EL PP FINANCIO CON DINERO NEGRO A LIBERTAD DIGITAL

Cómo el PP financió con dinero negro a Libertad Digital

La confesión la hace el propio Luis Bárcenas. Así lo explicó hace una semana, durante su interrogatorio con el juez Pablo Ruz. Algunas pistas importantes: Paco Yáñez era uno de los responsables de la tesorería del PP desde los tiempos de Alianza Popular y Alberto Recarte era en esos años el presidente de Libertad Digital.

Sr. Magistrado-Juez: Hay otra que pone “Paco Yáñez”.

D. Luis Bárcenas: Si, Paco Yáñez... ¿es de un importe elevado?

Sr. Magistrado-Juez: Se lo digo.

D. Luis Bárcenas: Si son ciento y pico mil euros. si es esa la cantidad, esa es una entrega. Vamos a ver, aquí me tengo que extender un poco.

Sr. Magistrado-Juez: Sí, sí, hágalo.

D. Luis Bárcenas: En un momento determinado, Ángel Acebes había recibido una llamada de D. Alberto Recarte y llamó a Álvaro Lapuerta y yo lo acompañe. Subimos Álvaro Lapuerta y yo al despacho de Ángel Acebes. Nos pidió que él quería echar una mano en una ampliación de capital de una sociedad del Sr. Recarte, vinculada a los medios de comunicación, y que si podíamos poner en contacto con el Sr. Recarte a gente que colaboraba con nosotros dado que, en fin, el proyecto —digamos—mediático podía corresponder un poco con la ideología del donante nuestro. Y en ese sentido, Álvaro Lapuerta habló con una serie de personas que colaboraban con nosotros, algunos decidieron aportar, otros decidieron no aportar, pero terminaba el plazo para cerrar ya la ampliación de capital y quedaba alguna cantidad pendiente de suscribir, ¿no? Entonces, yo creo que el Sr. Recarte habló con Álvaro Lapuerta para ver si se le ocurría la posibilidad de hablar con alguna persona más. Como la premura del tiempo era escasa porque quedaba poco tiempo, pues lo que se le ocurrió a Álvaro es que determinadas personas del partido, determinadas personas y con cargo a los fondos que teníamos en efectivo en la caja del partido, suscribiesen temporalmente las acciones correspondientes hasta que encontrásemos una persona que se las quedase definitivamente. Una de las personas que se ofreció a… vamos, que se ofreció no, a la que preguntamos si podía hacerlo, se lo pregunté yo personalmente por la amistad que tenia con él, fue Francisco Yáñez. Uno fue Francisco Yáñez, otro fue Alberto Dorrego, no recuerdo otra persona más... el propio Álvaro Lapuerta, yo creo que retiró dinero en efectivo y suscribió una serie de acciones a su nombre. Bueno eso es en definitiva, además estará en el listado de accionistas de la sociedad.

Curiosamente, Bárcenas se esfuerza mucho en no dar el nombre de esa “empresa mediática” ideológicamente afín al PP que respaldaba Alberto Recarte. Sin embargo, él mismo lo acaba confesando en otra respuesta del interrogatorio, una hora después.

(...) Sr. Magistrado-Juez: Otra que pone: “Rosa Iglesias - L. Digital" y otra "Paco Yáñez —L. Digital".

D. Luis Bárcenas: Esas son las dos devoluciones que he dicho. Esas son las cantidades que se retoman como consecuencia de los gastos que han ocasionado el haber tenido acciones de Libertad Digital.

Fragmento de la contabilidad B de Luis Bárcenas donde se registraron los pagos a Libertad Digital en 2004.

En total, según recoge la contabilidad manuscrita de Luis Bárcenas del año 2004, el PP inyectó a Libertad Digital más de 400.000 euros en dinero negro, procedentes de su contabilidad en B. La propia mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias, participó en la operación de compra de acciones con los fondos del partido.

Otro fragmento de la contabilidad manuscrita de Bárcenas de 2004 donde se recogen las devoluciones por la venta de acciones de Libertad Digital.

A los lectores más veteranos de este blog, la historia de cómo el PP subvencionó a los "liberales" de Libertad Digital les sonará. Hace más de cuatro años, el 19 de abril de 2009, escribí este artículo para Público: Cuando el PP rescató a Jiménez Losantos. Recupero algunos párrafos, que están de plena actualidad.

(...) Sucedió en otoño de 2004. Libertad Digital S.A., la empresa capitaneada por Losantos, hacía aguas. Después de casi cuatro años en la Red, este diario online se encontraba en una situación crítica. La derrota del PP en las elecciones de 2004 había mermado tanto sus ingresos como sus expectativas, y el panorama que aparecía por delante no aparentaba ser mucho mejor.

El 9 de septiembre de 2004, a la desesperada, la junta de accionistas de la compañía decidió lanzar una ampliación de capital para intentar conseguir 5,34 millones de euros con los que superar el bache. La empresa pretendía captar ese dinero a través de lectores rumbosos, la oferta se presentaba más como una donación a la causa que como una inversión con visos de convertirse en negocio. "La ampliación de capital (...) comporta riesgos, pues a la excepcionalidad del medio hay que sumar la posibilidad de pérdidas de ingresos futuros que podría provocar nuestra defensa de un ideario liberal-conservador", aseguraba Libertad Digital en la comunicación que presentó ante la CNMV: "No podemos dar garantías económicas de rentabilidad futura del proyecto".

Las acciones en venta valían para bien poco, pues la empresa no cotizaba ni cotiza en bolsa, por lo que eran después difíciles de vender. Tampoco aportaban control sobre el proyecto, que sigue en manos de sus fundadores. Con todo, Jiménez Losantos confiaba en que su indiscutible tirón popular serviría para recaudar el dinero necesario entre sus fieles seguidores. No fue así.

Losantos decidió entonces pasar al plan B. Durante el fin de semana del 23 al 24 de octubre de 2004, se reunió con dos de sus principales aliados en la derecha: Ángel Acebes, entonces secretario general del PP, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Según explican fuentes del PP, Losantos quería que el partido utilizase su influencia entre empresarios afines para ayudarle a colocar lo mucho que quedaba por cubrir de la ampliación de capital. El plazo era muy corto, apenas una semana. Ambos políticos le dieron su apoyo, pero Aguirre argumentó que sería más eficaz si la petición de respaldo salía del PP en Génova, y no del Gobierno de Madrid. Ángel Acebes se ocupó así de la tarea, que gestionó junto con varias personas más del aparato del partido. Gracias a la ayuda del PP, Losantos y su socio Alberto Recarte, presidente de Libertad Digital y también consejero de Caja Madrid, lograron cerrar por los pelos la ronda de generosos inversores. Libertad Digital, un medio que dice ser defensor del pensamiento liberal, que reclama la no intervención de los gobiernos y los partidos en la empresa privada, se salvaba así gracias al PP. El liberalismo bien entendido empieza por uno mismo.

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PAPA ESTADO Y MAMA BANCA, LA FINANCIACION DE LOS PARTIDOS, UNAS CUENTAS QUE NO CUADRAN

Financiación de los partidos: unas cuentas que no cuadran

Los partidos gastaron más de 65 millones de euros en las últimas elecciones generales, según datos del Tribunal de Cuentas. Los expertos critican un desmesurado coste que, a su juicio, sobrepasa lo declarado ante el tribunal.

Las consecuencias del actual modelo se traducen en un excesivo endeudamiento y la dependencia de las subvenciones públicas.

"El Tribunal de Cuentas está pensado para que no funcione".

Más de 312 millones de euros fueron lo que ingresaron los partidos políticos en 2008. Así lo indica el último informe de un Tribunal de Cuentas, que ya acumula un retraso de cinco años en lo que respecta a la fiscalización de las cuentas. "El tribunal está pensado para que no funcione", se queja José Antonio Gómez Yáñez, sociólogo del Instituto de Política y Gobernanza. Lo cierto es que no es extraño ver cómo sus cargos son ocupados por exaltos cargos del PP o del PSOE e incluso algún otro "amigo".

Los "Bárcenas" y los "ERE" que día tras día protagonizan telediarios y cabeceras evidencian el fracaso de un sistema que hace aguas por todas partes. La opacidad en las cuentas y la connivencia de intereses políticos y privados han sido la tónica general durante más de treinta años de democracia. A ello no ha ayudado una regulación poco estricta, así como el elevado endeudamiento acumulado con las entidades bancarias. Ya en 2008 populares y socialistas debían unos 127 millones de euros a bancos y cajas de ahorro.

"Papá Estado" y "Mamá Banca"

Solamente en el último cuatrimestre de 2012, PSOE y PP ingresaron más de 12 millones de eurosde subvención estatal, un 73% del presupuestado para todas las formaciones. "Los partidos siguen teniendo una financiación pública ilimitada, ya que se dotan a sí mismos las subvenciones", señala Gaspar Ariño, abogado y exvicepresidente del Foro de Sociedad Civil. A su juicio, los partidos se han convertido en grandes estructuras a disposición del Estado, hecho que incrementa la brecha con la ciudadanía: "Aquí los partidos viven en su mundo sin atender a los deseos de la gente. Al no depender económicamente de ellos, tampoco les rinden cuentas".

Según los datos del último informe del Tribunal de Cuentas, en 2008 los partidos ingresaron un total de 312.188.067,45 euros De esta cantidad, un 76% correspondió a las aportaciones públicas, tanto a nivel estatal como autonómico y local.

Llama la atención el escaso peso que en la contabilidad tienen las aportaciones de los afiliados. Concretamente, dichas cuotas suponen un 17% para los socialistas y un 11% en los populares. Para Ariño, esta situación tiene que ver con que "los partidos no tengan la obligación de recaudar dinero de la sociedad. Viven de las cuentas del Estado, no de las aportaciones ciudadanas". Algo que además les evita "la necesidad de ahorrar y ser austeros".

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20 MEDIDAS CONTRA LA CORRUPCION, HABLA EL PRESIDENTE DE LA TRANSPARENCIA INTERNACIONAL

Veinte medidas contra la corrupción

Es imprescindible tipificar el delito de financiación ilegal en los partidos

El amplio y variado número de casos de presunta corrupción que están saliendo a la luz pública hace necesaria y urgente la adopción de medidas para atajar el problema.

De cara a aportar posibles soluciones, se han celebrado recientemente tres seminarios-debates contra la corrupción, organizados por Transparencia Internacional España, y en los que han participado un total de 18 ponentes pertenecientes al ámbito de la magistratura, fiscalía, cuerpos de seguridad, universidades, instituciones anticorrupción, etcétera. De las casi 50 conclusiones que han surgido, nos hemos permitido seleccionar y sintetizar las 20 medidas que se recogen a continuación (agrupadas en tres áreas):

Transparencia económica y financiera de los partidos políticos.Los partidos políticos deberían situarse a la vanguardia y ser ejemplares en cuanto a transparencia económica, financiera y contable, entre otras cosas porque los recursos de los que disponen son aportados por los ciudadanos. Para ello se deberían adoptar las siguientes medidas:

1) Publicación en Internet de las cuentas anuales detalladas de los partidos políticos y entidades a ellos vinculadas, con el debido desglose orgánico y geográfico de sus gastos e ingresos, así como de sus bienes patrimoniales.

2) Publicación en Internet por el Tribunal de Cuentas de su informe de auditoría anual de los partidos políticos (en el plazo máximo de un año desde el cierre de cada ejercicio contable).

3) Publicidad obligatoria de los préstamos otorgados a los partidos, así como la prohibición de su condonación por las entidades financieras.

4) Prohibición de las donaciones a los partidos, o sus fundaciones, procedentes de las empresas sometidas a licencias, regulación o subvenciones públicas.

5) Prohibir a las fundaciones de los partidos recibir ayudas o donaciones de aquellas personas jurídicas que no pueden donar a los partidos políticos.

6) Tipificar jurídicamente el delito de financiación ilegal de los partidos.

7) Establecer un procedimiento normalizado de auditoría interna en los partidos.

8) Obligatoriedad de hacer pública la situación de quiebra económica que en su caso puedan tener algunos partidos.

Transparencia y democracia electoral. Es necesario que los procesos electorales sean más transparentes y participativos; en este sentido se proponen los siguientes cambios legales e institucionales:

9) Modificar la legislación y el sistema electoral, estableciendo listas desbloqueadas o abiertas, en las que se pueda tachar o excluir a algunos de los candidatos.

10) No admitir la inclusión de procesados o investigados por corrupción en las listas electorales, o en todo caso establecer la obligación de hacer pública esta circunstancia al publicar las listas.

11) Publicar obligatoriamente el currículum o datos biográficos de todos los candidatos.

12) Controlar estrictamente el cumplimiento de los límites en los gastos electorales y sancionar (no se ha hecho hasta ahora) el incumplimiento de dichos límites por parte de los partidos.

13) Pasar el control de los gastos electorales del Tribunal de Cuentas a la Junta Electoral Central.

Marco jurídico e institucional para prevenir la corrupción. Hay otros cambios necesarios en el marco legal e institucional para prevenir y/o combatir de forma efectiva la corrupción. A tal efecto se proponen las siguientes medidas:

14) Cualquier condena por delitos asociados a la corrupción debe llevar aparejada la inhabilitación efectiva para el ejercicio de cargos públicos.

15) Establecer un tope o límite máximo de mandatos en los cargos políticos (evitando que la política sea un modus vivendi).

16) Necesidad de una ley de protección jurídica a todos aquellos ciudadanos denunciantes de posibles casos de corrupción.

17) Modificación de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, para: a)Despolitizar en lo posible el tribunal, designando sus consejeros en lugar de por acuerdo de los partidos políticos, por criterios técnicos, y de mérito y capacidad. b) Reducir el número de consejeros del tribunal (a tres o máximo, a cinco).

18) Reforma de la elección del Consejo General del Poder Judicial y del nombramiento de jueces de los puestos superiores, estableciendo límites a su designación por los partidos políticos.

19) Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados, para los que puede llegar a haber un cierto espacio de impunidad, existiendo normalmente grandes trabas para las actuaciones de los jueces en estos supuestos.

20) Limitar la concesión de indultos por los Gobiernos, excluyendo en todo caso los delitos por corrupción.

Entendemos que si se fuesen adoptando las anteriores medidas (que serán contrastadas públicamente), se podría avanzar de forma sustantiva en la lucha contra la corrupción, la clase política podría llegar a ser a medio plazo más apreciada y confiable para los ciudadanos y estos podrían llegar a estar más informados y ejercer sus derechos de una forma clara y acorde con las necesidades de una sociedad moderna y un país democrático y avanzado como el nuestro.

Jesús Lizcano Álvarez es presidente de Transparencia Internacional España y catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid.

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VINCULAN LA FINANCIACION DEL PP DE GALICIA AL NARCOTRAFICO

PIDE ELECCIONES ANTICIPADAS

AGE vincula "la financiación irregular" del PP en Galicia con el narcotráfico

Beiras critica que el Gaiás "además de llevarse el dinero" de la cultura "sirva para que se financie el Partido Popular de forma ilegal"

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

   Alternativa Galega de Esquerda (AGE) ha asegurado que "parte de la financiación irregular" del Partido Popular que "tan nutrida salía de Galicia tiene que ver con el narcotráfico" por lo que ha exigido al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la "convocatoria de elecciones" para comprobar "si el PPdeG tiene el apoyo del pueblo" ante su creciente "deslegitimación".

  "Queremos volver a denunciar la podredumbre que criticamos desde que se conoció que Feijóo tenía amistades peligrosas vinculadas a un narcotraficante", ha argumentado la viceportavoz de AGE, Yolanda Díaz, para señalar que "una de las declaraciones más fuertes de las realizadas por Bárcenas" ante el juez Ruz el pasado lunes fue, precisamente, que "grandes cantidades" de dinero para "financiar irregularmente" al PP "venían de Galicia".

   En este sentido, ha destacado que Alternativa Galega de Esquerda "está convencida" de que "parte de esta financiación irregular tan nutrida que sale de Galicia tiene que ver con el narcotráfico". "Todo ello con carácter presunto", ha puntualizado Díaz en declaraciones a los medios de comunicación ante la Cidade da Cultura, en donde ha estado acompañada por el portavoz Xosé Manuel Beiras, todos los diputados de su grupo en la Cámara gallega y distintos responsables de las corrientes y partidos que integran AGE.

  "Este agujero negro --en alusión al Gaiás-- nos pareció un escenario adecuado", ha manifestado Beiras, que ha señalado que "combina la barbarie del poder" con "la espuria financiación ilegal" del Partido Popular desde "hace más de 20 años". El portavoz de AGE ha asegurado que, entre las empresas de la construcción que "financiaron" al partido, está "la empresa Campo que abasteció de cuarcita este monstruo" y "aparece pagando los servicios prestados por el PP en las contratas".

   A este respecto, Beiras ha criticado que la "monstruosa máquina tragaperras" de la Cidade da Cultura "además de llevarse todo el dinero" que "se debería destinar al tejido cultural gallego" sirva para "que se financie el Partido Popular de forma ilegal".

   Asimismo, según ha criticado, "a día de hoy", esta situación "aún es más grave" porque distintas informaciones publicadas tras la declaración del extesorero del PP, Luis Bárcenas, ante el juez Ruz el pasado lunes, detallan que "empresas a nivel del estado que aportaron cantidades absolutamente ilegales tenían prohibido hacer donaciones a las fuerzas políticas porque eran contratantes de las obras públicas de la propia administración".

CONVOCATORIA DE ELECCIONES

   "La deslegitimación es tal que si tuviese un mínimo de vergüenza, si aún le quedase un poco de dignidad, lo que debería hacer Núñez Feijóo es convocar elecciones", ha reclamado Beiras, para quien la situación es "tan grave" que "ya no vale" solo que el presidente de la Xunta "comparezca en sede parlamentaria".

   Por ello, el portavoz parlamentario de AGE ha instado al dirigente autonómico a "convocar elecciones" para comprobar si "aún puede contar" con los "electores que le dieron su voto" en los pasados comicios autonómicos celebrados en octubre de 2012. "No podemos esperar más, que convoque elecciones para someter a corroboración si tiene el apoyo del pueblo o no", ha insistido.

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BARCENAS OCULTO DONATIVOS DE FCC, OHL Y ACS

Bárcenas ocultó donativos ilegales de FCC, OHL y ACS para el PP gallego

Una nota indica que el asesor Arriola pidió cobrar en negro sus informes para Aznar

• El PP gallego registró en 2006 casi dos millones en donaciones opacas
• El hombre-diana se llama Pedro Arriola
• Una acusación pide al juez que llame a declarar a Rajoy

El Partido Popular, a través de su entonces gerente Luis Bárcenas, ocultó supuestamente en 2006 como anónimos una serie de donativos efectuados por tres de las principales constructoras españolas —FCC, OHL y ACS—, que por su naturaleza de contratistas con la Administración tenían prohibido entregar dinero a las formaciones políticas. Así se desprende de uno de los manuscritos que Bárcenas entregó al juez Ruz en su declaración del pasado lunes, en la que, tras dos semanas largas en prisión, decidió destapar la presunta financiación irregular del principal partido de España durante las últimas dos décadas.

Como muestra de su voluntad de colaboración, Bárcenas entregó al magistrado antes del interrogatorio nueve carpetas de colores con distinta documentación relevante para la investigación. La carpeta número tres era la más delgada pero quizá la más jugosa. En ese portafolio amarillo, a cuyo contenido ha tenido acceso EL PAÍS, había dos folios. El primero era un manuscrito, con la caligrafía de Bárcenas, en la que figuran bajo el epígrafe “Galicia” las siguientes anotaciones. “OHL: 300.000 € en campaña / ACS: se comprom. a 1 M€, ha dado 30.000 € / Ingr. 2006 en donat.: = 360 M./Pts / FCC: daba 50.000€/mes; va a dar 12.000€/mes + ayuda campaña”.

En la siguiente línea, el gerente y luego tesorero popular anotó la siguiente valoración: “Las empresas siguen ayudando”. Finalmente en el último renglón apunta: “Congreso y Monte Dogazo (sic), pagados”. Las anotaciones coinciden con la época en la que el fallecido presidente de la Xunta y fundador del PP, Manuel Fraga, perdió las elecciones autonómicas de 2005 contra la coalición de PSOE y BNG que aupó al poder al socialista Emilio Pérez Touriño. La derrota dejó exangües las arcas del PP gallego, que había realizado una campaña electoral costosísima. La referencia a “Congreso” tiene que ver presumiblemente con el congreso del PP gallego ganado por Alberto Núñez Feijóo en marzo de 2006, y “Dogazo” con los macromítines que organizaba Fraga cada primavera en el Monte do Gozo, de Santiago de Compostela y que congregaban a miles de personas. Este acto fue suprimido por su sucesor.

Con todo, el elemento más significativo del documento es un pequeño recuadro en la esquina inferior izquierda en la que Bárcenas anotó “Ojo, donat. Anoni”. Esta apostilla muestra la preocupación de Bárcenas de no dejar rastro de los supuestos donantes, ya que la Ley de Financiación de Partido Políticos prohibía expresamente a las formaciones aceptar fondos procedentes de empresas con contratos con la Administración. En aquella época, FCC, OHL y ACS firmaban contratos de obras públicas por valor de miles de euros.

Representantes de FCC y OHL ya han sido imputados en el caso de los papeles de Bárcenas como supuestos donantes en la contabilidad paralela del extesorero popular. Fuentes de ACS calificaron de “rotundamente falso” que hubieran dado o prometido dinero alguno al partido conservador.

Otro documento conservado por Bárcenas, en este caso en la carpeta azul con el número 7, es una factura de diciembre de 1992 con los honorarios de Pedro Arriola, presidente del Instituto de Estudios Sociales y asesor de máxima confianza del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En ella, Arriola pide 10.736.194 pesetas más IVA por “trabajos y servicios adicionales encargados personalmente por el presidente del PP, D. José María Aznar al margen del contrato” que vinculaba al asesor con el partido. Los servicios se prestaron durante el cuarto trimestre de 1991 y todo el año 1992.

Lo que aparentemente es una factura normal viene precedida por una nota manuscrita. Esta tiene la misma letra con la que Arriola firma otro mensaje a Bárcenas y pone lo siguiente: “Resumen del adicional 4ºT del 91 y 92 completo”, y a continuación, junto al epígrafe “blancas” la misma cifra de la factura, 10.736.194 + IVA. La última línea, subrayada, es otra cifra, 2.934.600, que no figura en la factura oficial. Junto a ella, Arriola escribió “negras”, lo que indica que el asesor pidió cobrar en dinero b parte de los servicios prestados a Aznar.

Los papeles entregados por Bárcenas en sus carpetas de colores contienen, entre otros documentos, varios recibís manuscritos del exconsejero de Salud navarro Calixto Ayesa, del exdiputado Jaime Ignacio del Burgo o del exportavoz del Gobierno con Aznar Miguel Ángel Rodríguez. Estos recibís concuerdan con los apuntes de la contabilidad secreta de Bárcenas publicada por EL PAÍS el pasado 31 de enero.

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4 HORAS CON BARCENAS, CONFESIONES A PEDRO J. RAMIREZ

LAS CLAVES DE LOS FUTUROS RESCATES BANCARIOS

Las claves de futuros rescates bancarios: ¿Qué pasará con mi depósito?

• El pacto forzará quitas para accionistas, acreedores y depósitos de grandes empresas
• Los países podrán excluir activos de las quitas, con ciertos límites

• Mano dura contra la manipulación en Bolsa
• El Ecofin pacta las normas que regirán el autorrescate de los bancos
• Los depósitos bancarios frenan su caída en mayo al reducirse un 0,27%

De madrugada, como manda la tradición, los ministros de Economía de la UE han pactado el mecanismo que se aplicará a los bancos insolventes a partir de ahora. El pacto forzará pérdidas para los acreedores de las entidades, blindando los depósitos de menos de 100.000 euros. Los depositantes privados (particulares y pymes) por encima de este umbral tendrán, a su vez, un estatus preferencial en caso de quiebra.

¿Qué es el autorrescate, y cuál es su objetivo?

Da la capacidad a las autoridades forzar pérdidas a los acreedores y accionistas de los bancos no viables. De este modo, se evita por un lado la quiebra incontrolada (que la entidad no pueda devolver el dinero a sus clientes, lo que puede desatar el pánico en el sector en conjunto) y se evita, también, que la totalidad del rescate corra a cargo del contribuyente. Hasta el momento, los contribuyentes europeos han destinado 1,6 billones de euros a apoyar a bancos con problemas. Además, el acuerdo es un primer paso hacia la unión bancaria: se crean unas reglas de juego homogéneas en la zona euro que harán (o al menos es lo que se pretende) que la salud financiera de los bancos dependa de sus propios ratios y no de la solvencia del país que les avala.

Entonces, ¿quién paga?

En primer lugar, los accionistas. En segundo lugar, los tenedores de productos híbridos como deuda subordinada o participaciones preferentes. Estos inversores ya han sufrido en la caída de entidades como Bankia. Pero la directiva incluye también, y por este orden, a los tenedores de deuda sénior no asegurada (bonos de los bancos) y depósitos de más de 100.000 euros en manos de grandes compañías. En último lugar, podrían sufrir quitas los depósitos de más de 100.000 euros de particulares o pymes, que al igual que los créditos del Banco Europeo de Inversiones, tienen preferencia sobre el resto.

¿Quién no pagaría en ningún caso?

Los depósitos de menos de 100.000 euros están garantizados al 100%. Igualmente lo están las emisiones de deuda garantizadas, como las cédulas hipotecarias, las deudas con empleados o fondos de pensiones de empleados, las deudas a proveedores necesarios para continuar la actividad, las deudas con sistemas de pagos a plazos inferiores a siete días y las deudas con otras entidades en el mercado interbancario también con un plazo inferior a siete días. Asimismo, el acuerdo da la posibilidad excepcional a los países de excluir determinadas deudas no contempladas en esta lista para evitar contagios.

¿Qué cambia para quien tenga depósitos?

El sistema es más transparente que antes. Los depósitos de menos de 100.000 euros seguirán garantizados, como lo están ahora, si bien el acuerdo puede ayudar a despejar sombras después del desastre provocado en Chipre, cuando se aplicaron quitas a todos los depósitos (luego se retiraron). Los depósitos de más de 100.000 euros no están garantizados y, por lo tanto, siguen expuestos a quitas. Pero el mecanismo explicita que los depósitos de personas físicas por encima de este umbral serán los últimos en sufrir quitas.

¿Quién cubre este dinero asegurado?

El pacto exige la creación de un mecanismo de resolución de bancos financiado con las aportaciones de los bancos, más o menos como funciona en España el Fondo de Garantía de Depósitos. En 10 años, este fondo debe cubrir el 0,8% de los depósitos garantizados en cada país, mediante las aportaciones de los bancos en función de sus pasivos. Este dinero puede usarse, además, para cubrir necesidades temporales de liquidez de entidades con problemas o para rebajar las quitas a algunos acreedores

¿Son forzosas las quitas? ¿Pueden limitarse o anularse las quitas a ciertos acreedores?

Hay bastantes limitaciones. De entrada, es obligatoria: para que el fondo de resolución pueda rescatar a determinados acreedores, tendrá que haberse aplicado una quita del 8% al conjunto de éstos. Además, el “rescate” no puede superar el 5% de los activos de la entidad insolvente. En circunstancias extraordinarias, dice el acuerdo, se podrán buscar otras vías de financiación. De este modo se evita que los países más solventes den más garantías a los acreedores de sus bancos y éstos obtengan ventaja sobre entidades de países más débiles.

En resumen, si hay quita para los grandes depósitos dependerá de cómo es la estructura del pasivo del banco (cuanto más dependa de los depósitos, más probabilidad de quita) y del volumen del agujero. La postura defendida por España ha sido intentar blindar al máximo a los depósitos de particulares, incluidos los de más de 100.000 euros; con el pacto de ayer no consigue una protección total, pero consigue vías para mitigar el impacto.

¿El contribuyente no volverá a poner dinero?

El acuerdo no lo contempla. Ahora bien, sí deja puertas abiertas como las citadas “vías alternativas de financiación”. Entre éstas estarían, presumiblemente, las aportaciones de dinero público o del fondo de rescate (MEDE), pero siempre deberían haber sufrido quitas accionistas, híbridos y acreedores junior.

Hay más novedades para los bancos?

Sí. Tienen que tener planes de contingencia en los que detallen cómo podrían restaurar su posición financiera en caso de crisis. Además, las autoridades tendrán que plantear también programas de rescate para cada entidad financiera si se encuentra con problemas de solvencia. Estas medidas incluyen la venta del negocio, la nacionalización de los activos buenos y la separación en un “banco malo” de los activos tóxicos, además del citado autorrescate. Además de eso, los bancos tendrán que aportar dinero al fondo de resolución.

¿Qué efectos puede tener la medida?

En el caso de España, la gran purga del sector bancario queda atrás, por lo que el pacto tendrá efectos más limitados. Ahora, es posible que, como el acuerdo contempla la imposición de pérdidas forzosas a los tenedores de deuda, los bonos de bancos con riesgo se vean presionados si vuelven las tensiones al mercado bancario. El efecto de estos cambios sobre los depósitos de más de 100.000 euros sería más incierto. Pero, en todo caso, Bankia, Catalunya Caixa, NovaCaixaGalicia, la CAM, Banco de Valencia, CCM, Cajasur han sido nacionalizadas o intervenidas, y el resto del sector se presume sólido. Por otro lado, más en el medio plazo, la clarificación de cómo se activan los rescates, y en general todos los pasos hacia un mercado bancario único, deberían beneficiar a la banca española, que en ocasiones se ha visto castigada no solo por la resaca de la burbuja inmobiliaria sino también por las dudas sobre la solvencia del país. Ahora bien, que el mecanismo de resolución sea nacional, no europeo, es un paso atrás.

¿Qué aspectos quedan pendientes?

Primero, la tramitación de la directiva, que no es baladí. Llegar al pacto de anoche ha costado, y seguramente con la redacción de la normativa vuelvan los desencuentros. Algunos expertos apuntan, además, que no está claro quién decide cuándo una entidad entra en el proceso de resolución ordenada o no

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