40 BANCOS INTERNACIONALES SE NIEGAN A FINANCIAR EUROVEGAS

Cuarenta bancos internacionales se negaron a financiar el Eurovegas de Adelson

El magnate norteamericano no consiguió cerrar un crédito de 5.000 millones para arrancar la primera fase del proyecto

Eurovegas no vendrá a España. Pero no sólo porque el Gobierno haya rechazado las duras condiciones exigidas para instalarse en Madrid. Detrás del rechazo de Sheldon Adelson hay otra causa menos conocida: casi cuarenta bancos internacionales se negaron a concederle un crédito de 5.000 millones para iniciar la primera fase del macroproyecto.

Según revelan a El Confidencial Digital fuentes conocedoras de las negociaciones, el principal problema con el que se ha encontrado Adelson en los últimos diez días ha sido el dinero. Las Vegas Sands no tenía cerrada la financiación para el proyecto.

Ni siquiera para la primera fase. El magnate estadounidense necesitaba casi 5.000 millones, solo como punto de partida para arrancar las obras en Alcorcón.

Sheldon Adelson ya anunció en su primera visita a España que su empresa, Las Vegas Sands, financiaría el 35% del proyecto. Pero el otro 65% del capital tendría que proceder de la banca y dinero público.

Crédito de 5.000 millones con casi 40 bancos

Las fuentes a las que ha tenido acceso ECD explican que representantes de la compañía norteamericana llevaban desde después del verano negociando un importanteacuerdo con casi 40 entidades españolas y extranjeras para lograr esa financiación.

La cifra que se había puesto encima de la mesa de la banca era de unos 5.000 millones. Esa era lainversión que el magnate consideraba necesaria para iniciar la primera fase del complejo.

El magnate necesitaba casi 5.000 millones, solo como punto de partida

Pero las entidades, entre las que se encontraban el Santander, BBVA y Bankia, pero también extranjeras como Citi o Deutsche Bank, no han visto clara la apuesta de Eurovegas en Madrid y han decidido dar carpetazo al proyecto.

Está renegociando una deuda de 6.000 millones

Una de las razones que esgrime alguno de los bancos que ha participado en las conversaciones es el elevado endeudamiento de Las Vegas Sands. Así lo ha escuchado ECD de fuente directa. El grupo de Adelson está inmerso en un complejo proceso de renegociación de su deuda actual, lo que le deja en una delicada situación.

Según su última presentación de resultados, su deudacon la banca supera los 6.000 millones de euros. Desde principios de este mes, está negociando con Bank of America, Merrill Lynch, BNP Paribas y Goldman Sachs, unos términos de pago más beneficiosos.

La falta de dinero le obligó a duras exigencias

Fuentes del Gobierno involucradas en las conversaciones relacionan la falta de financiación del proyecto con las duras exigencias que Adelson puso sobre la mesa, en el último momento, a las administraciones central y madrileña. “Al final, lo del tabaco quedó como una simple anécdota”, sostiene un alto cargo de Economía.

El magnate no solo pretendía disfrutar de un régimen fiscal diferente. El portazo de la banca le forzó también a reclamar que el Ejecutivo español asumiera todas las pérdidas del proyecto en caso de que fuera deficitario.

También que pudiera recuperar toda la inversión realizada si cambiaban las condiciones del proyecto en mitad de su construcción.

Unas condiciones que fueron consideradas como “inasumibles” por la Secretaria de Estado de Comercio, que ha sido la que ha pilotado las conversaciones en los últimos meses, con Jaime García-Legaz a la cabeza.

Duro varapalo de Fitch hace solo una semana

Una de las últimas recomendaciones que ha recibido Adelson, hace tan solo una semana, fue la de la agencia de calificación Fitch. En un extenso informe sobre la compañía estadounidense, destacó los inconvenientes del proyecto español y los posibles beneficios que le reportaría la apuesta japonesa.

Fitch recalcaba “la debilidad económica de Europa como un factor clave que hay que tener en cuenta. La primera fase del proyecto costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares (entre 5.800 y 8.700 millones de euros al cambio actual), seguida de otras dos fases más con un coste total de más de 36.000 millones de dólares”.

También incidía en que Eurovegas estaba condicionada tanto a recibir el visto bueno de las administraciones públicas españolas como a “un paquete de subvenciones e incentivos”.

Por ello, Fitch lanzó una clara recomendación a Adelson: que se centrase en sus opciones asiáticas. “Japón está considerando la legalización de los megaresorts de casinos. Una legislación que está respaldada por el actual partido en el Gobierno y que puede estar aprobada a principios de 2014”.

El PSOE asegura que “ya sabían que no tenía dinero”

El PSOE, por su parte, no va a frenar sus críticas al Gobierno regional del PP. El diputado autonómico y miembro de la Ejecutiva regional socialista, Antonio Miguel Carmona, ha declarado a ECD: “ya dijimos hace un año que el proyecto no se iba a hacer y que el señor Adelson estaba jugando con el PP”.

En opinión de Carmona, el proyecto estaba muerto desde hace tiempo y Adelson ha utilizado a Madrid para negociar mejores condiciones para sus proyectos en Asia. “El millonario americano ha utilizado este proyecto para sus negociaciones en Macao, Vietnam y Corea. Pero nosotros teníamos información de que no tenía dinero. Nunca lo ha tenido. Lo habría dicho a la CNMV americana, la SEC, si lo hubiera tenido”, asegura.

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FRANCIA BUSCA FINANCIACION PERMANENTE PARA SUS GUERRAS

París busca financiación permanente para intervenciones urgentes



En línea con el aumento de la injerencia de Occidente en asuntos de otros países del mundo, so pretexto de acabar con la crisis que viven, Francia busca crear un “fondo europeo permanente” que financie las intervenciones urgentes. 

El presidente galo, François Hollande, anunció el jueves que presentará su propuesta de creación de dicho fondo en el próximo consejo de la Unión Europea, que se celebrará el 19 y 20 de diciembre en Bruselas, capital belga. 

“Europa hace mucho, pero lo hace puntualmente. Se necesitaría un fondo europeo permanente, no uno por operación”, declaró el mandatario galo desde Sao Paulo (Brasil), donde se encuentra cumpliendo una visita oficial, para después añadir que el fondo se utilizaría cuando todavía no haya una operación de mantenimiento de la paz. 

En una misión respaldada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), Francia desplegó la semana pasada 1600 soldados en la República Centroafricana, so pretexto de reinstaurar la paz y la estabilidad en ese país africano, que vive una terrible violencia desde marzo pasado, cuando la coalición rebelde Séléka, encabezada por el líder Michel Djotodia, tomó el control de Bangui, capital de la RCA, lo que provocó que el presidente, François Bozizé, escapara del país. 

Se trata de la cuarta intervención gala en los últimos años en el continente africano, rico en recursos naturales, y la segunda en menos de un año, después del ataque del pasado 11 de enero a Malí, para supuestamente combatir contra los grupos armados.
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LUZ VERDE AL PROCESO CONTRA SARKOZY, SIGUE ADELANTE EL PROCESO POR LA FINANCIACION ILEGAL DEL PARTIDO

Confirmado el proceso contra Sarkozy sobre la obtención de fondos electorales de la heredera de L'Oreal

   El tribunal de apelaciones de Burdeos ha confirmado este martes el procesamiento contra el expresidente Nicolas Sarkozy en relación con la financiación de la campaña electoral de 2007 parte de la heredera de la empresa L'Oreal, Liliane Bettencourt, según ha informado un abogado de la familia de la empresaria, Nicolas Huc-Morel.

   La sala de instrucciones del tribunal ha rechazado los doce recursos presentados, incluido el de Sarkozy, contra el proceso. Casi todos los recurrentes son sospechosos de haberse aprovechado del estado de demencia senil de la heredera de L'Oréal para obtener beneficios económicos u otros favores. El expresidente está acusado de haber conseguido por esa día fondos de Bettencourt para su campaña electoral de 2007.

   La decisión del tribunal mantiene la incertidumbre sobre el futuro judicial y político de Sarkozy, a quien sus partidarios pretenden presentar en las elecciones presidenciales de 2017. El veredicto final sobre el caso podría tardar muchos meses en producirse.

   Las investigaciones sobre Sarkozy comenzaron oficialmente el pasado mes de marzo, cuando fue acusado de haberse aprovechado del estado de demencia senil que se le había declarado a Liliane Bettencourt, la mujer más rica de Francia, para conseguir fondos para su campaña presidencial.

   El conservador Sarkozy, derrotado en las elecciones de mayo de 2012 por el actual presidente, el socialista François Hollande, lo ha negado todo. El pasado mes de julio, los abogados del exmandatario y otras once personas acusadas por los mismos cargos refutaron el informe médico que determinó en 2011 que Bettencourt padecía demencia senil desde 2006.
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LA FINANCIACION ILEGAL DE LOS PARTIDOS, NO SERA DELITO EN EL NUEVO CODIGO PENAL

La financiación ilegal de los partidos no será delito

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, arrancará el curso político ultimando la ley que reforma un Código Penal que pone el acento en la lucha contra la corrupción y que se presentará en las “próximas semanas” ante el Consejo de Ministros.

El Ministerio de Justicia estudia ahora las modificaciones planteadas desde el Consejo de Estado antes de llevar el texto “definitivo” al Consejo de Ministros, el cual ya tuvo oportunidad de analizar un primer anteproyecto el pasado mes de octubre. Este será uno de los primeros articulados que presente Gallardón en la vuelta de las vacaciones después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy diera prioridad a la reforma del Código Penal frente a la anunciada revisión de la Ley del Aborto, que, en todo caso, se aprobará antes de que finalice el año.

Según fuentes del departamento, el texto no tipifica como delito la financiación ilegal de los partidos, pero sí acomete una revisión técnica de la regulación del comiso y delimita de forma más clara los tipos relacionados con delitos de corrupción, como la malversación, la administración desleal o la insolvencia en aras de su mayor aplicación.

Por ejemplo, el texto propuesto simplifica el delito de cohecho para “incrementar su eficacia como instrumento de lucha contra la corrupción”. Así, se sanciona la aceptación, recepción o solicitud de la dádiva o el soborno sin vincularlo al acto que realiza después el funcionario. Hasta ahora, se debía acreditar la conexión entre el soborno y la actuación del empleado público.

Un nuevo capítulo, denominado Frustración de la ejecución, castigará con penas de uno a cuatro años de cárcel a quien oculte bienes durante un procedimiento judicial, disponga de su patrimonio o contraiga obligaciones con el fin de dificultar o impedir el embargo o las medidas cautelares adoptadas por el juez, eludiendo así el pago de la responsabilidad civil derivada del delito imputado.

En este sentido, se impone cárcel o multa a quien presente una relación de bienes o de patrimonio “incompleta o mendaz” para evitar satisfacer a sus acreedores, según contempla el anteproyecto enviado al Consejo de Estado recogido por Europa Press.

Malversación de fondos

La reforma del Código Penal introduce una nueva tipificación de la malversación como un supuesto de administración desleal de fondos públicos que cause un perjuicio para el patrimonio público. Además castiga como administración desleal a quien “quebrante su deber de lealtad” como administrador o abusa de sus funciones realizando actuaciones para las que no había sido autorizado.

Además, se amplía el comiso para extenderlo a los bienes de terceras personas a las que hayan podido ser transferidos los bienes y regulando el comiso sin sentencia de condena en los casos donde no sea posible el enjuiciamiento del acusado durante un período de tiempo “muy prolongado” y existe un peligro evidente de que puedan prescribir los hechos de los que esos bienes o efectos proceden. 

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EL PP OFRECE AL PSOE UN PACTO PARA EL DELITO DE FINANCIACION ILEGAL

El PP ofrece al PSOE un pacto para tipificar el delito de financiación ilegal

El Consejo de Ministros aprobará en septiembre el nuevo Código Penal con otras medidas anticorrupción. Se endurece el cohecho: bastará con aceptar dádivas

El Gobierno de Mariano Rajoy aprobará previsiblemente en un consejo de ministros de septiembre el proyecto de ley de reforma del Código Penal, en el que se incluyen algunas medidas contra la corrupción política. Pero deja a expensas de una negociación con el PSOE y otros grupos de la oposición la tipificación como delito de la financiación ilegalde los partidos. Si el acuerdo no es posible, el Ejecutivo abordará en solitario la modificación para crear ese delito, según fuentes gubernamentales; ahora la financiación ilegal de los partidos políticos solo está castigada con sanciones económicas menores: el partido tiene que devolver el doble de la cantidad ingresada ilegalmente.

El PP tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por supuesta financiación ilegal durante 20 años a través de donaciones ilegales que hacían grandes constructoras contratistas de la administración pública. La reforma legal que pretende negociar el Gobierno no se podría aplicar para este caso, pues las normas no tienen carácter retroactivo.

La investigación judicial abierta tras la publicación en EL PAÍS de los denominados papeles de Bárcenas ha acreditado ya que el PP llevó durante esos años una doble contabilidad. En la supuesta caja b registraba donaciones ilegales (más de ocho millones de euros en el periodo comprendido entre 1990 y 2008) que luego utilizaba para distintos gastos, entre ellos presuntamente el pago de sobresueldos o cantidades ocultas al fisco a distintos dirigentes políticos; algunos de ellos lo han reconocido (Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre o Jaume Matas). Esos pagos nunca figuraron en la contabilidad oficial remitida por el PP al Tribunal de Cuentas.

El proyecto de ley del nuevo Código Penal, en el que trabaja Justicia desde hace más de un año y que ya pasó por el Consejo de Ministros el pasado octubre, se aprobará en segunda vuelta en las próximas semanas e iniciará entonces la tramitación parlamentaria. En el texto habrá varios apartados dedicados a la lucha contra la corrupción:

» Administración desleal y apropiación indebida. El nuevo Código Penal permite sancionar los supuestos graves de gestión desleal del patrimonio de terceros: la contratación de servicios por un precio exagerado (normalmente motivado por el pago de un soborno, cuya prueba no es necesaria para que exista el delito cuando ya se ha probado la deslealtad y el perjuicio patrimonial en el contrato); o la ocultación de fondos, cuando se desvían parte de los fondos administrados y se sitúan fuera del control de su propietario.

» Malversación de caudales públicos. Se incluyen en su modalidad más grave supuestos como la celebración de contratos sin contraprestación (en las causas de financiación ilegal conocidas hasta ahora una de las modalidades es el pago por servicios nunca realizados); contrataciones a precios superiores a los reales o creación de fondos ocultos de efectivo sustraído al control de la administración, con riesgo de pérdida del mismo. El delito, según el proyecto de ley, no requerirá de la acreditación de un enriquecimiento —que no siempre es posible probar—, sino que se identifica con la causa de un perjuicio al patrimonio público por un acto abusivo o desleal del funcionario.

» Cohecho. Se simplificará su regulación para eliminar la dificultad de su aplicación. El tipo básico del delito de cohecho se desvincula del acto realizado por el funcionario a cambio del soborno. Esta regulación facilita la prueba del delito y parte de la idea de que recibir sobornos, a partir de cierta cuantía, es siempre un hecho de gravedad. Es decir: para castigar el cohecho (con una pena de hasta cuatro años de prisión) bastará con la acreditación de la recepción del soborno, sin que sea necesario probar también la conexión causal entre ese pago y el acto llevado a cabo por el funcionario en el ejercicio de sus funciones.

En el caso de los trajes de Francisco Camps, por ejemplo, expresidente valenciano —procesado por un delito de cohecho y posteriormenteabsuelto por un jurado popular— siempre argumentó que él no tenía capacidad para adjudicar contratos a la red Gürtel y que no influyó en ningún funcionario para que favoreciera a ese grupo de empresas.

A partir de la nueva regulación, sería suficiente acreditar que recibió los trajes para ser condenado por cohecho. En la regulación de este delito, se mantiene la posibilidad de imponer sanciones suaves en casos de menor gravedad; y se abre la vía a penas muy duras en los casos en los que llega a acreditarse la conexión entre el pago y el acto indebido llevado a cabo.

» Delitos de insolvencia. La nueva normativa opta por sancionar penalmente la conducta de quienes frustran e impiden la ejecución de las resoluciones que les condenan al pago ocultando bienes o facilitando información falsa a los tribunales o a los órganos de la administración encargados de la ejecución.

» Ampliación del comiso. En caso de condena por ciertos delitos (entre los que se incluirán los de corrupción), el comiso no se limitará al dinero, bienes y efectos derivados del delito por el que se dicta la condena, sino que podrá ampliarse a bienes, efectos o dinero procedentes de actividades similares anteriores a las que son objeto de condena.

Los compromisos del presidente

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 1 de agosto, durante su comparecencia en el Congreso —donde negó la financiación ilegal del PP y el cobro de sobresueldos opacos por parte de la cúpula—, hasta media docena de reformas legales contra la corrupción. Algunas ya las había comprometido el Ejecutivo en marzo. Ahora abrirá una negociación con otros partidos antes de aprobarlas. Son estas:

—Reforma del Código Penal para endurecer las penas asociadas a los delitos de corrupción, incluyendo nuevas figuras delictivas como la de financiación ilegal de los partidos.

—Una ley orgánica que obligue a los partidos a aprobar sus cuentas de una determinada manera y depositarlas en un registro público. Se regulará la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.

—Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para mejorar la fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos, tanto de los partidos como de sus fundaciones. En los casos pasados y presentes de financiación ilegal (Filesa, Palau, Pallerols, Gürtel o Bárcenas) el Tribunal de Cuentas nunca descubrió las irregularidades.

—Endurecimiento del régimen de prohibición de contratación con el sector público a todas las personas, tanto físicas como jurídicas, condenadas por delitos de corrupción.

—Una ley que establezca las retribuciones de cargos públicos y regule la publicación de las declaraciones tributarias de los mismos, así como las auditorías de su situación patrimonial al final del mandato.

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IMPLICAN AL PP GALLEGO EN LA FINANCIACION ILEGAL CON LA DOCUMENTACION DE BARCENAS

Los papeles de Bárcenas implican al PP gallego en la financiación ilegal

El extesorero documenta ante el juez las donaciones opacas registradas en 2006

Un exgerente explicó por escrito a la sede nacional la contabilidad B de Galicia

Durante las más de cinco horas que Luis Bárcenas declaró como imputado ante el juez Pablo Ruz, el extesorero del PP tuvo tiempo —después de confirmar los sobresueldos a diferentes cargos populares— para ratificar las donaciones opacas de su partido en Galicia registradas en 2006 y que suman más de 1,8 millones de euros procedentes, la gran mayoría, de empresas a las que la Xunta de Manuel Fraga adjudicó contratos millonarios.

Durante su comparecencia, el pasado 15 de julio en la Audiencia Nacional, el hombre que manejó las finanzas del Partido Popular durante dos décadas aseguró que el método para camuflar presuntos donativos ilegales en la contabilidad del PP consistía en fraccionar las aportaciones de empresas constructoras para darles apariencia de legalidad. Bárcenas aludió ante Ruz al informe que el entonces gerente del PP gallego, Modesto Fernández, remitió en 2006 —cuando Alberto Núñez Feijóo era ya el presidente de esta formación— a la sede nacional del partido para justificar el elevado gasto de la campaña autonómica de 2005, tras la que Manuel Fraga perdió el poder en Galicia. La explicación que supuestamente el PP gallego hizo llegar a la sede nacional, en la calle Génova de Madrid partía de la existencia de otros ingresos distintos a los que figuraban en la contabilidad oficial y suficientes para afrontar los gastos extraordinarios del año anterior.

Coincidencias en la presunta contabilidad del PP gallego

En el informe por el gerente gallego al PP nacional figura una lista con 19 empresas, muchas de ellas contratistas de la Administración autonómica durante los mandatos de Fraga, y sus presuntas donaciones al partido. Dichos apuntes contables señalan que constructoras comoCopasa, Teconsa o FCC entregaron más dinero al partido del que permite la ley, que fija un tope máximo de 60.000 euros.

Si en la contabilidad oficial del PP gallego figuraban donativos por 208.300 euros, en el documento remitido a Génova con la supuesta financiación opaca, las aportaciones de esa veintena de empresarios ascendía a 1.888.125 euros. La mayoría de los donantes además habían sido contratistas con la Xunta de Fraga, algo que prohíbe expresamente la ley.

Durante el interrogatorio del juez Ruz el pasado 15 de julio en la Audiencia Nacional, Bárcenas aludió a esa presunta contabilidad paralela del PP gallego. La citó mientras detallaba los métodos de su partido para ocultar la supuesta financiación ilegal. Estas son las palabras exactas del extesorero del PP, Luis Bárcenas, a la hora de explicar al juez Ruz alguna de la documentación aportada al sumario: “Aquí, por ejemplo hay una serie de bloques de recibos que efectivamente demuestran que se fraccionaban determinadas aportaciones, en algunos de ellos figura a lápiz el nombre de la persona que entregaba la cantidad y figuran grapadas las cantidades, los distintos ingresos en que se fraccionaban las cantidades que se ingresaban. Y la última hoja es una relación que nos hizo llegar el gerente regional de Galicia con las aportaciones de una serie de empresas, son concretamente 2.600.000 euros pero vinculados a Galicia”.

En el informe remitido desde Santiago a la sede nacional del PP y que obra en poder de EL PAÍS (y ahora también del instructor de la causa), la cantidad exacta en el capítulo de ingresos es de 2.598.738,89 euros. Junto a las aportaciones de las empresas aparecen otras, como el dinero que ingresa el grupo parlamentario en Galicia (466.850 euros) y dos pagos recibidos del PP nacional (por 42.432 y 80.000 euros respectivamente).

Estos tres apuntes de la contabilidad paralela coinciden, céntimo a céntimo, con otros ingresos registrados en la documentación oficial del PP. Así, en el extracto de cuentas del PP nacional, consta el 12 de mayo de 2006 un pago a una empresa gallega de publicidad (BAP Conde) por 42.432 euros y el 27 de octubre de ese año constata una “subvención” al PP gallego de 80.000 euros.

De los papeles oficiales —los entregados en su día al Tribunal de Cuentas— se caen, sin embargo, las presuntas donaciones opacas. Si en el informe secreto del tesorero gallego figuran aportaciones de empresas por 1.888.125 euros, la contabilidad A detallada en el “Balance de sumas y saldos del PP gallego en 2006” solo recoge 208.300 euros, de los que 11.660 aparecen anotados como “donativos nominales” y 196.700 como “donativos anónimos”. Los otros casi dos millones de euros corresponden a esa contabilidad B, a la que recurrió presuntamente el exgerente en Galicia para justificar el coste de la última campaña electoral de Fraga. Junto a ese informe del exgerente en Galicia, en la sede nacional del PP figura una tarjeta de visita manuscrita del propio Modesto Fernández.

Cuando fue consultado por EL PAÍS, el pasado julio, el exgerente del PP de Galicia admitió que acudió cuatro veces a las oficinas de Génova a rendir cuentas ante el tesorero nacional. Pero dijo desconocer cómo puede existir una nota escrita de su puño y letra. “Pregunte en Génova 13”, se limitó a responder a este diario.

Ruz tiene en su poder documentos sobre aportaciones de 19 empresas

Desde que EL PAÍS publicó, el pasado 12 de julio, la existencia de ese informe con la contabilidad B del PP gallego, toda la oposición reclamó a Feijóo que acudiese al Parlamento a dar explicaciones. Tanto el BNG como Alternativa Galega de Esquerdas, el partido de Beiras, exigieron la dimisión del presidente de la Xunta y la convocatoria de elecciones anticipadas. El PSdeG invitó al jefe del Ejecutivo gallego a comparecer en la comisión para prevenir la corrupción abierta en la Cámara autónoma. El PP hizo oídos sordos, y el pasado 1 de agosto impuso su mayoría en la Diputación Permanente para evitar que el asunto de la presunta financiación irregular llegase al hemiciclo. Su portavoz parlamentario, Pedro Puy, invocó la investigación judicial sobre el caso Bárcenas para rechazar que el Parlamento indague sobre el mismo asunton puesto al entender que podría interferir en el trabajo de la justicia. Puy defendió la “presunción de inocencia” pero evitó aludir al informe del exgerente de su partido.

Como él, el resto de la cúpula del PP gallego permanece muda sobre este asunto. El propio presidente, que ha animado varias veces al Gobierno central a dar explicaciones sobre el caso Bárcenas, ha despejado las preguntas sobre Galicia. Y su número dos, en la Xunta y en el partido, el vicepresidente Alfonso Rueda, que ya era secretario general en 2006, cuando se registraron las presuntas donaciones opacas, también escapó de la cuestión y se limitó a decir que el exgerente había negado la información. En realidad, cuando fue consultado por este diario, Modesto Fernández no desmintió la noticia, dijo no recordar el informe ni la nota manuscrita y animó a este periódico a preguntar en la sede nacional del PP.

El extesorero ratificó al juez la contabilidad B de la sede gallega del Partido Popular

Entre las empresas que, según dicho informe, aportaron financiación al PP gallego aparecen viejos conocidos de la formación conservadora. El Grupo Campo figura en las anotaciones con 200.000 euros. Se trata de un conglomerado de empresas de la familia Campo, entre los que están el exalcalde de Ortigueira Antonio Campo por el Partido Popular. Una UTE integrada por dos firmas del grupo cobró seis millones de euros en 2003 para recubrir de cuarcita los edificios de la Cidade da Cultura. Cuando la piedra de la cantera de la familia Campo se agotó, la Xunta tuvo que importarla desde Brasil.

La constructora Necso aportó, según la misma documentación, 100.000 euros al PP gallego. Es la misma empresa que resultó adjudicataria el 17 de junio de 2005 (dos días antes de las elecciones autonómicas que desalojaron al PP del Gobierno gallego) de un contrato para levantar el Teatro de la Música en la Cidade da Cultura. La adjudicación, que firmó el Consello de la Xunta —en el que Fraga era presidente y Feijóo, vicepresidente primero— repartió 97 millones de euros entre Necso y el resto de las empresas que iban a acometer el edificio sobre el monte Gaiás: Entrecanales, Cubiertas, Mzov, Obrascón Huarte y Copasa. Esta última constructora de Ourense también recibió el encargo, durante el verano de 2005, del mismo Gobierno gallego para edificar en la Cidade da Cultura el Centro de Arte en una UTE junto a Acciona. Según el informe del exgerente del PP gallego, Copasa es el donante que más dinero entregó al partido aquel año: 380.245 euros.

FCC, también dedicada a la obra pública, aportó presuntamente 108.000 euros a las arcas populares. Su expresidente, José Mayor Oreja —hermano del que fue ministro del Interior— también figura como donante en los papeles de Bárcenas. Ya durante la presidencia de Feijóo, fue la elegida para construir la autovía de Carballo-Berdoias en una polémica adjudicación que contó con un presupuesto inicial de 979 millones de euros. Su oferta era la más cara de las tres licitadoras y finalmente tuvo que ser anulada ante las críticas de la oposición.

La lista de donantes que Bárcenas ha ratificado ante el juez detalla también una aportación de 120.000 euros de la constructora Teconsa, vinculada a la trama Gürtel y que bajo el mandato de Fraga edificó las oficinas de la Xunta en Vigo y la sede del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) en Santiago. El listado incluye empresas como Antonio Ventoso (240.000 euros) Cortizo (222.000), Egasa (100.000), Bruesa (80.000), Invers Sanoa (77.850), ACS (60.000), Tojeiro (60.000), Espina y Delfín (47.700), C.R.C. Ramón Carro (33.000), Seixo (30.000) e ITV Amador de Castro (4.000). En otros epígrafes aparecen “aportación de cargos” con 22.706,89 euros, “venta invitaciones M. Fraga” con 98.625 euros y aportaciones de dos particulares (Teresa Rey y Manuel Vicente, por 4.500 y 3.000 euros, respectivamente).

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UGT UTILIZO SUBVENCIONES PARA SU FINANCIACION

SEGÚN EL MUNDO 

UGT-A utilizó para su financiación dinero de subvenciones

UGT Andalucía desvió, durante varios años y para su propia financiación, dinero de las subvenciones para formar a desempleados, publica hoy el diario El Mundo.

 El periódico, que afirma haber accedido a "abundante documentación contable", señala que UGT-A cargó a las ayudas públicas "desde la publicidad en medios de sus convocatorias de huelga general hasta las pancartas 'ugetistas' en estos paros". 

El Mundo cita como ejemplos de lo anterior que UGT-A "camufló gastos de la huelga general realizada en 2010 como 'acciones formativas dirigidas a personas desempleadas'" o que "endosó como un curso de celadores sanitarios el coste de unas lonetas para una asamblea con CCOO". 

Según publica también este diario, UGT-A ha desmentido "rotundamente" cualquier desvío de fondos por parte del sindicato y recuerda que "dentro del presupuesto de cursos de formación se incluye una partida para publicitar el mismo".

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"NI PP NI PSOE, QUIEREN SABER LA VERDAD DE LA FINANCIACION ILEGAL: ES UN PARIPE", ALBERTO FLORES

"Ni PP ni PSOE quieren saber la verdad de la financiación ilegal: es un paripé"

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Lo llamaron un día para que se hiciera cargo de una sociedad nueva, Filesa, y aceptó el encargo como buen militante del Partido Socialista y hermano de una de las referentes del partido en aquel momento. Procesado, condenado e indultado por el primer caso de financiación ilegal de un partido político en España, estos días se revuelve en el sillón cuando oye el cruce de acusaciones entre los dirigentes del PSOE y del Partido Popular sobre los papeles del caso Barcenas: "¡Todo esto es un paripé!".

Si algún motivo de satisfacción le queda de aquella etapa -explica en su conversación con El Confidencial- es este: "Yo, que fui el chivo expiatorio de todo aquello, quizá soy el único que ha trabajado para la financiación de un partido político que no se ha enriquecido, sino todo lo contrario". Se llamaAlberto Flores Valencia. Y tiene claro que en España no existe ningún interés por acabar con la financiación ilegal de los partidos políticos. "Cuando iba camino de la cárcel -cuenta- se me acercó uno de los guardias civiles y me dijo: 'Tranquilo, que esto es por poco tiempo'. Me quedé perplejo, porque yo tenía una condena de diez años de cárcel, ¿cómo podía saber nada aquel guardia civil?".

Pero el guardia civil tenía razón. Alberto Flores, como el resto de procesados de Filesa, sólo estuvo en la cárcel nueve meses porque, a pesar de la enorme dimensión que alcanzó aquel escándalo, acabó recibiendo un indulto que zanjó definitivamente su condena. Y no fue el PSOE quien se lo concedió, sino un Gobierno del Partido Popular. El PSOE fue quien cargó, a través de la fianza depositada, con la multa millonaria que le impusieron (259 millones de pesetas), y el Partido Popular le evitó los diez años de prisión. Como diría Rajoy, fin de la cita.

El camino marcado por Filesa

Aquel indulto fue el final de un proceso judicial que, analizado ahora, con la distancia que imponen los años, no deja de arrojar preguntas sin respuestas que tejen un manto de sospechas sobre la verdadera naturaleza de los continuos pronunciamientos políticos para acabar con la financiación ilegal de los partidos políticos en España, sostén de todos los casos de corrupción que se conocen. ¿De verdad existe ese interés para acabar con la financiación ilegal? Alberto Flores cree que no. Al contrario: "Filesa marcó la hoja de ruta para todo lo que vino después".

Muchos maletines se quedaban por el camino y no llegaban al partido. Se decidió acabar con todo eso y organizarlo mejor. Así es como se creó Filesa

Su convicción la sustenta en la peculiar experiencia vivida en las mismas tripas de un partido político: "Filesa se crea para acabar con el descontrol que existía con los maletines durante el Gobierno del PSOE. Ya existía otra estructura de financiación, con otras empresas, pero aquello no iba bien. Tecnológica Informática 2020, Bleker, Atacir, Viajes Ceres o Telemundi ya funcionaban antes que Filesa, junto a otras regionales, como Deuno o Sofodepsa en Andalucía, que recibían las comisiones por los contratos con la administración. Pero como muchos maletines se quedaban por el camino, y no llegaban al partido, se decidió acabar con todo eso y organizarlo mejor. Así es como se crea Filesa y me proponen ser fiduciario de la nueva sociedad".

Lo que se constató en la investigación judicial, ceñida a sólo un par de años, es que la recaudación de Filesa, junto a Malesa y a Time-Export, alcanzó 1.200 millones de pesetas de 1989. Aunque con posterioridad nunca se ha detectado en España ninguna trama de financiación ilegal parecida a aquella (una organización empresarial delictiva creada desde el partido en el Gobierno), la similitud de Filesa con los procesos de corrupción conocidos después, incluyendo la extensa trama de Gürtel, es muy elocuente. Cuentas en Suiza, testaferros de empresas ficticias, grandes empresas que adquieren por millonadas informes inexistentes o irrelevantes... Y alguien que termina contando todo lo ocurrido.

En el caso de Filesa, el delator fue un personaje peculiar, un chileno llamadoCarlos Alberto Van Schouwen, sobre el que Alberto Flores no guarda buenos recuerdos. "A mí me piden ser fiduciario de Filesa y nadie me advirtió de que iba a estar rodeado de gilipollas, con perdón. Porque lo que no se le ocurre a nadie es darle la contabilidad a alguien que no tenía ni idea de contabilidad y que, por no tener, no tenía ni permiso de residencia en España". La cuestión es que, un buen día de mayo de 1991, el citado Carlos Alberto Van Schouwen, desairado por una serie de millones que esperaba recibir y no recibió, denunció públicamente la trama de Filesa.

El proceso judicial que se inició entonces, que culminaría seis años después,se fue desinflando a medida que pasaban los años, una nueva circunstancia que se repite continuamente en otros muchos casos de corrupción política. De las 50 personas que llegaron a estar imputadas inicialmente, la causa se redujo luego a 39 procesados y, finalmente, se sentaron en el banquillo de los acusados 12, de los que sólo fueron condenados ocho. Entre ellos, Alberto Flores. Por supuesto, que entre los procesados no se encontraba nadie de la primera línea política del PSOE ni tampoco nadie relevante ente los donantes. "Aquel juicio fue una auténtica farsa. A ver quién entiende que el Tribunal Supremo condenase a los testaferros a diez años de prisión y que a los empresarios y banqueros que habían participado del cohecho los exculpara porque, según el tribunal, si le daban dinero al PSOE era por generosidad. Es una vergüenza, pero esto funciona así".

Perseguir el cohecho

Por la experiencia de aquel juicio de Filesa, Alberto Flores tiene claro que si existiese en España un verdadero interés por acabar con la corrupción que emana de la financiación ilegal de los partidos políticos, lo primero sería perseguir con contundencia el cohecho. "Pero eso no ocurre. Es más, en el juicio de Filesa, si el PP estaba personado en la causa no era para conocer la verdad, porque sabía perfectamente en qué consistía aquello, sino paraproteger a empresarios y banqueros, además, claro está, de desgastar políticamente al PSOE. De hecho, el PP nunca llegó a acusar a nadie de cohecho".

Yo no sé si Bárcenas será también otro chivo expiatorio, pero desde luego yo no me llevé ni una sola peseta

Con el protagonismo que, de nuevo, ha adquirido la corrupción asociada a la financiación ilegal de los partidos políticos, Alberto Flores ha recopilado todos los recuerdos de la etapa de Filesa en un libro que verá la luz en breve, De la era de Franco a Filesa. Entre tanto, elude cualquier comparación con Luis Bárcenas. "Hombre, yo no sé si Bárcenas será también otro chivo expiatorio, pero desde luego yo no me llevé ni una sola peseta. Al contrario, tuve que vender parte de mi patrimonio para hacer frente a todo aquello. Otro caso es el de Luis Oliveró, que es el administrador único de Filesa, aunque era una figura decorativaporque, en realidad, todo el cotarro lo manejaba Carlos Navarro [entonces diputado del PSOE]. Era él quien recibía instrucciones desde arriba de lo que había que facturar. A Luis Oliveró, estando yo presente, le entregaron en Suiza 2.500 millones de pesetas a cambio de su silencio, porque amenazaba con dejar caer el Gobierno".

¿Una similitud más? Alberto Flores, despacha las dudas con rapidez: "A míque no me cuenten historias. Como Rubalcaba, que decía que Filesa era una cosa mía y de Oliveró... Que no, que son todos una pandilla de impresentables". 

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