El juez embarga a la expresidenta de las Cortes bienes por 630.000 euros
El magistrado adopta la medida en la pieza por las millonarias adjudicaciones de Fitur
El juez José Ceres ordenó en una resolución conocida ayer el embargo de bienes de la expresidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, por importe de 636.000 euros. El embargo de las propiedades, que el magistrado ordena que sean identificadas y “trabadas”, se destina a cubrir la fianza de responsabilidad civil en la que puede incurrir Martínez si es condenada en la tercera pieza de la vertiente del caso Gürtel investigada en Valencia. La causa se centra en las adjudicaciones presuntamente amañadas de la organización y montaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur entre 2005 y 2009, con las que la red se embolsó cerca de cinco millones de euros. Martínez será juzgada por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y malversación de caudales públicos.
El juicio, en el que la Fiscalía Anticorrupción pedirá para Martínez, a quien la trama apodaba La Perla, 11 años de cárcel, se celebrará próximamente. El juez Ceres elevó en la providencia difundida ayer las actuaciones a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano para que esta señale los días en que tendrá lugar el juicio oral.
Martínez, que antes de presidir el Parlamento autonómico fue consejera de Turismo —cargo desde el que habría cometido los delitos— y sigue siendo alcaldesa de Novelda y diputada regional en el grupo popular, intentó sin éxito que el tribunal le rebajase la fianza alegando que no tenía tanto dinero. También intentó con el mismo resultado que su partido le ayudase a abonar la fianza, posibilidad que fue rechazada escuetamente por el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar en una comparecencia tras el pleno del Consell. “El PP no tiene dinero para ayudar a Milagrosa Martínez a pagar la fianza”, declaró Ciscar.
El embargo de bienes decretado por Ceres alcanza igualmente a Rafael Betoret, exjefe de gabinete de Martínez, para quien la fiscalía pide otros 11 años de cárcel y cuya fianza es ligeramente superior, 645.000 euros. Contra Betoret, que ha pedido que el expresidente de la Generalitat Francisco Camps testifique en el juicio, pesa de entrada que ya fue condenado en el llamado caso de los trajes —otra causa menor de Gürtel— por aceptar trajes y otras prendas de vestir de la trama, lo que jurídicamente representó un delito de cohecho impropio.
El embargo de bienes queda pendiente de algunos trámites jurídicos en el caso de los presuntos cabecillas de Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. En su caso, la fianza de responsabilidad civil ascendía a 651.000 euros. Ninguno de ellos, según se desprende de la resolución de Ceres, ha abonado las cantidades requeridas aunque según ha emergido a lo largo de la investigación disponían de muy valiosas propiedades.
El magistrado ha dictado también el embargo de bienes de otros cargos menores de la Agencia Valenciana de Turismo que también se sentarán en el banquillo. En el caso de Isaac Vidal, jefe de Mercados, el embargo deberá cubrir el importe de 440.000 euros. En el de Jorge Guarro, jefe de Promoción, de 230.000. En el de la funcionaria Ana María Grau, de 130.000 euros. Y en el Cándido Herrero, que era el número dos de Orange Market, delegación valenciana de la red, de 336.500 euros.
