Hacienda degradó a una funcionaria por
negarse a un cobro ilegal al contribuyente
- Su superior le ordenó retener fondos que debían ser reembolsados
- Le retiraron responsabilidades al denunciar públicamente la irregularidad
- La orden del Jefe de Recaudación: 'Si no lo piden, no se devuelve un euro'
Degradada de su cargo por negarse a cometer una ilegalidad. En esa tesitura se encontró hace dos años una alta funcionaria de la Agencia Tributaria, a la cual sus superiores despojaron de responsabilidades como castigo por negarse a obviar, paradójicamente, sus obligaciones. Esto es, reembolsar al contribuyente los fondos "excesivos" que Hacienda, en ocasiones, cobra de más a los ciudadanos y que por ley deben ser devueltos en cuanto se detecte el cobro extraordinario.
Elisabeth Cueto, ahora restituida como Jefe de Equipo Regional de Recaudación de la Agencia Tributaria gracias a un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y a cuya sentencia ha tenido acceso este medio, tuvo que pasar por una situación cuanto menos rocambolesca.
En mayo de 2011 su entonces superior en el área de Recaudación y posteriormente ascendido a delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, Gonzalo David García de Castro, distribuyó entre los funcionarios de la delegación catalana de Hacienda una orden que contravenía una norma largamente establecida: devolver de oficio el dinero de más cobrado al contribuyente. Sin embargo, la nueva instrucción ordenaba todo lo contrario: retener dichos fondos hasta que el ciudadano lo reclamara a la Agencia Tributaria. Una orden cuyo instigador, según uno de los funcionarios que declararon como testigos, llegó a ilustrar de la siguiente manera: "Si no lo piden, no se devuelve un euro". Un antes y un después en las devoluciones, según certificó el mismo trabajador.
Y así comenzaron a aplicarlo casi todos los funcionarios. Únicamente Cueto "se negó a acatarla", según la sentencia, manteniendo la misma rutina que hasta entonces: detectar dinero que no correspondía a la Agencia Tributaria y reembolsarlo. Según la sentencia del TSJC, ella"fue la única funcionaria que cuestionó una orden ilegal" y que, según denunció verbalmente y a través de correos electrónicos a sus superiores, incluyendo a la máxima responsable regional de Hacienda por entonces, "podía suponer una apropiación indebida de ingresos por parte de la Agencia Tributaria". Fue poco después de comenzar a denunciar entre compañeros y superiores la irregularidad cuando fue degradada.
Así se lo trasladaron, en una reunión celebrada el 20 de mayo de 2011, durante la cual le comunicaron verbalmente que pasaba de un cargo al que accedió en 2002 y liderar un equipo de 43 personas a apenas contar con sólo cuatro funcionarios a su mando. O lo que resulta evidente para el TSJC, que se quiso "sancionar o castigar de forma encubierta" a la funcionaria "por cuestionar abiertamente" una decisión ilegal de García de Castro.
Para la Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo del TSJC, la "actuación temeraria" de la Agencia Tributaria contrasta con la"conducta diligente, imparcial, rigurosa y leal" que demostró la alta funcionaria al alertar y oponerse a una orden ilegal pese a que la sanción que le impusieron sus superiores "afectó a su prestigio profesional y a buen seguro a sus expectativas y posibilidades de ascenso".
Además, el TSJC considera que la ilegalidad de la orden de García de Castro queda plasmada en su breve existencia. Así, el hecho de que la instrucción de retener los reembolsos se retirara en apenas un mes -sólo estuvo activa del 3 de mayo al 8 de junio de 2011- supone "una rectificación sin un motivo aparente". Según argumenta la Sección 4ª, De Castro podría haberse echado atrás en su orden "por la pública oposición" de la funcionaria que se 'rebeló' contra ella, entre otras razones.
La sentencia ordena así a la delegación de la Agencia Tributaria en Cataluña que anule la degradación de la denunciante y ordena "el restablecimiento de inmediato" en sus responsabilidades de Cuesta. Hacienda, además, deberá hacer frente a las costas del juicio por un caso que no sólo ha afectado a la funcionaria, sino también "a los contribuyentes" al erario público.
