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martes, 25 de febrero de 2014

ESPAÑA: PACTO DE SILENCIO DE COCA-COLA ANTE EL IMPACTO DEL NO CONSUMO DE SUS PRODUCTOS


Pacto de silencio sobre el impacto del boicot a Coca-Cola


La multinacional reconoce que el ERE anunciado por el embotellador, Iberian Partners, está afectado a la imagen de la marca. Los sindicatos aseguran que su campaña instando a no consumir los productos está teniendo gran acogida. La compañía niega un descenso de ventas y Pepsi, principal competidor, no quiere hacer comentarios.


Una trabajadores de Coca-Cola en Fuenlabrada se manifiesta contra el cierre de la fábrica en la Puerta del Sol de Madrid.
¿Están respondiendo los consumidores a la llamada para boicotear Coca-Cola? Es una pregunta con difícil y diferente respuesta, que varía, evidentemente, en función de a quién se le formule. La decisión de Coca-Cola Iberian Partners (CCIP) -empresa resultado de la fusión de las siete embotelladoras de España y la de Portugal en una única compañía- de aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 1.253 ó a 1.190 trabajadores y supondrá el cierre de cuatro de las once fábricas que hay en España ha desatado una agresiva campaña de los sindicatos instando a no consumir ni el famoso refresco ni ninguno de la gama de productos de Coca-Cola Company mientras no se retiren los despidos y los cierres.
Desde hace un mes, grupos de trabajadores se concentran en las puertas de los supermercados repartiendo octavillas con el lema "Si Madrid no fabrica, Madrid no consume". Hace referencia al cierre de la planta de Fuenlabrada, la segunda más grande de España, una de las más productivas del grupo y que da trabajo a 571 empleados, según los sindicatos. Lo mismo ocurre en Alicante, Palma de Mallorca y Colloto (Asturias), las otras plantas pendientes de bajar la persiana.
"La sociedad esta rechazando los productos de Coca-Cola", asegura a Público Francisco Bermejo, representante sindical de CCOO en la fábrica Madrileña. Él mismo cifró en un 40% el descenso de las ventas de estos refrescos en Madrid durante la primera semana de huelga indefinida en la fábrica. Ahora asegura que la cifra se mantiene. Sin embargo, fuentes del embotellador único lo desmienten y asegura que el impacto no es significativo en las ventas salvo "puntos anecdóticos" por problemas en la distribución, fruto del bloqueo de los camiones de reparto. Fuentes de la sección española de la multinacional han explicado que se han solicitado los informes de ventas de este mes, pero que los datos aún no son definitivos, pero adelantan que no ha habido un impacto notable a priori.
La multinacional asegura que no hay incidencia en el volumen de ventas
Los rumores se disparan cada día en los medios de comunicación y las redes sociales, pero las grandes superficies tampoco ofrecen datos sobre las ventas de Coca-Cola. Ni siquiera Pepsi, el competidor inmediato de la bebida de Altlanta (Estados Unidos), quiere pronunciarse al respecto. Fuentes de Pepsico, fabricante de Pepsi, Kas, Gatorade y otras marcas; han asegurado a Público que no hacen comentarios ni facilitan información sobre sus ventas en el contexto actual, una especie de pacto de no agresión.

Impacto en la marca 

Donde sí que hay impacto es en la imagen de marca de la multinacional. Aunque fuentes de la compañía no pueden cuantificarlo porque no ha habido aún un análisis en profundidad, el presidente de la empresa en España y Portugal, Marcos de Quinto, reconoció en un foro público los estragos que una campaña así provoca. Coca-Cola Company ni fabrica ni vende los productos de Coca-Cola en España. De eso se encargan las franquicias embotelladoras, que tras la integración son sólo una empresa con predominio catalán. La multinacional en España sólo vende imagen, marca. Se encarga del marketing, de la publicidad y de la política de Responsabilidad Social Corporativa, como su instituto Coca-Cola de la felicidad. Coca-Cola es una de las marcas más conocidas del mundo, y su imagen se asocia a conceptos positivos. Al menos hasta que las palabras despidos, cierres o familias en paro han comenzado a acompañar al logotipo más famoso. Por eso, la sección ibérica de la empresa estadounidense no comprende por qué los sindicatos no han aceptado la última oferta de la embotelladora antes de finalizar el periodo de negociaciones del ERE.
 El director Fernando Trueba sostiene una pegatina contra el ERE de Coca-Cola durante la gala de los premios Goya. -EFE 
Para forzar otra salida a la reestructuración solicitada por Atlanta, los trabajadores han llevado el eslogan de boicot a todos los campos de fútbol madrileños y a cualquier evento destacado, como la gala de los premios Goya, en la que algunos directores y actores se dejaron fotografiar con las pegatinas que repartían los empleados de Fuenlabrada. Algunos gobiernos regionales, como el del Principado de Asturias, han renunciado al patrocinio de la marca en determinados eventos para solidarizarse con los trabajadores y criticar el cierre de fábricas rentables.
Madrid está abastecido por las fábricas de Catalunya, Sevilla y Portugal
Pero de la percepción mediática a la realidad hay un gran salto. Comprar Coca-Cola en Madrid sigue siendo perfectamente posible. "La producción está totalmente parada y de la fábrica [de Fuenlabrada] no sale ni una botella", ha asegurado Francisco Bermejo. Pero la capital, uno de los focos más activos del conflicto y uno de los puntos de consumo más importantes de Europa, está abastecida por la producción de las plantas portuguesa, catalana o sevillana. Incluso se puede ver alguna lata francesa en varios establecimientos. "Ya lo hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo porque es una práctica de esquiloraje que vulnera del derecho a la huelga", ha recordado Bermejo. De hecho, el Alicante, donde también se denunció esta práctica, las autoridades laborales han dado la razón a los trabajadores  y ha requerido a CCIP que requiere "no realice actos lesivos del derecho de huelga de los trabajadores consistentes en la sustitución por otros". "No debe sustituir el trabajo de la planta de Alicante reenviando productos de otras factorías de Iberian Partners", aseguraba en la respuesta a la denuncia de los sindicatos.

lunes, 23 de diciembre de 2013

PACTO DE BARCENAS: DELATAR A DIRIGENTES DEL PP CON CUENTAS EN SUIZA SI SALE DE PRISION

Bárcenas ofrece un pacto: delatará a dirigentes del PP con cuentas en Suiza si sale de prisión

El extesorero del PP, a través de un empresario de su confianza, ha enviado una oferta a altos cargos de Justicia e Interior para negociar su salida de Soto del Real.
Luis Bárcenas, extesorero del PP

Luis Bárcenas
 quiere salir de la prisión de Soto del Real, a la que entró el pasado junio, y pasar las Navidades y el año con su familia. Para ello, según Interviú, el extesorero del PP ha hecho llegar a altos cargos de los ministerios de Justicia e Interior un pacto: delatará a altos cargos del Partido Popularcon cuentas “ocultas y millonarias” en Suiza a cambio de su puesta en libertad. 

El que fuera responsable de la Tesorería de Génova amenaza con tirar de la manta. Tras seis meses en la madrileña cárcel de Soto del Real, Bárcenas habría presentado una oferta, de manera extraoficial, para poder salir a la calle. Daría nombres y apellidos de dirigentes del PP con cuentas del país helvético, según la mencionada revista. Eso sí, todo, tras su puesta en libertad. 

Una oferta que tanto la Justicia como la defensa del exsenador han negado pero que, tal y como explica Interviú, no por ello no puede haberse dado, ya que Bárcenas habría recurrido a un “empresario de su total confianza” para hacer llegar este pacto a altos cargos del ministerio de Alberto Ruiz Gallardón y de Jorge Fernández Díaz. 

La supuesta información que tendría en su poder el extesorero sobre estas cuentas sería vital para la investigación sobre la supuesta contabilidad B del PP. Durante meses, los encargados del caso están rastreando el dinero escondido en Suiza, que podría llegar a ascender a 48 millones de euros. 

Esta cantidad, según ha defendido desde el principio Bárcenas, pertenece a su patrimonio personal y al de otros inversores, pero no al PP. Algo que no convence del todo a los investigadores que persisten en el rastro de estas cuentas. En concreto, en los pagos realizados por las reformas encargadas a la empresa Unifica del arquitecto Gonzalo Urquijo que aparecen en los ‘papeles’ del extesorero.

A pesar de las coincidencias entre las salidas de dinero en Suiza con los pagos “a empleados del PP, altos cargos o proveedores reflejados en los ‘papeles”, según esta revista, aún hay que probar “que son esos fondos ocultos en el extranjero, y no otros, los que sirvieron para abonar los presuntos pagos en negro”. “Solo entonces podrían vincular al PP con parte del botín oculto en Suiza. En este punto la palabra de Bárcenas sería determinante”, remarca Interviú

El presunto pacto presentado por el exsenador del PP tiene en su contra las comisiones rogatorias enviadas a Uruguay, Suiza y Argentina, así como la constante información que está llegando a la Audiencia Nacional y que podría hacer inservible lo que tenga que desvelar Bárcenas. 

martes, 19 de noviembre de 2013

URDANGARIN NEGOCIA UN PACTO CON EL FISCAL PARA NO IR A JUICIO


Urdangarin negocia un pacto con el fiscal para eludir el juicio

  • El duque aceptaría menos de dos años y Torres cuatro si exoneran a su mujer

  • Horrach exige el encarcelamiento de ambos y el reintegro del dinero público sustraído




Iñaki Urdangarín y Diego Torres saludan a la alcaldesa de Valencia,...
El duque de Palma y su socio, Diego Torres, negocian un acuerdo de conformidad con Anticorrupción que tendría como primera consecuencia la no celebración del juicio previsto por el caso Urdangarin.
El marido de la Infanta Cristina quiere, además, que se le imponga una pena de cárcel inferior a dos años, lo que podría evitar que ingresara en prisión. Diego Torres es más realista y se muestra dispuesto a aceptar una condena de cuatro años que haría inevitable su encarcelamiento.
La rebaja sería notable, ya que los seis delitos que les imputan el juez y el Ministerio Público (prevaricación, fraude, falsedad, malversación, tráfico de influencias y delito fiscal en 2007 y 2008) totalizarían condenas de entre 15 y 20 años de cárcel.
Iñaki Urdangarin y Diego Torres han hecho llegar durante las últimas semanas a la Fiscalía Anticorrupción de Baleares su intención decerrar un acuerdo de conformidad -aceptación de una pena concreta para evitar el juicio- antes de que finalice la instrucción del procedimiento judicial del denominado caso Nóos.
Según aseguran a EL MUNDO fuentes próximas a las defensas, tanto el que fuera presidente del Instituto Nóos como su mano derecha han decidido volver a dar un paso hacia adelante antes de que el Ministerio Público elabore su escrito de acusación definitivo.
Después de un primer intento frustrado en abril de 2012, cuando Urdangarin y Torres llegaron a fijar fechas concretas para abordar un acuerdo, los contactos se reanudaron hace varios meses y se han intensificado de manera reciente.
Urdangarín aceptaría menos de dos años y Torres cuatro si exoneran a su mujer
En primera instancia, el mensaje trasladado por ambos a través de sus letrados fue el de que estaban dispuestos a admitir su responsabilidad en la trama, pero sólo como responsables a título lucrativo. Intentaban así saldar el proceso con el pago de una cuantiosa cantidad que resarciera el daño ocasionado por Nóos a las arcas públicas de Valencia y Baleares, planteando convertirse en una especie de meros responsables civiles subsidiarios del escándalo.
Tras ser rechazada de plano la propuesta, que llegó a ser calificada, según apuntan las mismas fuentes, de "irrisoria" por parte de la Fiscalía, Urdangarin y Torres han vuelto a la carga.

El dúo se ofrece a aceptar su culpabilidad

En esta ocasión, el dúo se ofrece a aceptar por primera vez su culpabilidad y una pena de prisión por su participación en la trama vinculada a Nóos. Según el entorno de Torres, la condena debería estar próxima a los cuatro años de cárcel, y en palabras del de Urdangarin, cercana a dos.
Eso sí, Torres exige que su mujer, Ana María Tejeiro, que está imputada, salga indemne, al igual que de momento ha ocurrido con la esposa de su socio. La satisfacción de las exigencias de Diego Torres es aún más factible gracias al escrito que entregó la semana pasada la Fiscalía Anticorrupción.
Además de oponerse a la imputación de la Infanta "por falta de indicios", recalcó que no sólo la hija del Rey, sino también la esposa de Torres, no tuvieron participación alguna en la trama de desvío de fondos públicos. Algo que choca con lo que ha mantenido el Ministerio Público respecto a la cónyuge de Torres en los últimos dos años y que se interpreta como un primer gesto para acercar posturas.
Saldado este extremo, el debate se concentra ahora en la cantidad de delitos que Urdangarín y Torres se encuentran dispuestos a asumir. Tras advertir Anticorrupción la comisión por parte de ambos de los de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la Administración, delito fiscal, blanqueo de capitales o tráfico de influencias, el escenario supera con creces una condena para ambos que llevaría aparejado su ingreso en prisión. En el peor de los escenarios, podrían llegar a ser condenados a cerca de 20 años de cárcel.

Reintegro del dinero público sustraído

No obstante, las pretensiones de la Fiscalía distan en estos momentos considerablemente de las de los principales implicados. No en vano, tras los primeros contactos, el Ministerio Público ha contestado que no está dispuesto a profundizar en las conversaciones si no se dan previamente tres circunstancias: que Urdangarin y Torres revelen dónde se encuentra la parte del botín que todavía no ha sido hallada por los investigadores, que admitan por primera vez su culpabilidad y que devuelvan una parte importante de los fondos públicos distraídos.
No en vano, ya ha sido trasladado a las defensas de Urdangarín y de Torres que nunca se cerrará un acuerdo que no implique el encarcelamiento de ambos. La intención del Ministerio Público pasa por que la pena sea idéntica para los dos principales imputados.
En cuanto a la cifra a devolver, está todavía por cuantificar, pero debería ir precedida de una entrega de un millón de euros que tendría que ser depositada de manera inmediata en el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma.
Torres amenana con cinco tandas más de correos electrónicos
El principal inconveniente que tiene la negociación en marcha pasa por la oposición del Ministerio de Justicia, en general, y de la Fiscalía General, en particular, que no quieren un acuerdo que transmita la sensación de que se dispensa un trato de favor al yerno del Rey y a su socio. Es más, Eduardo Torres-Dulce ya se ha pronunciado públicamente en este sentido. Justicia considera que un acuerdo sería perjudicial para la imagen de la institución monárquica.

Torres tiene intención de abandonar el silencio

Mientras tanto, Torres pretende dar una vuelta más de tuerca a su estrategia de defensa y amenaza ya con "cinco tandas más de correos electrónicos". La mayoría de ellos, presume su defensa, son nuevamente de contenido personal. Pero en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, se trataría de conversaciones de alto contenido íntimo mantenidas entre Urdangarin y su mujer.
Por su parte, el socio del duque de Palma ya ha transmitido a su letrado su intención de abandonar el silencio que se ha impuesto desde el estallido del escándalo. Para ello quiere mantener una conversación con un grupo reducido de periodistas con el objetivo de explicar de primera mano su versión. La intención de Torres es que el encuentro se celebre esta misma semana.

'Es sorprendente la no imputación'

  • >El juez decano de Zaragoza, Ángel Dolado, que también es portavoz del Foro Judicial Independiente, considera "sorprendente" que la Infanta Cristina no haya sido todavía imputada en el denominado 'caso Nóos'.
  • >En una entrevista concedida ayer a Radio Zaragoza, Dolado declaró al respecto: "Cualquier mujer española en estas circunstancias habría sido imputada desde el primer día. Si posteriormente se demuestra que no ha tenido una participación directa en los hechos, se anulan las faltas, pero el que no haya imputación, e incluso acusación, parece sorprendente".
  • FUENTE

martes, 5 de noviembre de 2013

PACTAN EN LA ONU ESPAÑA Y REINO UNIDO SOBRE GIBRALTAR


España y Reino Unido pactan una declaración sobre Gibraltar en la ONU

Fuentes diplomáticas españolas creen que es el mejor texto de los últimos años


Al final, la sangre no ha llegado al río.A pesar de la escalada de tensión del pasado verano y del incendiario discurso del ministro principal del Peñón, Fabian Picardo, el pasado 9 de octubre en Naciones Unidas, España y Reino Unido han pactado una “decisión de consenso” sobre Gibraltar en la IVª Comisión (Descolonización) de la ONU.
La declaración —que fue adoptada el pasado día 28 sin votarse y será elevada a la Asamblea General— es “muy buena”, según fuentes diplomáticas españolas, pues incluye “sustanciales mejoras” sobre los textos pactados en los últimos años. Así, reconoce la vigencia de la Declaración de Bruselas de 1984 (por la que Madrid y Londres se comprometieron a negociar la soberanía del Peñón), al igual que las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que establecieron en su día la preeminencia de la integridad territorial de España sobre el derecho de autodeterminación de los llanitos.
Ya en la declaración del año pasado se instaba a España y Reino Unido a llegar a una “solución definitiva” del contencioso, “escuchando los intereses y las aspiraciones de Gibraltar”. La novedad es que a esta última frase se le ha añadido una coletilla: siempre “que sean legítimas conforme al derecho internacional”. Es decir, Madrid y Londres deben tener en cuenta las aspiraciones de los gibraltareños, pero no en todos los casos, sino solo cuando “sean legítimas”. Para la diplomacia española, el derecho de autodeterminación no es una aspiración legítima de los llanitos, pues no está respaldada por las resoluciones de la ONU.


El texto consensuado “toma nota” de la voluntad británica de mantener el Foro Tripartito (en el que se sentaban representantes de Londres, Madrid y el Peñón); pero también da cuenta de la posición española de que “este foro ya no existe y debe ser sustituido por un nuevo mecanismo de cooperación local en el que estén representados los habitantes” de Gibraltar y también de la comarca circundante.
La ONU respalda, de hecho, la creación de un nuevo marco al destacar los “esfuerzos” de Madrid y Londres para “participar en un tipo de diálogo flexible y receptivo entre todas las partes relevantes y pertinentes sobre una base informal ad hoc para encontrar soluciones comunes y avanzar en cuestiones de interés mutuo”. El ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, aludió este lunes crípticamente a la decisión de la ONU al declarar que “ya han llegado” buenas noticias sobre el Peñón.
El pacto entre Madrid y Londres ha coincidido con la aprobación por el Parlamento de la colonia, el pasado 29 de octubre, de una reforma legal que deja en manos del ministro de Medioambiente gibraltareño la posibilidad de aprobar excepciones a la prohibición general de las artes de pesca utilizadas por la flota gaditana, lo que abre una vía para resolver el conflicto pesquero y constituye un “paso positivo”, según fuentes españolas.
El acercamiento no evita, sin embargo, que se sigan produciendo roces. Londres ha presentado una protesta diplomática por el incidente que se produjo el pasado 30 de octubre entre una embarcación de la Policía del Peñón y otra de la Guardia Civil en aguas en disputa. Y España ha sido el único socio de la UE que ha votado en contra del proyecto Eurosur —una iniciativa para combatir la inmigración ilegal en el Mediterráneo tras la catástrofe de Lampedusa—, por su negativa a compartir información de fronteras con el Reino Unido, informa desde Bruselas Lucía Abellán.

domingo, 20 de octubre de 2013

ALEMANIA: MERKEL YA TIENE GOBIERNO


Convención del SPD aprueba negociar coalición con Merkel




El Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) acordó iniciar conversaciones formales de coalición con la canciller Angela Merkel.
Los líderes del SPD prometieron a los miembros del partido que concretarán las exigencias de la agrupación para formar la coalición, como la introducción de un salario mínimo nacional de US$11 por hora y un incremento del presupuesto para educación.


Se espera que las negociaciones comiencen el miércoles.
El presidente del SPD, Sigmar Gabriel, dijo que no se puede descartar que durante las negociaciones se encuentren diferencias tan grandes que no permitan compromisos y que no se llegue a un acuerdo de coalición.
El SPD quizá intente obtener el puesto del ministro de Finanzas en el nuevo gobierno para intentar que Alemania se aleje de la política de austeridad.
En las elecciones legislativas de septiembre la CDU/CSU, de Merkel, obtuvo un triunfo con el 41,5% de los votos pero perdió a su tradicional socio de coalición, el Partido Liberal (FDP), y se vio obligada a buscar un nuevo aliado.

domingo, 25 de agosto de 2013

EL PP OFRECE AL PSOE UN PACTO PARA EL DELITO DE FINANCIACION ILEGAL


El PP ofrece al PSOE un pacto para tipificar el delito de financiación ilegal

El Consejo de Ministros aprobará en septiembre el nuevo Código Penal con otras medidas anticorrupción. Se endurece el cohecho: bastará con aceptar dádivas



El Gobierno de Mariano Rajoy aprobará previsiblemente en un consejo de ministros de septiembre el proyecto de ley de reforma del Código Penal, en el que se incluyen algunas medidas contra la corrupción política. Pero deja a expensas de una negociación con el PSOE y otros grupos de la oposición la tipificación como delito de la financiación ilegalde los partidos. Si el acuerdo no es posible, el Ejecutivo abordará en solitario la modificación para crear ese delito, según fuentes gubernamentales; ahora la financiación ilegal de los partidos políticos solo está castigada con sanciones económicas menores: el partido tiene que devolver el doble de la cantidad ingresada ilegalmente.
El PP tiene una causa abierta en la Audiencia Nacional por supuesta financiación ilegal durante 20 años a través de donaciones ilegales que hacían grandes constructoras contratistas de la administración pública. La reforma legal que pretende negociar el Gobierno no se podría aplicar para este caso, pues las normas no tienen carácter retroactivo.
La investigación judicial abierta tras la publicación en EL PAÍS de los denominados papeles de Bárcenas ha acreditado ya que el PP llevó durante esos años una doble contabilidad. En la supuesta caja b registraba donaciones ilegales (más de ocho millones de euros en el periodo comprendido entre 1990 y 2008) que luego utilizaba para distintos gastos, entre ellos presuntamente el pago de sobresueldos o cantidades ocultas al fisco a distintos dirigentes políticos; algunos de ellos lo han reconocido (Calixto Ayesa, Jaime Ignacio del Burgo, Santiago Abascal, Eugenio Nasarre o Jaume Matas). Esos pagos nunca figuraron en la contabilidad oficial remitida por el PP al Tribunal de Cuentas.
El proyecto de ley del nuevo Código Penal, en el que trabaja Justicia desde hace más de un año y que ya pasó por el Consejo de Ministros el pasado octubre, se aprobará en segunda vuelta en las próximas semanas e iniciará entonces la tramitación parlamentaria. En el texto habrá varios apartados dedicados a la lucha contra la corrupción:
» Administración desleal y apropiación indebida. El nuevo Código Penal permite sancionar los supuestos graves de gestión desleal del patrimonio de terceros: la contratación de servicios por un precio exagerado (normalmente motivado por el pago de un soborno, cuya prueba no es necesaria para que exista el delito cuando ya se ha probado la deslealtad y el perjuicio patrimonial en el contrato); o la ocultación de fondos, cuando se desvían parte de los fondos administrados y se sitúan fuera del control de su propietario.
» Malversación de caudales públicos. Se incluyen en su modalidad más grave supuestos como la celebración de contratos sin contraprestación (en las causas de financiación ilegal conocidas hasta ahora una de las modalidades es el pago por servicios nunca realizados); contrataciones a precios superiores a los reales o creación de fondos ocultos de efectivo sustraído al control de la administración, con riesgo de pérdida del mismo. El delito, según el proyecto de ley, no requerirá de la acreditación de un enriquecimiento —que no siempre es posible probar—, sino que se identifica con la causa de un perjuicio al patrimonio público por un acto abusivo o desleal del funcionario.
» Cohecho. Se simplificará su regulación para eliminar la dificultad de su aplicación. El tipo básico del delito de cohecho se desvincula del acto realizado por el funcionario a cambio del soborno. Esta regulación facilita la prueba del delito y parte de la idea de que recibir sobornos, a partir de cierta cuantía, es siempre un hecho de gravedad. Es decir: para castigar el cohecho (con una pena de hasta cuatro años de prisión) bastará con la acreditación de la recepción del soborno, sin que sea necesario probar también la conexión causal entre ese pago y el acto llevado a cabo por el funcionario en el ejercicio de sus funciones.
En el caso de los trajes de Francisco Camps, por ejemplo, expresidente valenciano —procesado por un delito de cohecho y posteriormenteabsuelto por un jurado popular— siempre argumentó que él no tenía capacidad para adjudicar contratos a la red Gürtel y que no influyó en ningún funcionario para que favoreciera a ese grupo de empresas.
A partir de la nueva regulación, sería suficiente acreditar que recibió los trajes para ser condenado por cohecho. En la regulación de este delito, se mantiene la posibilidad de imponer sanciones suaves en casos de menor gravedad; y se abre la vía a penas muy duras en los casos en los que llega a acreditarse la conexión entre el pago y el acto indebido llevado a cabo.
» Delitos de insolvencia. La nueva normativa opta por sancionar penalmente la conducta de quienes frustran e impiden la ejecución de las resoluciones que les condenan al pago ocultando bienes o facilitando información falsa a los tribunales o a los órganos de la administración encargados de la ejecución.
» Ampliación del comiso. En caso de condena por ciertos delitos (entre los que se incluirán los de corrupción), el comiso no se limitará al dinero, bienes y efectos derivados del delito por el que se dicta la condena, sino que podrá ampliarse a bienes, efectos o dinero procedentes de actividades similares anteriores a las que son objeto de condena.

Los compromisos del presidente

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 1 de agosto, durante su comparecencia en el Congreso —donde negó la financiación ilegal del PP y el cobro de sobresueldos opacos por parte de la cúpula—, hasta media docena de reformas legales contra la corrupción. Algunas ya las había comprometido el Ejecutivo en marzo. Ahora abrirá una negociación con otros partidos antes de aprobarlas. Son estas:
—Reforma del Código Penal para endurecer las penas asociadas a los delitos de corrupción, incluyendo nuevas figuras delictivas como la de financiación ilegal de los partidos.
—Una ley orgánica que obligue a los partidos a aprobar sus cuentas de una determinada manera y depositarlas en un registro público. Se regulará la retención de los pagos de subvenciones si las cuentas no se presentan, la mejora del régimen sancionador en materia de financiación y el aumento de los plazos de prescripción.
—Reforma de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas para mejorar la fiscalización de las donaciones, los ingresos y los gastos, tanto de los partidos como de sus fundaciones. En los casos pasados y presentes de financiación ilegal (Filesa, Palau, Pallerols, Gürtel o Bárcenas) el Tribunal de Cuentas nunca descubrió las irregularidades.
—Endurecimiento del régimen de prohibición de contratación con el sector público a todas las personas, tanto físicas como jurídicas, condenadas por delitos de corrupción.
—Una ley que establezca las retribuciones de cargos públicos y regule la publicación de las declaraciones tributarias de los mismos, así como las auditorías de su situación patrimonial al final del mandato.

domingo, 4 de agosto de 2013

PP Y PSOE, PACTAN UNA SALIDA POLITICA DEL ACCIDENTE DE SANTIAGO, ¿ JUEGAN CON NUESTRAS VIDAS ?


PP y PSOE pactan una revisión política del accidente del Alvia de guante blanco


Alfredo Pérez Rubalcaba (2d), Elena Valenciano (c), Alberto Núñez Feijóo (d), Ana Pastor (2i) y Pachi Vázquez (i). (Efe)

El enfrentamiento político entre los dos grandes partidos se ha mantenido por ahora al margen del accidente de tren de Santiago. Y seguirá siendo así en los próximos días. El Gobierno y el principal partido de la oposición han acordadono convertir la tragedia del Alvia en nuevo motivo de confrontación políticaPP y PSOE creen que la sociedad no entendería un intercambio de acusaciones sobre su presunta responsabilidad en el siniestro y presienten que un cruce de argumentos acabaría perjudicando en realidad a ambas formaciones por la historia reciente de la línea de alta velocidad Ourense-A Coruña, el tramo en el que se produjo el fatídico descarrilamiento.
Según ha podido saber El Confidencial, la ministra de Fomento, Ana Pastor, ha hablado por teléfono en los últimos días con su antecesor en el cargo,José Blanco, y también con la secretaria de Organización del PSOE, Elena Valenciano, para cambiar impresiones sobre el accidente. Blanco, que asistió al funeral en la Catedral del Apóstol aunque se mantuvo en un segundo plano, expresó a Pastor su solidaridad con la tragedia y se ofreció a colaborar en lo que pueda necesitar. En cuanto al contenido de la conversación entre la ministra de Fomento y Valenciano, ambas se comprometieron a cooperar para que la desgracia no entre en el terreno de la contienda partidista.
Ese es el clima que se respirará esta semana en la comparecencia de la ministra de Fomento en la Comisión del Congreso del mismo nombre. Pastor quiere explicar la actuación de su departamento y responder las dudas de la oposición. Estará acompañada por Julio González Pomar y Gonzalo Ferre, presidentes de Renfe y Adif, respectivamente. Pero, al menos en lo que respecta a la relación Gobierno-PSOE, se espera que la cita discurra en un ambiente de normalidad, sin críticas exacerbadas al adversario, según las fuentes consultadas.
Una inauguración cargada de contenido político
El principal motivo de la baja confrontación que rodea de momento al accidente de Santiago en comparación con otras catástrofes, como la delPrestige o la del metro de Valencia, es el contexto político que acompaña a la tragedia. El tramo de la línea de alta velocidad en el que el Alvia se salió de la vía fue inaugurado por Blanco el 10 de diciembre de 2011, un mes después de las elecciones generales, cuando sólo era ministro de Fomento en funciones.
Blanco no quiso perderse ese acto por culpa del adelanto de las elecciones generales. Era el proyecto al que más tiempo le había dedicado en sus dos años y medio al frente de Fomento. Veía en ese logro histórico para Galicia la catapulta que debía auparle a la presidencia de la Comunidad Autónoma. El caso Campeón frustró sus aspiraciones, pero en diciembre de 2011 su ambición estaba prácticamente intacta.
Las dudas que ha generado la precariedad del sistema de control en el tramo del descarrilamiento podrían haberle salpicado por la celeridad que puso Blanco para inaugurar el servicio antes de tener que abandonar el Gobierno. Sin embargo, el ex secretario de Organización del PSOE ha conseguido que nadie le pida explicaciones ni responsabilidades políticas por la configuración actual de ese tramo.
Lo cierto es que el Partido Popular se encuentra en circunstancias similares. Pastor participó en aquella inauguración en calidad de diputada del PP por Galicia, aunque sólo unos días después asumió la cartera de Fomento. También asistió lógicamente en un lugar destacado el presidente de la Xunta,Alberto Núñez Feijóo, que interpretó la llegada de la Alta Velocidad a Galicia como el final de una reivindicación histórica que había conseguido sellar su Gobierno. Acusarse ahora mutuamente sobre las deficiencias de ese tramo inaugurado tanto por el PP como por el PSOE con todos los honores no beneficiaría a ninguno de los dos partidos y podría perjudicar a ambos.
¿Alta Velocidad o Velocidad Alta?
Hay otro elemento que va a contribuir a rebajar la tensión política. El accidente ha demostrado que la seguridad y calidad del tramo Ourense-A Coruña dista mucho de estándares de la Alta Velocidad, la etiqueta que había acompañado a esa línea desde su inauguración. Pero la propia ministra de Fomento ha tenido que admitir después de la tragedia que ese tramo es en realidad de Velocidad Alta, una alteración del orden de los vocablos que sitúa la línea en un escalafón inferior al AVE. Pastor ha insistido incluso en aclarar la terminología para tratar de salvar la imagen de la industria española de Alta Velocidad en el exterior, porque se juega un contrato en Brasil que asciende a 11.000 millones de euros y hay otros concursos en juego en Turquía, Estados Unidos y Kazajistán.
Sin embargo, tanto el anterior Gobierno del PSOE como el actual del Partido Popular, así como el Ejecutivo autonómico gallego, también del PP, habían defendido hasta el día del accidente que el tramo Ourense-A Coruña formaba parte de la red nacional de Alta Velocidad. Nadie precisó el día de la inauguración que la línea sólo era de Velocidad Alta. Y de hecho, Adif sigue vendiendo en su página web oficial que esa vía pertenece a la máxima categoría del sistema nacional de ferrocarriles. Ni PP ni PSOE parece que estén, por ahora, en condiciones de cuestionar la actuación del adversario.