EL FISCAL NO VE EXPLICACION RAZONABLE A LOS INGRESOS DE CARLOS FABRA

El fiscal no ve una "explicación razonable" a los ingresos de Carlos Fabra

El Ministerio Público pide 13 años de prisión por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra Hacienda el expresidente de la Diputación de Castellón y ex responsable del PP en la provincia.

El fiscal del juicio contra Carlos Fabra no ve una explicación "razonable" a de dónde sacaba dinero el expresidente de la Diputación de Castellón y ex responsable del PP en la provincia.

Así lo ha indicado durante la exposición de sus conclusiones en la novena sesión del juicio que se celebra en la Audiencia de Castellón contra el exdirigente 'popular' por el conocido como caso Naranjax.  El fiscal,  ha sostenido que el hecho de que Vilar cambiara su versión de los hechos en el inicio del juicio y exculpara a Carlos Fabra del cohecho y el tráfico de influencias es "comprensible" porque "no va a tirar piedras sobre su propio tejado", ya que si mantiene su acusación se enfrenta a cuatro años de prisión por cohecho.

Para el fiscal, tras los interrogatorios practicados en el juicio ha quedado probado que Fabra medió para obtener licencias para los productos de Vilar, y obtuvo un beneficio económico a cambio.

Por su parte, la abogada del Estado se ha referido a los delitos fiscales de los que se acusa a Carlos Fabra y a su exesposa y ha dicho que ambos "nunca aportaron documentación, ni colaboraron" y además "obstaculizaron la acción de la justicia".

Su actitud fue, a su juicio, "obstructiva" y los 3,2 millones de euros que ingresaron en efectivo entre 1999 y 2003 "no están justificados con ninguna documentación".

En este sentido, la abogada del Estado ha dicho que la prueba pericial de los peritos es válida de forma "incontestable" y demuestra que cometieron los delitos fiscales.

También ha dicho que en Amparo Fernández, exmujer de Fabra, "esa imagen de ama de casa ignorante y desvalida no existe".

Ella, ha dicho, "realizó ingresos en sus cuentas, los verificó y los usó", por lo que no ha aceptado el argumento de las defensas de que Fernández no manejaba su dinero, sino que era Fabra quien gestionaba en solitario la economía familiar.

La abogada del Estado ha dicho que la prueba pericial es "incontestable"

 El Ministerio Público reclama 13 años de prisión para Carlos Fabra por tráfico de influencias, cohecho y cuatro delitos contra la Hacienda Pública.

Este Ministerio sostiene que ha quedado acreditado que Carlos Fabra realizó gestiones ante diversos organismos oficiales, con el fin de interceder en la aprobación de registros de productos fitosanitarios de las empresas del empresario Vicente Vilar, acusado en este procedimiento.

"A los ricos y a los poderosos también les puede caer encima la ley"

La acusación particular de la Unión de Consumidores de España (UCE) ha pedido en la lectura de sus conclusiones en el juicio a Carlos Fabra, que se dicte sentencia condenatoria para él y el resto de imputados para que se constate que "a los ricos y a los poderosos también les puede caer encima la ley".

En la novena sesión del juicio que se celebra en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón contra el expresidente de la Diputación, también han expuesto sus conclusiones la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado, y ha comenzado la del abogado que defiende a Carlos Fabra, que ha pedido su libre absolución.

El abogado de la UCE, que ha hecho su lectura a modo de cuento o fábula refiriéndose a Carlos Fabra como un "noble señor" y a Vicente Vilar como un "artesano", ha dicho que este último se "enfadó" con su amigo y se rompió "la felicidad" que había entre los matrimonios Fabra-Fernández y Vilar-Vives.

En el juicio que se ha celebrado después de casi diez años de instrucción, ha dicho el letrado, "ha aparecido una plaga de amnesia", traída por "un hada mala", y los testigos no recuerdan los hechos de los que se acusa a Carlos Fabra.

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EL FISCAL RECHAZA INVESTIGAR LA DESTRUCCION POR EL PP DE LOS ORDENADORES DE BARCENAS

El fiscal rechaza investigar la destrucción por el PP de los ordenadores de Bárcenas

La Fiscalía de Madrid ha instado a la juez a que sobresea la investigación al Partido Popular por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas, una causa remitida por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga la presunta contabilidad B de la formación política. Tras conocer que el PP había destruido los discos duros de los dos ordenadores que Bárcenas utilizaba en la sede de la calle Génova, Ruz se inhibió a los Juzgados de Plaza de Castilla al entender que se podía haber cometido un delito de daños informáticos y otro de encubrimiento.

Lo hizo a pesar del criterio contrario de la Fiscalía Anticorrupción, que sostuvo en un escrito que investigar quién destruyó los dos portátiles no aportaría nada a la pieza conocida como ‘papeles de Bárcenas’. Además, de haber algún delito, sería conexo con este asunto y, por tanto, tendría que ser Ruz quien lo asumiera. Ahora la Fiscalía madrileña informa en un escrito a la titular el Juzgado de Instrucción número 32, Esperanza Collazos, que es cierto que la competencia es de los juzgados madrileños, pero debe archivarse al no apreciarse ningún indicio de delito, según informan fuentes jurídicas.   

De esta manera, el Ministerio Público mantiene el criterio inicial de Anticorrupción de que una vez que otro juzgado madrileño certificó que la propiedad de los ordenadores era del PP, tras una denuncia de Bárcenas por robo, el dueño puede hacer lo que estime oportuno con ellos.

El juez Pablo Ruz. (EFE)

Cuando el PP entregó los dos ordenadores a Ruz, con toda la información utilizada por el extesorero borrada, explicó que se hizo en base a la Ley de Protección de Datos, al tratarse de información sensible. Sin embargo, es cierto que cuando se procedió a su borrado ya estaba la investigación en curso y es precisamente por esa razón por la que el magistrado consideró la posibilidad de que se hubieran cometido delitos.

El PP también alegó que se procedió a su borrado para que esos ordenadores pudieran ser utilizados de nuevo por algún otro trabajador del partido, pero el último informe pericial informático de la policía asegura que ninguno de esos portátiles ha vuelto a ser utilizado por ningún trabajador. Sólo uno de ellos tenía un nuevo disco duro y fue únicamente utilizado para instalar un sistema operativo y nunca más fue encendido. Concretamente, estuvo operativo menos de media hora.

Dos ordenadores manipulados

Ruz había requerido al PP los dos ordenadores empleados por Bárcenas después de que este entregara una memoria USB con la presunta contabilidad B del partido, y que según su versión había extraído de esos aparatos. El partido los entregó, pero uno de ellos no tenía disco duro y el otro había sido modificado. En un escrito, el letrado del partido explicaba que los discos duros habían sido destruidos en abril de ese año, después de que un juzgado de Madrid hubiera archivado la denuncia interpuesta por Bárcenas por el robo por parte del PP de esos ordenadores, al negarse a devolvérselos tras su salida del partido.

Una vez que el juzgado número 21 de Madrid le dio la razón al PP al entender que eran de su propiedad, la formación procedió a la destrucción de su contenido, al tratarse de información sensible, por un lado, y para que otro trabajador pudiera disponer de ellos.

La juez madrileña deberá decidir si atiende al informe fiscal y da carpetazo al asunto o, de lo contrario, sigue adelante con la causa con el apoyo de Izquierda Unida, que presentó una querella para que se investiguen estos hechos.

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EL FISCAL PIDE QUE SEA CONDENADO EL ABOGADO QUE INSINUO QUE RAJOY SIGUE COBRANDO DEL REGISTRO DE SANTA POLA

El fiscal apoya la demanda contra el abogado que insinuó un "apaño" de Rajoy con un registrador

Respalda que hubo violación del honor del sustituto del presidente del Gobierno en el Registro de Santa Pola, que reclama 100.000 euros de indemnización

La Fiscalía ha apoyado la demanda interpuesta por el registrador de la Propiedad Francisco Riquelme, que sustituyó a Mariano Rajoy en Santa Pola, por considerar vulnerado su honor por las declaraciones de un abogado que insinuó un "apaño"suyo con el hoy presidente del Gobierno para repartirse las ganancias.

En el juicio celebrado este lunes en el Juzgado de Primera Instancia número 10 de Murcia, el fiscal Fernando Florit respaldó íntegramente la demanda por considerar que se había producido una intromisión en el honor de Riquelme, y apoyó igualmente la cuantía de la indemnización solicitada, de 100.000 euros, según explicó a Público el abogado demandado, José Luis Mazón.

El fiscal hizo alusión, entre otros argumentos, a que una de las acepciones de la palabra "apaño" en el diccionario de la Real Academia es la siguiente: "Respecto de una persona amacenbada, la que lo está con ella".

En la vista, la juez no permitió al demandado, como pretendía, hacer preguntas a Riquelme para profundizar en la llevanza del Registro de Santa Pola. La magistrada destacó que el único objeto del procedimiento era establecer si las palabras del letrado habían sido insultantes, pero no si sus afirmaciones eran verdad o mentira.

En su demanda, Riquelme considera que Mazón vulneró su honor por las siguientes afirmaciones aparecidas en sendos diarios en enero de 2012: 'El fundador del partido (Mazón) sospecha que "Rajoy y Riquelme, unidos por una amistad, pudieron llegar a un acuerdo para que el abanillero conste como registrador en Santa Pola pero el presidente del Gobierno siga percibiendo parte de su sueldo'. Y esta otra: 'Yo creo que ha hecho algún apaño con Riquelme. ¿Rajoy le ha regalado a su amigo toda la fortuna que le correspondía durante todos estos años?'

En su contestación a la demanda, Mazón destacó que sus afirmaciones entraron dentro del derecho a la libertad de expresión, y subrayó que "por mucho amor y afecto" que Riquelme profese a Rajoy, "no le valida para hacer una defensa interpuesta del honor ajeno", ya que en su escrito denuncia una intromisión al honor, pero no en el suyo sino en el del presidente del Gobierno. "Cabe la sospecha de que, más que Riquelme, quien demanda es Rajoy", señaló el letrado.

El juicio quedó visto para sentencia. Entre la prueba documental desechada por la juez, está la solicitud, que proponía el abogado Mazón, del libro de socios y las cuentas de la empresa INLIMUR SL. que, según señala el letrado, "curiosamente Riquelme creó justo el dia anterior, en marzo de 1990, a que Rajoy tomara la situación de servicios especiales por desempeño de cargo público (diputado)".

El objetivo de Mazón era "esclarecer si Rajoy es el socio oculto de INLIMUR, cuyo apoderado es Riquelme, y administrador único la mujer de Riquelme, y se han podido canalizar las posibles ganancias de la sustitución en favor de Rajoy por esta acequia subterránea".

En cuanto a las pruebas que pedía Riquelme, que también fueron rechazadas por la juez, estaba la de pedir a la Dirección General de Registros que informase si, de acuerdo a la normativa vigente, existe una situación a la de servicios especiales --como la que ostenta Rajoy en relación a su condición de registrador-- para compatibilizar la situación de funcionario con la de diputado. Requería además que se certificase si otros políticos, como los exministros socialistas Beatriz Corredor o Antonio Camacho, se acogieron a la situación de servicios especiales como registradora y fiscal respectivamente.

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EL FISCAL TORRES-DULCE OBLIGADO A READMITIR A UN FISCAL QUE EXPULSO

Nuevo varapalo a Torres-Dulce: obligado a readmitir a un fiscal que expulsó

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no gana para disgustos. En sólo una semana ha recibido dos duros varapalos por parte de la Audiencia Nacional. El primero ha sido al dejarle en evidencia al absolver a los dos cargos policiales por un delito de colaboración con organización terrorista en el caso del chivatazo, tal y como él mismo ordenó al fiscal del caso. El segundo es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo le ha ordenado que readmita al fiscal Juan Antonio Frago, primer fiscal de la democracia expulsado de la carrera.

La pérdida de su condición como representante del Ministerio Público fue acordada por el Consejo Fiscal y certificada en última instancia por Torres-Dulce, que no medió para evitar la salida de Frago de la carrera fiscal, a pesar de que, tal y como ahora confirma la Audiencia Nacional, se cometieron irregularidades en la toma de su decisión. Concretamente, el órgano judicial señala que el fiscal no fue sometido a un juicio justo. Ahora, el Ministerio de Justicia debe readmitirle y reponerle toda la pérdida económica como consecuencia de su expulsión.

Esther Fernández, fiscal jefe de A Coruña.La causa de su salida fue el fuerte enfrentamiento con su jefa directa, la fiscal jefe de La Coruña, Esther Fernández, por otro lado persona de confianza del fiscal general del Estado. Es más, después de la expulsión de Frago, la ascendió a fiscal superior de Asturias, además de permitir que de esta manera volviera a su tierra natal.

Frago y Fernández se cruzaron una serie de denuncias. La primera vino por parte del fiscal, quien en octubre del año pasado presentó una demanda por acoso laboral contra su superior. Alegó que desde que tomó posesión de su cargo en esa Fiscalía en mayo de 2010, Fernández le devolvía las causas repletas de correcciones en documentos no sujetos a visados. Además, interpuso una querella contra ella por un delito de falsificación de documentos públicos.

La Audiencia Nacional reprocha ahora que la fiscal superior actuó en contra del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al expedientar a Frago sin escuchar a la Junta de Fiscales, tal y como establece la norma. Fernández ordenó al fiscal que actuara en un proceso en contra de su criterio sin pasar por la Junta. Es decir, se saltó un trámite de obligado cumplimiento y es en lo que se basa ahora lo Contencioso para reestablecer el puesto a Frago.

La Fiscalía no dio un juicio justo a Frago

Tras la oposición de Frago de atenerse a la orden de su superior, esta le denunció ante la Inspección Fiscal. Su informe a favor de expulsarlo fue aprobado por el Consejo Fiscal, del que Esther Fernández era miembro. Finalmente, la última palabra la tenía Torres-Dulce, quien avaló la fulminación inmediata de Frago de la carrera fiscal. La Audiencia Nacional lanza un duro ataque a la Fiscalía como institución porque, en todo el proceso, Frago no ha sido defendido por un fiscal, como ocurre en cualquier otro proceso. Pero el hecho de ser fiscal no tiene por qué quitarle la opción de que otro colega defienda el interés general en la causa.

“No es de recibo entender, como mantiene la administración demandada, que al haber intervenido varios fiscales en el procedimiento administrativo sancionador no es necesaria la intervención de uno de los miembros del Ministerio Fiscal”, recoge la sentencia. El tribunal señala que tal argumento deja de tener en cuenta que “dicho fiscal debería estar ejerciendo en el procedimiento disciplinario, sin dependencia jerárquica, la función de garante de la legalidad, posibilitando eficazmente, en definitiva, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera un juicio justo”, concluye.

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EE.UU. EL ACUERDO FISCAL PODRIA SER ESTE VIERNES

"El acuerdo fiscal en EEUU podría 

producirse este viernes"

Así lo anticipó el representante republicano Pete Sessions. Se mostró optimista en que se alcance una legislación para elevar el límite de endeudamiento del país

El representante republicano Pete Sessions dijo el jueves que estaba esperanzado en que sus socios de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el Gobierno del presidente Barack Obama puedan alcanzar un acuerdo el viernes sobre una legislación para elevar el límite de endeudamiento del país y financiar a la administración.

Sessions, quien preside un poderoso panel en la Cámara baja, dijo a Reuters que más o menos en las próximas 15 horas, la Casa Blanca y los republicanos de la Cámara de Representantes trabajarán en "definir parámetros para ver si podemos realizar progresos".

Si esos progresos son alcanzados, ambos bandos podrían entonces completar un acuerdo, posiblemente el viernes.

Este jueves, la cumbre entre Obama y los republicanos terminó sin acuerdo pero con voluntad de diálogo. El presidente ha reiterado en varias oportunidades que los republicanos deben reabrir el Gobierno e impedir que se concrete la amenaza, por primera vez en la historia del país, de que EEUU incumpla sus obligaciones financieras antes de negociar el presupuesto y otras condiciones que la oposición ha tratado de imponer.

Eso mismo ocurrió en la reunión entre el mandatario y el grupo de representantes republicanos en la Casa Blanca. Sin embargo, las divisiones internas en el partido opositor podrían ser el primer paso para una futura negociación.

Los Estados Unidos entraron en la cuenta regresiva para evitar entrar en default, ya que tienen hasta el 17 de octubre para aprobar un aumento del techo de endeudamiento. A su vez, en el país aún se mantiene el cierre administrativo que afecta a miles de funcionarios y empleados públicos.

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FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA NACIONAL: "LA REFORMA DEL CODIGO PENAL ES INSUFICIENTE"

Javier Zaragoza, fiscal jefe de la 

Audiencia Nacional: “La reforma del 

Código Penal es insuficiente”

El jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, calificó de “insuficiente” el proyecto de reforma del Código Penal aprobado el pasado 20 de septiembre. Zaragoza aseguró, en la mesa de debate ‘La corrupción y sus soluciones jurídicas’, que “está por ver si se va a tipificar la financiación ilegal de los partidos, que está detrás de muchos de los casos de corrupción”. El encuentro se celebró, la pasada semana, en el marco del XVII Congreso anual de Hispajuris. 

Asimismo, Zaragoza echó en falta la tipificación del enriquecimiento ilícito en el ejercicio de funciones públicas cuando haya un aumento injustificado del patrimonio del cargo público tras cesar en el mismo, así como del soborno en el ámbito privado y del tráfico de influencias.

Sobre la proyectada nueva regulación del comiso de bienes de procedencia ilícita, del producto del delito, elogió que se prevea un procedimiento autónomo del comiso, desvinculándolo del proceso penal, pero discrepó de la ambigüedad del texto, que no aclara si se impide o no el comiso si recae sentencia absolutorio, prescripción o sobreseimiento del proceso.

El fiscal-jefe propugnó otras medidas para combatir la corrupción, como hacer un uso más intenso del tipo penal de blanqueo de dinero, “infrautilizado en la lucha judicial sobre la corrupción”, así como la suspensión cautelar obligada de cargos públicos procesados; una mayor transparencia en la financiación de los partidos políticos, o la limitación temporal en el ejercicio de cargos públicos, ya que “algunos están en política desde que tenían pantalones cortos”.

En su ponencia, el fiscal-jefe de la Audiencia Nacional recalcó que, más allá de las medidas legales, “la corrupción no es un fenómeno criminal que se pueda resolver sólo con soluciones judiciales. Es también un problema social, político, económico y cultural, y no estamos acertando con las políticas para prevenir y combatir la corrupción”, que ya ha motivado la apertura en los tribunales de 1.100 causas según datos de la Fiscalía General.

A pesar de las críticas, Zaragoza destacó que “pese a la imagen negativa del ciudadano sobre la Administración de Justicia, ésta es el único garante y el único poder independiente para lograr una regeneración democrática”.

Por su parte, Carlos Carnicer, presidente del Consejo General de la Abogacía, y Ángel Dolado, juez decano de Zaragoza y presidente del Foro Judicial Independiente también participaron en la mesa de debate sobre corrupción organizada este año por Ilex Abogados, despacho socio en Zaragoza. El encuentro reúne a todos los socios de la firma del 26 al 28 de septiembre, y sirve, asimismo, para entregar el galardón de la II edición del Premio Hispajuris- Economist&Jurist destinado a juristas noveles, cuyo objeto de investigación eran las ejecuciones hipotecarias en el derecho comparado.

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2 DE CADA 3 EUROS DE EVASION FISCAL, SALEN DE MADRID Y CATALUÑA, AMNISTIA FISCAL

La amnistía fiscal revela el mapa del fraude: 2 de cada 3 euros evadidos salen de Madrid y Cataluña

Los datos consolidados de la amnistía fiscal dibujan el mapa y la cronología del fraude en España: dos de cada tres euros regularizados salieron de Madrid y Cataluña. La gran parte del dinero defraudado evadió al fisco entre los años 2008 y 2010, cuando la crisis había comenzado ya.

La recaudación de la amnistía fiscal no sólo ha sido más escasa de lo que el Ejecutivo esperaba (Hacienda recaudó 1.195 millones, la mitad de los 2.482 presupuestados) sino que, además, ha sido desigual. Sólo ha conseguido recaudar de manera significativa en Madrid y Cataluña: dos de cada tres euros aflorados han sido recaudados en esas dos autonomías. En el resto España, el impacto de esa amnistía ha sido nulo.

El paisaje de la recaudación, sin embargo, deja una idea clara: son esas dos regiones las que atraen no sólo la actividad económica sino también el fraude fiscal en España. Madrid recaudó 463,8 millones de euros por la amnistía fiscal y Cataluña 303,8 millones, según los datos de recaudación consolidada analizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

CC.AA.	Recaudación (mill. €)	% sobre total de España
Andalucía	65,2	5,5%
Aragón	12,5	1,1%
Asturias	16	1,3%
Baleares	36,3	3%
Canarias	32,3	2,7%
Cantabria	10,5	0,9%
Castilla y León	23,6	2%
Castilla-La Mancha	21	1,7%
Cataluña	303,8	25,4%
C. Valenciana	124,3	10,4%
Extremadura	5,5	0,5%
Galicia	44,6	3,7%
Madrid	463,7	38,8%
Murcia	23,4	2%
Navarra	0,2	0%
País Vasco	0,2	0%
La Rioja	12,1	1%
Ceuta	0,2	0%
Melilla	0,2	0%
TOTAL	1.195,6	100%

Según esos datos, la Comunidad Valenciana es el tercer polo del fraude en el país. Allí se han regularizado el 10,4% de los fondos aflorados con la amnistía. Baleares con un 3% y Murcia con otro 2% dibujan otro rasgo significativo: en la costa mediterránea se ha localizado un 15% del dinero evadido en los últimos años y regularizado gracias a la llamada “declaración tributaria especial” (DTE).

El dinero aflorado es el del crack inmobiliario

Los datos de recaudación muestran que la mayoría del fraude regularizado se produjo entre los años 2008 a 2010, es decir, que son posteriores al estallido de la burbuja. Así pues, el dinero aflorado no está siendo el del boom sino el del crack inmobiliario.

El motivo de esas fechas es también legal. Los delitos fiscales anteriores a 2008  están ya prescritos de modo que los defraudadores de la burbuja inmobiliaria no tienen porque acogerse a esa amnistía ya que incluso aunque fueran detectados por el fisco no tendrían responsabilidades penales que afrontar. 

Según las estimaciones de los técnicos de Hacienda, el 97% del fraude realizado en esos años no se ha acogido a la amnistía y su dinero sigue fuera de España.

El fraude aflorado es ínfimo frente al sumergido

Los datos de las cuantías afloradas permiten extrapolar también el tamaño y el perfil del fraude que sigue oculto: según los datos de Hacienda, han sido grandes fortunas en su mayoría las que han recurrido a la amnistía fiscal, de forma que tres de cada cuatro euros defraudados fueron evadidos por grandes patrimonios. Según las estimaciones de Gestha, el 71,8% de la evasión fiscal procede del fraude cometido por grandes declarantes y grandes empresas.

Basándose en esas cifras, los técnicos estiman que más de 42.000 millones de euros escapan anualmente al control de la Agencia Tributaria.

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EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO PIDE A GALLARDON QUE REFLEXIONE SOBRE EL BORRADOR DEL CODIGO PROCESAL PENAL

El fiscal general del Estado pide a 

Gallardón que reflexione sobre el 

borrador de Código Procesal Penal

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, pidió ayer al ministro de Justicia “una somera reflexión sobre el borrador del Código Procesal Penal”, que exhibió el Ministerio a principios de este año.

Torres-Dulce, que participó en el acto de Apertura del Año Judicial, aseguró que el proyecto “anuncia el viraje histórico de nuestro ordenamiento hacia un sistema acusatorio puro, ya que el texto contempla la desaparición del juez de instrucción, una investigación dirigida por el fiscal y supervisada por un tribunal de garantías, un juicio oral basado en un acervo probatorio desvinculado de la instrucción”.

“Debo advertir que este texto”, subrayó, “que presenta aciertos innegables en otras áreas, incurre en la fase preparatoria en una grave inconsecuencia: atribuir la dirección de la investigación criminal al fiscal y negarle al mismo tiempo la capacidad de maniobra precisa para llevarla a buen término. Particularmente grave es el recelo que muestra hacia a figura del fiscal, pues le somete a un constante escrutinio de su actividad investigadora por el tribunal de garantías”.

Torres-Dulce, que presentó la última Memoria de la Fiscalía General del Estado -disponible íntegramente al pie de este artículo-, también hizo una especial referencia al aumento de lacorrupción. Esta es, según la encuesta del Centro de Estudios Sociológicos de marzo de 2013, el segundo peusto del ranking de preocupaciones de la ciudanía, inmediatamente después del paro. Según el fiscal general, la preocupación es “igualmente prioritaria para el Ministerio Fiscal, que trata de combatirla con los medios a su disposición”.

“El problema es espinoso, una manifestación más del desencuentro entre sociedad y justicia, que requeriría una extensa explicación de las importantes limitaciones que presenta el proceso penal como medio de control de la acción administrativa”, dijo. Torres-Dulce advirtió que “junto a la corrupción pública”, se ha alzado también “la corrupción privada, cuyos sujetos activos son los directivos y administradores de sociedades que se prevalecen de su condición de lucrarse a costa de la entidad que gestionan y de las personas que tienen intereses en ella”.

Otro de los temas sobre los que el fiscal hizo especial mención fue el de las participaciones preferentes emitidas por determinadas entidades financieras en riesgo de insolvencia, “que han generado un problema social de primer orden frente al que no podemos permanecer impasibles, pues han supuesto la volatilización de los ahorros de muchos ciudadanos de condición modesta”.

Tras señalar estos aspectos, Eduardo Torres-Dulce apuntó los porcentajes y datos estadísticos referentes a la evolución de la criminalidad en la Fiscalía de la Audiencia Nacional y fiscalías especiales.Estos datos están disponibles íntegramente en el documento que añadimos a continuación.

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PRISION PARA 2 HIJOS DE RUIZ-MATEOS POR FRAUDE FISCAL

Un juez dicta pena de prisión contra dos hijos de Ruiz-Mateos por fraude fiscal

Álvaro y Javier Ruiz-Mateos Rivero, dos de los hijos del empresario jerezano José María Ruiz-Mateos, el fundador de Rumasa, han sido condenados a 2 años y 9 meses de prisión cada uno por delitos contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes. Ambos deberán afrontar además el pago de una multa de 1,8 millones tras el impago del IVA correspondiente a la venta del hotel Casablanca, en la localidad de Peñíscola (Castellón) en el año 2003.

El juzgado de lo penal número 1 de Granada considera acreditado que cometieron un fraude fiscal y, después de materializar la operación, transfirieron gran parte del importe de la misma a una cuenta suiza del Dresdner Bank perteneciente a una sociedad que el conglomerado de la abeja tenía en el paraíso fiscal de Belice: Ramsie Services Corp.

El juez les condena a 1 año y 6 meses de prisión por delito contra la hacienda pública más 1 año y 3 meses y la sanción dineraria por el de alzamiento de bienes. La sentencia fue dictada el pasado 15 de julio por el juzgado de lo penal número 1 de Granada, aunque se notificó ayer.

Firmas interpuestas

Para materializar la venta del establecimiento, que fue adquirido por una empresa de Benidorm, Hotel Tres Coronas, los Ruiz-Mateos utilizaron inicialmente una sociedad holandesa, Tinto Amsterdam Investments BV, y otra española, Sinume. Ambas suscribieron una ampliación de capital en Estofer Patrimonial, que tras una transmisión de acciones, quedó en manos de Ramses, la firma de Belice.

Para llevar a cabo la operación de venta del hotel utilizaron a una testaferro ecuatoriana, Larco Salazar, que fue nombrada administradora de Estofer Patrimonial. El precio global estipulado por la venta fue de 8,7 millones de euros. La empresa de Benidorm abonó 1,39 millones más en concepto de IVA, con lo que pagó en conjunto 10,1 millones.

El problema, según el juez, es que "nunca se declaró dicho beneficio al fisco, toda vez que no presentó declaración-liquidación por dicho impuesto la sociedad Estofer Patrimonial". Tras llevar a cabo la operación, desde el 14 al 28 de febrero se produjo la total despatrimonialización de la empresa, de tal modo que, según ha acreditado el tribunal, su patrimonio pasó de 7,5 millones a poco más de 3 euros. Es decir, que, según se asegura en la sentencia, "resulta incuestionable que no se atendió el pago de tributo alguno ni por IVA ni por el beneficio derivado de la venta de las fincas". El delito de insolvencia mediante alzamiento de bienes surge con la traslación del importe de los fondos en dinero obtenidos con la venta del hotel mediante su distribución en empresas del Grupo Rumasa, como Comercial Loraine, Hacienda San Patricio y Comercial Garvey, además de la empresa de Belice.

La Udef, la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía, sospecha, por otro lado, que la cuenta de Dresdner Bank donde se llevaron el dinero de la venta de este hotel es la misma en la que ingresaron el dinero que obtuvieron con la venta de pagarés, otra posible estafa por la que están imputados.

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EL FISCAL PEDIRA PENAS DE CARCEL PARA URDANGARIN

El fiscal pedirá penas de cárcel para 

Urdangarin aunque colabore con la 

Justicia

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach ya tiene perfilado el escrito de acusación que presentará ante el juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, y lo cerrará de manera definitiva cuando la Agencia Tributaria presente un informe sobre la infanta Cristina y terminen de realizarse varias diligencias pendientes, entre ellas, más declaraciones de testigos e imputados.

En ese escrito, el fiscal solicitará penas de cárcel de Iñaki Urdangarin, colabore éste o no, en el tramo final de la investigación, según han confirmado las fuentes judiciales consultadas por este diario.

La horquilla de años de cárcel que se cierne sobre el yerno del Rey en estos momentos se sitúa en torno a un mínimo de 4 y un máximo de 17, según la ponderación que realice el fiscal de los delitos que le atribuye y la posibilidad de que el principal imputado, junto a Diego Torres, se avenga a colaborar.

Pero, en todo caso, Urdangarin, que sigue sin admitir ninguno de los ilícitos, ni tampoco ha devuelto el dinero público, 5,8 millones de euros, captados en los foros de Nóos en Balears y Valencia, no evitaría su encarcelamiento.

Delitos

Anticorrupción imputa al marido de la infanta Cristina tres delitos fiscales y también, malversación, prevaricación, y fraude a la administración. El que comporta más penas de cárcel, entre 4 y 8 años, es la malversación. También, el exjugador de balonmano puede ser acusado de blanqueo de capitales y evasión fiscal, aunque por ahora, no hay indicios sólidos para incluirlos en el escrito definitivo.

Urdangarin ha proclamado su inocencia en las dos comparecencias realizadas ante el juez Castro en Palma.

Asesorado por su abogado Mario Pascual Vives, no reconoce ninguno de los delitos que le atribuyen, con la excepción de algunas «irregularidades administrativas», y, por ende, no ha realizado ninguna maniobra para buscar un acercamiento con el ministerio público.

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EL JUEZ Y EL FISCAL DAN EL VISTO BUENO A LA DOCUMENTACION APORTADA POR BARCENAS

El juez y el fiscal consideran acreditada la doble contabilidad con caja b del PP

Ruz: “Están confirmados La autoría de los papeles y varios apuntes contables”

La Fiscalía Anticorrupción considera que el delito contable no ha preescrito

Cinco meses después de que arrancará la investigación judicial del caso Bárcenas tras la publicación en EL PAÍS de los papeles del extesorero, donde registraba las donaciones ilegales y distintas retribuciones a dirigentes del partido no declaradas a Hacienda, el juez Pablo Ruz, que instruye el caso, y la Fiscalía Anticorrupción, consideran acreditada la doble contabilidad del PP, que manejó durante casi 20 años una caja b de dinero opaco al fisco.

Los principales dirigentes del partido niegan esa doble contabilidad que el propio Luis Bárcenas, gerente y tesorero del PP durante 20 años, ha admitido en su última declaración judicial, en la que se inculpa de un delito contable. La Fiscalía Anticorrupción considera no prescrito este delito, castigado en el Código Penal con entre cinco y siete meses de cárcel, que ha confirmado la investigación judicial.

“En la actual fase de instrucción”, señaló el juez en su último auto judicial, “la autoría [de los papeles de Bárcenas] por parte del extesorero se encuentra confirmada por él mismo y por las pruebas periciales practicadas”. Además, el juez también considera confirmada “la realidad de varios apuntes contables por declaraciones testificales así como el análisis documental comparativo con los datos de la contabilidad oficialremitida por el Tribunal de Cuentas y el Partido Popular”.

La ley solo castiga con una sanción económica las donaciones ilegales

El juez se refiere en su auto sin citarlo expresamente al hecho de que los dirigentes y ex dirigentes políticos Calixto Ayesa (exconsejero navarro de salud); Jaume Matas (expresidente balear), Santiago Abascal, Jaime Ignacio del Burgo, o Eugenio Nasarre, han declarado en sede judicial que recibieron dinero del PP, según consta en los papeles de Bárcenas, y que no lo declararon a Hacienda o no recuerdan haberlo hecho ni pueden probar que lo hicieran.

La contabilidad oficial que el PPremitió al Tribunal de Cuentas, base probatoria principal en todo este caso de supuesta financiación ilegal de la formación conservadora, no registra ninguno de esos pagos a los dirigentes señalados.

Además, la instrucción judicial también ha verificado que una parte de lasdonaciones ilegales que Bárcenas apuntaba en su cuaderno (ocho millones de euros en el periodo comprendido entre 1990 y 2009) acabaron ingresadas como anónimas de manera troceada en una sucursal bancaria situada bajo la sede central de Génova, 13, en cantidades siempre inferiores a 60.000 euros para evitar que el Tribunal de Cuentas las considerase ilegales en aplicación de la Ley de Financiación de Partidos Políticos vigente en esos momentos. Entre 2003 y 2007, Bárcenas hizo 56 ingresos troceados en la sucursal del Banco de Vitoria, luego fue absorbido por Banesto, en 14 fechas distintas por valor de 1,3 millones de euros. Esos ingresos se correspondían exactamente con el apunte contable que reflejaba en sus papeles de la supuesta caja B.

Ese dinero, lo había recibido mayoritariamente el PP en cantidades superiores a 60.000 euros y, supuestamente, de manos de constructores que tenían contratos con la administración pública y, por tanto, tenían prohibidas las donaciones a los partidos políticos.

Bárcenas aseguró al juez Pablo Ruz que él mismo o el que entonces era su jefe, Álvaro Lapuerta, se reunieron con la mayoría de los empresarios que donaron fondos al partido y que comunicaron esta circunstancia a quienes en cada periodo eran presidentes o secretarios generales del partido.

Estos hechos acreditados por la investigación judicial apuntan directamente a la financiación ilegal del PP durante 20 años, una actuación irregular que carece de tipificación en el Código Penal.

Sin embargo, tanto el juez como la Fiscalía Anticorrupción, consideran que aunque los donativos a partidos políticos están exentos de tributar a Hacienda, en este caso se trataría de donativos ilegales que deberían ser tratados como ingresos extraordinarios y el PP debería haber pagado por ellos el Impuesto de Sociedades. Como el delito fiscal prescribe a los cinco años, Ruz sólo puede analizar si la cuota defraudada a partir de 2007 por esos donativos ilegales supera los 120.000 euros para poder atribuir al PP un delito fiscal.

Luis Bárcenas

se autoinculpó en

su declaración de un delito contable

La Ley de Financiación de Partidos Políticos de 2007 establece que cuando un partido político obtenga “donaciones que contravengan las limitaciones y requisitos establecidos, el Tribunal de Cuentas podrá proponer la imposición de una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento”. El Tribunal de Cuentas ha emitido ya los dictámenes correspondientes a los ejercicios de 2007 y 2008 sin encontrar irregularidades en los datos entregados por el PP.

El juez retoma hoy la investigación del caso Bárcenas y espera recibir distinta documentación que ha solicitado para acreditar, en aquellos aspectos delictivos que todavía no han prescrito, si el PP incurrió en delito fiscal —no declarar como ingreso extraordinario los donativos ilegales que recibió desde 2007— y si en los hechos reflejados en la caja b que administraba Bárcenas se produjo cohecho —pago de dinero por parte de distintos constructores a cambio de la concesión de obras públicas—.

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