ESPAÑA: EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, TORRES DULCE, REPROCHA A GALLARDON NO HABER CONSULTADO LA REFORMA DE LA JUSTICIA UNIVERSAL

Torres-Dulce reprocha a Gallardón no 

haber consultado con los fiscales la 

reforma de la Justicia Universal

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha sumado también hoy a las críticas a la reforma de la justicia universal y lo ha hecho en publico y en presencia del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Torres Dulce ha asegurado que la Fiscalía “no tendría inconveniente” en que el Tribunal Constitucional, “el máximo órgano de garantías constitucionales” analice la reforma de la Justicia Universal. “Si lo plantean los jueces seríamos sensibles a examinar el caso”, ha asegurado durante su intervención en un desayuno organizado por Europa Press.?No contento con estas afirmaciones, el fiscal general ha reprochado además al titular de Justicia la forma en que se aprobado la reforma. Pese a “entender y respetar” que la reforma se haya efectuado siguiendo la vía de presentación de una iniciativa de proposición legislativa, Torres-Dulce ha indicado que a los fiscales les habría “agradado” se les hubiera preguntado.

El fiscal general ha recordado que los fiscales de la Audiencia Nacional le hicieron llegar un escrito en el que se ponía de manifiesto que la reforma “podría dificultar la investigación de casos de narcotráfico y terrorismo” y ha  asegurado que Justicia “ha tomado nota de los aspectos de la ley que se puedan mejorar”.

Por su parte, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Galladón, encargado de presentar a Torres-Dulce en el acto ha asegurado que “nunca ha violentado la necesaria imparcialidad” del Fiscal General del Estado, a quien se ha referido como uno de “los mejores servidores del Estado”, y que precisamente por esta “imparcialidad absoluta” en todas sus actuaciones es por lo que el Gobierno promovió su designación para el cargo.

Gallardón ha señalado que es consciente de las “controversias y dificultades” que rodean la figura del Fiscal General y ha recordado que ésta se regula en el mismo título de la Constitución en el que se habla del Poder Judicial, aunque su designación sea a propuesta del Ejecutivo. “El del Fiscal General es el único nombramiento en el que participan los tres poderes del Estado, ya que su designación, a propuesta del Gobierno, se realiza oído el Consejo General del Poder Judicial y superado el trámite de comparecencia en el Parlamento”, ha relatado.

Ante estas afirmaciones, Torres-Dulce, al tomar la palabra, ha reconocido que el ministro de Justicia siempre ha concebido el ministerio fiscal como un “órgano dotado de total autonomía” y que ha defendido de forma “completa” esta autonomía en el ámbito de actuación de la Fiscalía General del Estado.

Abuso de la acción popular

Preguntado por la introducción en un borrador de la reforma prevista en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de medidas que limiten la acción popular, Torres Dulce ha contestado.

A lo largo de su intervención, el fiscal general ha eludido responder a las preguntas referidas al problema migratorio y se ha limitado señalar que se trata de un fenómeno que “humanamente es una tragedia” pero que debe ser tratado siempre “con los instrumentos del Estado de Derecho”. Ha recordado que se dispone de una Fiscalía, la de Inimigración “muy especializada” que se ocupa de estas cuestiones y tampoco ha querido opinar sobre las denominadas “devoluciones en caliente”, ya que su regulación corresponde a criterios “políticos y legislativos”·

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EL FISCAL TORRES-DULCE OBLIGADO A READMITIR A UN FISCAL QUE EXPULSO

Nuevo varapalo a Torres-Dulce: obligado a readmitir a un fiscal que expulsó

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, no gana para disgustos. En sólo una semana ha recibido dos duros varapalos por parte de la Audiencia Nacional. El primero ha sido al dejarle en evidencia al absolver a los dos cargos policiales por un delito de colaboración con organización terrorista en el caso del chivatazo, tal y como él mismo ordenó al fiscal del caso. El segundo es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo le ha ordenado que readmita al fiscal Juan Antonio Frago, primer fiscal de la democracia expulsado de la carrera.

La pérdida de su condición como representante del Ministerio Público fue acordada por el Consejo Fiscal y certificada en última instancia por Torres-Dulce, que no medió para evitar la salida de Frago de la carrera fiscal, a pesar de que, tal y como ahora confirma la Audiencia Nacional, se cometieron irregularidades en la toma de su decisión. Concretamente, el órgano judicial señala que el fiscal no fue sometido a un juicio justo. Ahora, el Ministerio de Justicia debe readmitirle y reponerle toda la pérdida económica como consecuencia de su expulsión.

Esther Fernández, fiscal jefe de A Coruña.La causa de su salida fue el fuerte enfrentamiento con su jefa directa, la fiscal jefe de La Coruña, Esther Fernández, por otro lado persona de confianza del fiscal general del Estado. Es más, después de la expulsión de Frago, la ascendió a fiscal superior de Asturias, además de permitir que de esta manera volviera a su tierra natal.

Frago y Fernández se cruzaron una serie de denuncias. La primera vino por parte del fiscal, quien en octubre del año pasado presentó una demanda por acoso laboral contra su superior. Alegó que desde que tomó posesión de su cargo en esa Fiscalía en mayo de 2010, Fernández le devolvía las causas repletas de correcciones en documentos no sujetos a visados. Además, interpuso una querella contra ella por un delito de falsificación de documentos públicos.

La Audiencia Nacional reprocha ahora que la fiscal superior actuó en contra del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal al expedientar a Frago sin escuchar a la Junta de Fiscales, tal y como establece la norma. Fernández ordenó al fiscal que actuara en un proceso en contra de su criterio sin pasar por la Junta. Es decir, se saltó un trámite de obligado cumplimiento y es en lo que se basa ahora lo Contencioso para reestablecer el puesto a Frago.

La Fiscalía no dio un juicio justo a Frago

Tras la oposición de Frago de atenerse a la orden de su superior, esta le denunció ante la Inspección Fiscal. Su informe a favor de expulsarlo fue aprobado por el Consejo Fiscal, del que Esther Fernández era miembro. Finalmente, la última palabra la tenía Torres-Dulce, quien avaló la fulminación inmediata de Frago de la carrera fiscal. La Audiencia Nacional lanza un duro ataque a la Fiscalía como institución porque, en todo el proceso, Frago no ha sido defendido por un fiscal, como ocurre en cualquier otro proceso. Pero el hecho de ser fiscal no tiene por qué quitarle la opción de que otro colega defienda el interés general en la causa.

“No es de recibo entender, como mantiene la administración demandada, que al haber intervenido varios fiscales en el procedimiento administrativo sancionador no es necesaria la intervención de uno de los miembros del Ministerio Fiscal”, recoge la sentencia. El tribunal señala que tal argumento deja de tener en cuenta que “dicho fiscal debería estar ejerciendo en el procedimiento disciplinario, sin dependencia jerárquica, la función de garante de la legalidad, posibilitando eficazmente, en definitiva, lo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera un juicio justo”, concluye.

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