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martes, 25 de marzo de 2014

ESPAÑA: UN JUEZ DESAFIA AL CORDON POLICIAL:"ESTO ES ILEGAL, ESTAIS DEFENDIENDO A ESTOS DEL PP"


Un juez increpa a un cordón policial en Génova 13: "Esto es ilegal, estáis defendiendo a estos del PP"

Según la policía, un magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid se enfrentó a los antidisturbios que protegían la sede del PP en Madrid de posibles manifestantes. El aludido, que pretendía cruzar la calle cortada para llegar a su domicilio, niega el posible abuso de poder.

La sede del Partido Popular en la calle Génova, en Madrid
"Dadme vuestros números que soy una autoridad”. El presidente de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Juan Miguel Torres, protagonizó un altercado con los antidisturbios que protegían la sede del Partido Popular en Madrid durante la concentración ciudadana que tuvo lugar el pasado 18 de enero,publica este lunes ‘El Mundo’.
Según la nota informativa de la Policía a la que ha tenido acceso el diario, el juez se enfrentó a los agentes por impedirle el paso a la calle Génova. Pese a que le explicaron la puesta en marcha de un ‘filtro de acceso selectivo’, sólo disponible para vecinos de las inmediaciones, el filiado insistió cruzar la calle manifestando: “Esto es ilegal. Estáis defendiendo a estos del PP, os lo han mandado ellos y no entiendo este dispositivo policial”.
Asimismo, Torres alegó ser juez del Tribunal Superior de Justicia y aseguró que les iba a denunciar. “Me estáis impidiendo mi derecho constitucional de libertad deambulatoria. Dadme vuestros números, soy una autoridad”, recoge la nota policial.
Sin embargo, el juez defiende que sus palabras y su actitud durante el incidente difieren de lo relatado por la Policía. “Fueron muy prepotentes, y yo con la prepotencia no puedo; sólo les pedí que me dejaran pasar para ir a mi casa, como en otras ocasiones”.
El filiado afirma que no había nadie en la calle Génova y que por lo tanto no existía peligro alguno. “Mientras discutíamos, uno no paraba de mover la valla y pisarme el pie con ella. Yo les pedí sus números de placa y me los apuntaron”, narra al periódico el presidente de la Sala de lo Social. “Les enseñé mi carné de magistrado del TSJM pero no dije ser una autoridad ni dije algo tan cursi como libertad deambulatoria”, protesta. “Sólo dije que estaba coartando mi libertad de movimientos”, concluye.

sábado, 8 de febrero de 2014

REINO UNIDO: DIMITE EL MINISTRO DE INMIGRACION AL SABER QUE SU CRIADA ES ILEGAL


Dimite el ministro de Inmigración británico al saber que su limpiadora es ilegal
Mark Harper
Mark Harper, titular de Inmigración británico, ha comunicado a David Cameron su dimisión tras descubrir que su limpiadora no tenía permiso de trabajo en Reino Unido. Cameron ha aceptado, "resignado", la dimisión.
Según Downing Street, nada indica que Harper "fuera consciente de que había contratado a una inmigrante irregular"James Brokenshire ha sido nombrado como nuevo ministro de Inmigración.
En su carta al primer ministro, Harper también ha informado de que continuará como miembro del Parlamento. También detallaba, en esta misiva, según explica BBC News, que había comprobado los papeles de su limpiadora en 2007 y en 2012.
El mes pasado, Harper había vuelto de nuevo a verificar la situación de su empleada. Fue entonces cuando, su propio gabinete, al contrastar los datos con la oficina de inmigración, constatóesta empleada no tenía derecho a permanecer de forma indefinida en Reino Unido. Cuando el propio Harper fue informado, inmediatamente lo comunicó a la Secretaria de Estado de Asuntos Internos, Theresa May.
"Aunque he cumplido con la ley en todo momento, considero que como ministro de inmigración, que está defendiendo leyes en el Parlamento que van a endurecer nuestra política de inmigración, debería exigirme más a mí que al resto", escribió Harper.

lunes, 27 de enero de 2014

ESPAÑA: COSPEDAL PROMOCIONA UN CAMPO DE GOLF CONSTRUIDO SIN PERMISOS E ILEGAL


La Junta de Castilla-La Mancha promociona un campo de golf declarado ilegal por la propia Junta

'Un entorno para soñar golpes perfectos', así describe la web de turismo de Castilla-La Mancha este complejo que lleva años funcionando, a pesar de tener dos declaraciones de impacto ambiental negativas

Imagen promocional de "La Caminera Golf"
Un año más hemos visto cómo en Fitur, políticos e instituciones se afanan por vender al público las excelencias turísticas de sus respectivos territorios. La intención de llevarse tajada del pastel turístico, uno de los pocos sectores que se han mantenido a flote en el temporal de la crisis, hace que las administraciones se desvivan por renovar su imagen para hacer más atractiva la oferta.
Este es el caso de Castilla-La Mancha, que aprovechando la llegada de la feria, ha estrenado estos días su nueva página web de turismo, para mostrar al mundo los lugares y las tradiciones más significativas de la región. En este escaparate virtual, la Junta de Comunidades ha incluido entre las razones para visitar la provincia de Ciudad Real, el complejo de 'La Caminera Golf'.
Con el sugerente titular 'Un entorno para soñar golpes perfectos', la web presenta este campo de 18 hoyos, que cuenta con dos declaraciones de impacto ambiental negativas y que se encuentra en este momento en medio de proceso judicial por la negativa de sus promotores a acatar las resoluciones de la propia Consejería de Agricultura.
“Nos parece increíble que se promocione una instalación que la propia administración ha declarado ilegal”, aseguran desde la delegación ciudadrealeña de Ecologistas en Acción, organización quedenunció por la vía penal a los promotores del campo de golf, en un proceso que se encuentra en estos momentos abierto en el Juzgado nº 2 de Valdepeñas.
Cansados de ver “la impunidad” del promotor, que desde febrero de 2007 ha hecho caso omiso a las  resoluciones de la Consejería y a las denuncias de la Conferencia Hidrográfica del Guadiana para acabar con la extracción de agua de pozos ilegales, Ecologistas en Acción se decidió a iniciar la vía judicial para que este campo de golf, ubicado en una zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) cumpla con las exigencias de la administración y restablezca el estado original de los terrenos.
La historia de un despropósito
La historia de este despropósito comienza en diciembre de 2005, cuando Promociones Sagemar S.A. presenta el proyecto de construcción de un hotel balneario de cinco estrellas en el término municipal de Torrenueva. La Dirección General de Evaluación Ambiental realiza la pertinente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que para esta edificación resultó positiva, aunque en la misma se excluye expresamente las obras del campo de golf, que según indican en la resolución (publicada en Diario Oficial de Castilla-La Mancha 24 de enero de 2007) se habían comenzado a construir sin los permisos oportunos.
Poco después de la publicación de esta resolución, los promotores presentan el proyecto específico de este campo de golf que ocupa más de 40 hectáreas entre Torrenueva y Torre de Juan Abad. En este caso la DIA (publicada en DOCM 13 de febrero de 2008) dictamina que “el proyecto es ambientalmente inviable” y “se insta a la restauración de la totalidad de los terrenos afectados por las obras del campo de golf”.
Lejos de acatar esta primera resolución, el promotor presenta un “nuevo” proyecto para obtener el informe positivo, manteniendo la base del anterior aunque bautizándolo como “sostenible”. A pesar de esta nomenclatura, en octubre de 2009 recibe una nueva DIA negativa (DOCM 16 de enero de 2009) en la que se sentencia igualmente que el promotor debe restablecer los terrenos.
Las razones esgrimidas por la Dirección General de Evaluación Ambiental para negar el permiso pertinente a este campo de golf es su impacto negativo sobre el hábitat de varias especies de aves amenazadas, entre ellas el águila imperial (especie en peligro de extinción).
Además, en las declaraciones ambientales se apunta a los perjuicios en matería hídrológicaque este complejo golfístico podría tener en la zona, pues tendría que utilizar para el riego, buena parte del agua de la depuradora de Torrenueva, dedicada a recuperar el caudal del río Jabalón, que transcurre por la zona. Una situación a la que se suman las sanciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por extraer agua de cinco pozos, sobre los que existe un obligación de clausura de los mismo en una resolución fechada en febrero de 2010.
Con el proceso judicial ya en marcha, el promotor del campo de golf presentó por tercera vez (en septiembre de 2012) una nueva solicitud para que la Administración evalúe otra vez el impacto ambiental y poder así legalizar su situación. Un intento que, según los ecologistas, responde a la intención de tener “mayor receptividad” por parte del nuevo Gobierno regional.
“Este campo de golf lleva siete años funcionando de forma absolutamente ilegal”, denuncian desde Ecologistas en Acción, un tiempo en el que, según la organización ha contado con la “complicidad” de la Junta, que ha permitido con su dejación que este promotor actúe con impunidad. Esta presunta complicidad se transforma ahora en colaboración activa, con la inclusión de este complejo como uno de los atractivos turísticos de la región.

viernes, 25 de octubre de 2013

CORTAN LA SEÑAL DE TV A 5.000 BARES ESPAÑOLES POR EMITIR FUTBOL ILEGALMENTE



Cortan la señal de televisión a 5.000 bares 

españoles por emitir fútbol ilegalmente

Fútbol

Según informa la Liga de Fútbol Profesional (LFP). La LFP mantiene "una campaña orientada a denunciar el fraude y a fomentar el juego limpio entre los amantes del fútbol".


Más de 5.000 bares y establecimientos públicos que han hecho uso ilegal de la emisión de partidos de fútbol de las ligas de Primera y Segunda División han visto como se les cortaba la señal de televisión en lo que va de temporada la 2013-2014, informa la Liga de Fútbol Profesional (LFP). La LFP, de acuerdo con los operadores de televisión que poseen los derechos audiovisuales de dichas ligas, está "preparando una campaña orientada a denunciar el fraude y a fomentar el juego limpio entre los amantes del fútbol". 

Este trabajo, según la LFP, "implica una labor de vigilancia efectiva para localizar el uso fraudulento de imágenes". Así, en lo que va de temporada, se ha cortado la señal ilegal a 5.386 bares y establecimientos públicos. La campaña sigue activa y los operadores seguirán cortando la señal televisiva en el momento en que detecten un uso no lícito, incluso durante la emisión de los partidos
FUENTE

miércoles, 4 de septiembre de 2013

LA FINANCIACION ILEGAL DE LOS PARTIDOS, NO SERA DELITO EN EL NUEVO CODIGO PENAL


La financiación ilegal de los partidos no será delito
La financiación ilegal de los partidos no será delito
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, arrancará el curso político ultimando la ley que reforma un Código Penal que pone el acento en la lucha contra la corrupción y que se presentará en las “próximas semanas” ante el Consejo de Ministros.
El Ministerio de Justicia estudia ahora las modificaciones planteadas desde el Consejo de Estado antes de llevar el texto “definitivo” al Consejo de Ministros, el cual ya tuvo oportunidad de analizar un primer anteproyecto el pasado mes de octubre. Este será uno de los primeros articulados que presente Gallardón en la vuelta de las vacaciones después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy diera prioridad a la reforma del Código Penal frente a la anunciada revisión de la Ley del Aborto, que, en todo caso, se aprobará antes de que finalice el año.
Según fuentes del departamento, el texto no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos, pero sí acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y delimita de forma más clara los tipos relacionados con delitos de corrupción, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación.
Por ejemplo, el texto propuesto simplifica el delito de cohecho para “incrementar su eficacia como instrumento de lucha contra la corrupción”. Así, se sanciona la aceptación, recepción o solicitud de la dádiva o el soborno sin vincularlo al acto que realiza después el funcionario. Hasta ahora, se debía acreditar la conexión entre el soborno y la actuación del empleado público.
Un nuevo capítulo, denominado Frustración de la ejecución, castigará con penas de uno a cuatro años de cárcel a quien oculte bienes durante un procedimiento judicial, disponga de su patrimonio o contraiga obligaciones con el fin de dificultar o impedir el embargo o las medidas cautelares adoptadas por el juez, eludiendo así el pago de la responsabilidad civil derivada del delito imputado.
En este sentido, se impone cárcel o multa a quien presente una relación de bienes o de patrimonio “incompleta o mendaz” para evitar satisfacer a sus acreedores, según contempla el anteproyecto enviado al Consejo de Estado recogido por Europa Press.
Malversación de fondos
La reforma del Código Penal introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos que cause un perjuicio para el patrimonio público. Además castiga como administración desleal a quien “quebrante su deber de lealtad” como administrador o abusa de sus funciones realizando actuaciones para las que no había sido autorizado.
Además, se amplía el comiso para extenderlo a los bienes de terceras personas a las que hayan podido ser transferidos los bienes y regulando el comiso sin sentencia de condena en los casos donde no sea posible el enjuiciamiento del acusado durante un período de tiempo “muy prolongado” y existe un peligro evidente de que puedan prescribir los hechos de los que esos bienes o efectos proceden. 

domingo, 25 de agosto de 2013

EL PP OFRECE AL PSOE UN PACTO PARA EL DELITO DE FINANCIACION ILEGAL


El PP ofrece al PSOE un pacto para tipificar el delito de financiación ilegal

El Consejo de Ministros aprobará en septiembre el nuevo Código Penal con otras medidas anticorrupción. Se endurece el cohecho: bastará con aceptar dádivas



El Gobierno de Mariano Rajoy aprobará previsiblemente en un consejo de ministros de septiembre el proyecto de ley de reforma del Código Penal, en el que se incluyen algunas medidas contra la corrupción política. Pero deja a expensas de una negociación con el PSOE y otros grupos de la oposición la tipificación como delito de la financiación ilegalde los partidos. Si el acuerdo no es posible, el Ejecutivo abordará en solitario la modificación para crear ese delito, según fuentes gubernamentales; ahora la financiación ilegal de los partidos políticos solo está castigada con sanciones económicas menores: el partido tiene que devolver el doble de la cantidad ingresada ilegalmente.
El PP tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por supuesta financiación ilegal durante 20 años a través de donaciones ilegales que hacían grandes constructoras contratistas de la administración pública. La reforma legal que pretende negociar el Gobierno no se podría aplicar para este caso, pues las normas no tienen carácter retroactivo.
La investigación judicial abierta tras la publicación en EL PAÍS de los denominados papeles de Bárcenas ha acreditado ya que el PP llevó durante esos años una doble contabilidad. En la supuesta caja b registraba donaciones ilegales (más de ocho millones de euros en el periodo comprendido entre 1990 y 2008) que luego utilizaba para distintos gastos, entre ellos presuntamente el pago de sobresueldos o cantidades ocultas al fisco a distintos dirigentes políticos; algunos de ellos lo han reconocido (Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre o Jaume Matas). Esos pagos nunca figuraron en la contabilidad oficial remitida por el PP al Tribunal de Cuentas.
El proyecto de ley del nuevo Código Penal, en el que trabaja Justicia desde hace más de un año y que ya pasó por el Consejo de Ministros el pasado octubre, se aprobará en segunda vuelta en las próximas semanas e iniciará entonces la tramitación parlamentaria. En el texto habrá varios apartados dedicados a la lucha contra la corrupción:
» Administración desleal y apropiación indebida. El nuevo Código Penal permite sancionar los supuestos graves de gestión desleal del patrimonio de terceros: la contratación de servicios por un precio exagerado (normalmente motivado por el pago de un soborno, cuya prueba no es necesaria para que exista el delito cuando ya se ha probado la deslealtad y el perjuicio patrimonial en el contrato); o la ocultación de fondos, cuando se desvían parte de los fondos administrados y se sitúan fuera del control de su propietario.
» Malversación de caudales públicos. Se incluyen en su modalidad más grave supuestos como la celebración de contratos sin contraprestación (en las causas de financiación ilegal conocidas hasta ahora una de las modalidades es el pago por servicios nunca realizados); contrataciones a precios superiores a los reales o creación de fondos ocultos de efectivo sustraído al control de la administración, con riesgo de pérdida del mismo. El delito, según el proyecto de ley, no requerirá de la acreditación de un enriquecimiento —que no siempre es posible probar—, sino que se identifica con la causa de un perjuicio al patrimonio público por un acto abusivo o desleal del funcionario.
» Cohecho. Se simplificará su regulación para eliminar la dificultad de su aplicación. El tipo básico del delito de cohecho se desvincula del acto realizado por el funcionario a cambio del soborno. Esta regulación facilita la prueba del delito y parte de la idea de que recibir sobornos, a partir de cierta cuantía, es siempre un hecho de gravedad. Es decir: para castigar el cohecho (con una pena de hasta cuatro años de prisión) bastará con la acreditación de la recepción del soborno, sin que sea necesario probar también la conexión causal entre ese pago y el acto llevado a cabo por el funcionario en el ejercicio de sus funciones.
En el caso de los trajes de Francisco Camps, por ejemplo, expresidente valenciano —procesado por un delito de cohecho y posteriormenteabsuelto por un jurado popular— siempre argumentó que él no tenía capacidad para adjudicar contratos a la red Gürtel y que no influyó en ningún funcionario para que favoreciera a ese grupo de empresas.
A partir de la nueva regulación, sería suficiente acreditar que recibió los trajes para ser condenado por cohecho. En la regulación de este delito, se mantiene la posibilidad de imponer sanciones suaves en casos de menor gravedad; y se abre la vía a penas muy duras en los casos en los que llega a acreditarse la conexión entre el pago y el acto indebido llevado a cabo.
» Delitos de insolvencia. La nueva normativa opta por sancionar penalmente la conducta de quienes frustran e impiden la ejecución de las resoluciones que les condenan al pago ocultando bienes o facilitando información falsa a los tribunales o a los órganos de la administración encargados de la ejecución.
» Ampliación del comiso. En caso de condena por ciertos delitos (entre los que se incluirán los de corrupción), el comiso no se limitará al dinero, bienes y efectos derivados del delito por el que se dicta la condena, sino que podrá ampliarse a bienes, efectos o dinero procedentes de actividades similares anteriores a las que son objeto de condena.

Los compromisos del presidente

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 1 de agosto, durante su comparecencia en el Congreso —donde negó la financiación ilegal del PP y el cobro de sobresueldos opacos por parte de la cúpula—, hasta media docena de reformas legales contra la corrupción. Algunas ya las había comprometido el Ejecutivo en marzo. Ahora abrirá una negociación con otros partidos antes de aprobarlas. Son estas:
—Reforma del Código Penal para endurecer las penas asociadas a los delitos de corrupción, incluyendo nuevas figuras delictivas como la de financiación ilegal de los partidos.
—Una ley orgánica que obligue a los partidos a aprobar sus cuentas de una determinada manera y depositarlas en un registro público. Se regulará la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.
—Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para mejorar la fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos, tanto de los partidos como de sus fundaciones. En los casos pasados y presentes de financiación ilegal (Filesa, Palau, Pallerols, Gürtel o Bárcenas) el Tribunal de Cuentas nunca descubrió las irregularidades.
—Endurecimiento del régimen de prohibición de contratación con el sector público a todas las personas, tanto físicas como jurídicas, condenadas por delitos de corrupción.
—Una ley que establezca las retribuciones de cargos públicos y regule la publicación de las declaraciones tributarias de los mismos, así como las auditorías de su situación patrimonial al final del mandato.

lunes, 12 de agosto de 2013

IMPLICAN AL PP GALLEGO EN LA FINANCIACION ILEGAL CON LA DOCUMENTACION DE BARCENAS


Los papeles de Bárcenas implican al PP gallego en la financiación ilegal

El extesorero documenta ante el juez las donaciones opacas registradas en 2006

Un exgerente explicó por escrito a la sede nacional la contabilidad B de Galicia


Durante las más de cinco horas que Luis Bárcenas declaró como imputado ante el juez Pablo Ruz, el extesorero del PP tuvo tiempo —después de confirmar los sobresueldos a diferentes cargos populares— para ratificar las donaciones opacas de su partido en Galicia registradas en 2006 y que suman más de 1,8 millones de euros procedentes, la gran mayoría, de empresas a las que la Xunta de Manuel Fraga adjudicó contratos millonarios.
Durante su comparecencia, el pasado 15 de julio en la Audiencia Nacional, el hombre que manejó las finanzas del Partido Popular durante dos décadas aseguró que el método para camuflar presuntos donativos ilegales en la contabilidad del PP consistía en fraccionar las aportaciones de empresas constructoras para darles apariencia de legalidad. Bárcenas aludió ante Ruz al informe que el entonces gerente del PP gallego, Modesto Fernández, remitió en 2006 —cuando Alberto Núñez Feijóo era ya el presidente de esta formación— a la sede nacional del partido para justificar el elevado gasto de la campaña autonómica de 2005, tras la que Manuel Fraga perdió el poder en Galicia. La explicación que supuestamente el PP gallego hizo llegar a la sede nacional, en la calle Génova de Madrid partía de la existencia de otros ingresos distintos a los que figuraban en la contabilidad oficial y suficientes para afrontar los gastos extraordinarios del año anterior.
Coincidencias en la presunta contabilidad del PP gallego
En el informe por el gerente gallego al PP nacional figura una lista con 19 empresas, muchas de ellas contratistas de la Administración autonómica durante los mandatos de Fraga, y sus presuntas donaciones al partido. Dichos apuntes contables señalan que constructoras comoCopasa, Teconsa o FCC entregaron más dinero al partido del que permite la ley, que fija un tope máximo de 60.000 euros.
Si en la contabilidad oficial del PP gallego figuraban donativos por 208.300 euros, en el documento remitido a Génova con la supuesta financiación opaca, las aportaciones de esa veintena de empresarios ascendía a 1.888.125 euros. La mayoría de los donantes además habían sido contratistas con la Xunta de Fraga, algo que prohíbe expresamente la ley.
Durante el interrogatorio del juez Ruz el pasado 15 de julio en la Audiencia Nacional, Bárcenas aludió a esa presunta contabilidad paralela del PP gallego. La citó mientras detallaba los métodos de su partido para ocultar la supuesta financiación ilegal. Estas son las palabras exactas del extesorero del PP, Luis Bárcenas, a la hora de explicar al juez Ruz alguna de la documentación aportada al sumario: “Aquí, por ejemplo hay una serie de bloques de recibos que efectivamente demuestran que se fraccionaban determinadas aportaciones, en algunos de ellos figura a lápiz el nombre de la persona que entregaba la cantidad y figuran grapadas las cantidades, los distintos ingresos en que se fraccionaban las cantidades que se ingresaban. Y la última hoja es una relación que nos hizo llegar el gerente regional de Galicia con las aportaciones de una serie de empresas, son concretamente 2.600.000 euros pero vinculados a Galicia”.

En el informe remitido desde Santiago a la sede nacional del PP y que obra en poder de EL PAÍS (y ahora también del instructor de la causa), la cantidad exacta en el capítulo de ingresos es de 2.598.738,89 euros. Junto a las aportaciones de las empresas aparecen otras, como el dinero que ingresa el grupo parlamentario en Galicia (466.850 euros) y dos pagos recibidos del PP nacional (por 42.432 y 80.000 euros respectivamente).
Estos tres apuntes de la contabilidad paralela coinciden, céntimo a céntimo, con otros ingresos registrados en la documentación oficial del PP. Así, en el extracto de cuentas del PP nacional, consta el 12 de mayo de 2006 un pago a una empresa gallega de publicidad (BAP Conde) por 42.432 euros y el 27 de octubre de ese año constata una “subvención” al PP gallego de 80.000 euros.
De los papeles oficiales —los entregados en su día al Tribunal de Cuentas— se caen, sin embargo, las presuntas donaciones opacas. Si en el informe secreto del tesorero gallego figuran aportaciones de empresas por 1.888.125 euros, la contabilidad A detallada en el “Balance de sumas y saldos del PP gallego en 2006” solo recoge 208.300 euros, de los que 11.660 aparecen anotados como “donativos nominales” y 196.700 como “donativos anónimos”. Los otros casi dos millones de euros corresponden a esa contabilidad B, a la que recurrió presuntamente el exgerente en Galicia para justificar el coste de la última campaña electoral de Fraga. Junto a ese informe del exgerente en Galicia, en la sede nacional del PP figura una tarjeta de visita manuscrita del propio Modesto Fernández.
Cuando fue consultado por EL PAÍS, el pasado julio, el exgerente del PP de Galicia admitió que acudió cuatro veces a las oficinas de Génova a rendir cuentas ante el tesorero nacional. Pero dijo desconocer cómo puede existir una nota escrita de su puño y letra. “Pregunte en Génova 13”, se limitó a responder a este diario.
Ruz tiene en su poder documentos sobre aportaciones de 19 empresas
Desde que EL PAÍS publicó, el pasado 12 de julio, la existencia de ese informe con la contabilidad B del PP gallego, toda la oposición reclamó a Feijóo que acudiese al Parlamento a dar explicaciones. Tanto el BNG como Alternativa Galega de Esquerdas, el partido de Beiras, exigieron la dimisión del presidente de la Xunta y la convocatoria de elecciones anticipadas. El PSdeG invitó al jefe del Ejecutivo gallego a comparecer en la comisión para prevenir la corrupción abierta en la Cámara autónoma. El PP hizo oídos sordos, y el pasado 1 de agosto impuso su mayoría en la Diputación Permanente para evitar que el asunto de la presunta financiación irregular llegase al hemiciclo. Su portavoz parlamentario, Pedro Puy, invocó la investigación judicial sobre el caso Bárcenas para rechazar que el Parlamento indague sobre el mismo asunton puesto al entender que podría interferir en el trabajo de la justicia. Puy defendió la “presunción de inocencia” pero evitó aludir al informe del exgerente de su partido.
Como él, el resto de la cúpula del PP gallego permanece muda sobre este asunto. El propio presidente, que ha animado varias veces al Gobierno central a dar explicaciones sobre el caso Bárcenas, ha despejado las preguntas sobre Galicia. Y su número dos, en la Xunta y en el partido, el vicepresidente Alfonso Rueda, que ya era secretario general en 2006, cuando se registraron las presuntas donaciones opacas, también escapó de la cuestión y se limitó a decir que el exgerente había negado la información. En realidad, cuando fue consultado por este diario, Modesto Fernández no desmintió la noticia, dijo no recordar el informe ni la nota manuscrita y animó a este periódico a preguntar en la sede nacional del PP.
El extesorero ratificó al juez la contabilidad B de la sede gallega del Partido Popular
Entre las empresas que, según dicho informe, aportaron financiación al PP gallego aparecen viejos conocidos de la formación conservadora. El Grupo Campo figura en las anotaciones con 200.000 euros. Se trata de un conglomerado de empresas de la familia Campo, entre los que están el exalcalde de Ortigueira Antonio Campo por el Partido Popular. Una UTE integrada por dos firmas del grupo cobró seis millones de euros en 2003 para recubrir de cuarcita los edificios de la Cidade da Cultura. Cuando la piedra de la cantera de la familia Campo se agotó, la Xunta tuvo que importarla desde Brasil.
La constructora Necso aportó, según la misma documentación, 100.000 euros al PP gallego. Es la misma empresa que resultó adjudicataria el 17 de junio de 2005 (dos días antes de las elecciones autonómicas que desalojaron al PP del Gobierno gallego) de un contrato para levantar el Teatro de la Música en la Cidade da Cultura. La adjudicación, que firmó el Consello de la Xunta —en el que Fraga era presidente y Feijóo, vicepresidente primero— repartió 97 millones de euros entre Necso y el resto de las empresas que iban a acometer el edificio sobre el monte Gaiás: Entrecanales, Cubiertas, Mzov, Obrascón Huarte y Copasa. Esta última constructora de Ourense también recibió el encargo, durante el verano de 2005, del mismo Gobierno gallego para edificar en la Cidade da Cultura el Centro de Arte en una UTE junto a Acciona. Según el informe del exgerente del PP gallego, Copasa es el donante que más dinero entregó al partido aquel año: 380.245 euros.
FCC, también dedicada a la obra pública, aportó presuntamente 108.000 euros a las arcas populares. Su expresidente, José Mayor Oreja —hermano del que fue ministro del Interior— también figura como donante en los papeles de Bárcenas. Ya durante la presidencia de Feijóo, fue la elegida para construir la autovía de Carballo-Berdoias en una polémica adjudicación que contó con un presupuesto inicial de 979 millones de euros. Su oferta era la más cara de las tres licitadoras y finalmente tuvo que ser anulada ante las críticas de la oposición.
La lista de donantes que Bárcenas ha ratificado ante el juez detalla también una aportación de 120.000 euros de la constructora Teconsa, vinculada a la trama Gürtel y que bajo el mandato de Fraga edificó las oficinas de la Xunta en Vigo y la sede del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) en Santiago. El listado incluye empresas como Antonio Ventoso (240.000 euros) Cortizo (222.000), Egasa (100.000), Bruesa (80.000), Invers Sanoa (77.850), ACS (60.000), Tojeiro (60.000), Espina y Delfín (47.700), C.R.C. Ramón Carro (33.000), Seixo (30.000) e ITV Amador de Castro (4.000). En otros epígrafes aparecen “aportación de cargos” con 22.706,89 euros, “venta invitaciones M. Fraga” con 98.625 euros y aportaciones de dos particulares (Teresa Rey y Manuel Vicente, por 4.500 y 3.000 euros, respectivamente).

lunes, 5 de agosto de 2013

"NI PP NI PSOE, QUIEREN SABER LA VERDAD DE LA FINANCIACION ILEGAL: ES UN PARIPE", ALBERTO FLORES


"Ni PP ni PSOE quieren saber la verdad de la financiación ilegal: es un paripé"

.Reunión entre Rajoy y Rubalcaba en Moncloa, el pasado junio. (Efe)

Lo llamaron un día para que se hiciera cargo de una sociedad nueva, Filesa, y aceptó el encargo como buen militante del Partido Socialista y hermano de una de las referentes del partido en aquel momento. Procesado, condenado e indultado por el primer caso de financiación ilegal de un partido político en España, estos días se revuelve en el sillón cuando oye el cruce de acusaciones entre los dirigentes del PSOE y del Partido Popular sobre los papeles del caso Barcenas: "¡Todo esto es un paripé!".
Si algún motivo de satisfacción le queda de aquella etapa -explica en su conversación con El Confidencial- es este: "Yo, que fui el chivo expiatorio de todo aquello, quizá soy el único que ha trabajado para la financiación de un partido político que no se ha enriquecido, sino todo lo contrario". Se llamaAlberto Flores Valencia. Y tiene claro que en España no existe ningún interés por acabar con la financiación ilegal de los partidos políticos. "Cuando iba camino de la cárcel -cuenta- se me acercó uno de los guardias civiles y me dijo: 'Tranquilo, que esto es por poco tiempo'. Me quedé perplejo, porque yo tenía una condena de diez años de cárcel, ¿cómo podía saber nada aquel guardia civil?".
Pero el guardia civil tenía razón. Alberto Flores, como el resto de procesados de Filesa, sólo estuvo en la cárcel nueve meses porque, a pesar de la enorme dimensión que alcanzó aquel escándalo, acabó recibiendo un indulto que zanjó definitivamente su condena. Y no fue el PSOE quien se lo concedió, sino un Gobierno del Partido Popular. El PSOE fue quien cargó, a través de la fianza depositada, con la multa millonaria que le impusieron (259 millones de pesetas), y el Partido Popular le evitó los diez años de prisión. Como diría Rajoy, fin de la cita.
El camino marcado por Filesa
Aquel indulto fue el final de un proceso judicial que, analizado ahora, con la distancia que imponen los años, no deja de arrojar preguntas sin respuestas que tejen un manto de sospechas sobre la verdadera naturaleza de los continuos pronunciamientos políticos para acabar con la financiación ilegal de los partidos políticos en España, sostén de todos los casos de corrupción que se conocen. ¿De verdad existe ese interés para acabar con la financiación ilegal? Alberto Flores cree que no. Al contrario: "Filesa marcó la hoja de ruta para todo lo que vino después".
Muchos maletines se quedaban por el camino y no llegaban al partido. Se decidió acabar con todo eso y organizarlo mejor. Así es como se creó Filesa
Su convicción la sustenta en la peculiar experiencia vivida en las mismas tripas de un partido político: "Filesa se crea para acabar con el descontrol que existía con los maletines durante el Gobierno del PSOE. Ya existía otra estructura de financiación, con otras empresas, pero aquello no iba bien. Tecnológica Informática 2020, Bleker, Atacir, Viajes Ceres o Telemundi ya funcionaban antes que Filesa, junto a otras regionales, como Deuno o Sofodepsa en Andalucía, que recibían las comisiones por los contratos con la administración. Pero como muchos maletines se quedaban por el camino, y no llegaban al partido, se decidió acabar con todo eso y organizarlo mejor. Así es como se crea Filesa y me proponen ser fiduciario de la nueva sociedad".
Lo que se constató en la investigación judicial, ceñida a sólo un par de años, es que la recaudación de Filesa, junto a Malesa y a Time-Export, alcanzó 1.200 millones de pesetas de 1989. Aunque con posterioridad nunca se ha detectado en España ninguna trama de financiación ilegal parecida a aquella (una organización empresarial delictiva creada desde el partido en el Gobierno), la similitud de Filesa con los procesos de corrupción conocidos después, incluyendo la extensa trama de Gürtel, es muy elocuente. Cuentas en Suiza, testaferros de empresas ficticias, grandes empresas que adquieren por millonadas informes inexistentes o irrelevantes... Y alguien que termina contando todo lo ocurrido.
En el caso de Filesa, el delator fue un personaje peculiar, un chileno llamadoCarlos Alberto Van Schouwen, sobre el que Alberto Flores no guarda buenos recuerdos. "A mí me piden ser fiduciario de Filesa y nadie me advirtió de que iba a estar rodeado de gilipollas, con perdón. Porque lo que no se le ocurre a nadie es darle la contabilidad a alguien que no tenía ni idea de contabilidad y que, por no tener, no tenía ni permiso de residencia en España". La cuestión es que, un buen día de mayo de 1991, el citado Carlos Alberto Van Schouwen, desairado por una serie de millones que esperaba recibir y no recibió, denunció públicamente la trama de Filesa.
El proceso judicial que se inició entonces, que culminaría seis años después,se fue desinflando a medida que pasaban los años, una nueva circunstancia que se repite continuamente en otros muchos casos de corrupción política. De las 50 personas que llegaron a estar imputadas inicialmente, la causa se redujo luego a 39 procesados y, finalmente, se sentaron en el banquillo de los acusados 12, de los que sólo fueron condenados ocho. Entre ellos, Alberto Flores. Por supuesto, que entre los procesados no se encontraba nadie de la primera línea política del PSOE ni tampoco nadie relevante ente los donantes. "Aquel juicio fue una auténtica farsa. A ver quién entiende que el Tribunal Supremo condenase a los testaferros a diez años de prisión y que a los empresarios y banqueros que habían participado del cohecho los exculpara porque, según el tribunal, si le daban dinero al PSOE era por generosidad. Es una vergüenza, pero esto funciona así".
Perseguir el cohecho
Por la experiencia de aquel juicio de Filesa, Alberto Flores tiene claro que si existiese en España un verdadero interés por acabar con la corrupción que emana de la financiación ilegal de los partidos políticos, lo primero sería perseguir con contundencia el cohecho. "Pero eso no ocurre. Es más, en el juicio de Filesa, si el PP estaba personado en la causa no era para conocer la verdad, porque sabía perfectamente en qué consistía aquello, sino paraproteger a empresarios y banqueros, además, claro está, de desgastar políticamente al PSOE. De hecho, el PP nunca llegó a acusar a nadie de cohecho".
Yo no sé si Bárcenas será también otro chivo expiatorio, pero desde luego yo no me llevé ni una sola peseta
Con el protagonismo que, de nuevo, ha adquirido la corrupción asociada a la financiación ilegal de los partidos políticos, Alberto Flores ha recopilado todos los recuerdos de la etapa de Filesa en un libro que verá la luz en breve, De la era de Franco a Filesa. Entre tanto, elude cualquier comparación con Luis Bárcenas. "Hombre, yo no sé si Bárcenas será también otro chivo expiatorio, pero desde luego yo no me llevé ni una sola peseta. Al contrario, tuve que vender parte de mi patrimonio para hacer frente a todo aquello. Otro caso es el de Luis Oliveró, que es el administrador único de Filesa, aunque era una figura decorativaporque, en realidad, todo el cotarro lo manejaba Carlos Navarro [entonces diputado del PSOE]. Era él quien recibía instrucciones desde arriba de lo que había que facturar. A Luis Oliveró, estando yo presente, le entregaron en Suiza 2.500 millones de pesetas a cambio de su silencio, porque amenazaba con dejar caer el Gobierno".
¿Una similitud más? Alberto Flores, despacha las dudas con rapidez: "A míque no me cuenten historias. Como Rubalcaba, que decía que Filesa era una cosa mía y de Oliveró... Que no, que son todos una pandilla de impresentables". 

lunes, 22 de julio de 2013

HACIENDA DEGRADA A UNA FUNCIONARIA POR NEGARSE A UN COBRO ILEGAL AL CONTRIBUYENTE


Hacienda degradó a una funcionaria por 

negarse a un cobro ilegal al contribuyente

  • Su superior le ordenó retener fondos que debían ser reembolsados
  • Le retiraron responsabilidades al denunciar públicamente la irregularidad
  • La orden del Jefe de Recaudación: 'Si no lo piden, no se devuelve un euro'





Degradada de su cargo por negarse a cometer una ilegalidad. En esa tesitura se encontró hace dos años una alta funcionaria de la Agencia Tributaria, a la cual sus superiores despojaron de responsabilidades como castigo por negarse a obviar, paradójicamente, sus obligaciones. Esto es, reembolsar al contribuyente los fondos "excesivos" que Hacienda, en ocasiones, cobra de más a los ciudadanos y que por ley deben ser devueltos en cuanto se detecte el cobro extraordinario.
Elisabeth Cueto, ahora restituida como Jefe de Equipo Regional de Recaudación de la Agencia Tributaria gracias a un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y a cuya sentencia ha tenido acceso este medio, tuvo que pasar por una situación cuanto menos rocambolesca.
En mayo de 2011 su entonces superior en el área de Recaudación y posteriormente ascendido a delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, distribuyó entre los funcionarios de la delegación catalana de Hacienda una orden que contravenía una norma largamente establecida: devolver de oficio el dinero de más cobrado al contribuyente. Sin embargo, la nueva instrucción ordenaba todo lo contrario: retener dichos fondos hasta que el ciudadano lo reclamara a la Agencia Tributaria. Una orden cuyo instigador, según uno de los funcionarios que declararon como testigos, llegó a ilustrar de la siguiente manera: "Si no lo piden, no se devuelve un euro". Un antes y un después en las devoluciones, según certificó el mismo trabajador.
Según la sentencia del TSJC, ella fue 'la única funcionaria que cuestionó una orden ilegal'. Después de hacer fue degradada.
Y así comenzaron a aplicarlo casi todos los funcionarios. Únicamente Cueto "se negó a acatarla", según la sentencia, manteniendo la misma rutina que hasta entonces: detectar dinero que no correspondía a la Agencia Tributaria y reembolsarlo. Según la sentencia del TSJC, ella"fue la única funcionaria que cuestionó una orden ilegal" y que, según denunció verbalmente y a través de correos electrónicos a sus superiores, incluyendo a la máxima responsable regional de Hacienda por entonces, "podía suponer una apropiación indebida de ingresos por parte de la Agencia Tributaria". Fue poco después de comenzar a denunciar entre compañeros y superiores la irregularidad cuando fue degradada.
Así se lo trasladaron, en una reunión celebrada el 20 de mayo de 2011, durante la cual le comunicaron verbalmente que pasaba de un cargo al que accedió en 2002 y liderar un equipo de 43 personas a apenas contar con sólo cuatro funcionarios a su mando. O lo que resulta evidente para el TSJC, que se quiso "sancionar o castigar de forma encubierta" a la funcionaria "por cuestionar abiertamente" una decisión ilegal de García de Castro.
Para la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del TSJC, la "actuación temeraria" de la Agencia Tributaria contrasta con la"conducta diligente, imparcial, rigurosa y leal" que demostró la alta funcionaria al alertar y oponerse a una orden ilegal pese a que la sanción que le impusieron sus superiores "afectó a su prestigio profesional y a buen seguro a sus expectativas y posibilidades de ascenso".
La orden de retener el dinero de los contribuyentes sólo estuvo activa un mes sin que se justificara, tampoco, la rectificación.
Además, el TSJC considera que la ilegalidad de la orden de García de Castro queda plasmada en su breve existencia. Así, el hecho de que la instrucción de retener los reembolsos se retirara en apenas un mes -sólo estuvo activa del 3 de mayo al 8 de junio de 2011- supone "una rectificación sin un motivo aparente". Según argumenta la Sección 4ª, De Castro podría haberse echado atrás en su orden "por la pública oposición" de la funcionaria que se 'rebeló' contra ella, entre otras razones.
La sentencia ordena así a la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña que anule la degradación de la denunciante y ordena "el restablecimiento de inmediato" en sus responsabilidades de Cuesta. Hacienda, además, deberá hacer frente a las costas del juicio por un caso que no sólo ha afectado a la funcionaria, sino también "a los contribuyentes" al erario público.

domingo, 7 de julio de 2013

EL AYTO DE TOLEDO CONFIRMA PAGO DE UNA COMISION AL PP DE 200.000€


El Ayuntamiento de Toledo confirma el pago al PP de una comisión "ilegal" de 200.000 euros


El contrato de limpieza a la empresa Sufi a cambio de la prima tiene un valor de 43 millones y se cerró cuando gobernaban los conservadores en la capital de Castilla-La Mancha.


Lus Bárcenas, extesorero del PP, habría confirmado a Rajoy el pago de una comisión al PP a cambio de un contrato en Toledo. EFE
El Ayuntamiento de Toledo ha asegurado hoy que la comisión "ilegal" supuestamente cobrada por el PP cuando gobernaba el Consistorio toledano es de un contrato de limpieza. El Ejecutivo local que encabeza Emiliano García Page ha reaccionado así a la publicación del diario El Mundo, que informa en su edición de hoy de que el extesorero del PP Luis Bárcenas describió ante Javier Arenas y Mariano Rajoy "el cobro de una comisión de 200.000 euros por encargo del PP de Castilla-La Mancha [presidido por María Dolores de Cospedal] a cambio de la adjudicación de una contrata municipal en Toledo".
Fuentes municipales han asegurado, asimismo, que tienen la certeza de que el contrato al que se refiere la información del diario nacional corresponde al servicio de limpieza de la ciudad con la empresa Sufi, suscrito el 15 de enero de 2007 por un periodo de siete años y un total de 43 millones de euros, a razón de algo más de seis millones anuales.
Además, el concejal de Gestión de los Servicios del Ayuntamiento de Toledo, Gabriel González, ha asegurado a través de su cuenta en Twitter (@gabriel20025) que "no hay que buscar mucho, el contrato es el de limpieza adjudicado en marzo de 2007".