ESPAÑA: EL SUPREMO DICTAMINA QUE EL PSOE NO TIENE LEGITIMIDAD PARA RECURIR LA AMNISTIA FISCAL

El Supremo establece que el PSOE no 

tiene legitimidad para recurrir la 

amnistía fiscal

El Pleno de la Sala delo Contencioso del Tribunal Supremo ha decidido que los partidos políticos no tienen legitimación para impugnar cualquier acuerdo del Gobierno por la vía de la jurisdicción contencioso-administrativa.

El alto tribunal ha confirmado, así, que el PSOE no tiene legitimación para recurrir por la vía de lo contencioso administrativo la amnistía fiscal decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy – Orden HAP/1182/2012, de 31 de mayo -.

De esta manera, el pleno de la sala tercera del Alto Tribunal ha avalado, por una mayoría de 29 magistrados a favor y sólo 5 en contra,  la decisión de la Audiencia Nacional que se negó a admitir a trámite el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal decretada por el Ejecutivo.

La Sala entiende que para acudir a la vía contencioso-administrativa es necesario ser titular de un derecho o interés legítimo que esté “en relación directa con la pretensión material que sea objeto del proceso”, de manera que una eventual sentencia estimatoria del recurso reportara al partido recurrente un beneficio o la evitación de un perjuicio efectivo, patrimonial o moral.

FUENTE

AMNISTIA INTERNACIONAL LANZA UNA ACCION URGENTE MUNDIAL POR VENEZUELA

AI lanzó una Acción Urgente mundial por 

Venezuela

Tres personas han muerto, varias han resultado heridas y decenas más han sido detenidas en enfrentamientos entre manifestantes, fuerzas de seguridad y civiles armados durante las manifestaciones celebradas en toda Venezuela. Puesto que las manifestaciones continúan, sigue existiendo el riesgo de que se produzcan nuevos incidentes.

Desde el 13 de Febrero activistas de diferentes países envían comunicaciones sobre los recientes hechos en Venezuela, en base a esta acción urgente emitida desde el Secretariado Internacional de Amnesty International

Tres personas murieron en Caracas, capital de Venezuela, y decenas más resultaron heridas en todo el país en los violentos enfrentamientos que estallaron durante las manifestaciones antigubernamentales, y después de ellas, celebradas el 12 de febrero para conmemorar el Día de la Juventud de Venezuela. Amnistía Internacional ha recibido información que indica que las fuerzas de seguridad hicieron uso de fuerza excesiva, incluidas armas de fuego, que se produjeron enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, y que hubo actos violentos contra manifestantes por parte de civiles armados, al parecer perpetrados con el consentimiento de las fuerzas de seguridad. Según las organizaciones locales, los enfrentamientos comenzaron en Caracas al concluir una marcha hasta la sede de la Fiscalía General, donde los manifestantes pretendían entregar una petición en la que se pedía la libertad de los estudiantes detenidos en manifestaciones anteriores. Dos personas –Juan Montoya y Bassil Da Costa– murieron, y varias más resultaron heridas, entre ellas funcionarios públicos. Más tarde, al anochecer del 12 de febrero, estallaron enfrentamientos en el municipio de Chacao, al este de la capital, donde el alcalde del municipio confirmó la muerte de otra persona.

Inti Rodríguez, defensor de los derechos humanos, denunció haber estado detenido durante dos horas y haber sido golpeado y amenazado de muerte por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y colectivos civiles armados. Según afirma, le quitaron todas sus pertenencias y los documentos que llevaba. Un sindicato de periodistas informó de que dos periodistas habían sido detenidos durante las manifestaciones y que a otros equipos de periodistas les habían robado su equipo. Muchos medios de comunicación dejaron de informar sobre las protestas cuando la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) criticó la cobertura ofrecida por algunas emisoras y alegó que podía constituir una violación de la ley sobre responsabilidad social, según la cual los medios de comunicación no pueden mostrar imágenes que justifiquen la violencia o que puedan alterar el orden público.

Escriban inmediatamente, en español o en su propio idioma:

• instando a las autoridades a garantizar que se respeta el derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión, y a condenar públicamente todo acto de violencia o todo abuso que pretenda intimidar o silenciar a quienes ejercen su derecho legítimo de participar en manifestaciones;
• pidiéndoles que ordenen una investigación exhaustiva e imparcial sobre las muertes, las heridas y las detenciones presuntamente arbitrarias –como la de Inti Rodríguez– ocurridas durante las protestas, que acusen a los detenidos de un delito reconocible o los pongan en libertad, y que respeten el derecho de los acusados de un delito al proceso debido;
• instándolas a garantizar que nadie es enjuiciado o detenido por ejercer su derecho legítimo a la libertad de expresión, asociación y reunión, especialmente los defensores de los derechos humanos y los periodistas, dada su fundamental labor de observación e información sobre las protestas y los abusos.

ENVÍEN LLAMAMIENTOS, ANTES DEL 27 DE MARZO DE 2014, A:

Nicolás Maduro Moros
Presidente de Venezuela
Final Avenida Urdaneta, Esq. De Bolero Palacio de Miraflores Caracas, Distrito Capital, Venezuela
Twitter: @NicolasMaduro

Tratamiento: Señor Presidente

Dra. Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República
Edificio Sede Principal del Ministerio Público, Esquinas de Misericordia a Pele El Ojo Avenida México, Caracas, Venezuela
Correo-e.: ministeriopublico@mp.gob.ve
Fax: +58 212 578 3239

Tratamiento: Dra. Fiscal

Y copia a:

PROVEA
Bulevar Panteón
Puente Trinidad a Tienda Honda
Edif. Centro Plaza las Mercedes, PB. Loc. 6, Parroquia Altagracia, Apartado Postal 5156, Carmelitas101-a
Caracas, Venezuela

Envíen también copia a la representación diplomática de Venezuela acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes diplomáticas locales a continuación:

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha antes indicada.

INFORMACIÓN complementaria

Desde el 4 de febrero han tenido lugar en todo Venezuela varias manifestaciones de estudiantes, durante las cuales, según se ha informado, las fuerzas de seguridad han hecho uso de fuerza excesiva para contener a los manifestantes y, al parecer, han practicado detenciones arbitrarias. De igual modo, se ha informado de enfrentamientos entre estudiantes y las fuerzas de seguridad, y del uso de violencia e intimidación contra manifestantes por parte de civiles armados.

Referencia: AU 29/14 Índice: AMR 53/002/2014 Fecha de emisión: 13 de febrero de 2014

Fuente: http://amnesty.org/es/library/asset/AMR53/002/2014/es/fa336590-6193...

 FUENTE

HACIENDA ASESORO A BARCENAS SOBRE SU AMNISTIA FISCAL

Hacienda no niega haber asesorado a Bárcenas sobre su amnistía fiscal

De una posible reunión del extesorero del PP con inspectores de la Oficina antifraude, alega que la ley les obliga a borrar los nombres de los visitantes cada mes

El Gobierno ha vuelto a dar muestras de su extraordinaria diligencia en el borrado de archivoscuando se le pregunta por Luis Bárcenas. En una respuesta parlamentaria, el Ejecutivo no niega que el extesorero del PP, estando imputado en delito fiscal, fuese asesorado en la Oficina Nacional de Investigación Antifraude (ONIF) sobre cómo acogerse a la amnitía fiscal de 2012, y se limita a decir que la ley les impone destruir el nombre de los visitantes a sus edificios oficiales.

El diputado de Unión Progreso y Democracia (UPyD) Alvaro Anchuelo dirigió una pregunta por escrito al Gobierno el pasado mes de julio para saber si era cierto que Bárcenas, estando ya imputado en delitos contra la Hacienda Püblica (el juez Ruz le inculpa actualmente por diez), se reunió con inspectores de la ONIF, quienes le habrían asesorado sobre cómo acogerse a la aministía fiscal.

Bárcenas se apuntó a ese proceso,  puesto en marcha por el ministro Cristobal Montoro en el año 2012, a través de una de sus sociedades, y regularizó más de 10 millones de euros por lo que pagó casi 1,2 millones. Hacienda, tras ir conociéndose que guardaba aún más dinero en Suiza, declaró nula la amnistía por la 'inveracidad' de los datos aportados por el extesorero del PP.

El diputado Anchuelo agregaba que la ONIF es la oficina de la Agencia Tributaria que realiza las tareas de auxilio judicial en el caso Bárcenas y en el caso Gürtel, y cuyo jefe, José María Meseguer,  fue ascendido hace unos meses a director general de la Agencia. Para aclarar todas esos extremos, el parlamentario preguntó al Gobierno: "¿Aparece en el libro de visitas de la ONIF alguna de don Luis Bárcenas o persona que le represente? De ser así, ¿en qué fechas?"

El Ejecutivo no entra en ninguna de las cuestiones previas planteadas por el diputado en relación al supuesto asesoramiento a Bárcenas, y contesta escuetamente: "La Instrucción 1/1996, de 1 de marzo, de la Agencia de Protección de Datos, sobre Ficheros Automatizados establecidos con la finalidad de controlar el acceso a los edificios, de obligado cumplimiento para las Administraciones Públicas, establece, en la Norma Quinta de la misma, que los datos personales recogidos en el acceso no podrán ser conservados transcurrido el plazo de un mes, contado a partir del momento en que fueran recabados".

Fue exactamente la misma respuesta que el Partido Popular dió al juez Pablo Ruz el pasado mes de julio cuando le comunicó que había destruido los libros de visitas de la sede del partido en la madrileña calle Génova entre 2001 y 2008. El juez quería saber si era frecuentada por los constructores que hacían generosas donaciones, presuntamente ilegales, a la formación de Mariano Rajoy.

El PP se amparó también en la Ley de Protección de Datos para justificar la destrucción de la lista de visitantes a la sede de Génova.

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2 DE CADA 3 EUROS DE EVASION FISCAL, SALEN DE MADRID Y CATALUÑA, AMNISTIA FISCAL

La amnistía fiscal revela el mapa del fraude: 2 de cada 3 euros evadidos salen de Madrid y Cataluña

Los datos consolidados de la amnistía fiscal dibujan el mapa y la cronología del fraude en España: dos de cada tres euros regularizados salieron de Madrid y Cataluña. La gran parte del dinero defraudado evadió al fisco entre los años 2008 y 2010, cuando la crisis había comenzado ya.

La recaudación de la amnistía fiscal no sólo ha sido más escasa de lo que el Ejecutivo esperaba (Hacienda recaudó 1.195 millones, la mitad de los 2.482 presupuestados) sino que, además, ha sido desigual. Sólo ha conseguido recaudar de manera significativa en Madrid y Cataluña: dos de cada tres euros aflorados han sido recaudados en esas dos autonomías. En el resto España, el impacto de esa amnistía ha sido nulo.

El paisaje de la recaudación, sin embargo, deja una idea clara: son esas dos regiones las que atraen no sólo la actividad económica sino también el fraude fiscal en España. Madrid recaudó 463,8 millones de euros por la amnistía fiscal y Cataluña 303,8 millones, según los datos de recaudación consolidada analizados por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).

CC.AA.	Recaudación (mill. €)	% sobre total de España
Andalucía	65,2	5,5%
Aragón	12,5	1,1%
Asturias	16	1,3%
Baleares	36,3	3%
Canarias	32,3	2,7%
Cantabria	10,5	0,9%
Castilla y León	23,6	2%
Castilla-La Mancha	21	1,7%
Cataluña	303,8	25,4%
C. Valenciana	124,3	10,4%
Extremadura	5,5	0,5%
Galicia	44,6	3,7%
Madrid	463,7	38,8%
Murcia	23,4	2%
Navarra	0,2	0%
País Vasco	0,2	0%
La Rioja	12,1	1%
Ceuta	0,2	0%
Melilla	0,2	0%
TOTAL	1.195,6	100%

Según esos datos, la Comunidad Valenciana es el tercer polo del fraude en el país. Allí se han regularizado el 10,4% de los fondos aflorados con la amnistía. Baleares con un 3% y Murcia con otro 2% dibujan otro rasgo significativo: en la costa mediterránea se ha localizado un 15% del dinero evadido en los últimos años y regularizado gracias a la llamada “declaración tributaria especial” (DTE).

El dinero aflorado es el del crack inmobiliario

Los datos de recaudación muestran que la mayoría del fraude regularizado se produjo entre los años 2008 a 2010, es decir, que son posteriores al estallido de la burbuja. Así pues, el dinero aflorado no está siendo el del boom sino el del crack inmobiliario.

El motivo de esas fechas es también legal. Los delitos fiscales anteriores a 2008  están ya prescritos de modo que los defraudadores de la burbuja inmobiliaria no tienen porque acogerse a esa amnistía ya que incluso aunque fueran detectados por el fisco no tendrían responsabilidades penales que afrontar. 

Según las estimaciones de los técnicos de Hacienda, el 97% del fraude realizado en esos años no se ha acogido a la amnistía y su dinero sigue fuera de España.

El fraude aflorado es ínfimo frente al sumergido

Los datos de las cuantías afloradas permiten extrapolar también el tamaño y el perfil del fraude que sigue oculto: según los datos de Hacienda, han sido grandes fortunas en su mayoría las que han recurrido a la amnistía fiscal, de forma que tres de cada cuatro euros defraudados fueron evadidos por grandes patrimonios. Según las estimaciones de Gestha, el 71,8% de la evasión fiscal procede del fraude cometido por grandes declarantes y grandes empresas.

Basándose en esas cifras, los técnicos estiman que más de 42.000 millones de euros escapan anualmente al control de la Agencia Tributaria.

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