléctrica, que este año acumula una gran subida del 36% en bolsa. La peor parte es para Carlos Espinosa de los Monteros, alto comisionado del Gobierno para la Marca España y con rango de secretario de Estado. Cuenta el segundo paquete de acciones más elevado después del de Borrell en Abengoa. Sus 3.000 acciones de Acciona valen alrededor de 120.000 euros, una cifra que era sensiblemente más elevada cuando empezó el año. El grupo controlado por la familia Entrecanales ha perdido una cuarta parte de su valor en bolsa este año por el impacto de la reforma. Es la excepción a la regla de un año en el que las eléctricas han recuperado las buenas sensaciones en el parqué. Los discutidos ex cargos públicos que pueblan sus consejos de administración han hecho un pingüe negocio.

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LOS CONSEJEROS DE CAJA MADRID TENIAN TARJETAS DE CREDITO EN NEGRO DE HASTA 50.000 € AL AÑO, "VISA BLACK"

Los consejeros de Caja Madrid tenían tarjetas de crédito en 'negro' de hasta 50.000 euros al año

En uno de los correos de Blesa a los que ha tenido acceso eldiario.es, el secretario del consejo informa de las retribuciones de los consejeros

Según el directivo, las tarjetas son "black a efectos fiscales", como una suerte de pago en especie sin control

Los más favorecidos en cuantías de dietas y tarjetas de crédito eran los representantes de CCOO, Pedro Bedia y Francisco Baquero y el del PSOE, Antonio Romero

La tarjeta Visa Black es una de las más exclusivas del mundo. Apenas está dirigida a un 1% de la población que la puede sufragar. Pero hay otra Visa 'black" aún más codiciada, al menos en la torre de Caja Madrid bajo la presidencia de Miguel Blesa. La visa "black a efectos fiscales" de la que disponían varios consejeros con límites de gastos de representación que podían llegar hasta los 50.000 euros.

En septiembre de 2009, en plena ebullición por los estatutos de Caja Madrid, hay un cambio relevante en la secretaría del Consejo de Administración. Se elige a Jesús Rodrigo y saleEnrique de la Torre, una de las figuras clave de los correos de Blesa a los que ha tenido acceso eldiario.es. En un principio, De la Torre es casi la mano derecha de Blesa pero su relación se deteriora hasta el punto de que sale en mitad de una trifulca por el control de la caja.

En un correo del 1 de septiembre, el secretario saliente (De la Torre) le informa al entrante (Rodrigo) de las remuneraciones en los órganos de Gobierno de la entidad madrileña. El asunto del correo ya da idea del contenido del mail: "Confidencial". Y dentro del cuerpo de texto aparece una detallada descripción de lo que cobra cada consejero. En copia aparece Miguel Blesa, que supuestamente ha pedido que se transmita esta información.

La explicación de De la Torre es bastante clara: "Los miembros de la Comisión de Control, conforme a la normativa de Caja Madrid, no pueden pertenecer a Consejos de filiales o participadas. Por tanto solo cobran dietas por las reuniones de la Comisión (1350 € brutos). Además, tiene cada uno una tarjeta visa de gastos de representación, black a efectos fiscales hasta ahora (no esta nada claro que la nueva jefa de inspección mantenga este criterio sobre todo teniendo en cuenta que Cipriano no conocía los nuevos importes), de 25000 € anuales excepto su Presidente que tiene una cobertura de 50000 €".

Tarjeta Black a efectos fiscales

eldiario.es ha consultado a expertos fiscalistas de qué se puede tratar esta tarjeta tan especial, "black a efectos fiscales". Los asesores entienden que es un complemento que se les paga, una suerte de gastos de representación, por los que no tributan. Es decir, un sobresueldo canalizado mediante el codiciado plástico. La utilización de estas tarjetas sin control es práctica habitual en muchas grandes empresas, según denuncia un asesor fiscal, y en Caja Madrid ya había precedentes de una situación similar. En 1999, el periódico El País contó que algunos consejerostenían tarjetas de crédito que utilizaban sin ningún control. El diario aseguraba que estas tarjetas les permitían gastar a los consejeros hasta 150.000 pesetas al mes, esto es, unos 900 euros de hace quince años. Los correos de Blesa, a los que ha tenido acceso eldiario.es gracias a una fuente anónima que ha sido derivada por colaboradores de la Comisión Anticorrupción del Partido X, dejan claro que la práctica se extendía en el tiempo, pero que las cantidades disponibles en las "tarjetas black" se multiplicaron.

El problema de estas tarjetas es que no se exige facturas para asegurarse de que los gastos que se cargan en ellas tengan que ver con labores de representación. La tarjeta –que sufraga Caja Madrid– no solo es opaca tributariamente: también permite utilizar recursos públicos para gastos personales. 

En la comisión de control había en aquel momento 13 consejeros, y el límite para las tarjetas era 25.000 euros excepto para Pablo Abejas, el presidente, que tenía una cobertura de 50.000 euros. Abejas, al que se considera Aguirrista, tuvo fuertes enfrentamientos con Blesa y salió y entró en el consejo de administración durante al año 2009.

Los sindicalistas cobraban más

Pero había más consejeros que tenían tarjetas de este tipo en otros órganos. De la Torre asegura que "en cuanto a tarjetas Black, los Vicepresidentes, Antonio Romero, Bedia y Baquero tienen una cobertura de 50000 € al año; los demás de 25000 €". Los vicepresidentes eran José Antonio Moral Santín y Estanislao Rodríguez-Ponga. El primero representaba inicialmente a Izquierda Unida y el segundo venía por el grupo de los "impositores". Rodríguez-Ponga fue secretario de Estado de Hacienda entre 2001 y 2004 y ahora ostenta cargos en varios consejos de Administración. Por el momento, eldiario.es no ha logrado entrar en contacto con ninguno de los dos vicepresidentes para recabar su versión sobre estas tarjetas. En total, el consejo de administración lo componían 21 personas. Al parecer, con sus 21 tarjetas 'black'.

Pedro Bedia y Francisco Baquero eran en 2009 los representantes por CCOO. eldiario.es sí ha logrado hablar con ambos que han declinado hacer cualquier tipo de declaración a este medio. Baquero acabó especialmente mal con sus compañeros del sindicato, con los que ya no se habla.

El correo también muestra la maraña de dietas que cobraban los consejeros por pertenecer a distintos consejos, no solo los órganos de gobierno de la caja, sino también en las empresas participadas como Indra, Iberia, Mapfre, etc... Y de nuevo en la foto, salen mejor parados los mismos consejeros. Esto es: los representantes de Comisiones y del PSOE.  Así, aunque De la Torre no tiene claro qué cobran los consejeros por estar en filiales, sí sabe que este trío está favorecido.  "Los Vicepresidentes más Antonio Romero cobran una dieta mensual de la filial a la que representan como personas físicas de 9969,48 € netos al mes; Bedia y Baquero de 6480 € netos al mes; los demás 2379 € netos al mes, excepto Recarte que cobra la cantidad que Iberia tiene fijada como dieta monetaria", puntualiza el correo electrónico.

Las dietas

Además, y según concluye el correo, "todo lo anterior tiene la bendición presidencial y (salvo las dietas y tarjetas de Bedia y Baquero) de la Comisión de Retribuciones". Es decir, al menos por parte de los dos sindicalistas la tenencia de estas tarjetas era totalmente opaca: ni siquiera el órgano de Caja Madrid que decidía los sueldos sabía de ellas. Bedia reconoció en el curso de la causa contra Bankia que se dirime en la Audiencia Nacional que ganó 280.000 euros en 2011 por pertenecer al Consejo de Administración, pero que al menos un 42% de su retribución se la entregó al sindicato. Baquero, por su parte, reconoció haber ganado 300.000 euros en 2011. 

En ese año, bajo el mandato de Rodrigo Rato, Bankia pagó 7 millones de euros en sueldos a sus consejeros, un montante que se ha reducido a la mitad.

En el correo se hace otra referencia a evitar problemas con "la Administración Tributaria". De la Torre indica que "ningún miembro del Comité de Dirección cobra dietas por su pertenencia a órganos de gobierno o administración de filiales o participadas (excepto el Secretario en el Consejo, la CEjecutiva y Altae [banca privada]). De ahí que su representación se haga siempre a través de filiales, para evitar problemas con la Administración Tributaria". Se da el caso de que Miguel Blesa es inspector de Hacienda en excedencia.

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EL FISCAL PIDE LA IMPUTACION DE LOS CONSEJEROS DE CAJA SEGOVIA

El fiscal pide la imputación de los consejeros de Caja Segovia

Quiere que expliquen por qué acordaron conceder prejubilaciones multimillonarias a los directivos de la entidad antes de su integración en Bankia

El fiscal ha pedido que se tome declaración como imputados a los miembros que formaban el consejo de administración de Caja Segovia y la comisión de retribuciones que acordaron conceder prejubilaciones multimillonarias a los directivos de la entidad, antes de su integración en Bankia, lo que está tramitando el Juzgado número 2 de Segovia, tras una denuncia de Unión Progreso y Democracia (UPyD), presentada hace dos años.

Luciana Miguel, portavoz del partido de Rosa Díez en Segovia y miembro de su comité de dirección nacional, ha calificado de “muy positivo” el escrito de la Fiscalía porque, a su juicio, demuestra que “la Justicia, aunque lenta, termina avanzando y nos llevará a conocer todos los extremos de lo que ocurrió, podremos escuchar a los exconsejeros y que asuman sus responsabilidades, si las tienen, y devuelvan el dinero”. UPyD sostiene que unos nueve miembros del comité de dirección han percibido o percibirán, en su conjunto, entre 30 y 40 millones de euros.

La investigación judicial se centra en los acuerdos del consejo de administración de Caja Segovia, a propuesta de la comisión de retribuciones, adoptados el 20 de noviembre de 2008 y el 22 de diciembre de 2010. Entre los llamados a declarar, además de quien presidía la entidad, Atilano Soto, del PP, y de su vicepresidente, Manuel Agudíez, del PSOE, figuran aforados, como es el caso del senador popular Javier Santamaría y del portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes de Castilla y León, Juan José Sanz.

UPyD sostiene que unos nueve miembros del comité de dirección han percibido o percibirán, en su conjunto, entre 30 y 40 millones de euros

Además declararán los vicepresidentes de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente y José Luis Sanz Merino, del PP; el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, independiente en las listas del PSOE; el presidente de la patronal, Pedro Palomo, y quien era entonces vicesecretaria del PP provincial Elena García Gil, ahora miembro de la fundación que gestiona el escaso patrimonio de lo que fue la Obra Social y Cultural de Caja Segovia. Asimismo ha sido llamado por el Ministerio Público el exdirector de la entidad Manuel Escribano, uno de los que percibieron la prejubilación, a quien estaba encomendada la presentación de las propuestas a la comisión, donde intervenía con voz pero sin voto, y el secretario general Antonio Luis Tapìas.

Para De Miguel, el problema en cajas como la de Segovia, que han desaparecido, ha sido una consecuencia de la politización de sus órganos de gobierno, lo que hacía primar intereses políticos por encima de los de los ciudadanos, con consejos ocupados en otras cosas o que, sabiendo lo que pasaba, consintieron elevados desembolsos en indemnizaciones y prejubilaciones.

La dirigente de UPyD ha calificado como “muy preocupante” el panorama político de Segovia por el hecho de que continúen en política muchos de los que han sido llamados ahora a declarar, sin haber dado explicaciones ni asumido responsabilidades. Tras manifestar el respeto a presunción inocencia, ha pedido la dimisión de personas que tienen “gran relevancia política” y que, en su opinión, “no están en disposición de seguir desempañando el cargo público para el que fueron elegidos”.

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